Siete claves del rescate a Plus Ultra que investiga el juez del caso Zapatero
La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 cerró España durante meses con fuertes medidas de limitación de la movilidad para contener la expansión del virus. El impacto sobre la economía no tenía precedentes en la historia reciente. El Gobierno salió al rescate con un antídoto multimillonario, apoyando mediante préstamos a empresas de carácter estratégico “para evitar que las dificultades transitorias que padecen acaben teniendo un impacto social y económico contrario al interés general”.
El 9 de marzo de 2021, casi un año después del decreto de alarma que paralizó España por la pandemia, Plus Ultra recibió dos préstamos por 53 millones de euros (uno ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones). Era la única solución para evitar su quiebra por inactividad y el Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, aprobó esta ayuda.
Los recursos públicos reservados para ese fin –10.000 millones de euros– dependían del Consejo Gestor, cuyo máximo responsable fue Bartolomé Lora, un técnico ascendido en 2017 por Cristóbal Montoro (PP) a vicepresidente de la SEPI y mantenido en ese puesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. Otro técnico con una antigüedad parecida, José Ángel Partearroyo, director de Participadas de la SEPI, intervino activamente en el control del proceso para la adjudicación de ayudas.
Bartolomé Lora sostuvo en el Senado que nunca recibió presiones de ningún miembro del Gobierno para adjudicar los préstamos a determinadas empresas: “Tramitamos unos expedientes en base a las normativas europea y nacional, con un procedimiento riguroso y tasado”. Partearroyo coincidió con su jefe y añadió: “Para las ayudas a Plus Ultra nos basamos en los informes financieros que avalaban que se cumplían las condiciones de elegibilidad de la compañía”.
La investigación judicial abierta en el juzgado de instrucción 15 de Plaza de Castilla puso bajo sospecha esa ayuda a Plus Ultra, aireando un posible trato de favor en el rescate porque la compañía no cumplía supuestamente los criterios de solvencia para beneficiarse del préstamo de 53 millones aprobado por el consejo de ministros en marzo de 2021. Aunque esa causa fue archivada, su reapertura como consecuencia de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, ha vuelto a sembrar dudas sobre el rescate a Plus Ultra. El juez instructor, Fernando Calama, ha encontrado indicios de tráfico de influencias en el préstamo concedido a la aerolínea y ha citado como imputado al expresidente Rodríguez Zapatero.
El juez Calama reproduce en su auto algunas de las sospechas que el PP lleva lanzando contra el Gobierno por el polémico rescate de la compañía aérea.
1.- ¿Empresa estratégica con solo cuatro aviones? El PP cuestionó que el Gobierno informara a favor de considerar a Plus Ultra como “empresa estratégica” cuando tan solo disponía de cuatro aviones (dos A340-300 y dos A340-600) y denunció que sólo funcionaba uno de ellos, además de tener una cuota de mercado ínfima. Plus Ultra realizó 765 operaciones en 2019 sobre un total de 1.155.070 operaciones de pasajeros internacionales desde los aeropuertos españoles y en el año siguiente, en plena pandemia, hizo 220 de un total de 352.652 operaciones. La compañía operaba en España desde 2017 tras conseguir una licencia durante el mandato del Gobierno del PP. Plus Ultra recuerda que todos sus aviones estaban operativos y se utilizaban “aunque con menos actividad por las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia; se convirtieron en cargueros para transportar material con modelos de Airbus de fuselaje ancho para viajes intercontinentales”.
El expediente que dio lugar a la aprobación del préstamo incorporó informes de la secretaria de Estado de Transportes, la dirección general de Aviación Civil, la secretaría general de Industria, además de diversas consejerías de los gobiernos autónomos de Andalucía, Castilla y León, Galicia y Madrid, todos ellos a favor de esa calificación basada en la normativa y jurisprudencia comunitaria, según el Gobierno. Europa asignaba carácter estratégico a diversos sectores: salud, turismo, cultura, comercio minorista y transporte; y destacaba que el tamaño de la beneficiaria de las ayudas no debía ser decisivo a la hora de considerar estratégica una empresa que solicitaba el apoyo temporal, según el Gobierno. Plus Ultra sostuvo por su parte que optó a esa vía de financiación pública extraordinaria porque formaba parte de “dos sectores estratégicos: Turismo y Transporte”.
2.- ¿Empresa solvente o empresa en crisis antes de solicitar el rescate? Pedro Martín Molina es el perito que informó al juzgado de Plaza Castilla sobre la situación de Plus Ultra cuando se acogió al Fondo de Ayuda. Su conclusión es que la aerolínea no cumplía la condición de no encontrarse en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019, pues existían “dudas más que razonables sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía a dicha fecha y, por tanto, sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública”. Pese a este informe pericial, la juez que investigaba el caso decidió archivarlo.
