La Unión Progresista de Fiscales, asociación con representación en el Consejo Fiscal y que llegó a presidir Álvaro García Ortiz, ha pedido a sus asociados que donen dinero para pagar la parte económica de la condena del ex fiscal general del Estado. La asociación, que ya apoyó hace unos días una petición de indulto, pide entre 75 y 175 euros a sus fiscales al entender que “la institución la que debe estar a su lado”.
El Tribunal Supremo, con dos magistradas en contra, decidió condenar a Álvaro García Ortiz al entender que él o alguien de “su entorno” filtraron la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una condena que, además de dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general, le obliga a pagar 10.000 euros a Alberto González Amador y pagar una multa adicional de 7.200 euros. A lo largo del proceso, García Ortiz ya consignó bienes por valor de 150.000 euros.
La UPF, asociación a la que perteneció Álvaro García Ortiz, ya apoyó y difundió hace días la petición de indulto de una asociación de juristas y ahora lanza una colecta entre sus propios asociados para pagar esa parte económica de la condena. Una condena que según la asociación “supondrá un durísimo golpe a la economía de Álvaro y su familia, de la misma forma que lo sería para cualquier otro miembro del Ministerio Fiscal que, por cumplir con su deber institucional, de la noche a la mañana, se viera obligado a hacer frente a dicho desembolso”.
En un comunicado, la asociación pone su cuenta bancaria a disposición de la colecta y propone a los fiscales que pongan unas cantidades máximas: 175 para fiscales de primera categoría, 125 para los de segunda y finalmente 75 euros para los de tercera. “Rogamos encarecidamente que en ningún caso se superen las cuantías especificadas”, añade.
“Cuando se pone en cuestión a quien actuó para defender la institución, la respuesta no puede ser el silencio: debe ser la solidaridad. Hoy ayudamos a un compañero. Hoy nos defendemos todos”, afirma esta asociación, crítica tanto con la instrucción del juez Ángel Hurtado como con la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.