El juez eleva al PSOE la responsabilidad sobre las maniobras de Leire Díez contra quienes investigaban a sus dirigentes

La operación lanzada este miércoles por la Audiencia Nacional otorga una nueva dimensión al caso de las maniobras presuntamente urdidas por la exmilitante socialista Leire Díez para buscar material contra fiscales y mandos policiales. El auto del juez Santiago Pedraz atribuye por primera vez a Santos Cerdán el liderazgo de ese grupo que buscaba “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE y apunta al propio partido como financiador de esas maniobras. Agentes de la Guardia Civil permanecieron durante 12 horas recabando documentación del caso en la sede de la formación, en la calle Ferraz de Madrid. 

El juez Pedraz identifica el origen de estas maniobras en la reflexión de cinco días que anunció Pedro Sánchez en abril de 2024 tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por parte del juez Juan Carlos Peinado. Fue en ese periodo de reflexión cuando el exsecretario de Organización Santos Cerdán convocó una reunión en la sede federal del partido a la que acudieron Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y el entonces director de comunicación, Ion Antolín.

La relación entre Santos Cerdán y Leire Díez se remontaba a años atrás. Según el juez, ambos formaban parte junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández de la supuesta trama de cobro de mordidas a cambio de contratos públicos que quedó al descubierto el pasado diciembre, cuando Leire Díez fue detenida. De hecho, el magistrado atribuye a Cerdán un papel “estratégico” y de “jerarquía superior” en esa presunta red cuya investigación permanece bajo secreto. Y revela que intentó sin éxito mantener su influencia en la SEPI tras la salida de Vicente Fernández por su implicación en el caso Aznalcóllar.

Cuando Pedro Sánchez amagó con dimitir ante “la campaña de acoso” contra su esposa, Cerdán “encargó” a Leire Díez la “coordinación y ejecución” de diferentes “actuaciones” para “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE. El auto revela que, antes de ese encargo, la exmilitante llevaba tiempo intentando establecer contacto con el PSOE. Sin éxito. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”, recoge una anotación de la propia Leire Díez que fue incautada por la Guardia Civil cuando fue detenida en diciembre. 

Este apunte concuerda con las declaraciones públicas de la propia Leire Díez y del empresario Pérez Dolset, según las cuales este último montó y pagó a un grupo de una veintena de personas dedicadas a buscar pruebas sobre supuestas irregularidades en las causas judiciales que se siguieron durante el Gobierno del PP. Pérez Dolset está convencido de que él es una víctima más de la brigada política, al nivel de los líderes independentistas o Podemos.

Decenas de reuniones en Ferraz

Tras esa primera reunión durante los días de reflexión de Sánchez, el auto documenta otros 39 encuentros. Al menos 22 de ellos se habrían realizado en la sede de Ferraz, lo que a juicio del juez evidencia que el partido sufragó la “logística” que soportó estas maniobras. El partido pagó también cuatro viajes a Leire Díez y uno a Pérez Dolset relacionados con estos movimientos contra quienes investigaban a sus dirigentes. 

En febrero, cuando compareció ante el juez de Madrid que investigaba a la exmilitante, Santos Cerdán dijo que se había reunido solo en dos ocasiones con Leire Díez y desvinculó sus supuestas maniobras de la cúpula del PSOE. Dijo que se había visto con ella porque ofrecía información sobre la brigada política del Partido Popular que podía ser “relevante” para el partido. En concreto, sobre unos audios en los que el comisario José Villarejo facilitaba al Gobierno de Mariano Rajoy datos sobre supuestos negocios de saunas del suegro de Pedro Sánchez.

A pesar de lo que dijo Cerdán, la tesis del juez es que el PSOE contribuyó directamente a financiar esas maniobras a través de varias vías. Una de ellas fue a través del exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, también imputado en este caso, que prestó su sociedad como “vehículo” para los pagos. En concreto, su consultora Zaño pagó a la exmilitante un total de 16.000 euros durante cuatro meses a partir de junio de 2024. En los mensajes interceptados, Leire Díez expresó sus dudas sobre el método elegido para el dinero que le quería “pagar” Cerdán. “No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar”, escribió la exmilitante.

Tras cesar los pagos a Leire Díez a través de la empresa de Zarrías, el juez sostiene que esos abonos empezaron a canalizarse a través del abogado Ismael Oliver, que defendió a Koldo García. Esa operativa se habría realizado “falseando una nota de encargo” suscrita por la gerente del partido y por la que el PSOE abonó 27.225 euros a una de las empresas de Oliver. Para “romper la trazabilidad de los fondos”, Oliver transfirió posteriormente esa misma cantidad a Leire Díez utilizando otra de sus sociedades. “Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen te parece?”, le escribió Oliver a Leire Díez. Tanto la gerente como Oliver están imputados.

