Esquerra Republicana quiere que el Ministerio de Defensa remita al Parlamento la documentación y las conclusiones de la investigación que ha abierto en relación con la utilización de armas “de guerra” por parte del diputado y secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, durante un curso de Seguridad Nacional, por si hubiera que exigir la depuración de “responsabilidades” en el caso que se haya vulnerado la legalidad. Informa Europa Press.
Con este objetivo, la formación independentista catalana ha registrado una proposición no de ley para que se debata ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional que preside el 'popular' Carlos Aragonés.
En su iniciativa, recogida por Europa Press, los de Gabriel Rufián solicitan que se inste al Gobierno a remitir tanto a la Comisión Mixta como a la de Defensa los datos sobre la citada investigación. El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) decidió iniciar esas pesquisas tras difundirse unas imágenes en las que el dirigente de Vox realizaba unas prácticas de tiro con un fusil HK G36.
Los independentistas apuntan que han sido varias la organizaciones militares las que han destacado que en las imágenes “no se aprecia ningún tipo de medida de seguridad” de las que se requieren para estos ejercicio con fuego real.
También subrayan que el Reglamento de armas de 1993 prohíbe explícitamente la adquisición, tenencia y uso por parte de particulares de las armas consideradas “de guerra”, como el fusil que empuñó Ortega Smith.
El Gobierno rebajará temporalmente las peonadas e investigará las condiciones laborales de los trabajadores del campo. Estos son los temas del día:
- Las medidas han sido anunciadas como respuesta al informe sobre pobreza del relator de la ONU pero han provocado la protesta de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA por no ser invitadas a la reunión en el Ministerio.
- Primer choque de la patronal con Trabajo por desconvocar una reunión con las organizaciones agrarias. Este viernes había una reunión en Trabajo solo con los sindicatos del campo, sin organizaciones de agricultores, lo que ha molestado mucho a la patronal.
- Tractoradas multitudinarias en varias ciudades para pedir medidas al Gobierno: “Basta de engañar a los agricultores”.
- El Gobierno considera que el aval de Estrasburgo a las devoluciones en caliente “da seguridad jurídica al gran trabajo de la Guardia Civil”. El Gobierno “seguirá aplicando la legalidad vigente en la frontera”, a pesar de que los dos partidos que forman la coalición se habían posicionado en el pasado contra este tipo de deportaciones.
- Manuela Carmena considera que se “equivocó” al fundar Más Madrid. La exalcaldesa de Madrid responde a las preguntas de Antonio Miguel Carmona, excandidato del PSOE, y dice de Errejón que es “muy joven” y tendrá tiempo de demostrar “su valía”.
¡Hasta el lunes!
El presidente de Melilla Eduardo de Castro, de Ciudadanos, ha manifestado este viernes que espera que la sentencia europea que avala las devoluciones en caliente “sirva de disuasión” para la llegada de inmigrantes, aunque ha admitido que “al que busca un futuro mejor no le para una valla ni tampoco una sentencia”. Informa Europa Press.
A preguntas de los periodistas, De Castro ha manifestado que la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le “parece bien porque era un poco extraña la situación que vivían las fuerzas y cuerpos de seguridad, que estaban en un limbo [jurídico], y eso ya se ha arreglado”.
El Ejecutivo ha defendido que el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a las devoluciones en caliente “permite dotar de mayor seguridad jurídica el gran trabajo que hacen a diario los agentes” en las fronteras, según explican fuentes gubernamentales a eldiario.es. El Gobierno aguardaba el fallo de la Gran Sala para tomar una decisión definitiva sobre las expulsiones inmediatas que no ha dejado de aplicar y defender en las vallas de Ceuta y Melilla. Escribe Gabriela Sánchez.
El Tribunal Constitucional ha inadmitido de plano el recurso que presentaron los cinco miembros de 'La Manada' condenados por la violación de los Sanfermines de 2016 al no haber justificado la especial trascendencia de su petición. Informa Europa Press.
Según la providencia, con fecha 25 de noviembre de 2019 y a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal de garantías ha decidido no admitir a trámite al haber incurrido el recurso en el “defecto insubsanable de no haber satisfecho en modo alguno la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional, lo que requiere una argumentación específica”.
De este modo, los magistrados del Constitucional ni siquiera han entrado a estudiar el fondo del recurso que presentaron José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, Ángel Boza y Alfonso Jesús Cabezuelo, después de que el Tribunal Supremo incrementara a 15 años la condena inicial de la Audiencia Provincial de Navarra.
A pesar de esta inadmisión, los miembros de 'La Manada' ya han recurrido ante todas las instancias judiciales españolas, lo que les permite alegar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Los cinco fueron condenados por la Audiencia Provincial de Navarra a nueve años de prisión por abuso sexual a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016, pero en junio del año pasado el Tribunal Supremo revocó esta sentencia y elevó las condenas a 15 años al considerar que el delito que cometieron fue el de violación continuada con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas.
Al guardia civil Antonio Manuel Guerrero, el alto tribunal le condenó a dos años más de cárcel, un total de 17, como responsable del delito de robo con intimidación del teléfono móvil de la víctima.
Òmnium Cultural ha acusado este viernes de querer “reeducar” y cambiar la ideología del presidente de la entidad, Jordi Cuixart, después de que la Fiscalía de Barcelona se oponga a que se le aplique el régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que le permite salir de la cárcel entre semana para trabajar y hacer voluntariado, pese a estar clasificado en segundo grado -el régimen ordinario de privación de libertad-. Informa Europa Press.
“Cuixart no reeducará su ideología, por mucho que el fiscal siga intentando coartar su libertad de pensamiento y el ejercicio de derechos fundamentales,” ha advertido el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, en un comunicado.
