El Parlamento Vasco ha designado este miércoles a la abogada Juana Balmaseda, al forense Paco Etxebarria y al exmagistrado Jaime Tapia dentro de su cuota de tres miembros para la comisión de valoración para el reconocimiento y reparación de las víctimas de violencia policial. Balmaseda ya era la presidenta y Etxebarria, de larga trayectoria desde que esclareció el caso de Lasa y Zabala, también formaba ya parte de este grupo.

Tapia es una nueva incorporación, por el contrario. Después de una larga carrera judicial, fue fichado por el Gobierno de Iñigo Urkullu como asesor para poner en marcha el modelo vasco de Prisiones tras la transferencia.

La designación de estos expertos, acordada por el PNV, EH Bildu y el PSE-EE, ha sido aprobada este martes por la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Vasco con la abstención del PP. Esta comisión está recogida en la ley de 2016, luego retocado. Este grupo de trabajo tiene como objetivo valorar las solicitudes presentadas y proponer, al amparo de la ley, la declaración de la condición de víctima y, en su caso, las medidas de reparación o la denegación de las mismas.

El ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, que cumple una pena de nueve años de prisión por graves delitos de corrupción, ha solicitado ya un “segundo grado flexible”, es decir, poder salir de prisión entre semana durante todo el día y volver para pernoctar. Ingresó en la cárcel de Zaballa hace justamente un año. Se quiere acoger al artículo 100.2 del reglamento penitenciario estatal, que es el mismo que se aplica en las cárceles gestionadas por el Gobierno vasco y que en su momento popularizó Iñaki Urdangarin, también responsable de delitos económicos.

Según ha informado 'El Correo', otros dos condenados por la misma trama de corrupción, Koldo Ochandiano y Xabier Sánchez Robles, ya se han acogido a ese régimen y están saliendo ya para realizar actividades de tipo laboral, formativo o social, aunque lo han hecho contra el criterio técnico de la junta de tratamiento y tras haber ganado un recurso ante el juzgado de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso, recientemente condecorada por su trayectoria, según indican fuentes penitenciarias. Fuentes judiciales añaden que, igualmente, el también reo Aitor Tellería ha hecho la misma solicitud.

La solicitud de De Miguel no está resuelta. Él, como todos los presos por el 'caso De Miguel', han superado ya el programa de rehabilitación para condenados por delitos económicos, el mismo que hizo Urdangarin, que liquidó este año su pena también en Zaballa. Si el criterio de la junta de tratamiento no se modifica, los responsables de Prisiones le denegarán el cambio de estatus, que en pura teoría no es un salto al tercer grado pero sí un cumplimiento mucho más atenuado, ya que implica que la estancia en prisión solamente es la ordinaria en fines de semana y en días laborables permite salidas durante toda la jornada. Tampoco se ha resuelto el caso de Tellería.

Sánchez Robles y Ochandiano, sobre los que pesan condenas de siete años y que llevan algo más de un año también cumpliendo la pena, ya han logrado acceder a ese 100.2. Las juntas de tratamiento consideraron que era prematuro pero la magistrada Alonso les ha concedido esa mejora en atención también a su comportamiento y circunstancias personales en el camino de la reinserción. En el caso de Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco, ha sido trasladado al centro penitenciario de Basauri, en su Bizkaia natal, para facilitar sus nuevas circunstancias personales.

En el nuevo Gobierno de Imanol Pradales, la gestión de Prisiones ha pasado del PNV al PSE-EE. La nueva consejera es María Jesús San José, que ha renovado ya a todo el equipo anterior. Se da la circunstancia de que los nacionalistas ficharon como asesor para gestionar el nuevo modelo vasco de Prisiones al presidente del tribunal que enjuició y condenó en primera instancia a De Miguel y los demás, Jaime Tapia, ahora a punto de jubilarse.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del nuevo Gobierno de Imanol Pradales es el que más avanzada tiene su estructura. Es un cartera muy simbólica porque áreas como Prisiones y Memoria Histórica pasaron de manos del PNV al PSE-EE. Este miércoles, el equipo de la consejera socialista María Jesús San José ha comunicado el fichaje de la magistrada Inés Soria para ser asesora penitenciaria, un puesto con rango de viceconsejera y que hasta ahora ha ocupado el también juez Jaime Tapia, que cesará el 16 de julio.

Soria ya ha pedido pasar a “servicios especiales” al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se espera su incorporación efectiva para el 17 de julio. Entró en la carrera en 2001, llegó a Euskadi en 2007 y está adscrita a la asociación progresista Jueces para la Democracia. Es la responsable del juzgado de primera instancia 2 de Bilbao y miembro de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Antes también estuvo destinada en Barakaldo y en otros juzgados de España.

“La magistrada Soria tiene un perfil que buscaba para liderar el área de Instituciones Penitenciarias, por la experiencia en la gestión de las políticas públicas relacionadas con la Administración de Justicia, por sus responsabilidades en la sala de Gobierno y el decanato [de Barakaldo], que le permite conocer a fondo las relaciones con el poder judicial y los distintos órganos judiciales. Pero también por su vocación de protección de derechos de las personas vulnerables, las que tienen más dificultad de relacionarse con la Administración y, por tanto, de asumir su paso a prisión y acogerse a su derecho constitucional de reinsertarse en la sociedad compatible con la debida protección a las víctimas”, ha manifestado sobre su nueva asesora la consejera San José, que ha insistido en que fue su “primera opción” y que ella “inmediatamente” aceptó.

“En su trayectoria profesional ha sido ponente y participante en diversos cursos y jornadas formativas, con especial atención a la justicia restaurativa, la justicia terapéutica, la salud mental y, en general, a las personas vulnerables que requieren una protección específica cuando entran en prisión, como es que comprendan su situación, y el acompañamiento a sus familias para que también la entiendan”, agrega el Ejecutivo.

Soria releva a Tapia (Bilbao, 1962). Euskadi asumió en 2021 la competencia de Prisiones y el PNV, por medio de la consejera Beatriz Artolazabal, fichó al magistrado de la Audiencia de Álava. No era afiliado y el Euzkadi Buru Batzar tuvo que autorizar su nombramiento y, además, venía de ser el presidente del tribunal que había emitido la condena para la mayor red de corrupción de Euskadi, el 'caso De Miguel', que ha acabado con cuatro exdirigentes o excargos del PNV en prisión. Nerea Melgosa mantuvo a Tapia, que ha sido el impulsor del denominado “modelo vasco” penitenciario, es decir, la puesta en marcha de las bases de las Prisiones vascas.

Tapia regresará por un período de menos de dos meses a la Audiencia de Álava pero en septiembre se jubilará de la carrera judicial, aunque mantendrá otras actividades como la docencia en la UNED o su participación en grupos de apoyo a reclusos, una labor que ya hacía dentro de la pastoral penitenciaria antes de acceder al Ejecutivo y que le ha llevado a encontrarse en la cárcel con personas condenadas por él mismo.

Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava, ha cumplido ya su primer año en la cárcel de los nueve que recibió como condena por haber liderado una trama de corrupción para el cobro de comisiones ilegales, la manipulación de contratos públicos y otros delitos económicos. En la cárcel de Zaballa, la más grande de Euskadi y ubicada a las afueras de Vitoria, purgan también su pena los otros tres excargos peneuvistas con condenas de prisión efectivas, Xabier Sánchez Robles (que ingresó un poco antes, en mayo), Koldo Ochandiano (también desde julio del pasado año) y Aitor Tellería (que dilató hasta noviembre la entrada). Todos ellos han completado ya un curso de rehabilitación para delincuentes económicos, el mismo que en su día hizo Iñaki Urdangarin, que ya vio liquidada su condena en abril. Nada se sabe de los indultos que pidieron todos ellos salvo Sánchez Robles al Gobierno de España.

De Miguel tiene el 2 de julio de 2032 como fecha de referencia para la finalización de su condena. Formalmente, recibió doce años de cárcel por el cúmulo de delitos de corrupción que cometió, pero son nueve de cumplimiento efectivo. De Miguel creó una empresa pantalla llamada Kataia Consulting con otros dos miembros del Araba Buru Batzar del PNV, Ochandiano y Tellería. Ellos cumplen siete y seis años, respectivamente. Sánchez Robles, también con una pena de siete años, era director de Juventud en el Gobierno vasco y facilitó a Kataia Consulting y otras empresas de la trama contratos irregulares.

Según las fuentes consultadas, llevan una vida “ordenada” de “trabajo y formación” en un módulo “de convivencia tranquila”. Alguno de ellos va a misa, ya que Prisiones ofrece la posibilidad de ejercer el derecho al culto católico o incluso de otras religiones. 'El Correo' publicó que De Miguel ejerce de bibliotecario. Lo más relevante es que los cuatro “han hecho los programas de delitos económicos”, pensados para resocializar a condenados por infracciones conocidas como “de guante blanco”. “No van a estar todos esos años”, garantizan estas fuentes. Es un sentimiento que comparten desde el entorno de los reos. “En cualquier momento” podrían pasar a tercer grado, con más flexibilidad para continuar cumpliendo la pena en semilibertad, aventuran. Solamente ha trascendido que De Miguel recibió en otoño un primer permiso para visitar en Bilbao a su madre, que estaba enferma.

En paralelo a la ejecución de la pena de un caso cuya investigación se originó a finales de 2009 y cuyo juicio se celebró en 2018, De Miguel, Tellería y Ochandiano pidieron un indulto al Gobierno de España. Quieren una medida de gracia sobre parte de su condena. Inicialmente era un intento más de evitar la entrada efectiva en la cárcel, pero la Audiencia de Álava dictaminó que por la alarma social y relevancia del caso había que iniciar ya el cumplimiento de los castigos sin esperar a la decisión política. Inicialmente, sus defensas hablaban de un año como plazo razonable para la resolución de los indultos, pero ese plazo ha pasado sin respuesta desde el Ministerio de Justicia, que es quien gestiona esta institución regulada por una normativa del siglo XIX.

Muy diferente fue la actitud de Sánchez Robles. En el juicio intentó burlar la condena con la presentación de pruebas falsas pero después de que el Supremo confirmara las penas nunca intentó buscar ningún resquicio ni retrasar la entrada efectiva en prisión a diferencia del resto, que llegaron a apelar a motivos “humanitarios”. Cuando ingresó a Zaballa su esposa, Josune Gorospe, todavía era diputada del PNV en el Congreso.

Se da la circunstancia de que en las últimas semanas el PSE-EE ha asumido la gestión de Prisiones en Euskadi dentro del reparto de áreas en el nuevo Ejecutivo de Imanol Pradales. Desde 2021, la comunidad autónoma tiene la competencia sobre sus centros penitenciarios. Curiosamente, excompañeras de De Miguel en el PNV de Álava como Beatriz Artolazabal y Nerea Melgosa han sido las responsables políticas de las cárceles vascas cuando se ha ejecutado la condena. Y no solamente eso. Artolazabal fichó como asesor para la puesta en marcha del nuevo modelo penitenciario vasco al magistrado Jaime Tapia, el presidente del tribunal que fijó las condenas de prisión para los integrantes de la trama del 'caso De Miguel'.

