La Red Latinoamericana de la Sociedad Civil por la Educación, Reduca, pidió durante la VIII Cumbre de las Américas, que se celebró hasta hoy en Lima, que se implementen las medidas necesarias para que se ejerza en plenitud “el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad” en la región.
Reduca, que está constituida por 15 países, informó a Efe que expresó su posición durante el Foro de la Sociedad Civil, que fue parte de las actividades de la cumbre, y valoró de manera positiva que la OEA “reconozca la necesidad de que la sociedad civil sea un interlocutor calificado” en este tipo de mecanismos.
“Sin embargo, se hace prioritario insistir en mayor tiempo de interlocución y en mecanismos de consulta continua y fluida en lo nacional y regional, a efectos de lograr impactos sostenidos y perdurables en las causas que promueve la sociedad civil”, acotó.
Reduca agregó que “urge garantizar el derecho a una educación de calidad”, ya que América Latina “es la región más desigual del mundo” y sus políticas de educación “reproducen el ciclo de la desigualdad, impidiendo que los más vulnerables tengan acceso a medios para la movilidad económica y social”.
La organización señaló que en la región aún hay más de 43 millones de personas de entre 15 y 29 años de edad que no han completado la secundaria, y no están inscritas para continuar, y se estima que solo entre un 20 % y un 30 % de los niños y jóvenes con discapacidad asiste a la escuela, y la mayoría de ellos no termina la secundaria.
Reduca también indicó que la corrupción, que fue el tema central de la Cumbre de las Américas, “pone en riesgo la educación, el bienestar y la vida” y es “considerada como el problema más importante” de las sociedades latinoamericanas en la actualidad.
“Invitamos a los actores sociales y políticos a establecer estrategias de divulgación de los compromisos de la cumbre y de los mecanismos de seguimiento y monitoreo con hitos de logro”, remarcó.
La VIII Cumbre de las Américas fue clausurada hoy por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, tras la adopción del Compromiso de Lima y con una exhortación a aplicar acuerdos que permitan una “política de tolerancia cero frente a los actos corruptos” en la región.