El portavoz del PP en el Parlamento catalán, Enric Millo, considera “una burla a los catalanes” la declaración de soberanía en la que trabajan CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP y que prevé aprobarse en el pleno del 23 de enero.
En rueda de prensa tras una reunión del grupo parlamentario popular, ha acusado a las cinco formaciones que impulsan el texto de generar “una mentira colectiva que pretende hacer creer a la población una cosa que no es”.
“Es importante que los catalanes sepan que nada cambiará tras el 23 de enero”, ha continuado el dirigente popular, que ha subrayado que una propuesta de resolución no tiene consecuencias jurídicas.
Por ello, ha tachado la declaración de soberanía de “paripé que no va a ninguna parte y no tiene consecuencias”, aunque ha criticado que el objetivo que persigue la resolución --el 'derecho a decidir' de los catalanes-- esté fuera de la ley.
“Si Artur Mas ha decidido hacerse el 'hara-kiri' sería bueno que no arrastrase al resto de catalanes en su delirio”, ha continuado Millo, que ha sostenido que esta declaración de soberanía solo generará división, crispación e inestabilidad.
Aun así, el portavoz del PP ha avanzado que presentarán una enmienda a la declaración con un texto alternativo en el que incluirán las prioridades del partido para esta legislatura, como la recuperación económica y la necesidad de mejorar la financiación catalana.
“OPOSICIÓN DE MARCAJE”
Durante la reunión del grupo parlamentario del PP se ha distribuido también la presencia de los diputados populares en todas las comisiones del Parlamento autonómico --todavía por constituir--, y se ha empezado a repartir las tareas entre los miembros de la bancada conservadora.
Los populares asumirán la presidencia de tres comisiones --Empresa y Empleo, Rafa Luna, Peticiones, Dolors Montserrat, e Infancia, Dolors López--, aunque han protestado ante la Mesa porque entienden que les correspondería una cuarta.
Fuentes del partido han explicado su enojo por esta decisión, ya que la primera propuesta presentada inicialmente por los servicios jurídicos de la Cámara establecía cuatro presidencias para el PP en función del cálculo de restos mayores, un reparto que CiU y ERC han modificado para sumar una nueva presidencia de comisión para la federación en detrimento de los populares.
Además de distribuir a los diputados en las comisiones, el grupo parlamentario del PP ha configurado una suerte de “oposición de marcaje” en la que se ha asignado un diputado popular por cada miembro del Gobierno de Artur Mas para que fiscalice su actuación.