El juez Calama señala a dos venezolanos como “vehículo de pago” a Zapatero por negocios entre Pekín y Caracas
La investigación de la Audiencia Nacional se fija en la sociedad de dos hermanos venezolanos como el “vehículo” que habría tenido José Luis Rodríguez Zapatero para cobrar de forma encubierta por sus gestiones en grandes operaciones comerciales que implicarían a Venezuela y China. Se trata de Inteligencia Prospectiva SL, cuya sede fue uno de los objetivos de los agentes de la UDEF en sus registros de este martes. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) considera que la sociedad es “carente de actividad real” y, sin embargo, regó a las empresas del entorno de Zapatero con elevados pagos.
Los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón son administradores solidarios de Inteligencia Prospectiva, antes Beren Europe y posteriormente Alaska Ilimitada. Un informe del pasado mes de febrero de la ONIF concluye que su “operativa financiera resulta incompatible con su cifra de negocio declarada y plenamente coherente con uso instrumental orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero”, según recoge el juez en su auto. Calama añade que esos fondos procedentes del extranjero acabaron en “sociedades vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero y operada por Julio Martínez Martínez”.
Entre 2020 y 2025, Inteligencia Prospectiva movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias. Se trata, según la ONIF, de una “cifra absolutamente incongruente con su actividad declarada”. De esa cantidad, un porcentaje muy importante fue al entorno de Zapatero. Análisis Relevante obtuvo de Inteligencia Prospectiva 368.258,72 euros. Es la sociedad de Julio Martínez en la que, según los investigadores, Zapatero juega un papel muy superior al que reconoce de trabajos de asesoría. La empresa de marketing de las hijas del expresidente, Whathefav, obtuvo 561.440 euros de la misma empresa. Y Gate Center, con un consejo asesor presidido por Zapatero, cobró 266.200 euros.
Los hermanos Amaro, recoge el juez, “exceden de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel”. Especialmente en Venezuela. En el teléfono de Julio Martínez aparecieron mensajes como “los chinos listos para comprar barcos” y “listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro de Petróleo”. Los barcos hace alusión al traslado de petróleo y la “Dama” es Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, a la que atribuyen la “asignación directa” de esos barcos con crudo.
Una “carta de intención”
Los investigadores creen que el expresidente es clave en esta dinámica porque los potenciales compradores deben dirigirse a Zapatero mediante una “carta de intención”, un documento formal en el que una sociedad expresa su interés en realizar una acción futura, establecer un acuerdo o participar en un proyecto. En los registros apareció una de estas cartas envida por China International Cultural Technology Resoruces Group Co Ltd a la “Oficina del presidente Zapatero” el 30 de octubre de 2023.
Inteligencia Prospectiva se creó el 13 de enero de 2020, poco antes de la pandemia de la COVID-19. Tenía por objeto la consultoría de organización y el asesoramiento económico, industrial y comercial. No le fue bien. Los hermanos Amaro Chacón han tenido que inyectar capital repetidas veces para compensar sus resultados negativos. La empresa presenta ingresos nulos o inferiores a 35.000 euros “mientras que su volumen de gastos por servicios exteriores y trabajos realizados por terceros es extraordinariamente elevado”.
Los investigadores se preguntan para qué quería Inteligencia Prospectiva firmar tres contratos de asesoramiento, entre 2020 y 2022, para la realización de informes mensuales sobre tendencias políticas y económicas. “La ausencia de actividad real de Inteligencia Prospectiva evidencia que tales contratos no responden a una prestación efectiva de servicios, sino que constituyen instrumentos de cobertura formal para justificar transferencias económicas previamente decididas”, escribe Calama.