Investigación

El negocio en negro de jueces y fiscales: hasta 4.000 euros al mes por preparar a opositores

Están entre las oposiciones más duras de la Administración. De media transcurren de cuatro a seis años antes de que un juez o un fiscal obtenga la plaza. Muchos licenciados de Derecho se quedan por el camino en las distintas convocatorias. Según las cifras del Consejo General del Poder Judicial en cada ejercicio anual se presentan más de 4.000 aspirantes. El camino para lograrlo es arduo, exige miles de horas repasando temarios, casi siempre con la ayuda de un preparador. Existen academias, pero lo habitual es "preparar" con jueces y fiscales en activo que ejercen de tutores durante esos años de estudio, orientan y van evaluando a los opositores hasta que se sienten listos para presentarse al examen.

Tal y como ha podido comprobar elDiario.es existe un verdadero mercado negro de preparadores con tarifas más o menos conocidas por todos: jueces y fiscales que cobran por alumno 100 o 200 euros mensuales, generalmente en sobres que no pasan por los controles de Hacienda. La tarifa sube hasta los 300 euros al mes cuando el preparador está en los peldaños más altos de los tribunales. Hay magistrados que preparan a la vez hasta una quincena de alumnos. A lo largo de esta investigación, que ha durado varias semanas y de la que hoy se publica la primera entrega, algunos jueces y fiscales han reconocido abiertamente a esta redacción que los pagos se hacen en negro.

Los opositores describen un sistema generalizado en el que la fórmula habitual es presentarse ante el preparador con dinero en metálico a primeros de mes. La conclusión es que algunos jueces y fiscales complementan su retribución con cantidades que en ocasiones superan los 4.000 euros al mes, y por las que eluden pagar impuestos. Se trata de una práctica que en muchos casos se ha normalizado, que es vox populi pero que rara vez da lugar a inspecciones y multas pese a tratarse de un caso obvio de fraude fiscal, en muchos casos cometido por quienes en su día a día tienen como cometido perseguir ese tipo de delitos. 

"Si fuera por transferencia, subirían los precios en general de todos los preparadores, y eso lo va a pagar el opositor", responde uno de los tutores que se ofrece en foros de Internet cuando se le pregunta por la forma de pago. Los opositores, los pocos que se han atrevido a hablar para este reportaje, siempre a condición de que no se revelen sus identidades, aseguran que los pagos en negro no son la excepción, sino la norma: "Entre los compañeros lo comentamos mucho porque a todo el mundo le cobran así".

Si fuera por transferencia, subirían los precios en general de todos los preparadores, y eso lo va apagar el opositor

Los anuncios de preparadores emergen por todas partes en foros de oposiciones en Internet como 'judicaturamsn', 'forooposiciones', 'canaloposiciones', entre otros. A los juristas más reputados, generalmente quienes ejercen como jueces y fiscales en los denominados órganos centrales —Tribunal Supremo y Audiencia Nacional—, se accede por otra vía, a través de otros opositores que ya han preparado con ellos o mediante contactos en el escalafón más alto de la Justicia. Las cuotas de los jueces y fiscales del Supremo son más altas que las del resto de magistrados. elDiario.es ha podido contactar con opositores que pagan en B a jueces de estas altas instancias y que han contado sus casos con la condición de que no se faciliten los nombres de sus tutores. No se trata solo de miedo a sufrir represalias, lo habitual es que entre opositor y preparador se teja a lo largo de los años una relación de confianza que va más allá del vínculo profesor-alumno.

En los anuncios que pueden consultarse en un primer vistazo en los foros de Internet pocos preparadores ofrecen su nombre real. Lo más frecuente es encontrar ofertas de jueces y fiscales que detallan la ciudad donde ejercen y si atienden presencialmente a los aspirantes o si tienen la posibilidad de preparar online. En los que ha consultado elDiario.es se facilita una dirección de email con un nombre genérico como 'preparador judicatura madrid', 'preparadores en valencia' o 'magistrada 1'. Es raro encontrar a jueces que se presentan con sus nombres y apellidos, aunque alguno sí lo hace. Se dan casos incluso de magistrados que facilitan como contacto el correo oficial que les proporciona el Poder Judicial, aunque son los menos.

