El PP inaugura la precampaña del 29N con una nueva ofensiva en los tribunales contra el PSOE
El adelanto electoral anunciado el lunes por Pedro Sánchez después de que el Congreso tumbara los decretos de vivienda ha cambiado el paso de los partidos de la derecha, que estaban muy cómodos en un escenario político dominado por las denuncias de corrupción y las investigaciones judiciales que marcaban los titulares y debates parlamentarios de los últimos meses. El PP intenta virar de nuevo la conversación pública hacia los tribunales y ha pedido ahora la imputación del PSOE por, entre otros delitos, financiación ilegal. El juez Santiago Pedraz deberá pronunciarse ahora, en plena batalla electoral entre los dos grandes partidos.
“Todo se va a terminar sabiendo” ha sido una de las frases repetidas habitualmente por los portavoces del PP desde que en 2024 se comenzaran a hacer públicas las investigaciones contra miembros del Gobierno y del PSOE. Las condenas a José Luis Ábalos y a Koldo García en el ‘caso mascarillas’ o al hermano del presidente Pedro Sánchez tras la causa abierta por la creación de una plaza pública ‘ad hoc’ para él en la Diputación de Badajoz han sido los casos más sonados, hasta el momento.
Pero el presidente del Gobierno tiene por delante asuntos quizá más complicados, como el juicio contra su esposa, Begoña Gómez, por supuestamente usar su posición para traficar con su influencia, o contra el propio partido. Según dijo el PP ya el pasado viernes, cuando elDiario.es anticipó el adelanto electoral, las prisas de Sánchez para convocar a las urnas bien podrían explicarse por su pretensión de poner fin a esas investigaciones o juicios.
Así lo expuso Feijóo este lunes en una declaración tras el adelanto electoral: “Estoy plenamente seguro de que [la convocatoria] responde al miedo. Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia”.
Hasta hace poco tiempo, el argumentario del PP era el opuesto: Sánchez se quería mantener en el Gobierno para protegerse judicialmente.
Acelerar tiempos
Ante el anuncio sorpresivo del presidente del Gobierno de la convocatoria electoral, el PP ha reaccionado con esa petición al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para que impute a la formación socialista en el marco del caso Leire Díez. A juicio de los ‘populares’, con las declaraciones recabadas durante la instrucción, y con la información arrojada por la investigación policial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya hay elementos suficientes para que la persona jurídica PSOE pueda ser citada como investigada.
Si bien el PP, como dirección letrada de la acusación popular, puede pedir al juez lo que considere oportuno cuando lo estime conveniente, la realidad es que esta solicitud de que se impute a su principal rival político en precampaña ha cogido por sorpresa a los diferentes actores jurídicos. Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es señalan que esa posible imputación del PSOE debía haberse valorado en todo caso tras los comicios de noviembre y siempre después de haber tomado declaración como investigados tanto a la exmilitante socialista Leire Díez como al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Ahora, esos tiempos se trastocan porque el propio juez ya ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre esa eventual imputación de la formación de Gobierno, algo que ahora sí podría llegar antes de que arranque oficialmente la campaña electoral el 13 de noviembre. Eso sí, el Ministerio Público no tiene un plazo fijado para responder a esa petición del juez. Las fuentes consultadas, no obstante, esperan que el pronunciamiento del Ministerio Público sea rápida y, por tanto, el instructor debería decidir antes de las elecciones porque, explican, el procedimiento sigue su curso independientemente de lo que suceda en la esfera política. En caso de decidir tras los comicios, sería una dejación de funciones, añaden.
La decisión del PP ha sorprendido, incluso, al resto de acusaciones que no fueron avisadas con anterioridad del movimiento. Se da la circunstancia de que este es uno de los primeros escritos que firma el nuevo letrado del PP, Henry Feltenstein, que cogió la batuta de los principales casos en detrimento del director del servicio jurídico del PP, Alberto Durán.
Por otro lado, la petición de imputar al PSOE por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos llega un mes después que tuvieran lugar las declaraciones en las que se basa el PP para solicitarlo: la de la gerente del PSOE, Ana Fuentes, y la de la presidenta de la formación, Cristina Narbona. Que el PP haya esperado tanto para esta petición podría tener que ver, explican, con el cambio de abogado.
Con todo, algunas de las acusaciones populares consultadas señalan que el paso es positivo porque ahora sí hay más documentación en la causa para sostener esa imputación del PSOE como persona jurídica.