El verano pasado, el juez encargado del procés, Pablo Llarena, resolvió no aplicar la amnistía al expresident catalán, Carles Puigdemont, imputado por malversación de fondos para organizar el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en Catalunya. Este lunes, el Tribunal Supremo ha celebrado una vista para revisar los recursos de apelación que presentaron tanto Puigdemont como sus exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig contra dicha resolución. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido al Tribunal Supremo que corrija al juez Pablo Llarena y aplique la ley de amnistía.
Mientras, Anticorrupción ha anunciado que investiga si Vox ha utilizado sus puestos callejeros para disfrazar algún tipo de financiación ilegal. Las diligencias de investigación abiertas por el órgano especializado parten de una denuncia presentada por el PSOE en la que se aportan fotografías de las casetas del partido en la que aparecen “huchas” o “cajas de caudales”, un tipo de ingresos anónimos que está prohibido por la Ley de Financiación de los Partidos Políticos.
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El Ministerio de Justicia asegura haberse enterado “por los medios de comunicación” de la citación como testigo del ministro Félix Bolaños, para que declare como testigo en la causa que sigue el magistrado Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez por tráfico de influencias, entre otros delitos.
“Hemos tenido noticia, a través de los medios de comunicación, de una posible citación como testigo al ministro. Estamos a la espera de recibirla y estudiar su contenido. Por supuesto, de confirmarse esas noticias, el ministro responderá, en su condición de testigo, cualquier cuestión que se le plantee”, aseguran fuentes de su departamento.
Informa José Enrique Monrosi
El Gobierno ha anunciado un sistema estatal para identificar a los animales de compañía, común para toda España, y con el que pretende luchar contra el abandono y la cría ilegal, localizar a mascotas perdidas y ayudar a controlar enfermedades. El nuevo sistema regulará el registro de los animales que deben identificarse de forma obligatoria (perros, gatos y hurones) y se pondrá en marcha con un real decreto que elaborará el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en colaboración con los gobiernos autonómicos, ha anunciado este lunes la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.
“Debemos recordar que un animal identificado, es un animal protegido”, ha dicho Martínez en una reunión con representantes de la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC) y con el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra. Martínez ha precisado que los veterinarios serán los únicos profesionales habilitados para identificar a animales de compañía y ha subrayado que contar con un sistema único en toda España será vital para luchar contra el abandono y la cría ilegal, así como para localizar a animales perdidos o ayudar a controlar enfermedades.
Actualmente es REIAC la entidad que actualmente facilita la interconexión de los datos de registro que hay sobre estos animales en distintas bases de España. Un sistema unificado “será fundamental para minimizar las dificultades que hay en muchos casos para localizar o rescatar animales que se han extraviado”, ha señalado la secretaria de Estado.
Con información de EFE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado esta mañana que Pedro Sánchez debería convocar a las urnas a los españoles, pues son “quienes tienen que decidir si aumenta el gasto en defensa, algo que apoya el Partido Popular”, o si quieren “dar privilegios a los independentistas o que los Mossos sean quienes sustituyan a la Guardia Civil en Catalunya”.
Ayuso ha hecho estas declaraciones en la inauguración de la nueva ampliación del Palacio de Justicia de Getafe, una instalación que empezó a funcionar en verano de 2024.
El presidente del Gobierno se reunirá este martes en la Moncloa con su vicepresidenta segunda y socia de coalición, Yolanda Díaz, en busca de una postura común en el seno del Ejecutivo sobre el gasto en defensa comprometido con Europa. La cita se producirá dos días antes de que Pedro Sánchez reciba también a los portavoces parlamentarios de los partidos con representación en el Congreso y en mitad de las críticas de algunos portavoces de Sumar.
“Nos unen más cosas de las que nos separan, como la idea y la protección de Europa”, ha dicho la portavoz del PSOE, Esther Peña, sobre las diferencias en la coalición. Peña ha defendido que el Gobierno apuesta por un “enfoque de 360 grados” en la política de defensa porque, en su opinión, “invertir en defensa es invertir en democracia, en seguridad y en Europa, que es un seguro de vida”.
Por José Enrique Monrosi
El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a seis encausados por la criptoestafa piramidal de Arbistar ha acordado este lunes suspender el juicio hasta el 24 de marzo dado que no se había dado traslado del escrito de acusación a las empresas que constan como responsables civiles. En el trámite de cuestiones previas, el presidente del tribunal, Francisco Javier Vieira, ha explicado que “han comprobado que no se ha dado traslado de los escritos de acusación a los responsables civiles” —Arbistar con varias denominaciones— por lo que no pueden defenderse por desconocimiento, algo que ha tildado de “importante” porque entonces “no cabe posibilidad de condena”.
Se trata del primer juicio del tribunal especial por un fraude a gran escala con criptodivisas. Están acusados por delitos de estafa agravada y organización criminal, por lo que se exponen a condenas de casi treinta años de cárcel. Las supuestas víctimas superan las 32.000, a las que se habría estafado una cantidad superior a los 92 millones de euros, según recoge el auto que en junio de 2023 puso fin a más de dos años de investigación.
Con información de Europa Press
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha negado este lunes que el partido se haya financiado ilegalmente y ha achacado la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción a una campaña orquestada por el PSOE –partido que ha interpuesto la denuncia- pero también por el PP. “Iniciamos la semana con una nueva oleada de persecución a Vox”, ha lamentado Fúster nada más iniciar la rueda de prensa, para dirigir después sus dardos contra el “triángulo formado entre Génova Ferraz y Sol”, sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Según ha sostenido, la formación no ha cometido ninguna ilegalidad por los ingresos en merchandising ya que “las actividades promocionales están autorizados por el artículo dos de la ley de Financiación de Partidos Políticos”. “Las cuentas de Vox son claras y transparentes, está todo en la contabilidad, auditado y presentado ante el Tribunal de Cuentas. No tenemos empresas corruptas ni hemos robado un euro los españoles”, ha proseguido el portavoz de Vox, que ha acusado al PSOE de estar “podrido de corrupción”.
