Radiografía del auto contra Zapatero: múltiples indicios y acusaciones por atar
El auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero recoge un ramillete de indicios sobre su presunta participación en una red de tráfico de influencias que derivan en contundentes acusaciones contra el expresidente del Gobierno. Sin embargo, las conclusiones del juez José Luis Calama no están siempre acompañadas de la prueba que supuestamente se habría obtenido en estos dos años de investigación. El análisis del escrito judicial plantea la incógnita de si el juez ha dejado en los informes de la Policía y la Oficina Antifraude las pruebas que sostienen sus acusaciones o si no hay más que las que presenta en el auto de 88 páginas y de las que se sirve para sostener la imputación a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.
En el capítulo de indicios contra el expresidente destacan los abultados pagos recibidos por la empresa de marketing de las hijas de Zapatero, tanto del amigo de su padre Julio Martínez Martínez como de dos hermanos venezolanos que tenían una sociedad “carente de actividad real”, según la Oficina Antifraude.
La imputación por organización criminal requiere de un grupo concertado para delinquir que prolonga su actividad en el tiempo. Pero más allá del presunto tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra, el auto solo menciona una supuesta gestión de Zapatero para que la compañía aérea fletara un vuelo a España que tenía prohibida su salida de Caracas. El juez le atribuye la dirección de esa organización criminal sin que conste la planificación del delito o las órdenes que pudo dar.
Este es un repaso por los aspectos más relevantes del auto que ha servido para imputar por corrupción a un expresidente del Gobierno de España.
El rescate de Plus Ultra
El auto del juez Calama sitúa el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia como el núcleo central de la trama. La resolución detalla que ante la imposibilidad de la aerolínea para conseguir créditos bancarios, sus directivos recurrieron en paralelo a José Luis Ábalos y a Zapatero, si bien fue la vía del expresidente “la que adquirió un papel predominante y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos”.
En las comunicaciones intervenidas, los directivos de Plus Ultra se muestran confiados en que el expresidente diera un “toque técnico desde arriba” o hablara directamente con la SEPI para garantizar el préstamo. También alardeaban de tener al “pana Zapatero detrás”, se referían a él como el “Grupo Zapatero” o admitían su disposición a pagar mordidas. “Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”, recoge en un mensaje el presidente de la compañía, también imputado. Además, supieron con antelación que se les iba a conceder la ayuda.
El auto recoge también como indicio una reunión del expresidente con el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en septiembre de 2020, cuando Plus Ultra estaba tramitando su solicitud de rescate. El juez no recoge ningún detalle del contenido de esa reunión. Apunta, sin embargo, que la aerolínea arrastraba una deuda de casi medio millón de euros que la Seguridad Social acabó aplazando un mes después de esa reunión.
Fuentes del entorno de Escrivá, consultadas por este periódico, confirman que ese encuentro se produjo y que no se habían visto nunca antes. Aseguran, asimismo, que no se habló del rescate de Plus Ultra y que quien pidió la cita no fue Zapatero sino el entonces ministro en el marco de una ronda de contactos con diferentes personalidades por la primera desescalada que siguió a la irrupción de la pandemia.
El juez afirma que “la secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la concesión de la ayuda, evidencia que la red actuó con la finalidad de influir en la decisión del órgano competente”. Sin embargo, no consta ninguna prueba directa de que la supuesta influencia ejercida por Zapatero derivara en la decisión de la SEPI de otorgar el rescate.
La empresa de Dubai y la mordida del 1%
Según la resolución de la Audiencia Nacional, el 19 de enero de 2021 la sociedad Idella, propiedad de Julio Martínez Martínez, firmó con Plus Ultra un contrato de “prestación de servicios de asesoramiento y enfoque estratégico” por el que, si se lograba el préstamo, el empresario percibiría un 1% más IVA de los 53 millones que acabó poniendo el Gobierno a disposición de la aerolínea. Esto es, alrededor de 640.000 euros.
El auto afirma que no hay “constancia del pago [de esa cantidad] en España” y apunta que esa remuneración se podría haber canalizado a través de una sociedad en Dubái creada presuntamente tras “instrucciones” de Zapatero para evitar que el dinero entrara en el sistema financiero español y fuera rastreado por las autoridades.
Sin embargo, para apuntar a la implicación de Zapatero en la creación de esa sociedad offshore el juez se basa únicamente en la secuencia temporal de hechos y en la supuesta iniciativa del presidente de convocar una comida. Así, detalla que el 26 de enero de 2021, una semana después de la firma del contrato del 1%, Zapatero citó en el restaurante Portonovo de Madrid a Julio Martínez Martínez y a Tomás Guerrero, quien tenía negocios en el emirato. Al día siguiente, este último envió un correo electrónico a Martínez Martínez en el que le dice que, “según lo conversado ayer”, le traslada la documentación necesaria para constituir una sociedad en Dubái. Días después, le envía más documentación.