Desde que en 2017 medió entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont para evitar la declaración unilateral de independencia de Catalunya y el 155, Iñigo Urkullu se ha encontrado mucho más cómodo en la búsqueda de completar el Estatuto de 1979 que en su primera promesa al llegar a Ajuria Enea de explorar un “nuevo estatus” y un nuevo encaje de Euskadi en España. En total, Urkullu ha logrado 19 competencias nuevas en tres legislaturas. Tres han llegado sobre la bocina, este mismo mes de marzo. Son Cercanías, Inmigración (lo tocante a la segunda fase de la acogida, ya que la parte de expulsiones y asilo es una potestad exclusiva del Estado) y la homologación de los títulos extranjeros. Antes se formalizó el traspaso del ingreso mínimo vital (IMV) para que sea complementario con la renta de garantía de ingresos (RGI) autonómica. Pero el gran acuerdo entre los Gobiernos central y vasco de la legislatura fue la transferencia de Prisiones, acometida el 1 de octubre de 2021, muy condicionado por el “tensionamiento” en las instalaciones.

El traspaso, que ya se produjo en Catalunya años atrás, quedó bloqueado durante años por la situación de los presos de ETA. Y eso que las competencias vascas se ciñen a la gestión de los edificios penitenciarios y del personal, así como del tratamiento entre rejas y de los procesos de reinserción, todo ello bajo tutela judicial. Nunca pueden entrar a la definición de la legislación, que es una prerrogativa de las Cortes Generales. Con todo, las derechas alentaron que Euskadi buscaba este traspaso para crear “resorts” para los condenados por terrorismo.

La transferencia y la puesta en marcha del sistema vasco de Prisiones ha ido mucho más allá de la cuestión de los presos de ETA en estos años, aunque es una evidencia que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido completando en estos años el traslado de los reclusos del EPPK (el colectivo que agrupa a los presos que siguen la línea oficial de ETA, ya disuelta) tanto a las comunidades autónomas vasca y navarra hasta dar por finiquitada la política de alejamiento y dispersión. En otoño, al cumplirse el segundo aniversario de la transferencia, los penados por terrorismo eran 142 de 1.577. De ellos, un 15% disfrutaba de un tercer grado, frente al 27% de media general. La plataforma de apoyo a los derechos de los presos de ETA, Sare, indicó que la Fiscalía recurre el 75% de las progresiones en el caso de miembros del EPPK por un 25% del resto. En los dos primeros años fueron revocadas por los juzgados de vigilancia penitenciaria el 1,89% de las progresiones de grado, pero en el caso específico de los presos de ETA alcanzaron el 24%. 

Euskadi recibió la gestión de tres cárceles. Son la de Zaballa en Álava, a las afueras de Vitoria, la de Basauri en Bizkaia y de la Martutene en Gipuzkoa. El Estado ultima las obras del nuevo presidio de Zubieta y, cuando se inaugure, el compromiso es que será intercambiado por Martutene para que la Administración central lo ceda a la ciudad de Donostia para sus planes urbanísticos, como ha ocurrido con los cuarteles de Loiola del Ejército de Tierra. La vieja cárcel de Nanclares de la Oca, sustituida por la de Zaballa, se cedió también pero aún no se le ha asignado un uso. El personal de Prisiones pasó también a formar parte de la función pública autonómica. Ha sido un cambio no sin tensiones aunque el área del Gobierno encargada de esta competencia, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, ha buscado acuerdos transitorios con ACAIP-UGT, la central mayoritaria entre la plantilla, como quedó refrendado en las primeras elecciones sindicales organizadas tras el cambio.

Las dos consejeras del PNV que han estrenado la gestión de Prisiones han sido Beatriz Artolazabal y Nerea Melgosa. Ésta última es, de hecho, la única consejera de Iñigo Urkullu que sigue en las listas tras la profunda renovación de su partido y la única que está participando activamente en la campaña. La viceconsejera del ramo fue también consejera con Juan José Ibarretxe, Ana Aguirre. El Ejecutivo fichó como asesor al magistrado de la Audiencia Provincial de Álava Jaime Tapia. En su momento fue llamativa la incorporación porque fue el presidente del tribunal que en diciembre de 2019 firmó la sentencia del mayor caso de corrupción que ha golpeado al PNV, el 'caso De Miguel', con duras penas de prisión para excompañeros de Artolazabal y Melgosa en el PNV de Álava. Con la excarcelación definitiva de Iñaki Urdangarin esta misma semana, Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Ochandino y Xabier Sánchez Robles, los cuatro principales implicados en esa trama, son quizás los presos de más renombre en Zaballa, donde existe un programa de reinserción para delincuentes económicos.

Precisamente la reinserción es el gran eje del pretendido modelo penitenciario vasco. Se ha creado la agencia Aukerak ('oportunidades', en euskera) y desarrollado un modelo de gratificaciones para impulsar el trabajo para los condenados. Se están firmando convenios con la UNED, con la UPV/EHU o con la red de euskaltegis Habe para fomentar la enseñanza en prisión. Se han habilitado también zonas para madres de modo que sea más sencilla la conciliación del cumplimiento de penas con la vida familiar. En pleno inicio de la ofensiva de Israel sobre Gaza trascendió que, heredado de la etapa de gestión estatal, las cárceles vascas disponen de aparatos para el control de la semilibertad dotados de una tecnología israelí que permite incluso comprobar los niveles de alcoholemia a distancia. Se han conocido ya los primeros suicidios de internos, algunas revueltas y hasta una gran intoxicación alimentaria.

El gran 'hándicap' de la nueva gestión autonómica, en cambio, ha sido el “tensionamiento” en sus instalaciones, admitido en informes oficiales. En datos, con la plantilla disponible en 2023 el escenario óptimo sería de 783 internos, el escenario asumible podría suponer los 1.283 y el real era de 1.577. En la primavera de 2023, Euskadi tuvo que firmar un acuerdo con el Gobierno central para acotar los traslados.

Dos son los motivos de esta situación sobrevenida. Uno, cuando abrió Zaballa lo hizo con la plantilla de Nanclares de la Oca, mucho más pequeña. Y, dos, antes existía una red de centros mucho más amplia en la que se gestionaban movimientos y se jugaba con la ocupación. Ahora eso no es posible. En el segundo aniversario de la transferencia se habían recibido 656 solicitudes desde cárceles controladas por el Gobierno de España -no incluidas las catalanas- y 384 habían tenido que ser denegadas. De hecho, se habían autorizado 261 salidas desde Zaballa, Basauri o Martutene a prisiones de otros lugares, más que las 242 entradas, muchas de presos de ETA. La próxima apertura de Zubieta, aunque acumula retraso, podría aliviar esta situación. En privado, y como tercer factor, se interpretó también que la campaña de la derecha aludiendo a que Euskadi iba a crear “resorts” para los reclusos alentó una petición de traslados de todo tipo. Como derivada, la cárcel de Pamplona ha visto incrementada su población reclusa como escenario intermedio de algunos de los traslados no aceptados por el Gobierno vasco.

El ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, condenado a nueve años de cumplimiento efectivo por graves delitos de corrupción, ha recibido ya un primer permiso para abandonar la cárcel en la que está interno, la de Zaballa a las afueras de Vitoria, a los tres meses de su entrada. Según informa 'El Correo', De Miguel fue trasladado por la Ertzaintza a Bilbao para realizar una visita a su madre enferma. El área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, que dirige desde 2021 la gestión penitenciaria en Euskadi, asegura, de su lado, que “se conceden centenares de permisos extraordinarios” y que no hay trato de favor.

“Este tipo de permisos de salida no tienen nada que ver con el tratamiento penitenciario. Se refiere a la necesidad de atender a situaciones familiares relevantes por enfermedades graves, alumbramientos, fallecimientos, etcétera”, indican fuentes penitenciarias. Y añaden que “los permisos extraordinarios están regulados por el artículo 155 del Reglamento Penitenciario como un derecho que asiste a los internos e internas para atender situaciones familiares relevantes, como el alumbramiento de la esposa, un fallecimiento o enfermedad grave de familiar”. “Por lo tanto, no se trata de un acuerdo potestativo por parte de la administración penitenciaria”, insisten.

“La normativa penitenciaria no establece la duración concreta de estos permisos de salida más allá del 'tiempo imprescincible'. En el supuesto de las visitas a familiares enfermos en su domicilio familiar se estima un tiempo máximo de una hora de duración. Se añaden los tiempos previstos para el traslado, el viaje de ida y el viaje de vuelta al centro penitenciario. Cuando el domicilio está en una localidad de Bizkaia, se establecen 90 minutos para el viaje de ida desde el Centro Penitenciario de Araba y otros 90 minutos para el viaje de vuelta. Por tanto la suma total serían 240 minutos”, indican desde Prisiones. Se añade que este tipo de licencias requieren una serie de trámites previos que han de ser cumplimentados y luego supervisados.

En cifras, hasta el 29 de septiembre de este año “los permisos extraordinarios otorgados ascendían a 491” y, de ellos, 203 lo eran, como en el caso de De Miguel, para visitar a un familiar directo “gravemente enfermo”. “Los permisos extraordinarios por enfermedad grave de un familiar pueden concederse cuando hay un ingreso hospitalario o cuando se constata una enfermedad grave que impide al familiar trasladarse al centro penitenciario para poder tener un vis a vis con su familiar privado de libertad”, se abunda desde el Gobierno vasco. Se da la circunstancia de que el asesor responsable de las políticas penitenciarias es el magistrado Jaime Tapia, que fue presidente del tribunal que condenó por corrupción en primera instancia a De Miguel.

De Miguel fue denunciado por corrupción en 2009, arrestado en 2010, investigado hasta 2015, enjuiciado en 2018, condenado en 2019 en primera instancia, de nuevo en enero 2023 por el Supremo y encarcelado en julio después de exprimir todos los recursos posibles. Ahora sigue pendiente de que el Gobierno de España le conceda un indulto político. Comparte prisión con otros dos excompañeros del PNV implicados en la trama, Koldo Ochandiano y Xabier Sánchez Robles, y está pendiente que en los próximos días ingrese en Zaballa un cuarto condenado en el 'caso De Miguel', Aitor Tellería.

Este domingo se cumplen dos años desde que Euskadi asumió finalmente la competencia de Prisiones, prevista en el Estatuto de 1979. Y sus consecuencias van mucho más allá de lo que sucede con los presos de ETA. En este tiempo, se han recibido 656 solicitudes desde cárceles controladas por el Gobierno de España -no incluidas las catalanas- y 384 han tenido que ser denegadas. De hecho, se han autorizado 261 salidas desde Zaballa, Basauri o Martutene a prisiones de otros lugares, más que las 242 entradas. La falta de personal y el hecho de que la nueva cárcel de Zubieta en Gipuzkoa -más grande y moderna que el viejo penal de Martutene- no vaya a estar operativo hasta 2024 hacen que en la red autonómica tenga un “grado de ocupación” que “supone un tensionamiento” y una incapacidad para “absorber toda la demanda de traslados”, según consta en un informe del área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, sobre la que ha recaído la nueva competencia.