El juez Calama recuerda en su auto que “el análisis pericial determinó que Plus Ultra ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar”. El Gobierno cuestiona las conclusiones del perito y contesta que la aerolínea “no estaba en causa de disolución ni liquidación a 31 de diciembre de 2019” porque el préstamo participativo que había solicitado debía computarse como parte de su patrimonio neto. Además, el Ejecutivo asegura que cinco informes avalan que Plus Ultra no era una empresa en crisis: el auditor de la aerolínea, Price Waterhouse Coopers, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, DC Advisory (que prestó asesoramiento financiero al Fondo de Ayuda) y Deloitte. Estos informes técnicos fueron los utilizados para aprobar el préstamo. Todos ellos “verificaron la solidez financiera y la elegibilidad de la compañía”.
El juez Calama rebate esta tesis en su auto: “Los informes presentados por los asesores de la SEPI fueron redactados para justificar la concesión del rescate, pese a que Deloitte señalaba dudas sobre la capacidad de la aerolínea para seguir funcionando y advertían de problemas graves de caja. Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa había recurrido a diversas herramientas contables: un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp –que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica–provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión”.
3.- Las razones del primer archivo judicial que avaló el rescate de Plus Ultra. El juzgado de instrucción número 15 de plaza de Castilla archivó hace dos años la investigación abierta tras las denuncias presentadas por Manos Limpias contra el rescate de Plus Ultra. La resolución, según Plus Ultra, señalaba que no había delito en la concesión del préstamo; que se cumplieron todos los requisitos para acceder a los fondos y que las dudas de interpretación contable sobre la solvencia de la compañía que expuso el perito judicial no eran suficientes para considerar que la aerolínea no tenía derecho a la ayuda.
4.- ¿Deudas vencidas con la Seguridad Social o al corriente de pago? El auto judicial contra Zapatero cuestiona que Plus Ultra se encontrará al corriente de pago con la Seguridad Social porque cuando presentó la solicitud, el 1 de septiembre de 2020, aún no tenía la resolución estimatoria del aplazamiento de una deuda de 451.954 euros, fechada el 5 de octubre de 2020, según el informe de Deloitte. La concesión de la ayuda por el Consejo de Ministros se aprobó en marzo de 2021. El Ministerio informó que la concesión del aplazamiento a Plus Ultra y la posterior reconsideración se ciñó en ese momento a la normativa vigente y al proceder normal en una situación de este tipo. Todos los aplazamientos concedidos finalizaron por pago“.
5.- La devolución de los dos préstamos, todavía pendiente. Plus Ultra ha pagado ya al Estado 12 millones de euros en intereses de los préstamos logrados, pero tiene pendiente desde marzo la devolución de 19 millones del préstamo ordinario y se le ha concedido un aplazamiento ante “la subida del coste del queroseno y los cierres en Venezuela”. Además, deberá devolver 34 millones más en marzo de 2028 del préstamo participativo.
6.- ¿A qué se dedicaron los 53 millones del rescate? El juez Calama sostiene que Plus Ultra hizo “pagos cuantiosos tras el rescate a sociedades que no formaban parte de la operativa normal de la aerolínea, con transferencias relevantes a empresas que no figuraban en ejercicios anteriores y que no tenían relación directa con la actividad de Plus Ultra”. El Gobierno detalla que la compañía aérea ha destinado el 40% de los 53 millones del préstamo a pagos a acreedores (40%); nóminas, impuestos, seguros sociales, transición ecológica y digital y gastos financieros (22%); reembolsos a pasajeros (19%) y capital de trabajo (19%).
7.- Los pagos a Zapatero, los ingresos de Julio Rodríguez y la aprobación del préstamo. El juez Calama se basa en los informes policiales de la UDEF para señalar que Zapatero cobró dinero de Julio Rodríguez, asesor de Plus Ultra, por influir en el rescate de la aerolínea. Los ingresos acreditados del expresidente del Gobierno a través de Análisis Relevante, consultora de Julio Rodríguez, comenzaron en octubre de 2020, mucho antes de que Plus Ultra recibiera el préstamo de 53 millones (marzo de 2021).
Por su parte, Julio Rodríguez firmó un contrato de asesoramiento a Plus Ultra en julio de 2020 (a razón de 5.000 euros más IVA al mes), cuando la compañía ni siquiera había iniciado los trámites para acogerse a las ayudas del Gobierno. En el registro de su domicilio se encontró un borrador de contrato fechado en enero de 2021 por el que cobraría el 1% del rescate si el consejo de ministros lo aprobaba. Zapatero ha negado que hiciera gestiones con miembros del Ejecutivo para el rescate de la aerolínea, y mucho menos que cobrara por nada relacionado con esa operación. Directivos de Plus Ultra presumieron de que “el pana Zapatero” estaba detrás de sus gestiones para acogerse al rescate. La única reunión que mantuvo Zapatero con José Luis Ábalos, exministro de Transportes, fue posterior a la aprobación de la ayuda a Plus Ultra, según cuenta su entorno, y no trató sobre esa cuestión. Los informes que elaboraba para Análisis Relevante nunca trataron aspectos relacionados ni con este rescate ni con Venezuela, según su entorno.