Tras insistir en que el artículo 100.2 es uno de los “derechos” que corresponde a Cuixart como preso, Mauri ha instado a los poderes del Estado a cumplir con la legalidad internacional.
Para Mauri, la Fiscalía sigue actuando “como la Inquisición”, y considera que intentan atemorizar a la ciudadanía para que no ejerza libremente sus derechos fundamentales, como la libertad de pensamiento, expresión y manifestación.
En base al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, Cuixart salió el jueves de la cárcel de Lledoners (Barcelona) para ir a trabajar a su empresa situada en Sentmenat (Barcelona), y por la tarde hizo voluntariado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este viernes una reunión prevista desde hace meses de la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios, que el núcleo duro del Ejecutivo ha aprovechado para analizar la sentencia de Estrasburgo sobre devoluciones en caliente y encontrar una posición común del Ejecutivo sobre estas prácticas, según ha adelantado El País y ha confirmado eldiario.es.
En la reunión han participado los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, así como los ministros de Interior, Exteriores, Igualdad y Justicia. Por el momento, no han trascendido las conclusiones del encuentro.
La Comisión Delegada de Asuntos Migratorios se creó en verano de 2018, en pleno pico de llegadas de pateras a las costas andaluzas, con el objetivo de abordar el fenómeno migratorio “de manera integral y transversal, más allá de una política estricta de seguridad, de control de fronteras y de flujos migratorios”.
El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una mujer a que el periodo que pasó en el “Servicio Social de la Mujer” franquista compute para acceder a la jubilación anticipada. Equipara así la situación a los hombres, para los que el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria ya contaba a estos efectos. Al menos dos sentencias de tribunales superiores ya reconocían este derecho a las mujeres, pero ahora es el Supremo el que constata esta interpretación. Escribe Ana Requena.
La presentación de la nueva temporada de las Naves del Español, en Matadero, ha terminado en polémica. En el acto para dar a conocer las obras programadas, la concejala de Cultura, Andrea Levy, ha acusado a la izquierda de “meter sus sectarias manos” en la cultura de Madrid ante el revuelo del público. Una señora del público ha interrumpido el discurso de Levy. “Basta de dar un discurso político para algo cultural, basta”, ha espetado la mujer desde la grada, que ha arrancado el aplauso de los asistentes. Al lado de la concejala estaba la directora del Teatro Español, Natalia Menéndez y Luis Duque, su adjunto.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado para el 8 de febrero de 2021 el inicio del juicio por el pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la presunta 'caja B'. Informa Europa Press.
El tribunal formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu y María Fernanda García Pérez prevén celebrar más de 40 sesiones que se prologarán hasta finales del mes de mayo, según la diligencia de ordenación de la letrada de la administración de Justicia.
En el banquillo de los acusados se sentarán el extesorero del PP Luis Bárcenas, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión por el delito de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública; y el exgerente 'popular' Cristóbal Páez, que se enfrenta a un año y medio de cárcel por los mismos delitos salvo el de apropiación.
También están acusados los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, para quienes el Ministerio Público solicita tres años y 10 meses por falsedad documental y contra la Hacienda Pública; y su empleada Laura Montero, para quien el Ministerio Público pide el sobreseimiento de la causa.
Asimismo, el juez instructor del 'caso Gürtel', José de la Mata, también envió al banquillo al PP al considerarle como responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.
Parte de la expectación de este juicio llegará con las testificales, pues entre los comparecientes previstos están los expresidentes del Gobierno y ex líderes del PP José María Aznar y Mariano Rajoy, cuyas declaraciones han sido solicitadas por acusaciones populares y no por Anticorrupción.
En el caso de Aznar, será la primera vez que declare en la Audiencia Nacional para que explique qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de su partido. Fue durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso cuando aseguró que “no existe ninguna caja B” y negó el cobro o la orden de pagos de sobresueldos “ilegales” a dirigentes de la organización que presidió entre 1990 y 2004.
En cuanto a Rajoy, ya sabe lo que es declarar como testigo ante un tribunal de la Audiencia Nacional, pues compareció en julio de 2017 en el juicio sobre los primeros años de actividades de la trama Gürtel, en cuya sentencia el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo.
En aquella ocasión afirmó que “jamás” supo nada de la presunta caja B del PP porque su responsabilidad en el partido eran “políticas”, no contables. Sin embargo, la Audiencia Nacional cuestionó la credibilidad a su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política, lo que propició la moción de censura contra su Gobierno.
Esquerra Republicana quiere que el Ministerio de Defensa remita al Parlamento la documentación y las conclusiones de la investigación que ha abierto en relación con la utilización de armas “de guerra” por parte del diputado y secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, durante un curso de Seguridad Nacional, por si hubiera que exigir la depuración de “responsabilidades” en el caso que se haya vulnerado la legalidad. Informa Europa Press.
Con este objetivo, la formación independentista catalana ha registrado una proposición no de ley para que se debata ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional que preside el 'popular' Carlos Aragonés.
En su iniciativa, recogida por Europa Press, los de Gabriel Rufián solicitan que se inste al Gobierno a remitir tanto a la Comisión Mixta como a la de Defensa los datos sobre la citada investigación. El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) decidió iniciar esas pesquisas tras difundirse unas imágenes en las que el dirigente de Vox realizaba unas prácticas de tiro con un fusil HK G36.
Los independentistas apuntan que han sido varias la organizaciones militares las que han destacado que en las imágenes “no se aprecia ningún tipo de medida de seguridad” de las que se requieren para estos ejercicio con fuego real.
También subrayan que el Reglamento de armas de 1993 prohíbe explícitamente la adquisición, tenencia y uso por parte de particulares de las armas consideradas “de guerra”, como el fusil que empuñó Ortega Smith.