El traspaso acordado con el Estado supuso la cesión de 675 plazas de funcionarios y laborales. En ese período ha habido jubilaciones y ahora se admite la existencia de 42 plazas desocupadas. Por el contrario, se ha creado una bolsa de interinos. Hay 70 incorporaciones por esta vía. En todo caso, con esa cifra de partida ya había un déficit estructural, fundamentalmente porque el nuevo recinto de Zaballa, el más grande de Euskadi, se dotó con el mismo personal que el viejo edificio de Nanclares de la Oca.

Hace dos años, la Administración autonómica llegó a un acuerdo transitorio con el sindicato ACAIP-UGT para ofrecer un margen hasta la Navidad de 2023 con unas condiciones laborales continuistas del marco estatal anterior. Ahora ha llegado ya la hora de negociar el primer convenio de los funcionarios de Prisiones y, según Juan Carlos Díaz, coordinador de esta central en Euskadi, la primera oferta de crear 128 plazas nuevas es “insuficiente”. “En Zaballa, para poder tener todos los módulos operativos, se precisarían 80-90 personas más. Con 128 no cuadran los números, porque hay que abrir Zubieta y la plantilla actual de Martutene será claramente insuficiente”, sostiene. Además, además de la plantilla estructural, hay que definir horarios, retribuciones y hasta hacer las primeras elecciones sindicales de la nueva etapa. Están previstas para el 28 de noviembre.

El traspaso incluyó las tres cárceles operativas, rebautizadas como Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, más la vieja de Nanclares de la Oca. Eso sí, se acordó que el Estado completaría de su bolsillo las obra de Zubieta, que acumulan años de retraso, y que la entregaría a su término. De su lado, el Gobierno vasco 'devolverá' Martutene y el Estado ya tiene comprometida su cesión a la ciudad de Donostia para operaciones urbanísticas similares a las planteadas para los cuarteles del Ejército en Loiola. Creen los responsables autonómicos de Prisiones que “la finalización de la construcción del nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa podría ser efectiva a finales del presente año”. Ahora bien, se avisa de que no habrá una inauguración “inmediata” porque hay que equiparla y hacer pruebas. El traslado “podría producirse en primavera de 2024”.

“Se espera que la capacidad operativa máxima aumente razonablemente con la puesta en funcionamiento del nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa y con la nueva relación de puestos de trabajo en tramitación”, augura el Ejecutivo. Eso sí, como adelantó este periódico, desde primavera existe un acuerdo con el Gobierno central para limitar los traslados. Y es que los 1.577 presos, aunque son menos que a principios de año, todavía superan en bastante el nivel “operativo” actual, de 1.283. El escenario óptimo sería bajar hasta 783. El Gobierno se apresura a aclarar, eso sí, que estos datos elevados no son fruto de un problema de criminalidad sino de gestión penitenciaria.

Indica el informe sobre los dos años de gestión que en Basauri han sido necesarias también obras por valor de un millón de euros. De hecho, en verano 44 presos tuvieron que ser enviados temporalmente a centros del Estado por unos trabajos en una zona muy concreta. Incluso se han acometido mejoras temporales en Martutene a pesar de tener fecha de caducidad. Eso sí, no hay de momento un destino para las viejas instalaciones de Nanclares de la Oca, aunque se han tenido que realizar labores de mantenimiento para evitar su deterioro. El Gobierno asegura que su plan de infraestructuras busca dotar a los centros de espacios para formación o para madres.

En Euskadi, a 11 de septiembre, hay 1.577 reclusos. Son 869 en Zaballa, 385 en Basauri y 323 en Martutene. Son 127 mujeres, el 8%. En España son el 9% y en Europa el 5%. Hay 496 de origen extranjero. Este 31% es más que el 27% del Estado y el 25% de media europea pero menos del 50% de la red catalana. Hay 11 mayores de 70 años y 17 menores de 20. Son 142 los presos de ETA y en los centros vascos cumplen condena igualmente por corrupción Iñaki Urdangarin o tres excargos del PNV como Xabier Sánchez Robles, Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano. Solamente hay dos presos en primer grado, mientras que 425 tienen reconocido el tercer grado. A través de la agencia Aukerak de trabajo penitenciario ('oportunidades') se busca “aumentar la ratio de personas internas ocupadas hasta un 50%” e incluso se ha diseñado un modelo de retribuciones por servicios tan dispares como la panadería o ser preso de confianza, la sombra de recluso con riesgo de suicidio, por ejemplo. También se han cerrado convenios para que los convictos puedan disponer de atención religiosa católica, islámica y evangélica.

Las tres cárceles vascas, Zaballa, Basauri y Martutene, cuentan desde el 24 de abril con un nuevo protocolo para prevenir los suicidios entre la población reclusa y también para ordenar cómo actuar ante casos consumados, según indica el área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco. El documento, que da continuidad a iniciativas como la instrucción de 2014 del Gobierno central o a planes en la red de prisiones catalanas, llega año y medio después de que el Gobierno de Iñigo Urkullu asumiera la gestión de esta competencia y tras dos casos muy seguidos conocidos en marzo, uno en el penal alavés y el otro en el guipuzcoano. Entre las medidas previstas, se busca consolidar la figura de los presos de confianza o “sombras”, reclusos que 'cuidan' de aquéllos en riesgo de suicidio. Recibirán una paga adicional de unos 100 euros a través de la entidad Aukerak, que es la agencia que gestiona los programas de reinserción del nuevo sistema autonómico de Prisiones.

El magistrado Jaime Tapia, asesor del Gobierno de Iñigo Urkullu para asuntos penitenciarios, indica que la salud mental “es el gran problema de las personas privadas de libertad”, con incidencias “muy por encima de la población general” y añade que “la protección de la vida y de la salud de las personas privadas de libertad tiene que ser una obsesión” para la Administración. El protocolo apunta en su preámbulo que si el suicidio es un problema social de calado -“principal causa de muerte no natural” entre los jóvenes- en las cárceles las proporciones se multiplican por seis entre los condenados y por más de siete entre los preventivos. Desde la transferencia de Prisiones, en Euskadi ha habido tres casos, uno en cada centro.

Tapia indica que Euskadi “no parte de cero” y que lo que ha hecho es conocer los protocolos anteriores, cuando los centros eran de gestión estatal, y también las estrategias de “posvención” de Catalunya, que lleva ya años gestionando Prisiones. Además, cuenta que han trabajado con expertos, con los funcionarios y con Osakidetza, que se ocupa de la Sanidad penitenciaria incluso desde antes de la transferencia, para “poner al día” cómo responder ante este fenómeno, que empieza a dejar de ser un tabú. Asume el alto cargo del Gobierno que toca también implicar a las familias y al entorno de los penados para que se sumen a la búsqueda de alertas ante posibles situaciones de riesgo. “Se intenta transmitir que el suicidio no es un tema privado. Como con la violencia de género, la familia tiene que ser partícipe. Hay que estar con ella no solamente en la comunicación posterior a un hecho de este tipo, sino viendo cuáles son sus necesidades en todo momento”, señala Tapia. Esta pregunta surge a la luz de las quejas de la familia de uno de los dos fallecidos recientemente, Malek, un joven interno en Zaballa. “Hemos pasado más horas negociando [con los responsables de Prisiones] que llorando a nuestro muerto”, lamentaron tras calificar de “fría” y “victimizante” la gestión del caso.

El protocolo ve como “señales de alerta” los “cambios de conducta”, deshacerse de objetos de valor, la “irritabilidad” o la no participación en actividades, además de la propia verbalización de ideas autolíticas. Y señala como “momentos clave” de especial vigilancia el ingreso en prisión -se menciona expresamente a los presos por casos mediáticos-, los traslados o el endurecimiento del régimen penitenciario. Pero también el momento de la excarcelación ha de ser analizado, por “la perspectiva del reencuentro con un escenario que pudo haber sido hostil” o por el trauma de una realidad muy cambiada tras años entre rejas. Hay que analizar también las problemáticas específicas de mujeres internas o de personas transgénero. Se alude también al consumo de drogas, aunque Tapia indica que es “remoto” que pueda darse un caso de suicidio por consumo abusivo de sustancias ilegales. “La cultura de permisos, visitas o salidas tiene también una función preventiva. Una vida cerrada es más fácil que se vea como sin esperanza”, señala el asesor gubernamental.

En el plan de prevención, cobra mucha relevancia la figura de los “internos de apoyo”. Colaboran en la “observación preventiva” de quienes han sido identificados como de riesgo. Pueden llegar a compartir celda y ser una “sombra” durante las 24 horas del día. Será la junta de tratamiento la que decidirá qué personas pueden jugar ese papel, aunque hay una alta rotación. Serán formados por Aukerak con “sencillos conocimientos” y hasta con “primeros auxilios”. Se entiende como satisfactorio que entre el 2% y el 3% de los internos en cada cárcel estén en este programa de apoyo. La participación será valorada como un avance en el proceso de reinserción y tendrá una “recompensa” económica. “Ese dinero es un complemento, un premio económico simbólico”, indica Tapia. La paga podría rondar los 100 euros mensuales.

Con todo, el documento avisa de que “las conductas autolesivas se consideran fenómenos típicamente comunes en la población penitenciaria y en muchas ocasiones son percibidos como una clara intención de manipulación”. Y añaden: “No es infrecuente que el interno quiera llamar la atención mediante la amenaza de suicidio o, incluso, fingiendo un intento por obtener alguna ganancia secundaria. Se cree que a veces los internos utilizan las conductas autolesivas para obtener un control sobre el ambiente, como por ejemplo que se le transfiera a un hospital o en un escenario menos restrictivo, o bien obtener un beneficio penitenciario. No obstante, conviene remarcar que cualquier signo, como pueden ser las amenazas verbales de suicidio, los intentos o las conductas autolesivas, debe ser objeto de atención y el abordaje, cualquiera que sea la forma de manifestación, debería incluir un plan de tratamiento que asuma la complejidad y la posible gravedad de este fenómeno”.

La investigación y resolución del considerado mayor caso de corrupción en Euskadi, el 'caso De Miguel', se ha prolongado durante más de una década. En concreto, de 2009 a 2023. La primera sentencia de la Audiencia Provincial de Álava se dio a conocer el 17 de diciembre de 2019 y ahora ha llegado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que dota de firmeza a las condenas si bien los acusados tienen derecho a seguir pleiteando ante el Constitucional o incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si insisten en su tesis de la vulneración de derechos fundamentales. Así ha evolucionado este caso desde su origen.

2 de diciembre de 2009.

