El juez Pedraz imputa al ex jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE por el caso Leire Díez
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este viernes imputar en el caso Leire Díez a Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos. Además, en un auto acuerda también, con el informe positivo de la Fiscalía Anticorrupción, lo que solicitaba la Unidad Central Operativa (UCO): el volcado y clonado de su teléfono. Quiere que la UCO pueda revisar incluso “el listado de datos de contacto que figuren almacenados” en el dispositivo.
El magistrado, que investiga los intentos de la presunta trama para, por un lado, hacerse con adjudicaciones públicas de manera irregular y, por otro, para torpedear procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, considera que ahora, tras el reciente atestado del Instituto Armado tiene indicios para relacionar a Serrano con los integrantes de la organización criminal, sobre todo con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y con la exmilitante socialista Leire Díez.
En la resolución detalla las presuntas actuaciones irregulares que se le atribuyen en su etapa al frente de Correos y pone el foco en la “irregular” contratación en esa empresa pública de la 'fontanera' del PSOE y en que se sucedieron “distintas actuaciones de características semejantes a las denunciadas respecto de otras entidades públicas de la SEPI”. Explica que tras nombrar a Leire Díez “llevó a cabo distintos procesos de contratación que permiten sostener que se llevaron a cabo con apartamiento de la normativa pública, en beneficio de la misma o de terceros (Vicente Fernández) y, todo indicaría, que se contaba con la aquiescencia de Juan Manuel Serrano.
Asimismo, para Pedraz resulta relevante su imputación para determinar el ámbito de responsabilidad de Serrano en la toma de decisiones surgidas en la reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024 -a raíz de la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez- en la que estuvo presente y tras la que mantuvo constante comunicación con Leire Díez. Indica que la 'fontanera' le daba cuenta del avance de sus gestiones, en concreto, sobre el material de Villarejo que “podrían utilizar para la consecución de sus objetivos”. Y resalta que se cruzaron entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024 hasta 9.355 mensajes wasaps, y otros 1.487 mensajes por la aplicación Signal entre abril de 2024 y noviembre de 2025.
Pedraz acuerda, por otro lado, rechazar la petición de la UCO de clonar los dispositivos móviles de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, y del agente Juan Sánchez Yepes, y ordena su devolución. Además, cita pero en calidad de testigos a las dos empleadas de la Secretaría de Organización del PSOE, el 28 de julio. Se trata de Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro. En esa comparecencia se les devolverán sus móviles que les fueron intervenidos por la UCO en el requerimiento del PSOE de 27 y 28 de mayo. Y deberán aportar las comunicaciones que hubieran mantenido entre los meses de abril de 2024 y junio de 2025 por “cualquier canal de comunicación (WhatsApp, correo electrónico, etc) con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, con la gerente del partido Ana María Fuentes, con Juan Manuel Serrano y con Leire Diez.
El juez advierte, no obstante, de que este requerimiento se efectuará en su condición de testigos y que se les informará previamente de que lo que aporten en tal condición no podrá ser utilizado en su contra, pues no pueden ser obligadas a entregar documentación que les pueda incriminar, pero también se les apercibirá de su obligación de colaborar con la Justicia. En su resolución, el juez indica que de momento solo consta en los atestados que ellas ejecutaban “órdenes que hubieran podido recibir desde la Secretaria de Organización del PSOE para la gestión de viajes y reuniones de los distintos investigados” y que “no consta que éstas conocieran que estuvieran llevando a cabo el ilícito plan”.
“No existen, pues, indicios suficientes para sostener el conocimiento por su parte de que la finalidad última para la que se llevaban a cabo las gestiones para facilitar encuentros, pagos o alojamiento de los investigados y su ilícito plan bajo la presunta cobertura de la Secretaria de organización del PSOE. De esta manera, entendiendo que no existen elementos suficientes para sostener su imputación en esta causa procede dejar sin efecto su personación como investigadas; si bien se considera preciso su consentimiento para al acceso a aquellos datos de sus móviles”, relata el juez.
En cuanto a Ana Fuentes, el juez recuerda que ostenta la condición de investigada por haber emitido notas de encargo dirigidas a justificar el pago de cantidades satisfechas por el PSOE a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo “en fechas en las que estos no consta que estuvieran prestando asesoramiento jurídico a dicho partido y existiendo indicios relevantes (...) de que a través de dichos pagos se buscaba retribuir a Leire Díez por la labor que se había comprometido a desarrolla para proteger al PSOE, al Presidente del Gobierno y su entorno de las actuaciones judiciales que les amenazaban”.
Matiza que su actuación concreta hasta la fecha se centra sólo en la emisión de esas “posibles mendaces notas de encargo”, y explica que esto supone “una concreta y auxiliar intervención, constitutiva de un delito de falsedad en documento mercantil cometida por particular”. La ubica, así “más en la figura de la coautoría o complicidad que como responsable principal del delito de organización criminal o los demás cometidos”, y no ve necesario analizar su móvil.
La participación “preeminente”
Fue este jueves cuando trascendió que el Instituto Armado considera en un informe que Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE –antes de alcanzar la Presidencia del Gobierno–, desempeño “una participación preeminente” en la obtención de beneficios para la trama de Leire Díez en el ámbito empresarial de la SEPI y también en su plan para defender los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno implicados en causas judiciales. Los investigadores llegaban a estas conclusiones tras el análisis de los mensajes guardados en teléfonos móviles incautados.
En el atestado de la UCO se indica que Serrano en su época de presidente de Correos habría coincidido con Leire Díez durante la mayor parte del tiempo que esta prestó servicios en la empresa pública. Y añade que la relación entre ambos “preexistiría a la incorporación de esta última a Correos” porque existen conversaciones de WhatsApp entre ambos desde, al menos, noviembre de 2020 cuando todavía ella era aún responsable de comunicación en Enusa.
La UCO indica que la primera de las actuaciones “con aparente relevancia penal” para la causa en la que habría participado Serrano es en el nombramiento de la propia exmilitante del PSOE como responsable del Área de Administración Local de Correos. El Instituto Armado considera que la trama buscaba posicionarse en puestos de relevancia en la Administración pública como parte de su “propia dinámica” en beneficio propio o de terceros.