El Gobierno intensifica la negociación interna de las leyes LGTBI y trans, que llevan meses atascadas, con el objetivo de tener el paquete legislativo listo para ser aprobado en el Consejo de Ministros antes de la celebración del Orgullo, que empieza el 25 de junio. Altos cargos de los ministerios de Justicia e Igualdad, que son los dos proponentes de ambas normas, mantuvieron este miércoles durante todo el día una reunión en la sede del departamento que pilota Juan Carlos Campo para avanzar.
Fuentes oficiales de Justicia enmarcan el encuentro en la normalidad de los trabajos de la elaboración del paquete legislativo sobre los nuevos derechos para las personas LGTBI. “No es novedosa. Es una reunión más de las que tienen como coproponentes”, apuntan. Los contactos se han producido en otros niveles además de Igualdad, Justicia y de Carmen Calvo, que es la secretaria de Igualdad del PSOE además de la vicepresidenta encargada de coordinar al Gobierno.
El asunto inquieta especialmente en las filas socialistas cuando va acercándose la fecha de la celebración del Orgullo LGTBI ante la reacción que pueda haber contra sus cargos en la manifestación, acto central del evento, por el enquistamiento en la negociación. En la retina de los socialistas está estos días el rechazo a los dirigentes de Ciudadanos en la marcha de 2019. Este año, 70 asociaciones han reclamado a la Federación Estatal LGTB y al Colectivo de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales (COGAM) que no inviten al PSOE al Orgullo si persiste el bloqueo de la ley trans, que está enquistada fundamentalmente por el rechazo de los socialistas a la autodeterminación de género. El partido de Pedro Sánchez apuesta por que el cambio legal de sexo se lleve a cabo con algunos requisitos en el Registro Civil, como la participación de testigos, como sucede en las bodas y otros actos administrativos.
“Me parece que el PSOE siempre ha estado comprometido con los derechos de las personas LGTBI y ninguna expresión que quiera apartarlo de esa lucha, ni será justa, ni sería inteligente, por parte de este colectivo”, afirmó la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros preguntada por el rechazo planteado por esas entidades sociales.
No obstante, ambas partes esperan desatascar el asunto antes del Orgullo a finales de junio, para lo que quedan tres convocatorias ordinarias del Consejo de Ministros. “Hay reuniones y se está realizando un gran esfuerzo por parte de los equipos de Igualdad y Justicia para tener la Ley Trans y la Ley LGTBI antes del Orgullo como dijo la ministra de Igualdad, con el mismo consenso que hubo en 2019, para que vaya lo antes posible a Consejo de Ministros, aunque todavía no hay fecha porque se sigue trabajando en conseguir un acuerdo”, señalan fuentes de Igualdad, informa Marta Borraz.
A pesar de esa negociación, los puntos de partida siguen alejados. “Estoy centrada en lo que me comprometí en el Congreso: recuperar el consenso de 2019, hacer valer ese consenso social para defender los derechos de las personas trans y que podamos tener para el Orgullo ley trans y ley LGTBI ya en tramitación”, ha expresado este miércoles Irene Montero en declaraciones a los periodistas en Bruselas, donde se ha reunido con la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, informa Andrés Gil.
Con “el consenso de 2019” la ministra se refiere a la proposición de ley impulsada entonces por los socialistas, que avalaba la autodeterminación de género y que decayó a las puertas de ser aprobada por la disolución de las Cortes debido al adelanto electoral. Aquella propuesta contó con el aval de todos los grupos de la Cámara. Sin embargo, desde entonces el PSOE ha cambiado de posición.
Las negociaciones se han acelerado en las últimas semanas, especialmente tras el debate en el Congreso de la proposición de ley presentada por ERC y el Grupo Plural con el apoyo de los colectivos trans. La propuesta fue rechazada con el voto en contra de PP y Vox, y la abstención del PSOE. “En un Estado de Derecho no existe ningún hecho jurídico, administrativo ni de otro tipo, en el que opere únicamente la manifestación de la voluntad”, defendió la diputada socialista Susana Ros en ese debate.
El debate es incómodo para el PSOE, que se reivindica como el partido que ha impulsado los derechos de las mujeres y las personas LGTBI, pero que está dividido [como en buena parte el movimiento feminista] respecto a la autodeterminación de género. La posición oficial del partido de Sánchez es que impulsarán una legislación que acabe con la patologización de las personas trans, que ahora necesitan requisitos médicos e informes psicológicos para cambiar de sexo en el Registro Civil, aunque apuestan por un modelo que dé “seguridad jurídica”, es decir, que no sea la “mera voluntad” de la persona la que permita esa modificación legal.
A día de hoy ni siquiera está claro si los nuevos derechos se recogerán en una única ley [como quiere el PSOE] o en dos, como considera Unidas Podemos que se acordó en el pacto de la coalición. Montero aceptó fusionar los textos en uno a instancias de los colectivos, que intentaron mediar entre las partes al plantear que hubiera un único proyecto y que el PSOE aceptara la autodeterminación. Para la parte socialista del Gobierno quedó claro que finalmente sería una única ley con un capítulo importante dedicado a las personas trans, pero Unidas Podemos sostiene que aceptó esa condición si se mantenía su redacción respecto al cambio legal de sexo.