El Partido Popular ha pedido este martes su absolución en la vista oral por la actividad de la trama Gürtel en Boadilla del Monte, en la que se expone a su tercera condena por beneficiarse de la red corrupta. En este caso, como responsable a título lucrativo de las ilegalidades cometidas en el municipio madrileño, la quinta ciudad española con mayor renta bruta. En la última sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia, el abogado del PP, Jesús Santos, ha afirmado que esa responsabilidad a título lucrativo habría prescrito y que, en todo caso, el partido no puede ser condenado porque “desconocía por completo” esos presuntos “actos” que, de haber tenido lugar, se habrían llevado a cabo “sin su conocimiento ni consentimiento”. “Es decir, en contra de la voluntad del Partido Popular”, ha aseverado.
No lo cree así la Fiscalía, que solicita que el PP sea condenado al pago de 204.198,64 euros al considerar acreditado que parte de las mordidas a cambio de adjudicaciones públicas en el municipio se destinaron presuntamente a costear gastos de las campañas municipales de los conservadores. A juicio de Anticorrupción, existió un “lucro” para la formación y, consecuencia, la “obligación” del partido que ahora lidera Pablo Casado es resarcir ese dinero.
A este respecto, el abogado ha insistido en que esos gastos se habrían realizado “a escondidas o al margen del partido” y por “personas que carecían de poder para comprometer al partido”, cuya intención era “beneficiarse a sí mismos”. “Un enriquecimiento personal”, ha aseverado. En este contexto, el representante del PP ha recordado que el partido “contaba con amplio margen de presupuesto” para las campañas electorales de 2003 y 2007 y que tenía “un techo de gasto al que no se llegó”. Así, si se hubiera querido añadir nuevos gastos había “un amplio colchón” para hacerlo.
En el último tramo de su intervención en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional, el letrado ha hecho un alegato en defensa de la honorabilidad del PP y ha afirmado que, desde 2008, el partido ha ido reaccionando con los “medios existentes en ese momento” a las diferentes causas de corrupción, que ha enmarcado en la actuación de “execrable” de ciertos servidores públicos que “defraudaron la confianza” del partido y que no pueden “empañar” la actividad de miles de afiliados que desarrollan su actividad de servicio público con “ejemplaridad”.
Campañas electorales
El pasado 13 de enero, la Fiscalía mantuvo en sus conclusiones la responsabilidad a título lucrativo del PP por los contratos supuestamente adjudicados por el consistorio a cambio de comisiones a las empresas Sufi (24.000 euros), Constructora Hispánica (30.000) y Teconsa (120.000) además de diversos contratos menores (29.000). La tesis de Anticorrupción es que el PP se benefició de esas operaciones consiguiendo que empresas de la trama abonaran los costes de distintos actos políticos organizados por y para el partido.
En su exposición, la fiscal dejó claro que daba toda credibilidad al relato del auditor interno de la formación durante la etapa enjuiciada, Carlo Lucca Bugniani, que declaró como testigo a propuesta del PP. Según la fiscal Concepción Nicolás, en su interrogatorio afirmó que “el PP es una sola persona económica, un único mandante con un solo número en el registro de partidos y aclaró que los gastos de las campañas municipales tienen que pasar por los servicios comunes y que todo se contrata desde Génova”. A su juicio, todas las cuestiones relativas a si la financiación del PP de Boadilla se conocía en Génova fueron resueltas “fácilmente” por este testigo. “Hablamos de una sola persona jurídica y de una sola persona económica. Así de fácil”, insistió la fiscal.
Esta ha sido la tesis que ha intentado rebatir este martes la defensa del PP. Santos —que también se remitió en varias ocasiones a la declaración de este testigo— ha insistido en que los candidatos a unas elecciones no pueden comprometer ni realizar gasto en nombre del partido y que ésta es una facultad reservada a los apoderados. “No es que no exista prueba de cargo para acreditar ese uso o ese disfrute [de los supuestos gastos desviados a campañas], es que hay prueba que pone de manifiesto todo lo contrario”, ha dicho el letrado.
En este punto, el abogado se ha referido a las declaraciones de varios de los acusados que han reconocido los hechos de los que le acusa la Fiscalía a cambio de una reducción en la petición de penas. Entre ellos, el líder de la Gürtel, Francisco Correa. Santos recordó que Correa confirmó durante su interrogatorio que, en ocasiones, las anotaciones que reflejaban gastos no se correspondían con verdaderos desembolsos y que solía ordenar anotaciones de campaña con fondos que él mismo disponía. “A lo mejor era un dinero que me lo quedaba yo, puede ser”, dijo Correa, según ha recordado el abogado del PP.
Última palabra
La jornada se ha iniciado con la comparecencia de la defensa de Alicia Vallejo, expareja del exalcalde de Boadilla y funcionaria municipal. Vallejo está acusada de los delitos de falsedad documental y blanqueo por, supuestamente, ayudar al exregidor a ocultar fondos de procedencia ilícita a través de la venta de una vivienda de su propiedad en el municipio madrileño por más de medio millón de euros a una de las empresas del exalcalde. La Fiscalía pide para ella cinco años de cárcel.
En el trámite de informe, su letrada ha defendido su absolución y ha asegurado que fue víctima de una “maquinaria” tendente a engañarla urdida por González Panero, contra el que ha cargado duramente. Ha asegurado, en este sentido, que vendió ese inmueble “por asfixia económica, violencia de género [por parte de su exmarido] y necesidad de trasladarse de vivienda” y no para “encubrir u ocultar absolutamente a nadie” ni tras la promesa de que recibiría como contrapartida la vivienda de protección pública que le fue adjudicada posteriormente. “Ni ha vehiculado, ni ha recibido absolutamente nada que la vincule con alguna trama”, ha afirmado.
Tras los informes, seis de los acusados que no han pactado con la Fiscalía han ejercido su derecho a la última palabra y han remarcado su inocencia. Entre ellos, la propia Vallejo. También han intervenido Juan Carlos Rey Rico, ex director técnico de la Concejalía de Deportes de Boadilla; Rodolfo Benigno Ruiz Cortizo, presunto blanqueador de Gürtel; Juan Siguero, exconcejal de Boadilla por el PP y sucesor de Arturo González Panero en la alcaldía tras el estallido del caso; José Francisco Pastor de Luz, exconcejal y exgerente del Patronato de Cultura; y Jorge Martínez Massa, expresidente de L’Oréal en España.