La redacción de elDiario.es ha contactado con más de una decena de preparadores, con un primer email en el que se les pedía información sobre el método y los días de preparación. Casi todos contestaron a ese mensaje, aclarando cuestiones como qué temario utilizan (los más comunes son Carperi y Vázquez Pariente), que según avisan deben ser actualizarlos constantemente; los días que preparan (lo normal es una o dos sesiones por semana); y el método que utilizan para fijar los temas de la oposición. Habitualmente son dos: de vueltas –estudiar uno a uno los temas hasta el final y volver a empezar– o de arrastre –ir estudiando nuevos temas pero repasando los anteriores–.

"Lo normal es en metálico"

La segunda tanda de correos remitidos para esta investigación ya pedía información concreta de precios y, lo más importante, el método de pago (si era en efectivo o por transferencia) y si había posibilidad de hacer factura o algún otro documento que acreditase los pagos al preparador. Esto último es vital si se quiere acceder a algún tipo de beca pública, que existieron en el pasado y el Gobierno plantea ahora recuperar, porque es necesario acreditar la condición de opositor. A este segundo correo electrónico ya no contestaron la mayoría de los jueces y fiscales contactados.

Cobramos 200 euros, que se pagan a principios de cada mes. La forma de pago es en efectivo

Entre los que sí respondieron, varios de ellos dejaron claro que el pago tenía que hacerse siempre en mano. Así lo explicitaron en su respuesta dos preparadores, una magistrada y una letrada de la administración de Justicia de Valencia: "Cobramos 200 euros, que se pagan a principios de cada mes. El método es de vueltas y la forma de pago es en efectivo". Ambas tutoras aclaran que los cantes —el repaso en voz alta de los temas— se hacen presencialmente siempre que se pueda, dos días entre semana, y prometen una atención personalizada: "Cuando expones estás tú solo con tu preparador ya que cada uno tiene su tiempo, y te cruzarás con tus compañeros tan solo al entrar y salir".

Otro de los contactados pide aclarar todo este tipo de cuestiones relacionadas por el pago por teléfono, sin dejar rastro escrito. Se presenta como fiscal e informa de sus condiciones: cobra 150 euros por un día entre semana de cante. Él mismo destaca que se trata de un buen precio y advierte de que los jueces "de los tribunales centrales cobran hasta 300 o 320 euros". Explica que él está empezando, que utiliza el sistema de vueltas y que se ha de pagar en efectivo.

"Lo normal es en metálico, yo cobro en metálico, piensa que por trasferencia tendrías que pagar mucho más. Las ayudas son nulas y los impuestos altísimos. Si fuera por transferencia, subirían los precios en general de todos los preparadores, y eso lo va a pagar el opositor", explica con toda naturalidad por teléfono. Añade que ahora mismo tiene 11 opositores y planea coger uno más. El cálculo es sencillo: 1.800 euros al mes que no están sujetos a ningún control fiscal y por los que el representante del ministerio público no paga impuestos, según él mismo ha admitido.

Otra fiscal de Andalucía que se anuncia en los mismos foros solicita hablar por teléfono para entrar en el detalle de sus condiciones. Explica que utiliza un sistema de "vueltas mixto", con dos o tres temas por cante, dos días por semana, siempre de lunes a jueves. Cuando se le pregunta por el método de pago, accede a que este sea como mejor le venga al alumno; cuando se le pide un certificado, un documento que acredite la condición de opositor del alumno para poder acceder a becas públicas, empieza a poner pegas y propone dejar esa cuestión para más adelante.

Un método extendido

Los jueces, fiscales y opositores con los que ha contactado elDiario.es coinciden en señalar que el cobro en efectivo es una práctica habitual y muy extendida. Un alumno de los que ahora se encuentran en la Escuela Judicial tras haber superado la oposición asegura que es uno de los temas de conversación recurrente entre los recién aprobados.

También lo confirman otros opositores contactados por esta redacción. Algunos relatan cómo esta forma de pago dio lugar a situaciones controvertidas durante la pandemia: los meses de confinamiento, sus preparadores prefirieron no cobrar por transferencia y esperar a que pudieran volver a sus despachos con el sobre y el dinero acumulado de los meses anteriores en los que las normativas sanitarias impedían salir de casa. "Personalmente preferiría domiciliar mensualmente el pago, pero no es así –admite otra opositora–. Básicamente porque no es un problema de facilidad de pago [para los preparadores], sino tributario".