La tesis del magistrado de que las “instrucciones” para crear esa sociedad “parten necesariamente” de Zapatero se apoya únicamente en que fue el expresidente “quien promueve la reunión a la que debe acudir Julio [Martínez Martínez]”. El auto no aporta más datos que la corroboren. Fuentes del entorno del expresidente señalan que han tenido conocimiento por terceros implicados en la trama de que esa sociedad de Dubai nunca llegó a crearse a pesar de que Julio Martínez Martínez sí se lo propuso al citado Tomás Guerrero.
Respecto a la comisión del 1% del rescate para Julio Martínez Martínez, el auto hace referencia a un encuentro que tuvo lugar el 2 de marzo de 2021 —cuando la ayuda de la SEPI a punto de ser aprobada— entre la cúpula de la aerolínea y el empresario en una terraza. Ante la broma de este último sobre quién pagaría la cuenta señalando que “la SEPI no aprueba esos gastos”, el director financiero de Plus Ultra respondió: “Tranquilo, eso sale del 1%”. Es una manifestación que, según el juez, guarda “perfecta correlación” con ese contrato.
Zapatero y los gobiernos extranjeros
“Las comunicaciones intervenidas revelan que la red actuaba tanto en España como en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países, con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala”.
La tesis de la expansión extranjera es utilizada por el juez para intentar apuntalar los indicios de tráfico de influencias y de organización criminal. No en vano, el magistrado habla de una “estructura estable”, necesaria para mantener la acusación por este segundo delito de organización criminal. No bastaría, por tanto, con la supuesta mediación para el rescate de Plus Ultra.
Sin embargo, el auto solo concreta una supuesta mediación de Zapatero con las autoridades de un país extranjero, Venezuela, donde el expresidente ha ejercido de actor reconocido del Gobierno español para mediar en la situación política y conseguir la liberación de presos políticos.
Las dificultades económicas de la aerolínea Plus Ultra estaban dejando a pasajeros en tierra en el verano de 2021. El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica venezolano, el general Juan Manuel Teixeira, se puso en contacto con Julio Martínez Martínez para advertirle de que sabía que los pasajeros estaban siendo informados por Plus Ultra de que la responsabilidad de que no volaran era de Caracas y que el único motivo eran los impagos de la compañía.
Martínez intercede con el general para que deje salir un vuelo con destino a Madrid que no tenía autorización. Al día siguiente, “una persona registrada como Z en la agenda del teléfono” de Martínez le escribe: “En tiempo y forma. Exitosa gestión...”. Esta supuesta actuación de Zapatero demuestra, según el juez, que el expresidente es “una figura decisoria última y supervisora de los resultados”.
La investigación no concreta qué recibió Zapatero por este supuesto tráfico de influencias y remite a los fondos que el expresidente percibió de Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez. Este habría encubierto la entrega a Zapatero de un porcentaje por sus gestiones en forma de abono de trabajos de consultoría. El expresidente asegura que esos trabajos se realizaron y que los pagos responden exclusivamente a ellos.
China aparece mencionada solo una vez en el auto de 88 páginas. Se produce en el marco de unas conversaciones en las que unos compradores de petróleo venezolano, supuestamente chinos, tienen que recurrir a Zapatero para la operación. En un intercambio de mensajes, el empresario venezolano Domingo Amaro Chacón –autor de pagos a las empresas de Zapatero y sus hijas– traslada a Julio Martínez que el presidente de la sociedad Swissoil Trading SA “y los chinos” están “listos para comprar barcos [de petróleo]”.
La implicación de Zapatero en esta transacción se centra en que China International Cultural Technology Resources Group envió “una carta de intenciones (un documento comercial que se utiliza en estos casos)” a la oficina de Zapatero sobre la compra que los chinos quieren realizar. En el auto no se hace ninguna mención más a la transacción. Ni si se realizó la compra, ni si Zapatero medió de algún modo.
Los pagos a Zapatero y su entorno
El auto dedica un prolijo apartado a explicar el movimiento de fondos entre empresas con Julio Martínez Martínez como centro de la operativa. A continuación llega el punto “beneficiarios finales” y es ahí donde aparece Zapatero, que no es mencionado en la explicación sobre la “canalización de fondos”. Eso no es óbice para que el juez le atribuya el papel de “núcleo decisor” de la trama, en la que ocuparía la “cúspide” del entramado.