La empresaria y abogada Ainhoa Alberdi denuncia la trama de corrupción en la Fiscalía de Álava. Asegura que Alfredo de Miguel le solicitó una comisión de 100.000 euros por un contrato en el parque tecnológico de Miñano. También que habían presionado a su padre por el mismo motivo y que De MIguel iba acompañado de otro dirigente del PNV de Álava, Aitor Tellería. Aportó unas grabaciones en las que se escuchaba a su socio, Jon Iñaki Echaburu, que además de empresario estaba afiliado al PNV, hablar de las mordidas como algo “dentro de lo normal”.

15 de marzo de 2010.

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, denuncia ante el juzgado a ocho personas, incluidos los dirigentes del PNV alavés Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano.

17 de marzo de 2010.

La Ertzaintza, por orden del juez Roberto Ramos, arresta a Alfredo de Miguel, a Aitor Tellería, a Koldo Ochandiano, a sus tres esposas, a Alfonso Arriola -gerente de Miñano- y también a Echaburu. Se registran varias viviendas y los detenidos prestan declaración en el juzgado para quedar en libertad con diversos cargos de corrupción. Florece ya que el trío y sus esposas tenían una empresa sin apenas actividad y con sede social en un 'txoko', Kataia Consulting.

18 de marzo de 2010.

Alfredo de Miguel dimite como diputado alavés de Urbanismo (Administración Local y Equilibrio Territorial). El diputado general, Xabier Agirre (PNV), reclama “tolerancia cero” contra la corrupción.

28 de abril de 2010.

‘El Mundo’ publica que Kataia Consulting se benefició de contratos irregulares del área de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por Xabier Sánchez Robles.

14 de mayo de 2010.

El juez Roberto Ramos levanta el secreto sobre el sumario del ‘caso De Miguel’. A la nómina de imputados se han sumado ya Iñaki San Juan, Julián Sánchez Alegría o Gurutz Larrañaga, estos dos últimos altos cargos del Gobierno de Juan José Ibarretxe.

30 de mayo de 2010.

‘El Correo’ revela detalles de la recalificación urbanística que Alfredo de Miguel impulsó en la localidad alavesa de Zambrana. Se trataba de un macroproyecto y las empresas del político habían cobrado de los promotores catalanes elevadas sumas de dinero.

6 de junio de 2010.

El juez Roberto Ramos imputa a Xabier Sánchez Robles por los contratos irregulares de Juventud, que además de a Kataia Consulting han beneficiado a otras dos firmas asociadas, Errexal y Ortzi Muga.

20 de junio de 2010.

‘El Mundo’ desvela la apertura de una investigación paralela secreta vinculada al registro del domicilio de Aitor Tellería. Se analizaba si conformó, junto con dos ertzainas de la Unidad de Información y Análisis de la Policía vasca, una trama de espionaje.

17 de septiembre de 2010.

‘El Mundo’ publica que el juez Roberto Ramos investiga operaciones en los municipios de Lapuebla de Labarca y Zigoitia. Luego se conoció que la trama de Alfredo de Miguel había recaudado una comisión del 4% por contratos adjudicados en esos dos ayuntamientos del PNV.

26 de octubre de 2010.

Las Juntas Generales constituyen una comisión de investigación en torno a la operación de Zambrana. La presidirá Javier Ruiz de Arbulo (PP).

29 de octubre de 2010.

El Parlamento Vasco constituye una comisión de investigación en torno al ‘caso De Miguel’ conjunta con el ‘caso Tellería’ y con el ‘caso Zubiaurre’, que no guarda ninguna relación con estas dos causas. La presidirá Juanjo Agirrezabala. Es de EA, socio del PNV en Álava.

14 de enero de 2011.

Se levanta el secreto de sumario del ‘caso Tellería’.

22 de enero de 2011.

Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano pactan con el PNV entregar su carné de afiliados casi diez meses después de su detención por corrupción.

9 de abril de 2011.

‘El Mundo’ publica que el constructor Prudencio Hierro corrió a cargo de la reforma de una casa de Alfredo de Miguel en Gorliz (Bizkaia).

18 de abril de 2011.

Alfredo de Miguel comparece en la comisión de investigación del Parlamento Vasco. Lee un escrito y no admite preguntas de los partidos políticos. Concede una rueda de prensa sin preguntas y recibe el calor de varias decenas de militantes del PNV, que le jalean en la puerta. El portavoz del partido en la Cámara, Joseba Egibar, le recibe con un efusivo abrazo.

16 de julio de 2011.

‘El País’ y ‘El Mundo’ publican un informe de la Ertzaintza que concluye que Alfredo de Miguel dirigió una trama de cobro de comisiones.

17 de julio de 2011.

La causa suma tres nuevos imputados: la hermana de Alfredo de Miguel (Aintzane de Miguel, contable de las empresas del político), el constructor Hierro y el intermediario de Zambrana, Josu Arruti.

18 de octubre de 2011.

Segunda declaración judicial de Alfredo de Miguel, que se prolonga por espacio de ocho horas.

30 de octubre de 2011.

La hermana de Alfredo de Miguel solicita que se anulen pruebas clave del caso ya que antes de ser imputada compareció como testigo, con obligación de decir la verdad y sin posibilidad de comparecer con abogado.

28 de mayo de 2012.

El juez Roberto Ramos imputa a Josu Montés, de Ortzi Muga.

11 de marzo de 2013.

Arranca el juicio del ‘caso Tellería’. Alfredo de Miguel, testigo, sigue parte de la vista sentado en la bancada de los periodistas.

27 de marzo de 2013.

La Audiencia Provincial de Álava sobresee por falta de pruebas el ‘caso Tellería’. El PNV se felicita por la decisión y critica la campaña de acoso contra el partido.

22 de marzo de 2014.

El juez Roberto Ramos imputa al matrimonio de Estíbaliz Arruti y Gorka Errasti, vinculados a Sidepur y a Zambrana ya que son familia del muñidor de aquel plan, Arruti.

16 de mayo de 2014.

‘El Mundo’ publica que la operación de Zambrana estaba valorada en 65 millones de euros.

18 de junio de 2014.

Comparece como imputada en el juzgado la que fuera alcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo, que reconoce que Alfredo de Miguel impulsó la operación urbanística.

10 de marzo de 2015.

El juez Roberto Ramos da por cerrada la investigación del ‘caso De Miguel’ y constata graves delitos tras la trama de empresas controlada por el político.

2 de junio de 2015.

El juez Roberto Ramos abandona el juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria tras haber completado el ‘caso De Miguel’.

11 de marzo de 2016.

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, hace pública la petición de condenas para los 26 imputados en el ‘caso De Miguel’. La solicitud para Alfredo de Miguel es ejemplarizante: 54 años de cárcel por 21 delitos de corrupción.

8 de enero de 2018.

Arranca el juicio del 'caso De Miguel' con unas primeras sesiones dedicadas a la resolución de cuestiones previas de índole procedimental y jurídica. 

19 de febrero de 2018.

Se inicia la fase de comparecencias del juicio con la intervención de 38 agentes de la Ertzaintza que participaron en la investigación. Los abogados de los acusados les acusan de “manipular” pruebas y de no haber preservado la cadena de custodia de las evidencias.

5 de marzo de 2018.

Ainhoa Alberdi comparece en el juicio sin posibilidad de que se difunda su imagen en los medios de comunicación. Ratifica punto por punto su denuncia y da nuevos detalles sobre el precio que ha pagado por sacar a la luz este caso de corrupción. Se enfrenta a los abogados de los acusados, que tratan de desacreditarla. La asociación Adi! contra la corrupción convoca una pequeña concentración ciudadana para arroparla.

7 de marzo de 2018.

El padre de la denunciante y su socia confirman la denuncia de Ainhoa Alberdi ante la Audiencia Provincial de Álava.

8 de abril de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica la posible falsificación de sellos oficiales del Departamento de Cultura por parte de la defensa de Xabier Sánchez Robles para justificar las contrataciones aparentemente irregulares del área de Juventud del Gobierno vasco con las empresas Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga.

16 de abril de 2018.

La Fiscalía encarga un informe al Gobierno que constata que no hay constancia en los archivos del registro de la Administración de los documentos supuestamente sellados que se han presentado como pruebas en el juicio. El tribunal no acepta su incorporación al rollo penal a estas alturas del procedimiento.

25 de abril de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que no sólo hay sospechas de que los sellos de los informes presentados como prueba son falsos, sino que los propios textos están plagiados en al menos tres casos.

8 de mayo de 2018.

Un testigo confirma que el constructor y contratista Prudencio Hierro costeó la reforma de la vivienda particular de la esposa de Alfredo de Miguel en Górliz. Mientras, la defensa del político insiste en que la Ertzaintza manipuló pruebas para demostrarlo.

16 de mayo de 2018.

La Fiscalía señala que la exalcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo, tenía “interés económico directo” en la recalificación porque su familia era propietaria de algunas de las parcelas afectas.

22 de mayo de 2018.

Histórica huelga de jueces y fiscales en España. En Vitoria, el paro detiene el juicio del ‘caso De Miguel’.

30 de mayo de 2018.

Comparece en el juicio Nicolás Guerrero, empresario catalán, y denuncia que el proyecto de Zambrana estaba “manchado” y que se pagaron cantidades millonarias por servicios no prestados a las empresas de Josu Arruti y De Miguel.

10 de julio de 2018.

Comparece en el juicio Ignacio Ugartetxe, expresidente del Athletic y exconsejero delegado de Urazca. Quien fuera imputado en el ‘caso Bárcenas’ por supuestas ‘donaciones’ al PP a cambio de contratos, responde sobre una supuesta comisión de 800.000 euros que preveía recaudar la trama de De Miguel por la segunda fase del proyecto de Zambrana.

11 de julio de 2018.

Comparece Víctor Benedito, un experto económico contratado por la defensa de Alfredo de Miguel que asegura que la actividad de Kataia Consulting era absolutamente normal y que el político llevaba una vida sin lujos. “No tenía un Porsche”, manifiesta. Sin embargo, empleó el dinero pagado por los catalanes de Zambrana en comprarse un Saab.

14 de agosto de 2018.

EH Bildu denuncia la participación de un imputado en el ‘caso De Miguel’, Sergio Fernández Oleaga (Stoa), en el nuevo intento de ampliación del parque tecnológico de Miñano planteada en 2018.

14 de septiembre de 2018.

‘El Correo’ publica que la Fiscalía y los principales acusados negocian un acuerdo que supondría una confesión a cambio de una reducción de las condenas solicitadas por la acusación. 

17 de septiembre de 2018.

La Fiscalía y los abogados de los imputados coinciden en pactar una suspensión del juicio del ‘caso De Miguel’ para cerrar el acuerdo. Se fija como nueva fecha el 1 de octubre. Será el fiscal Manuel Pedreira el que lidere las conversaciones con los letrados.

1 de octubre de 2018.

La Fiscalía y las defensas vuelven a reclamar una suspensión del juicio. El tribunal acota los tiempos y fija como límite el 15 de octubre. Ese día tendrá que declarar sí o sí Alfredo de Miguel.

11 de octubre de 2018.

