El juez que investiga el rescate público de Air Europa cita como testigo a la vicepresidenta Aagesen en plena campaña electoral
El juez que investiga si hubo prevaricación en el rescate público de 475 millones de la aerolínea Air Europa ha acordado citar como testigos a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y al exdiputado y exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados Íñigo Errejón en plena campaña electoral. Ha fijado el 23 y el 24 de noviembre para celebrar la testifical de una decena de personas.
Fue en junio cuando trascendió que el titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid admitía las querellas interpuestas por los partidos políticos PP y Vox. Como primera diligencia citaba como investigado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora -quien era máximo responsable del órgano que dio luz verde a ese rescate-.
Entre los citados está también la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; la subsecretaria de Hacienda y Función Pública, Pilar Paneque; el secretario general y directo de Asuntos Jurídicos de la SEPI, Francisco Javier Loriente; el ex secretario General de Industria y Pyme, Räul Blanco; el subsecretario para la Transición Ecológica, Miguel Ángel González Suela; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio; el ex secretario de Estado de Transportes y actual presidente de Correos, Pedro Saura; quien fuera director del Departamento de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, Manuel de la Rocha Vázquez; y el director de Participadas de la SEPI, José Ángel Partearroyo.
La citación de Errejón encuentra razón, según informa Europa Press, en que en 2020, cuando era diputado y líder de Más País, denunció en una pregunta parlamentaria que el rescate a Air Europa incumplía “de manera clamorosa las conclusiones del dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica” aprobado en el pleno del Congreso el 29 de julio de ese mismo año, puesto que entre las condiciones asumidas por la compañía aérea para obtener dicha ayuda no había “ninguna de carácter climático o ambiental”.
La imputación de Lora
En el auto por el que el juez José María Escribano acordaba la declaración como investigado de Lora, se acordaba tambié requerir a la SEPI y al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) para que aportaran una serie de datos y documentos, como el expediente del rescate público, los informes de fiscalización, todos los correos al respecto, los contratos de financiación y todos los detalles relativos al consejo gestor que participó en decisiones sobre el rescate de la aerolínea.
Lora es un técnico ascendido en 2017 por Cristóbal Montoro (PP) a vicepresidente de la SEPI y que fue mantenido en ese puesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando compareció en el Senado sostuvo que nunca recibió presiones de ningún miembro del Gobierno para adjudicar los préstamos a determinadas empresas: “Tramitamos unos expedientes en base a las normativas europea y nacional, con un procedimiento riguroso y tasado”.
La querella del PP, a la que tuvo acceso elDiario.es, sostiene que Air Europa no cumplía con los requisitos legales para acogerse a ese préstamo público porque, según información publicada en prensa, Globalia -matriz de la aerolínea- “mantenía a cierre del ejercicio 2019 una deuda tributaria por importe aproximado de 5,8 millones de euros, derivada de actuaciones de inspección del IVA correspondientes a los ejercicios 2012 a 2015”. Lamenta así que, pese a que uno de los requisitos exigidos para la concesión del rescate era no mantener deudas con la Hacienda Pública ni con la Seguridad Social, la SEPI recabó informe de la Abogacía del Estado que fue favorable.
Los 'populares' recordaban en la querella que el apoyo financiero público no se concedió directamente a la aerolínea operativa, sino a través de Air Europa Holding SLU, una “sociedad interpuesta (...) que carecía de actividad real, no tenía empleados y no había generado ingresos, actuando exclusivamente como vehículo tenedor de participaciones”. Y sumaban a esto que el rescate por importe total de 475 millones de euros se estructuró en dos tramos diferenciados para así evitar “la obligación de someter la operación al control directo previo de la Comisión Europea”.
El PP entendía que los hechos encajan en el delito de prevaricación administrativa porque se trata, a su juicio, de “una resolución arbitraria” en un asunto administrativo dictada por autoridad o funcionario público a sabiendas de su injusticia. Explicaba que fue el consejo gestor del FASEE el órgano administrativo que instruyó y decidió materialmente si la empresa cumplía o no los requisitos.
Esta nueva ronda de citaciones de testigos llega después de que este mismo martes trascendirea también que el PP solicitaba al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que imputara al PSOE en el caso Leire Díez. Previsiblemente, la decisión del juez se conocerá también antes de las elecciones.