La Fiscalía se ha querellado contra el director de la oficina del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y la secretaria general de la conselleria de Presidencia, Meritxell Masó, por pagar con dinero público un viaje del primero a Nueva Caledonia en 2018 para ejercer de observador en un referéndum celebrado en la antigua colonia francesa así como dos facturas correspondientes a un desplazamiento a la prisión de Lledoners (Barcelona) para visitar a los presos del 1-O. Escribe Oriol Solé.