Algunos jueces subrayan durante las conversaciones que han mantenido con este medio que hay preparadores que lo hacen bien. Y dicen la verdad. Hay jueces y fiscales, sobre todo los que pertenecen a la bolsa de preparadores de las asociaciones judiciales, que se anuncian con su nombre y apellidos, ofrecen cobrar por el método que le sea más cómodo al alumno –efectivo, transferencia o bizum–, acceden a dar certificados e incluso algunos ofrecen la posibilidad de que el opositor no pague nada, si se encuentra en una situación económica complicada.

Estos jueces, la mayoría jóvenes, hablan de una nueva hornada de preparadores que hacen las cosas de manera legal y declaran sus ingresos. Eso sí, cuando se les pregunta cómo pagaron ellos a sus preparadores en sus años de oposición, todos responden que en negro. Uno comenta que se preparó con "un juez importante de Madrid" hace ya años, y cuando le solicitó el certificado para acceder a una ayuda pública de 3.000 euros anuales que le habrían permitido pagarse los costes de la oposición, este se negó sin más explicación. Está convencido de que no declaraba lo que cobraba.

Otra de las juezas consultadas alude a la dificultad de tributar por esos ingresos. "El problema con esto es cómo se declara. No podemos darnos de alta en autónomos. Nosotros solo cobramos de entidades culturales o educativas. Pero eso no lo puedes declarar de particulares. Yo lo he intentado todo", dice. Otros preparadores aseguran que no hay problema para tributar por esos ingresos. "Yo lo incluyo en la declaración de la renta como rendimiento del trabajo", explica uno que pertenece a la bolsa de preparadores de una asociación judicial.

Es un rendimiento del trabajo no dependiente y así se debe incluir en la declaración de la renta

"Es como se deben incluir, así es como se hace, como lo hace cualquier funcionario. Cuando das una charla o una jornada, emites un recibo. Es un rendimiento del trabajo no dependiente y así se debe incluir en la declaración de la renta", sostiene Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), quien desconfía de los problemas que alegan algunos jueces a la hora de declarar esos ingresos extra.

Cruzado no tiene dudas de por qué muchos preparadores de oposición cobran en metálico: "Parece obvio, es la forma de eludirlo, si no hay factura es imposible o muy difícil rastrear esos pagos. A no ser que haya una denuncia privada, eso no puede detectar". "En el caso de cualquier funcionario público deberíamos exigir un plus de ejemplaridad en este asunto, en el caso de jueces y fiscales, en mayor medida", concluye.

En las altas instancias judiciales corren nombres de magistrados y fiscales ilustres que han preparado a cientos de opositores y que incluso venden sus temarios al por mayor. Todo en dinero negro.

Están entre las oposiciones más duras de la Administración. De media transcurren de cuatro a seis años antes de que un juez o un fiscal obtenga la plaza. Muchos licenciados de Derecho se quedan por el camino en las distintas convocatorias. Según las cifras del Consejo General del Poder Judicial en cada ejercicio anual se presentan más de 4.000 aspirantes. El camino para lograrlo es arduo, exige miles de horas repasando temarios, casi siempre con la ayuda de un preparador. Existen academias, pero lo habitual es "preparar" con jueces y fiscales en activo que ejercen de tutores durante esos años de estudio, orientan y van evaluando a los opositores hasta que se sienten listos para presentarse al examen.

Tal y como ha podido comprobar elDiario.es existe un verdadero mercado negro de preparadores con tarifas más o menos conocidas por todos: jueces y fiscales que cobran por alumno 100 o 200 euros mensuales, generalmente en sobres que no pasan por los controles de Hacienda. La tarifa sube hasta los 300 euros al mes cuando el preparador está en los peldaños más altos de los tribunales. Hay magistrados que preparan a la vez hasta una quincena de alumnos. A lo largo de esta investigación, que ha durado varias semanas y de la que hoy se publica la primera entrega, algunos jueces y fiscales han reconocido abiertamente a esta redacción que los pagos se hacen en negro.