Además, el partido pagó “una cuantía cercana a los 20.000 euros” a Crónica Libre, un medio que tuvo una “intervención preponderante” en la difusión de la información recabada por la exmilitante. En concreto, grabaciones con origen en los archivos del comisario Villarejo y otros elementos que guardaban relación con distintas causas. El PSOE también hizo pagos por valor de 125.000 euros al letrado Jacobo Teijelo a través de “un soporte documental aparente y una facturación falaz”.

Teijelo, actual abogado de Santos Cerdán, defiende al guardia civil Juan Sánchez Yepes, imputado en un caso de hidrocarburos por supuestamente facilitar información reservada a otros investigados a cambio de prebendas. El letrado trató de anular esa causa al acusar a la Guardia Civil de un “caprichoso manejo” de varias causas judiciales, pero el juez Pedraz, también instructor de ese caso, lo rechazó. 

“Atacar” investigaciones

Según recoge el auto de Pedraz, en la ejecución de ese plan para “destruir” procedimientos se realizaron ofrecimientos de remuneraciones o favores a “funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos”. Y resalta que la premisa era “atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores”, entre las que estaban las del caso del hermano de Pedro Sánchez, la del caso de los ERE de Andalucía y el caso de la esposa de Pedro Sánchez. 

El magistrado describe algunas de las actuaciones concretas que pudo desarrollar la trama. La mayoría ya eran conocidas dado que formaban parte de la investigación judicial abierta contra Leire Díez en un juzgado de Madrid. Es el caso del plan para obtener información del fiscal anticorrupción José Grinda que pudiera afectar al fiscal jefe Alejandro Luzón. A cambio de archivar diversas casas judiciales, la trama le llegó a prometer, por medio de un encuentro con un periodista, un puesto de trabajo en el extranjero y hasta 300.000 euros, según anotaciones de las agendas de la propia exmilitante.

Otro de los episodios tuvo lugar en marzo de 2025, cuando Leire Díez ofreció al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba pagarle la defensa en el caso Koldo y recuperar su carrera en el cuerpo colocándole en puestos de máxima responsabilidad “tras la purga que harían”. A cambio, Leire Díez le reclamó “cuanta información tuviera” del fiscal Grinda así como de mandos de la UCO. El agente redactó hasta dos notas de esos encuentros con Leire Díez y dejó constancia de que la exmilitante socialista buscaba información del teniente coronel Antonio Balas y del capitán Juan Vicente Bonilla, además de un mando policial “involucrado en la operación Cataluña”. 

La trama también se acercó al fiscal que investigó el caso Villarejo, Ignacio Stampa, en mayo de 2025. En este caso, le ofrecieron cuestiones profesionales, como su retorno a la Fiscalía Anticorrupción, de donde fue retirado durante el mandato de Dolores Delgado. También “la intercesión en un determinado pleito que el fiscal mantenía abierto”. 

Lo más novedoso del auto en referencia a estos episodios es la reunión que Leire Díez, Pérez Dolset y el abogado Teijelo mantuvieron en diciembre de 2024 con el citado Sánchez Yepes. Este les ofreció información reservada “sobre la estructura interna de la UCO” y aportó datos sobre el teniente coronel Antonio Balas, quien se convirtió en objetivo de la trama. A raíz de ese episodio con Yepes tuvo lugar otra de las reuniones centrales que se investigaba ya en la causa abierta en Madrid, la que mantuvieron con el empresario Alejandro Hamlyn en el despacho del abogado Teijelo. 

Supuesto soborno a una empresaria

La resolución del juez Pedraz también alude a la figura de la empresaria Carmen Pano, quien sostenía que había realizado hasta dos entregas de dinero en la sede socialista de Ferraz por un montante total de 90.000 euros. Según el auto, se habría ofrecido a Pano la cantidad de 50.000 euros para modificar su testimonio. Hasta ese momento sólo habría declarado ante la UCO y se buscaba evitar que declarara en sede judicial.

Antes de esa declaración, el abogado Ismael Oliver se puso en contacto con Leire Díez, quien le indicó que “negociara” con ella. “Tras lograr la autorización de Leire, ambos comienzan a conversar acerca de los pormenores de lo que ellos denominan como negociación, evidenciándose del literal de la conversación que su intención podría pasar por llevar a cabo lo que denominan como su compra: Esta se vende. Debemos saber comprar”, recoge el auto. El juez defiende que el ofrecimiento se materializó. En la tarde del miércoles, la letrada hizo público un comunicado en el que tilda de “completamente falso e infundado” ese apunte del auto.