Sumar traslada al Congreso la gestión de los fondos europeos y el Bono Comercio en Alicante

El caso del Bono Comercio ha llegado a la Cámara Baja después de que Sumar registrara una solicitud de información para esclarecer el uso de fondos europeos en Alicante tras la detención del empresario y presidente de la Cámara de Comercio alicantina, Carlos Baño. El diputado Txema Guijarro ha sido el encargado de formalizar esta petición ante la Diputación de Alicante, con el fin de verificar si los recursos captados entre 2020 y 2023 se gestionaron con transparencia o si formaron parte de una presunta trama de corrupción y clientelismo vinculada al programa de bonos.

Desde Moviment Sumar País Valencià han calificado de “insostenible” que una persona implicada en una investigación judicial de esta gravedad mantenga la presidencia de la Cámara de Comercio de Alicante. Por ello, la formación ha exigido que se aparte a la dirección cameral de sus funciones de manera inmediata hasta que se aclaren las responsabilidades. Asimismo, han señalado directamente a la gestión anterior de Carlos Mazón en la Diputación por la supuesta opacidad en la supervisión de estos programas financiados con fondos de reactivación económica.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha intensificado su labor de fiscalización reclamando los expedientes completos de los convenios firmados con la Cámara de Comercio. La portavoz adjunta del PSPV, Trini Amorós, ha exigido al gobierno de Luis Barcala la documentación relativa al “bono gastronómico” y las campañas de bonos comercio de los últimos tres años. El objetivo de los socialistas es comprobar si el Ayuntamiento fue diligente en la fiscalización de los fondos para evitar subcontrataciones irregulares con entidades investigadas por la Fiscalía Anticorrupción.

La presión política sobre el gobierno municipal y provincial aumenta mientras las instituciones de Altea y otras localidades vecinas también observan con atención el desarrollo de este caso que afecta al tejido comercial de la provincia. Tanto Sumar como el PSPV coinciden en que las instituciones públicas deben asumir su obligación de rendición de cuentas para garantizar que los recursos europeos y municipales se utilicen exclusivamente en beneficio de la ciudadanía y no para intereses privados.

“Se hizo todo como se tenía que hacer”

La concejal portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha defendido este martes la gestión que el ejecutivo municipal (PP) realizó con los bonos comercio y, ante las peticiones de transparencia por parte de la oposición, ha afirmado que “la información es pública” y que “se hizo todo como se tenía que hacer”.

Cutanda ha insistido en que la información es accesible para todos y se ha remitido a las declaraciones de la concejala de Comercio, Lidia López, difundidas el pasado viernes en un comunicado, en las que sostuvo que el consistorio de la capital alicantina “nunca ha tramitado sus diferentes campañas de bonos consumo con Facpyme y que en ningún momento han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía”.

Además, López precisó que el ayuntamiento gestionó directamente la primera edición de estos bonos en 2021 “y las siguientes se desarrollaron a través de la Cámara de Comercio, mediante un convenio fiscalizado por todos los órganos municipales, pero nunca con Facpyme”.