Los opositores describen un sistema generalizado en el que la fórmula habitual es presentarse ante el preparador con dinero en metálico a primeros de mes. La conclusión es que algunos jueces y fiscales complementan su retribución con cantidades que en ocasiones superan los 4.000 euros al mes, y por las que eluden pagar impuestos. Se trata de una práctica que en muchos casos se ha normalizado, que es vox populi pero que rara vez da lugar a inspecciones y multas pese a tratarse de un caso obvio de fraude fiscal, en muchos casos cometido por quienes en su día a día tienen como cometido perseguir ese tipo de delitos. 

"Si fuera por transferencia, subirían los precios en general de todos los preparadores, y eso lo va a pagar el opositor", responde uno de los tutores que se ofrece en foros de Internet cuando se le pregunta por la forma de pago. Los opositores, los pocos que se han atrevido a hablar para este reportaje, siempre a condición de que no se revelen sus identidades, aseguran que los pagos en negro no son la excepción, sino la norma: "Entre los compañeros lo comentamos mucho porque a todo el mundo le cobran así".

Si fuera por transferencia, subirían los precios en general de todos los preparadores, y eso lo va apagar el opositor

Los anuncios de preparadores emergen por todas partes en foros de oposiciones en Internet como 'judicaturamsn', 'forooposiciones', 'canaloposiciones', entre otros. A los juristas más reputados, generalmente quienes ejercen como jueces y fiscales en los denominados órganos centrales —Tribunal Supremo y Audiencia Nacional—, se accede por otra vía, a través de otros opositores que ya han preparado con ellos o mediante contactos en el escalafón más alto de la Justicia. Las cuotas de los jueces y fiscales del Supremo son más altas que las del resto de magistrados. elDiario.es ha podido contactar con opositores que pagan en B a jueces de estas altas instancias y que han contado sus casos con la condición de que no se faciliten los nombres de sus tutores. No se trata solo de miedo a sufrir represalias, lo habitual es que entre opositor y preparador se teja a lo largo de los años una relación de confianza que va más allá del vínculo profesor-alumno.

En los anuncios que pueden consultarse en un primer vistazo en los foros de Internet pocos preparadores ofrecen su nombre real. Lo más frecuente es encontrar ofertas de jueces y fiscales que detallan la ciudad donde ejercen y si atienden presencialmente a los aspirantes o si tienen la posibilidad de preparar online. En los que ha consultado elDiario.es se facilita una dirección de email con un nombre genérico como 'preparador judicatura madrid', 'preparadores en valencia' o 'magistrada 1'. Es raro encontrar a jueces que se presentan con sus nombres y apellidos, aunque alguno sí lo hace. Se dan casos incluso de magistrados que facilitan como contacto el correo oficial que les proporciona el Poder Judicial, aunque son los menos.

La redacción de elDiario.es ha contactado con más de una decena de preparadores, con un primer email en el que se les pedía información sobre el método y los días de preparación. Casi todos contestaron a ese mensaje, aclarando cuestiones como qué temario utilizan (los más comunes son Carperi y Vázquez Pariente), que según avisan deben ser actualizarlos constantemente; los días que preparan (lo normal es una o dos sesiones por semana); y el método que utilizan para fijar los temas de la oposición. Habitualmente son dos: de vueltas –estudiar uno a uno los temas hasta el final y volver a empezar– o de arrastre –ir estudiando nuevos temas pero repasando los anteriores–.

"Lo normal es en metálico"

La segunda tanda de correos remitidos para esta investigación ya pedía información concreta de precios y, lo más importante, el método de pago (si era en efectivo o por transferencia) y si había posibilidad de hacer factura o algún otro documento que acreditase los pagos al preparador. Esto último es vital si se quiere acceder a algún tipo de beca pública, que existieron en el pasado y el Gobierno plantea ahora recuperar, porque es necesario acreditar la condición de opositor. A este segundo correo electrónico ya no contestaron la mayoría de los jueces y fiscales contactados.

Cobramos 200 euros, que se pagan a principios de cada mes. La forma de pago es en efectivo

Entre los que sí respondieron, varios de ellos dejaron claro que el pago tenía que hacerse siempre en mano. Así lo explicitaron en su respuesta dos preparadores, una magistrada y una letrada de la administración de Justicia de Valencia: "Cobramos 200 euros, que se pagan a principios de cada mes. El método es de vueltas y la forma de pago es en efectivo". Ambas tutoras aclaran que los cantes —el repaso en voz alta de los temas— se hacen presencialmente siempre que se pueda, dos días entre semana, y prometen una atención personalizada: "Cuando expones estás tú solo con tu preparador ya que cada uno tiene su tiempo, y te cruzarás con tus compañeros tan solo al entrar y salir".