Tras haber avanzado en las negociaciones hasta el punto de estar dispuesto a declararse culpable, Alfredo de Miguel rompe a última hora las conversaciones con la Fiscalía. Con él, sus más cercanos también se echan para atrás. Otro grupo de imputados, ocho en total, sí se muestra dispuesto a confesar a cambio de una rebaja de condena.

15 de octubre de 2018.

El fiscal Josu Izaguirre confirma que habrá confesiones que probarán la corrupción. Entretanto, arrancan dos días declaración de Alfredo de Miguel, que retoma su estrategia de negarlo todo.

17 de octubre de 2018.

Continúan las declaraciones de los imputados. La mujer de De Miguel, Ainhoa Bilbao, imita a la infanta y asegura que ella ni conocía ni tenía ningún papel en la gestión de Kataia Consulting. Las esposas de Aitor Tellería y Koldo Ochandiano siguen la misma línea.

19 de octubre de 2018.

El constructor Prudencio Hierro y la hermana de Alfredo de Miguel, Aintzane, se suman al grupo de ocho y cierran acuerdos con la Fiscalía para mejorar su condena a cambio de confesar.

22 de octubre de 2018.

Hierro admite que se hizo cargo de la factura de las obras de la casa de De Miguel en Gorliz porque “siempre ayuda” haber hecho un favor a un cargo público. Aintzane de Miguel, en cambio, rompe a última hora el acuerdo, que le habría supuesto la absolución, y se niega a colaborar con la Fiscalía. 

23 de octubre de 2018.

El presidente del tribunal del ‘caso De Miguel’, Jaime Tapia, advierte a los acusados de que no responder a las preguntas de la Fiscalía es una estrategia de “riesgo”. Salvo Prudencio Hierro, todos se habían acogido a su derecho a no hacerlo.

24 de octubre de 2018.

Sin “nada que ocultar”, el exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, es el primero en responder a preguntas de la Fiscalía. Asegura no haber tenido ninguna responsabilidad en los contratos irregulares de Juventud.

31 de octubre de 2018.

En una larga declaración en la que también contestó a la Fiscalía, Xabier Sánchez Robles acusa al Gobierno del PSE-EE de ocultar los contratos irregulares a las empresas de De Miguel para incriminarle.

5 de noviembre de 2018.

Llegan las confesiones. Josu Arruti, amigo de De Miguel, no sucumbe a las presiones y explica las comisiones pagadas por Construcciones Riera en torno a la operación de Zambrana.

6 de noviembre de 2018.

Los gestores de Riera, especialmente Francesc Fernández Joval, confirman el pago de comisiones en Zambrana.

7 de noviembre de 2018.

Tras las incriminaciones, la primera maniobra de la defensa de Alfredo de Miguel es volver a atacar a la denunciante, Ainhoa Alberdi.

14 de noviembre de 2018.

La Fiscalía presenta su escrito de conclusiones definitivas. De Miguel se enfrenta a casi 30 años de cárcel y a una sanción económica de 1,2 millones de euros. Arruti, Fernández Joval y todos los que habían colaborado y confesado o quedarán absueltos o evitarán la entrada en prisión.

16 de noviembre de 2018.

La familia Arruti, tras confesar y sin esperar a que acabe el juicio, devuelve 130.000 euros más intereses por los delitos fiscales en torno a los movimientos relacionados con Zambrana.

25 de noviembre de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que De Miguel utilizaba la sede del PNV para despachar asuntos de Kataia Consulting y que otros miembros del partido conocían de su existencia.

26 de noviembre de 2018.

El fiscal, Josu Izaguirre, inicia su alegato de conclusiones en el juicio denunciando la existencia de una trama con prácticas mafiosos más propias de Sicilia: “De Miguel era un padrino y en este país, sin uno de ellos, no tienes un contrato”.

28 de noviembre de 2018.

Los abogados del Gobierno vasco y de la Diputación de Bizkaia, instituciones del PNV, se suman a la Fiscalía y admiten la existencia de irregularidades en el ‘caso De Miguel’.

1 de diciembre de 2018.

elDiario.es/Euskadi publica que Alfredo de Miguel conseguía contratos en la Dirección de Juventud de Xabier Sánchez Robles en 16 minutos y 38 segundos.

3 de diciembre de 2018.

Arrancan tres días de conclusiones del abogado de Txitxo, Gonzalo Susaeta. Compara la investigación con Cuarto Milenio, denuncia graves anomalías y niega que haya pruebas de corrupción. Ataca también a Josu Arruti y asegura que, en estos años, De Miguel y su familia han recibido amenazas. Acaba el discurso entre lágrimas.

5 de diciembre de 2018.

La defensa de Koldo Ochandiano insiste en reclamar la nulidad del cuaderno con notas de comisiones y dinero negro, una de las pruebas fundamentales del sumario.

10 de diciembre de 2018.

El abogado de Jon Iñaki Echaburu, Mikel Zuloaga, anuncia una querella contra el fiscal, Josu Izaguirre, por haber “humillado” a los acusados y haber sobrepasado los límites del Estado de Derecho.

18 de diciembre de 2018.

Javier Beramendi, letrado de Sánchez Robles, defiende la validez de las pruebas presentadas e insiste en que el Gobierno ha ocultado deliberadamente documentos que exonerarían a su cliente.

19 de diciembre de 2018.

Se acaba el juicio. El abogado de Tellería, Jesús Villegas, cuestiona por última vez a la denunciante, Ainhoa Alberdi. De Miguel, Tellería y Ochandiano, así como sus mujeres, cierran el proceso reiterando su inocencia pero, a la vez, pidiendo perdón. El 'caso De Miguel' queda visto para sentencia.

1 de marzo de 2019.

Alfredo de Miguel acude a la capilla ardiente de Xabier Arzalluz, histórico dirigente del PNV. Es su primera aparición pública tras el final del juicio.

17 de marzo de 2019.

Se publica 'El padrino: Anatomía del caso De Miguel', un libro sobre la investigación, en el noveno aniversario de que el caso se conociera públicamente.

19 de agosto de 2019.

elDiario.es/Euskadi publica que Koldo Ochandiano ha regresado a su puesto de contable del parque tecnológico de Miñano, el mismo que ocupaba cuando se originó este caso de corrupción.

2 de diciembre de 2019.

Se cumplen diez años de la denuncia de Ainhoa Alberdi que dio origen la investigación del caso. Ya se conoce que el 17 de diciembre se hará pública la esperada sentencia.

17 de diciembre de 2019.

El tribunal hace pública la sentencia. Alfredo de Miguel ha sido condenado a penas que suman más de 13 años de cárcel por cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental o prevaricación. A ello se suman más de 200.000 euros en multa e inhabilitación para empleos y cargos públicos. Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, asimismo, han sido condenados por delitos similares a altas penas que les supondrán un cumplimiento máximo de penas de alrededor de 6 años de cárcel.

20 de diciembre de 2019.

La Fiscalía solicita el ingreso en prisión de los condenados con penas más elevadas aunque la sentencia no sea firme y quepa recurso ante el Supremo. La sala desestima esa petición aunque sí impone medidas cautelares, como la imposibilidad de salir de España.

19 de febrero de 2020.

El director de la fundación Hazi, una sociedad pública del Gobierno Vasco, ocultó al Parlamento que Alfredo de Miguel, colocado allí, tenía un salario de 52.000 euros. Sí admitió que mientras estaba siendo investigado por corrupción había disfrutado de tres ascensos.

5 de marzo de 2020.

El Ayuntamiento de Vitoria da luz verde a dos contratos por valor de 150.000 euros a Stoa, la empresa de uno de los condenados, Fernández Oleaga.

15 de junio de 2020.

La Fiscalía del Supremo no acepta el criterio de los fiscales de Álava y pedirá la confirmación de la sentencia ante los recursos de los imputados pero no que se eleven las penas.

10 de marzo de 2021.

El PNV ficha para el Gobierno vasco al presidente del tribunal que condenó a De Miguel, el magistrado Jaime Tapia. Será asesor para la nueva competencia cedida por el Estado, Prisiones.

5 de junio de 2022.

elDiario.es/Euskadi informa de que el condenado Iñaki San Juan sigue manteniendo activa la empresa Errexal con otro nombre y que recibe contratos del Ayuntamiento en el que concejal, Leioa. Además, en algunos casos lo hace de manera indirecta, a través de terceros.

2 de enero de 2023.

elDiario.es/Euskadi publica que Alfredo de Miguel consta como “gerente” de una entidad pesquera llamada Itsas Garapen Elkartea y que depende de la sociedad pública en la que trabaja, Hazi. Como tal, ha participado a pesar de su condena por corrupción como representante en viajes oficiales, foros interautonómicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e incluso en recogidas de premios. El Gobierno niega que De Miguel ejerza labores de responsabilidad o representación a pesar de las fotografías que acreditan sus intervenciones.

10 de enero de 2023.

El Tribunal Supremo hace pública la sentencia definitiva y ratifica en gran medida las condenas por corrupción. En el caso de De Miguel, la pena queda en más de doce años de prisión, nueve de cumplimiento efectivo. “Prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión”, se puede leer en la resolución, de casi 400 folios. Queda absuelto Julián Sánchez Alegría.

11 de enero de 2023.

Se suceden las reacciones ante la sentencia y la noticia copa -con algunas excepciones- las portadas de la prensa vasca. El PNV recupera la denominación 'caso Miñano' y elude referirse a De Miguel. Insiste en que los hechos eran fruto de comportamientos individuales y no de partido. El Gobierno vasco habla ahora de la “impecable” investigación de la Ertzaintza. Aitor Tellería y Koldo Ochandiano presentan problemas de salud, lo que podría condicionar su ingreso en prisión.

23 de enero de 2023.

En un foro organizado por 'Deia', el lehendakari, Iñigo Urkullu, afirma que la Fiscalía intentó investigar al PNV para vincularlo con la corrupción de De Miguel, cuando tal actuación no consta en el sumario de la causa. “Se pretendió por parte de la Fiscalía y se rechazó por parte de la Audiencia Provincial de Álava, exonerando al propio PNV. Tengo la satisfacción de que el nombre orgánico del PNV está impoluto”, fueron las palabras de Urkullu.

24 de enero de 2023.

elDiario.es/Euskadi adelanta que el “entorno” de De Miguel estudia la posibilidad de solicitar un indulto para el expolítico. Las fuentes consultadas indican que el movimiento no parte ni de la defensa ni de la familia y se quiere desvincular también de cualquier connotación política, pero busca librar al ex 'número dos' del PNV de nueve años de prisión efectiva.

27 de enero de 2023.

Seis excargos del PNV implicados en el 'caso De Miguel' abonan a partes iguales una cantidad próxima a los 145.000 euros en concepto de responsabilidad civil para el Gobierno vasco por el fraude en Juventud, lo que no agota el alcance de los hechos probados.

30 de enero de 2023.

La defensa de Iñaki San Juan ha presentado un incidente de aclaración ante el propio Tribunal Supremo para que se le aplique en el cálculo de sus penas la misma fórmula que su exsocio Josu Montés (que ahora ha cambiado su nombre a Josu Azkarraga). De ese modo, ninguno de los delitos individuales pasaría de los dos años y se podría solicitar la suspensión de la entrada en prisión. Este 'recurso' impide que la sentencia sea firme y que se ejecuten las penas.