“Lo que no está bajo ningún concepto autorizado por la ley es regalarle un palacete al Partido Nacionalista Vasco, eso sí que es financiación irregular, eso no está contemplado la ley de Financiación de Partidos Políticos pero los ingresos por actividades profesionales promocionales, sí”, ha insistido.
Fúster ha amenazado con “llevar a los tribunales” a todo aquel que sostenga que se han financiado ilegalmente mientras aseguraba que ellos son “los únicos que denuncian un sistema para esquilmar a los españoles y financiar las actividades corruptas de otros partidos políticos”. “No vamos a desviarnos ni un solo milímetro de nuestro objetivo que es sacar a Sánchez de la Moncloa”, ha zanjado.
Informa Carmen Moraga
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, no ha querido fijar este lunes la posición de su partido sobre el aumento del gasto en Defensa y el papel de España ante las negociaciones de paz en Ucrania que desarrollan EEUU y Rusia al margen de la UE y de la propia Ucrania. Gamarra no ha revelado qué votará el PP si Pedro Sánchez plantea al Congreso un aumento del presupuesto militar o incluso la intervención directa de soldados españoles en el campo de batalla.
Gamarra ha reclamado que el presidente del Gobierno exponga primero qué quiere hacer antes de que su partido fije su propia posición. “¿Qué planteamiento tiene Sánchez?”, se ha cuestionado la secretaria general del PP en una rueda de prensa en el Congreso. La 'número dos' orgánica de Feijóo ha lamentado que tengan más información los primeros ministros y presidentes con los que Sánchez se reunió la semana pasada en Bruselas que “los españoles”.
Gamarra ha pedido que la ronda de reuniones en Moncloa entre el presidente y los líderes de los grupos parlamentarios tenga contenido y no sean “de cara a la galería”. “¿De qué quiere hablar, para qué quiere a hablar?”, se ha planteado. “Su obligación es comparecer en el Congreso para que conozcamos perfectamente qué es lo que Sánchez plantea y a qué se ha comprometido en nombre de España”, ha concluido. Está previsto que Sánchez comparezca la última semana de marzo.
Informa Aitor Riveiro
La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que estime parcialmente la demanda civil que el juez jubilado Manuel García Castellón interpuso contra Ione Belarra, diputada y líder de Podemos, por acusarle de prevaricar en varios tuits el año pasado. El Ministerio Público considera que los 240.000 euros que pedía el magistrado era una cantidad “excesiva y desproporcionada” pero que una indemnización de 20.000 euros sería adecuada por vulnerar su honor con sus comentarios.
La secretaria general de Podemos se refirió a la trayectoria del juez después de conocerse su jubilación. Varios mensajes en la red social X en la que acusaba a García Castellón de haber liderado la estrategia de 'lawfare' contra Podemos. “Este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE”, explicó. La Fiscalía contesta, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado elDiario.es, que el juez nunca fue condenado por prevaricar y que los comentarios de Belarra son “claramente ofensivos e innecesarios” para criticar su labor como juez de la Audiencia Nacional.
Por Alberto Pozas
Marta Castro, responsable jurídica de Vox, ha evitado dar explicaciones este lunes sobre la investigación que la Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta sobre la financiación de su partido. “Me he enterado en sala”, ha dicho a las puertas del Tribunal Supremo tras acudir a la vista por el recurso de Carles Puigdemont contra la negativa de los jueces a amnistiar la malversación del procés.
Castro ha deslizado que detrás de las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción hay intereses gubernamentales: “Qué decir de la Fiscalía, no me sorprende ninguna investigación”, ha dicho antes de negarse a contestar más preguntas. Anticorrupción impulsa, entre otras, casos de corrupción como 'Koldo' o 'Hidrocarburos'.
Informa Alberto Pozas
“Confundir integración con racismo es grave”, ha dicho esta mañana el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El socialista ha defendido el pacto al que llegaron la semana pasada el Gobierno y Junts para la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat de Catalunya, y ha asegurado que es “muy razonable” que el permiso de residencia o de arraigo “lo aplique y lo gestione la comunidad autónoma”.
Zapatero ha defendido el uso de las lenguas cooficiales y su protección en todos los trámites de migración, después de que la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, diera a entender hace unos días que el catalán será un requisito para los migrantes que quieran residir en Catalunya, a pesar de que contravendría el pacto, que prevé que la Generalitat asuma competencias pero siempre bajo la norma estatal.
El expresidente ha asegurado que la inclusión de las lenguas cooficiales ya está incluida en la ley de extranjería tras la reforma que supropio Gobierno hizo en 2009 de la medida. “El Artículo 2.3 establece que uno de los criterios para la integración social es el respeto del conocimiento de los valores constitucionales estatutarios y de las lenguas oficiales. Claro que [el catalán] es un elemento que se tiene en cuenta, fundamentalmente para el arraigo, para que una persona que esté integrada como su respeto a los valores constitucionales”, ha dicho en el programa La Hora de la 1, de RTVE.
Algunos dirigentes del PSOE, como Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, se han mostrado contrarios al acuerdo entre los socialistas y los catalanes. Para García-Page el pacto conlleva un “racismo evidente”: “Puede ser constitucional y, al mismo tiempo, ser de extrema derecha”.