Otro de los contactados pide aclarar todo este tipo de cuestiones relacionadas por el pago por teléfono, sin dejar rastro escrito. Se presenta como fiscal e informa de sus condiciones: cobra 150 euros por un día entre semana de cante. Él mismo destaca que se trata de un buen precio y advierte de que los jueces "de los tribunales centrales cobran hasta 300 o 320 euros". Explica que él está empezando, que utiliza el sistema de vueltas y que se ha de pagar en efectivo.

"Lo normal es en metálico, yo cobro en metálico, piensa que por trasferencia tendrías que pagar mucho más. Las ayudas son nulas y los impuestos altísimos. Si fuera por transferencia, subirían los precios en general de todos los preparadores, y eso lo va a pagar el opositor", explica con toda naturalidad por teléfono. Añade que ahora mismo tiene 11 opositores y planea coger uno más. El cálculo es sencillo: 1.800 euros al mes que no están sujetos a ningún control fiscal y por los que el representante del ministerio público no paga impuestos, según él mismo ha admitido.

Otra fiscal de Andalucía que se anuncia en los mismos foros solicita hablar por teléfono para entrar en el detalle de sus condiciones. Explica que utiliza un sistema de "vueltas mixto", con dos o tres temas por cante, dos días por semana, siempre de lunes a jueves. Cuando se le pregunta por el método de pago, accede a que este sea como mejor le venga al alumno; cuando se le pide un certificado, un documento que acredite la condición de opositor del alumno para poder acceder a becas públicas, empieza a poner pegas y propone dejar esa cuestión para más adelante.

Un método extendido

Los jueces, fiscales y opositores con los que ha contactado elDiario.es coinciden en señalar que el cobro en efectivo es una práctica habitual y muy extendida. Un alumno de los que ahora se encuentran en la Escuela Judicial tras haber superado la oposición asegura que es uno de los temas de conversación recurrente entre los recién aprobados.

También lo confirman otros opositores contactados por esta redacción. Algunos relatan cómo esta forma de pago dio lugar a situaciones controvertidas durante la pandemia: los meses de confinamiento, sus preparadores prefirieron no cobrar por transferencia y esperar a que pudieran volver a sus despachos con el sobre y el dinero acumulado de los meses anteriores en los que las normativas sanitarias impedían salir de casa. "Personalmente preferiría domiciliar mensualmente el pago, pero no es así –admite otra opositora–. Básicamente porque no es un problema de facilidad de pago [para los preparadores], sino tributario".

Algunos jueces subrayan durante las conversaciones que han mantenido con este medio que hay preparadores que lo hacen bien. Y dicen la verdad. Hay jueces y fiscales, sobre todo los que pertenecen a la bolsa de preparadores de las asociaciones judiciales, que se anuncian con su nombre y apellidos, ofrecen cobrar por el método que le sea más cómodo al alumno –efectivo, transferencia o bizum–, acceden a dar certificados e incluso algunos ofrecen la posibilidad de que el opositor no pague nada, si se encuentra en una situación económica complicada.

Estos jueces, la mayoría jóvenes, hablan de una nueva hornada de preparadores que hacen las cosas de manera legal y declaran sus ingresos. Eso sí, cuando se les pregunta cómo pagaron ellos a sus preparadores en sus años de oposición, todos responden que en negro. Uno comenta que se preparó con "un juez importante de Madrid" hace ya años, y cuando le solicitó el certificado para acceder a una ayuda pública de 3.000 euros anuales que le habrían permitido pagarse los costes de la oposición, este se negó sin más explicación. Está convencido de que no declaraba lo que cobraba.

Otra de las juezas consultadas alude a la dificultad de tributar por esos ingresos. "El problema con esto es cómo se declara. No podemos darnos de alta en autónomos. Nosotros solo cobramos de entidades culturales o educativas. Pero eso no lo puedes declarar de particulares. Yo lo he intentado todo", dice. Otros preparadores aseguran que no hay problema para tributar por esos ingresos. "Yo lo incluyo en la declaración de la renta como rendimiento del trabajo", explica uno que pertenece a la bolsa de preparadores de una asociación judicial.