Los principales proveedores del “entorno societario controlado por Julio Martínez” son el propio Zapatero (418.000 euros) y la empresa de sus hijas, Whathefav (242.423,50 euros) si bien estas cifras bailan en otro punto del auto donde al expresidente se le adjudican 490.780 euros y 239.755 euros a Whathefav.
Los pagos a la empresa de las dos hijas de Zapatero corresponden al periodo entre 2020 y 2024, año en que comenzó la investigación. Whathefav facturaba a Análisis Relevante como “servicios agencia”. El contrato suscrito el 1 de junio de 2020 hablaba de la elaboración, aplicación y ejecución de “un programa de marketing” y la colaboración en eventos. En otro punto del informe se alude únicamente a un trabajo de maquetación por parte de Whathefav a Análisis Relevante de unos informes que “a priori ya estarían elaborados”.
Con todo, Julio Martínez no fue el principal pagador de Whathefav. Entre 2020 y 2025, la empresa de las hijas de Zapatero ingresó 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón. No se detalla en concepto de qué facturó Whathefav a Inteligencia Prospectiva, pero la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, es contundente en su análisis sobre Inteligencia Prospectiva: mueve más de 2,6 millones de euros en sus cuentas en cuatro años y eso es incompatible con una empresa que “carece de actividad real”.
Más del 21% de esos flujos de dinero de Inteligencia Prospectiva en ese periodo fueron a parar a la empresa de las hijas del expresidente. No hay más detalle en el auto de qué podría estar recompensando Inteligencia Prospectiva a Zapatero a través de sus hijas. Otra empresa vinculada a Zapatero, Gate Center, de la que es presidente de su consejo asesor, recibió de los hermanos venezolanos 226.200 euros. Por su parte, Julio Martínez Martínez y Análisis Relevante ingresaron 368.258,72 euros de Inteligencia Prospectiva. El 44,4% de todo el dinero que movió la sociedad de los hermanos venezolanos fue a parar a Zapatero y su entorno.
El auto concluye que se trata de pagos por las influencias ejercidas por Zapatero sin mayor detalle. Solo alude a “conversaciones intervenidas, correos electrónicos, reuniones institucionales, contratos, pagos y flujos financieros”. Las conversaciones y correos que aporta el auto son de terceras personas hablando de Zapatero y el expresidente no aparece participando en “reuniones institucionales”. La secretaria de Zapatero escribe un correo electrónico de parte del expresidente y lo hace para reservar mesa en una cita en la que supuestamente se hablaría de la creación de una sociedad en Dubai.
El escrito del juez no alude a si hay conversaciones en los informes policiales que no han sido transcritas en el auto, si bien otras en las que terceras personas aluden al presidente sí que aparecen. De otro lado, los “contratos, pagos y flujos financieros” que menciona el auto se enmarcan en contraprestaciones por las presuntas labores de intermediación de Zapatero, sin que se explique si tienen un carácter finalista, esto es, un ingreso a cambio de una gestión.
Además, en ese mismo epígrafe de “beneficiarios finales”, el juez incluye los pagos por valor de 681.318,04 euros que el grupo empresarial Thinking Heads abonó a Zapatero por servicios de consultoría, asesoramiento, conferencias y servicios editoriales y sobre los que no arroja ninguna sospecha. La empresa emitió un comunicado en el que afirma que “todos los servicios” abonados al expresidente fueron efectuados “con un contrato y con una prestación de servicios efectiva y acreditable” y que su relación se remonta a 2014.
El expresidente, acusado de liderar la trama
La acusación que adolece de menos sustento argumental en el auto es la de que Zapatero es el líder indiscutible de la trama de corrupción. Alusiones a que actúa como el “núcleo decisorio” o que “ejerce el liderazgo estratégico” se repiten sin que el juez aclare en qué se basan. El magistrado apunta que la oficina del expresidente que los agentes de la UDEF registraron este martes era el “centro de coordinación de la red”, donde “se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria”, si bien no aporta elementos que sustenten esa afirmación.
Como prueba concreta, el magistrado alude a la citada reunión con el entonces ministro de Seguridad Social, a una comida con Ábalos de la que tampoco aporta detalles y a dos archivos de Excel que el expresidente remitió a Julio Martínez Martínez en el que figura un listado de personas y empresas con direcciones de correos electrónicos y cargos. “Estos archivos no constituyen un simple listado, sino que reflejan una cierta planificación previa y sirven como herramienta logística”, sostiene el auto.