5 de febrero de 2023.

Ainhoa Alberdi, denunciante del 'caso De Miguel', recibió una inspección fiscal tres días antes de que, en 2018, tuviera que ratificar su testimonio en el juicio que se celebraba en Vitoria.

7 de febrero de 2023.

elDiario.es/Euskadi publica la nómina de De Miguel en Itsas Garapen Elkartea (Hazi). Cobra 57.400 euros, una cantidad que ha ido subiendo mientras era investigado e incluso tras la primera condena. Además, ocupa un puesto de “coordinador” y tiene la máxima categoría entre los empleados de Hazi, la A. Los datos habían sido solicitados en el Parlamento Vasco por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU.

2 de marzo de 2023.

Por la mañana, la sociedad de aguas del Ayuntamiento de Vitoria, Amvisa, acuerda mantener los contratos con la empresa Stoa a pesar de la sentencia que acredita que su gestor, Sergio Fernández Oleaga, haya abonado comisiones a la trama de De Miguel. Fernández Oleaga ha cambiado el nombre de la firma y ha cedido la representación a otra persona. Por la tarde, el Tribunal Supremo resuelve el incidente de aclaración y aplica a Iñaki San Juan un cálculo más ventajoso de las penas para que le pueda ser suspendida la entrada en la cárcel. Su empresa Errexal, en todo caso, sí quedará disuelta en cuanto el fallo se haga firme.

7 de marzo de 2023.

La candidata del PNV en Vitoria, Beatriz Artolazabal, entiende que la sentencia no lastrará su campaña y cree “amortizada” esta causa. En el Parlamento, el partido presenta a De Miguel como “víctima” por la tardanza de la Justicia en completar el periplo judicial del macrosumario.

8 de marzo de 2023.

El diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, asegura en las Juntas Generales que los inspectores forales actuaron con “mucha objetividad” cuando iniciaron una investigación a Ainhoa Alberdi, la denunciante del caso. No se dan detalles porque no se pueden discutir públicamente los términos concretos de un expediente tributario al ser confidenciales, alega Bizkaia.

15 de marzo de 2023.

El Tribunal Supremo notifica a la Audiencia Provincial de Álava la sentencia definitiva del 'caso De Miguel' tras haber resuelto el punto sobre Iñaki San Juan. El trámite se ha alargado durante 13 días.

16 de marzo de 2023.

La Audiencia Provincial de Álava decreta la “firmeza” de las condenas del 'caso De Miguel'. Da diez días a De Miguel, Tellería, Ochandiano y Sánchez Robles para ingresar en prisión y el mismo plazo al resto de condenados, catorce en total, para pedir la suspensión. El Gobierno vasco da por “hecho” el despido de De Miguel de su puesto de Hazi, así como el de Ochandiano, que seguía en el parque tecnológico de Miñano.

17 de marzo de 2023.

Se cumplen trece años de la detención de Alfredo de Miguel. En el Parlamento, el lehendakari, Iñigo Urkullu, indica que el PNV en el Gobierno ha adoptado “decisiones contundentes y de manera inmediata” en relación a los condenados.

Jon Iñaki Echaburu, constructor afiliado al PNV y condenado a una pena mínima de prisión por haber abonado comisiones a la trama encabezada por su compañero de partido Alfredo de Miguel a cambio de contratos, es estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Y se da la circunstancia de que su profesor de Penal es el magistrado que presidió el tribunal que le condenó en primera instancia, Jaime Tapia, que siempre ha compatibilizado la toga con las aulas y que ahora lo hace con su nuevo puesto como asesor de Prisiones en el Gobierno vasco, donde fue fichado por la única consejera que tiene el PNV de Álava, Beatriz Artolazabal, para diseñar el nuevo modelo penitenciario a raíz de la transferencia de la competencia a Euskadi.

Se da la circunstancia de que Echaburu y Tapia coincidieron este martes en la sede de la UNED en Vitoria pocas horas después de que se conociera que el alto tribunal enmendaba a la Audiencia Provincial de Álava en lo tocante a este acusado en dos cuestiones críticas. Se le anula una pena por su participación en la comisión de 100.000 euros que su exempresa iba a abonar a De Miguel por un adjudicación 'a dedo' en el parque tecnológico de Miñano. Se da por probado que el político se la exigió a su socia, Ainhoa Alberdi, y aunque ella asegura que era la letra pequeña de un arreglo entre Echaburu y el político, que eran amigos y que habían acordado este tipo de pagos en otros dos contratos al menos, el Supremo entiende que no está acreditada suficientemente su implicación. Igualmente, le anula la condena por asociación ilícita al entender que pagar comisiones no implica formar parte de una trama, solamente cooperar con ella externamente.

Echaburu no entrará en la cárcel. Sin antecedentes y con menos de dos años de pena, habrá una suspensión automática. No la decidirá ya Tapia, dadas sus nuevas funciones políticas, pero sí la Audiencia Provincial de Álava. El constructor corruptor, eso sí, también intentó en el Supremo anular toda la condena al entender que durante la investigación y el juicio se vulneraron sus derechos fundamentales. El alto tribunal, aquí sí, desestimó sus pretensiones y lo hizo con mucha rotundidad. “Es evidente que la formulación del motivo carece de una concreción que resulte mínimamente aceptable para que el recurrente aborde su exposición, plasmando de manera acrítica todo un recital de derechos fundamentales conculcados, sufriendo incluso la incontinencia de afirmar que se han vulnerado otros derechos constitucionales que ni siquiera se identifican”, se puede leer en la larga resolución judicial, de más de 300 páginas.

La nueva responsabilidad de Tapia en el Gobierno está siendo comentada en las partes afectadas por el 'caso De Miguel', ya que dependerá de su Departamento la ejecución de las penas que él mismo contribuyó a aplicar y que salvo las excepciones de Echaburu o Julián Sánchez Alegría y otros pequeños retoques “técnicos” ha avalado el Supremo. Su superior política, Beatriz Artolazabal, ya ha advertido de que no habrá “privilegios” para estos políticos presos en caso de que, como parece, entren a centros dependientes de la Administración vasca. Mismos “derechos” y mismas “obligaciones”, afirmó la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Artolazabal, en todo caso, apura sus días en ese cargo, ya que se prevé que en febrero dimita para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Vitoria por el PNV.

El recorrido judicial del 'caso De Miguel' no ha acabado con la sentencia del Tribunal Supremo, aunque el pronunciamiento del alto tribunal sí convierte en firme las condenas por corrupción y, por lo tanto, abre la puerta ya al ingreso en prisión de los inculpados, entre ellos los exdirigentes del PNV de Álava Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería o el exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles. Ahora bien, eso será decidido por la Audiencia Provincial de Álava y faltan “algunos días” para que se concrete, según fuentes del caso. Además, los acusados tienen la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional aunque no ya por los hechos, que se dan por probados, sino por la posible vulneración de derechos fundamentales. Aunque nadie se ha pronunciado aún, no sería un escenario descabellado ya que uno de los argumentos recurrentes de las defensas durante la instrucción, durante el juicio y ante el Supremo fue que la investigación se había propasado, incluso hasta el punto de acusar a la Ertzaintza de haber manipulado pruebas. Y, después del Constitucional, quedaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.

Cuando se conoció en diciembre de 2019 la sentencia de primera instancia, la de la Audiencia Provincial de Álava, la Fiscalía ya solicitó la ejecución “provisional” de las penas y se celebró una vista en la que el tribunal rechazó esa petición a expensas de que el Supremo dictara una segunda y definitiva resolución. Eso sí, desde entonces se han venido aplicando un conjunto de medidas cautelares como la prohibición de salir de España o la obligación de acudir periódicamente a 'fichar' al juzgado. Ahora, de modo automático, la sentencia pasa ya a una fase de ejecución cuyo procedimiento y calendario no están claros.

Pero, antes de llegar a esa fase, la sentencia del Supremo ha de ser notificada formalmente a todas las partes y el expediente ha de ser remitido al tribunal responsable, la Audiencia Provincial de Álava. A partir de ahí, este órgano deberá declarar la “firmeza” de los autos y abrir una nueva fase. Entre los condenados hay tres grupos. Por un lado están, básicamente, De Miguel, Ochandiano, Tellería y Sánchez Robles. Tienen las penas más altas y deberían ser ejecutadas con carácter inmediato. Por otro lado están los que tienen sanciones de menos de dos años de prisión. Este grupo de Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztelu-Urrutia, Jon Iñaki Echaburu o Sergio Fernández Oleaga, salvo que tengan antecedentes o incurran en alguna otra anomalía, no ingresaría en un centro penitenciario en ningún caso. Y luego hay casos excepcionales de penados con una suma que sí supera los dos años pero en la que todos los delitos individuales no alcanzan ese límite, donde se podría solicitar una suspensión extraordinaria, o el de Alfonso Arriola o la exalcaldesa de Zambrana, condenados exclusivamente a inhabilitación y no a cárcel.

Para enredar más el escenario, la presentación del recurso de amparo podría frenar todavía unos cuantos años la entrada en prisión. En principio, la ley reguladora del Constitucional afirma que “la interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados” pero, acto seguido, abre la puerta a que “cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad” bien el tribunal de oficio o bien a petición del recurrente “podrá disponer la suspensión, total o parcial” de una pena. Obviamente, también entran en juego factores de salud como los que han aflorado en el caso de los ERE de Andalucía con José Antonio Griñán. En principio, la reforma del delito de malversación no debería afectar a este caso, en el que también se han acreditado otros tipos penales como la prevaricación, la asociación ilícita, el cohecho o el tráfico de influencias.

La Audiencia Provincial de Álava celebró en 2019 una vista con los condenados para dirimir su futuro. No está claro que ahora tenga que repetirse ese formato, aunque sí es seguro que las defensas dispondrán de un espacio para formular alegaciones. En todo caso, el tribunal que juzgó el caso no guarda ya ninguna relación con su composición actual. El presidente, Jaime Tapia, es ahora alto cargo en el área de Prisiones del Gobierno vasco. Es precisamente quien gestionará la estancia en la cárcel de los condenados de no mediar un traslado a otra comunidad autónoma. Y Raúl Aztiria dejó también la jurisdicción penal. Solamente Elena Cabero permanece desde el juicio. Fue ella la ponente del fallo de primera instancia. Los otros magistrados en activo ahora son Jesús Poncela, Ana Jesús Zulueta y Francisco García Romo. En el caso de la Fiscalía, los dos titulares del caso, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, continúan en ejercicio en Vitoria aunque el primero ya no es el fiscal-jefe provincial. La nueva responsable de la oficina, Carmen Cotelo, debería determinar quién gestiona estos flecos de un sumario que se inició precisamente cuando la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi presentó una denuncia ante Izaguirre.

El consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, del ala del PNV de la coalición, ha afirmado que el Ejecutivo “respeta” y “acata” la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción en Euskadi y que llevará a la cárcel a excargos orgánicos y públicos de esta formación. El principal condenado Alfredo de Miguel -doce años de prisión, nueve de cumplimiento efectivo- trabaja para la sociedad pública autonómica Hazi, donde en los años de investigación ha disfrutado de ascensos y subidas salariales. Incluso ha ido asumiendo nuevas responsabilidades como “gerente” de la entidad pesquera Itsas Garapen Elkartea, como ha venido publicando este periódico en los últimos días. Zupiria ha deslizado que “en pocos días” podría haber novedades respecto de la posición de quien lideró una trama corrupta desde su posición de 'número dos' del PNV alavés, aunque no ha concretado si eso implicará ya su salida definitiva de la Administración. Koldo Ochandiano, otro de los condenados, es también contable del parque tecnológico de Miñano, exactamente el puesto que tenía cuando se produjeron los hechos.

Zupiria, en nombre del Gobierno vasco, se ha limitado a reseñar que el Ejecutivo “rechaza” todo tipo de prácticas “contrarias al ideario de valores éticos”. En ningún momento ha entrado a analizar los contenidos del caso, que incluyó irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos autonómicos o que el exdirector de Juventud por el PNV Xabier Sánchez Robles presentara documentos oficiales falsificados durante el juicio para intentar evitar la cárcel. Tampoco ha habido una mención para la denunciante o para quienes contribuyeron -no sin dificultades- a llevar adelante una compleja investigación. El Gobierno estuvo personado pero mantuvo un papel muy secundario como acusación durante todo el proceso.

A su lado, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, precisamente del PNV alavés, ha afirmado que los condenados entrarán en prisión “sin ningún privilegio”. De Miguel y el resto, de acceder a un centro dependiente de la Administración vasca, gozarán de los mismos “derechos” y “obiligaciones” que el resto de delincuentes. Artolazabal fichó precisamente como asesor para desarrollar el nuevo modelo vasco de Prisiones al magistrado Jaime Tapia, presidente del tribunal que emitió la primera sentencia de este caso de corrupción. No ha mencionado tampoco su labor en ningún momento y se ha limitado a ceñirse al argumentario de que toca “respetar” y “acatar” los pronunciamientos judiciales.

El 'caso De Miguel' es el mayor sumario de corrupción conocido hasta la fecha en Euskadi. Todavía hoy hay quienes lo rebajan a 'caso Miñano', como se le quiso llamar al principio, porque tuvo su origen en el parque tecnológico de Vitoria. Pero esa denominación omite que la trama extendió sus tentáculos a Zambrana, minúscula población al sur de Álava donde se pergeñó un pelotazo urbanístico valorado en 65 millones de euros, a la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, de donde salieron contratos 'a dedo', o a los municipios alaveses de Zigoitia o Lapuebla de Labarca y que quien da nombre al caso, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, ideó negocios desde la Costa del Sol andaluza hasta Argentina. Con De Miguel se sentaron en el banquillo otros dirigentes alaveses de la formación como Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, cargos públicos nacionalistas como Xabier Sánchez Robles, María Justina Angulo o Alfonso Arriola y empresarios con carné como Josu Arruti, Iñaki San Juan o Jon Iñaki Echaburu. La denuncia de la corrupción llegó en 2009, la investigación arrancó en 2010 y finalizó en 2015, se celebró un macrojuicio en 2018 y, a finales de 2019, una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava recogió 300 folios de “hechos probados” que constataba no solamente las graves irregularidades sino la importancia que en el desarrollo de los hechos tuvo la vinculación común de todos los procesados a una misma organización. El PNV, por el contrario, siempre ha defendido su “intachable” trayectoria cuando se le ha interpelado por este caso y ha insistido en que los acusados actuaban 'motu proprio'.

La denunciante del caso, Ainhoa Alberdi, de familia 'jeltzale', acompañó su alerta de que De Miguel quería cobrarle una comisión de 100.000 euros por ayudarle con un contrato con grabaciones. Una de ellas aborda esta cuestión con su entonces socio, el constructor Jon Iñaki Echaburu, contratista habitual de la Administración, amigo de De Miguel y quien aparentemente había pactado la mordida:

-¿[Es] Pa’l partido o así?

-Pues no lo sé, ellos lo van a establecer.

-¿No te dijeron nada, ni cantidad tampoco, ni porcentaje ni nada?

-No, no. Nosotros tampoco dijimos nada. Pero bueno, dentro de lo normal. Teniendo en cuenta el volumen de lo que era, vamos.

El 'caso De Miguel' ha vuelto a primera línea ahora al conocerse que De Miguel, a quien todos conocen como Txitxo, no solamente continúa trabajando para la Administración sino que ejerce de “gerente” de una entidad pesquera llamada Itsas Garapen Elkartea -así aparece en documentos oficiales, aunque el Gobierno vasco lo niega- y que en este tiempo ha recogido premios, ha concedido entrevistas por “buenas prácticas” y realizado viajes oficiales representando a Euskadi. El PNV repite que la sentencia sobre este caso no es “firme”, ya que el Tribunal Supremo tiene pendientes de resolver 14 recursos de los condenados en primera instancia. También que los derechos laborales de De Miguel como empleado público no pueden ser vulnerados. La oposición se ha echado encima y los socios del PNV en el Gobierno vasco, el PSE-EE, han sugerido que siga trabajando pero al menos no con proyección pública. La entidad de De Miguel, entre sus funciones, reparte ayudas públicas y en su web publicita un buzón contra el fraude.

¿Cómo ha gestionado el PNV este caso? En el momento de su detención en marzo de 2010, De Miguel era diputado foral en Álava con competencias en materia de Urbanismo. El presidente de aquel Ejecutivo provincial era Xabier Agirre, ya fallecido, y aquélla era una coalición con dos partidos ahora integrados en EH Bildu, EA y Aralar. Agirre salió al instante reclamando “tolerancia cero” contra la corrupción y destituyó al arrestado, no sin tensión. También dejó de ser vicepresidente de la Caja Vital, politizada como tantas otras entidades en España. Pero el PNV es bicéfalo y el partido en Álava lo controlaba Iñaki Gerenabarrena, no Agirre. El presidente, que ahora trabaja en el Gobierno en la misma sociedad pública que De Miguel, fue quien impuso a Agirre el nombre de Txitxo para su equipo y su reacción primera fue amenazar a la prensa que informaba del caso con querellas. Todo un sector en torno a Gerenabarrena y Txitxo siguió esa misma estrategia. Una veintena de cargos firmaron una carta denunciando una “cacería infame” contra la organización. Muchos fueron los mismos que lo agasajaron en las puertas del Parlamento cuando le tocó comparecer en la comisión de investigación que, sobre este caso, celebró la Cámara. Ya dentro, el referente del sector interno de De Miguel y Gerenabarrena, Joseba Egibar, presidente en Gipuzkoa y portavoz parlamentario, le dio un abrazo delante de fotógrafos y camarógrafos y permitió que un acusado por graves delitos ofreciera una rueda de prensa sin admitir preguntas en una institución pública. Entretanto, EA y Aralar dejaron solo al PNV y rompieron la coalición.

El presidente del PNV entonces era Iñigo Urkullu, ahora lehendakari. Él y su equipo, más próximos a Agirre, se las vieron y desearon para lograr que De Miguel y los otros imputados entregaran sus carnés de afiliados. Lo logró muchos meses después, a principios de 2011. A cambio, De Miguel, Tellería y Ochandiano le 'regalaron' este aviso: “Se equivoca la dirección del EBB del PNV si cree que la campaña política y mediática de acoso y derribo al Partido remitirá o desaparecerá por el hecho de un simple depósito de carnés. Los firmantes de esta carta queremos denunciar el juicio paralelo al que hemos sido sometidos y la actitud injusta de quienes han obviado el principio de presunción de inocencia y ya nos han condenado. Exigimos al EBB del PNV que defienda al Partido y a sus afiliados con mayor convencimiento y determinación de lo que ha defendido nuestra presunción de inocencia. Nosotros somos inocentes, el PNV también y, pese a quien pese, lo demostraremos”.

El sector de Agirre logró frenar la candidatura propuesta para las elecciones de 2011 en Vitoria por Gerenabarrena. Fue entonces cuando emergió la figura de Gorka Urtaran, que ahora abandonará el cargo, pero las instituciones pasaron a manos del PP. A nivel orgánico, Agirre decidió asumir la presidencia en Álava y los suyos se impusieron en la renovación de los cargos de Araba Buru Batzar... aunque tuvo que ser a la segunda. En el primer intento, con irregularidades, Agirre se vio con más de su nueva ejecutiva controlada por los afines a Gerenabarrena y De Miguel. En el sumario del caso constan auténticas campañas contra compañeros de partido orquestadas por el sector contrario. Un ejemplo: el actual presidente alavés y continuador de Agirre, José Antonio Suso, era vejado en algunos mensajes.

Urkullu se convirtió en lehendakari en 2012 y Andoni Ortuzar pasó a ser el líder del Euzkadi Buru Batzar. En estos años, ha asegurado que el fiscal del caso, Josu Izaguirre, ha actuado al “servicio” del PP. “Hay un deseo insano por demostrar que en Euskadi hay corrupción”, declaró. También manifestó en otra ocasión que el caso estaba inflado ya que no suponía más que 200.000 euros, en alusión a solamente una de las partes, la relativa a los contratos irregulares en Juventud. Eso sí, conocida la sentencia de la Audiencia de Álava, en 2019, Ortuzar “con sencillez y sinceridad” pidió disculpas aunque introdujo dos matices, que seguía operando la presunción de inocencia porque la condena no era firme y que los hechos constatados “nada tienen que ver con el PNV”. Urkullu, ya desde la Presidencia vasca, también se sumó a la petición de perdón. Egibar, finalmente, se avino a reconocer que “ha habido conductas delictivas” aunque hasta poco antes de conocerse el fallo recalcaba que nunca se lucraron los acusados, aunque en el juicio apareció cómo De Miguel usó las comisiones para comprar un coche, joyas o viajes, cómo las tarjetas de crédito eran usadas en bares de copas o cómo un constructor asumió el coste de la reforma de su segunda residencia, en Gorliz, en la costa vizcaína.

En estos años, De Miguel ha tenido varios ascensos en la sociedad pública del Gobierno vasco en la que trabaja, Hazi, de la que cuelga Itsas Garapen Elkartea. Su nómina se ha más que duplicado y ha asumido nuevas responsabilidades. Era conocida su cercanía el histórico líder del PNV, Xabier Arzalluz, pero poco antes de su fallecimiento sorprendió enviando a su entorno una fotografía de ambos comiendo. En el velatorio, Txitxo coincidió con el EBB. La denunciante ya manifestó que no ha recibido ni un sólo contrato público en este tiempo y que alguien del propio partido le instó a que ni siquiera se presentara a los concursos. El PNV no ha hecho nunca un pronunciamiento en torno a la figura de Alberdi.

