La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha defendido el recurso de la Abogacía del Estado a la indemnización de 182.000 euros fijada por la Audiencia Nacional por la muerte del cámara de televisión José Couso, porque cree que esta sentencia abriría una vía “que sería imposible gestionar por cualquier país”.
Y ello, según ha explicado en los pasillos del Senado, porque aunque cualquier ciudadano tiene derecho a una “protección” esa protección “también tiene un límite dentro de las competencias y capacidades de cada Estado”.
Por tanto, ha apuntado que el recurso de la Abogacía responde a una cuestión “eminentemente técnica”, sustentada en que no se puede aceptar algo que iría “contra los intereses generales del Estado”.
Eso sí, la titular de Hacienda ha dejado claro el “cariño” y “solidaridad” del Gobierno hacia la familia de Couso, muerto en Bagdad (Irak) en 2003, y ha explicado que sus familiares fueron informados “personalmente” de la acción emprendida respecto a la sentencia.
Unidas Podemos, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, ha discrepado del criterio de la Abogacía del Estado y ha considerado que la Audiencia Nacional “se ha pronunciado claramente” sobre la indemnización.