Es un rendimiento del trabajo no dependiente y así se debe incluir en la declaración de la renta

"Es como se deben incluir, así es como se hace, como lo hace cualquier funcionario. Cuando das una charla o una jornada, emites un recibo. Es un rendimiento del trabajo no dependiente y así se debe incluir en la declaración de la renta", sostiene Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), quien desconfía de los problemas que alegan algunos jueces a la hora de declarar esos ingresos extra.

Cruzado no tiene dudas de por qué muchos preparadores de oposición cobran en metálico: "Parece obvio, es la forma de eludirlo, si no hay factura es imposible o muy difícil rastrear esos pagos. A no ser que haya una denuncia privada, eso no puede detectar". "En el caso de cualquier funcionario público deberíamos exigir un plus de ejemplaridad en este asunto, en el caso de jueces y fiscales, en mayor medida", concluye.

En las altas instancias judiciales corren nombres de magistrados y fiscales ilustres que han preparado a cientos de opositores y que incluso venden sus temarios al por mayor. Todo en dinero negro.

Están entre las oposiciones más duras de la Administración. De media transcurren de cuatro a seis años antes de que un juez o un fiscal obtenga la plaza. Muchos licenciados de Derecho se quedan por el camino en las distintas convocatorias. Según las cifras del Consejo General del Poder Judicial en cada ejercicio anual se presentan más de 4.000 aspirantes. El camino para lograrlo es arduo, exige miles de horas repasando temarios, casi siempre con la ayuda de un preparador. Existen academias, pero lo habitual es "preparar" con jueces y fiscales en activo que ejercen de tutores durante esos años de estudio, orientan y van evaluando a los opositores hasta que se sienten listos para presentarse al examen.

Tal y como ha podido comprobar elDiario.es existe un verdadero mercado negro de preparadores con tarifas más o menos conocidas por todos: jueces y fiscales que cobran por alumno 100 o 200 euros mensuales, generalmente en sobres que no pasan por los controles de Hacienda. La tarifa sube hasta los 300 euros al mes cuando el preparador está en los peldaños más altos de los tribunales. Hay magistrados que preparan a la vez hasta una quincena de alumnos. A lo largo de esta investigación, que ha durado varias semanas y de la que hoy se publica la primera entrega, algunos jueces y fiscales han reconocido abiertamente a esta redacción que los pagos se hacen en negro.

El CGPJ y la Inspección fiscal no controlan la actividad de jueces y fiscales

Los jueces que eluden pagar impuestos por los que ingresan como preparadores se benefician del poco control que ejerce sobre estas actividades el Poder Judicial. Los jueces que quieren ejercer esta actividad tienen que pedir la autorización si les ocupa más de 75 horas anuales. Pero nadie vigila a quien no solicita ese permiso.

“Las leyes solo confieren competencias disciplinarias al CGPJ para acciones cometidas por los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones”, responden desde el Poder Judicial sobre una práctica que los testigos de este reportaje admiten como habitual. “Esas mismas leyes también han establecido el catálogo -cerrado- de faltas que el CGPJ puede sancionar”, añaden en conversación telefónica. Desde el Poder Judicial insisten en que la única manera de detectar que un juez no cumple con la compatibilidad es una denuncia privada.

Desde la Inspección Fiscal, la fiscal jefe inspectora María Antonia Sanz Gaite responde por email que para el caso de los fiscales el régimen de incompatibilidad para la preparación de oposiciones es igual que el de los jueces, con la misma limitación de horas. En caso de superar esas horas de docencia particular sin pedir autorización, Sanz Gaite apunta a que hay una serie de sanciones recogidas en el Estatuto del Ministerio Fiscal, que van desde las multas hasta la suspensión.

"Aflorar, declarar y abonar los tributos correspondientes a una renta que se percibe en metálico es una responsabilidad del perceptor de dicha renta", asegura la jefa de la Inspección Fiscal, pero añade que el control de esas declaraciones corresponde a la Agencia Tributaria y que la Fiscalía General del Estado "no tiene entre sus atribuciones la de detectar presuntas transgresiones de naturaleza tributaria, sino aquellas que pueden constituir alguna de las faltas disciplinarias".