Tampoco sobre la familia Arruti, muy vinculada al partido y también a la familia Arzalluz. Josu Arruti, amigo y socio de De Miguel en la trama, confesó durante el juicio la existencia de comisiones. Además de admitir los hechos, ya ha devuelto el dinero defraudado, al menos 130.000 euros. Se ha endeudado, ha abierto un pequeño negocio en Bilbao y se ha desvinculado de toda pelea en el Supremo. En realidad, De Miguel también iba a confesar, pero cambió de parecer a última hora. Iba a aceptar delitos que, juntos, sumaban cinco años y cuatro meses de cárcel. Su hermana Aintzane, a la que situó como contable de la trama, compartía abogado con Arruti y tenía ya un pacto para evitar la cárcel a ultimísima hora renunció a declarar en un giro nunca explicado.

Es reciente, de diciembre, un documento con conclusiones sobre el proceso de escucha activado por la formación de Ortuzar entre militantes, simpatizantes y externos. Una de las conclusiones de este trabajo llamado Entzunez Eraiki es que el PNV “no es un partido asociado a la corrupción” pero entiende que sí “debe contrarrestar cierta imagen de 'amiguismo' que ha podido calar tras tantos años de gestión pública”. Las novedades sobre De Miguel han hecho que la oposición haya rescatado este punto.

El PNV también ha fichado en los últimos años al juez que presidió el tribunal del 'caso De Miguel', Jaime Tapia. Desde 2021 es asesor para la puesta en marcha del nuevo modelo vasco de Prisiones una vez transferida esta competencia. Ocupa un puesto precisamente en el único departamento del Gobierno vasco controlado por el PNV de Álava de Suso. Suyas y de los magistrados Elena Cabero o Raúl Aztiria son frases como que el “único lazo verificado” entre todos los implicados en el 'caso De Miguel' era su pertenencia a un partido, al PNV. “Desgraciadamente en los últimos años se observa un vínculo entre la política y los empresarios, fundamentalmente los que se dedicaban al mundo de la construcción y urbanístico, y este caso no es una excepción”, afirmó el tribunal.

En el juicio del mayor caso de corrupción en Euskadi, el 'caso De Miguel' que sentó en el banquillo a exdirigentes del PNV de Álava, a otros cargos nacionalistas y a contratistas, la denunciante de la trama, la abogada urbanista y empresaria Ainhoa Alberdi explicó una parte –solamente una parte– del calvario que ha vivido desde que en 2009 diera el paso de acudir a la Fiscalía con grabaciones para denunciar que el político que da nombre al caso, Alfredo de Miguel, le estaba presionando para que abonara una comisión de 100.000 euros. “Se han vengado de mí hasta hoy”, afirmó. Añadió que una “persona política” del PNV, cuya identidad no desveló, le recomendó que ni se molestara en presentarse a concursos públicos. Esto ocurrió en 2018. En 2023, según ha podido confirmar este periódico, Alberdi sigue sin haber vuelto a trabajar para la Administración. Es la otra cara de la moneda frente a los “derechos” del principal condenado, que salió de aquel juicio con una pena de trece años de cárcel. Aunque no tiene cargos públicos o de partido, mientras se espera la sentencia definitiva del Tribunal Supremo quien todos conocen como Txitxo ha ido ganando en responsabilidades en la sociedad pública Hazi, adscrita al Gobierno vasco. Ahora ejerce como “gerente” de la entidad pesquera Itsas Garapen Elkartea y, como tal, ha encabezado la delegación vasca en diferentes foros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en La Palma o Cartagena, por ejemplo.

Aunque era público y notorio que De Miguel trabajaba para el Ejecutivo en Hazi, que cuelga del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Arantxa Tapia, no había trascendido que Txitxo actuaba como cara visible de Itas Garapen Elkartea (un GALP o grupo de acción local pesquera en el que la Administración colabora con las cofradías y otras entidades del sector) ante el Ministerio, ante la Unión Europea y hasta en recogidas de premios. De hecho, los vídeos, documentos y fotografías del papel de De Miguel en estos últimos años, una vez condenado por graves delitos de corrupción, han generado una profunda sorpresa entre quienes participaron en la investigación de esta trama. También la oposición ha demandado explicaciones al Gobierno de Iñigo Urkullu, que precisamente era el presidente del PNV cuando estalló este caso. Incluso el PSE-EE, socio del PNV, ha reclamado firmeza. Los nacionalistas, tanto desde el Gobierno como desde el partido, insisten en que la condena que pesa sobre De Miguel “no es firme” y que, por lo tanto, goza de unos “derechos” laborales que hay que preservar. Deslizan que despojarle de sus funciones sería lo ilegal.

En el caso de Alberdi, por el contrario, su última década ha sido de ostracismo. “Me metí en esto por convencimiento de Justicia y quizás debería haber reflexionado más las consecuencias”, llegó a admitir en el juicio. Esta joven empresaria formaba parte del círculo de confianza de Txitxo al ser socia de un amigo del político, el constructor Jon Iñaki Echaburu. Aunque es de familia 'jeltzale', ella nunca ha sido del partido, a diferencia de Echaburu. Cuando adquirió toda la empresa Urbanorma Consulting a Echaburu, descubrió que el contrato público que habían recibido en el parque tecnológico de Álava, en Miñano, escondía letra pequeña. Su exsocio había pactado el abono de una comisión –algo “dentro de lo normal”, según refería el empresario en una de las grabaciones del caso– y el recaudador era De Miguel, quien aparentemente no tenía ningún cargo en Miñano. Ya antes de denunciar, según el relato de Alberdi, De Miguel presionó incluso a su padre para que pasara por caja.

Después, se inició una dura campaña para desacreditarla que incluyó incluso componentes sexistas al ser una mujer joven la que daba el paso de cuestionar las versiones de varones con una dilatada trayectoria política. En numerosas ocasiones ha sobrevolado que el móvil era una 'vendetta' sentimental. De Alberdi, que ha tenido que medicarse contra la depresión y contra la ansiedad, se dijo también que había manipulado los audios para hacerlos incriminatorios, cuando su presentación era tan pésima que incluso no se habían borrado ni conversaciones sobre su perro. “Hay mucha imaginación y mucha especulación [...]. El ministerio fiscal presenta a Alberdi como una víctima y el nivel que ha puesto está muy bajito. La señora Alberdi es en este caso una testigo profesional. Profesional del derecho, que sabe lo que quiere decir, cómo y cuándo [...]. Su actuación es una actuación teatral y, visto el resultado, realmente ha sido muy eficaz”, dijeron las defensas de los imputados. La de Txitxo quiso investigar las cuentas de la nueva empresa de la denunciante, Alberdi & Vicinay, dando a entender que ocultaba irregularidades. El abogado de otro dirigente del partido acusado por Alberdi, Aitor Tellería, llegó a afirmar que ni su padre respaldaba su denuncia.

Otros condenados también siguen con sus funciones

El periplo de De Miguel en estos años, sin embargo, ha sido muy diferente. Tenía dos excedencias en sendas sociedades públicas autonómicas para elegir destino profesional. Desechó Sprilur (Industrialdeak) previa indemnización de 22.000 euros y optó por Hazi, heredera de la entidad IKT, que es donde realmente accedió de muy joven. Desde su reincorporación en 2010 ha tenido ascensos de categoría y subidas de sueldo que hacían que, en 2020, su nómina ya se hubiese duplicado con respecto a la inicial. Su salario anual superaba entonces los 50.000 euros. Tras su imputación, abandonó Vitoria y se instaló definitivamente en la segunda residencia familiar, ubicada en Gorliz, en la costa de Bizkaia. La reforma se la pagó un contratista, Prudencio Hierro. Ha cambiado también de coche y las fuentes consultadas indican que su defensa, a cargo del bufete Cuatrecasas, ha tenido que superar las siete cifras.

Cuando fue citado a la comisión de investigación que celebró el Parlamento Vasco sobre este caso, el portavoz del partido, Joseba Egibar, le recibió con un abrazo. Muchos años después Egibar continuó defendiendo que De Miguel no se había enriquecido, aunque consten salidas de dinero para joyas, un Saab o viajes, entre otros cargos. Ese mismo día de 2011 decenas de simpatizantes del PNV lo agasajaron a la salida. Más recientemente, sus funciones en Hazi han ido creciendo en proyección pública. Aunque el Ejecutivo haya afirmado tajantemente que “De Miguel no representa al Gobierno vasco en ningún foro”, hay actas en las que figura recibiendo premios como responsable de Itsas Garapen Elkartea. La web de la Unión Europea recoge una entrevista con él como exponente de buena gestión en lo tocante a protección del sector pesquero durante la primera ola de la pandemia. Y ha realizado un puñado de viajes oficiales, al menos a Galicia, La Palma y Cartagena.

En La Palma, en 2022, estuvo en un congreso de mujeres del sector. Hay varias fotografías de su presencia allí, acompañada por una excursión a la zona afectada por la erupción del volcán, ocurrido unos meses antes. Antes, en Cartagena, no solamente participó; hay constancia de que tomó la palabra. Lo hizo también en una sesión telemática formativa en la que expuso el modelo vasco de pesca. Todo estos encuentros estaban auspiciados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, reunían a representantes procedentes de las diferentes comunidades autónomas y De Miguel era miembro de la delegación vasca.

De Miguel y Tellería estaban detrás de una empresa pantalla llamada Kataia Consulting junto a un tercer dirigente del PNV alavés, Koldo Ochandiano. Cuando se produjeron los hechos denunciados por Alberdi, Ochandiano era el contable del parque de Miñano, que también es una sociedad pública y que también depende de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Después de algunas idas y venidas, recuperó esa plaza, en la que ahora se mantiene. Su fotografía sigue en la web oficial de la institución. Iñaki San Juan, exedil del PNV en Leioa y beneficiario a través de la empresa Errexal de contrataciones irregulares, mantiene la compañía con un pequeño cambio de nombre (ahora se llama Perexila) y ha vuelto a contratar en su municipio. Algunas adjudicaciones estaban hechas a través de intermediarios. El empresario Sergio Fernández Oleaga, de la empresa Stoa, también siguió recibiendo adjudicaciones una vez condenado, principalmente del área de obras hidráulicas del Ayuntamiento de Vitoria. Sin embargo, Miñano sí declaró la “nulidad” del contrato que mantenía con el parque tecnológico tras la sentencia condenatoria, unas actuaciones que se reactivaron durante el juicio de corrupción.

Nota aclaratoria de Hazi

Entretanto, la fundación pública Hazi ha enviado una larga nota sobre el 'caso De Miguel' en la que recalca que no hay nada novedoso sobre la situación del expolítico, que ya se conocía todo lo que hacía para la organización y que no es “verídico” que sea “gerente” de Itsas Garapen Elkartea, aunque esa condición aparece de manera reiterada en documentos tanto de la Unión Europea como del Ministerio. A partir de ahí, Hazi insiste en que la condena no es firme. “La Fundación Hazi entiende que esta circunstancia no sea comprendida por la sociedad y reconoce que las decisiones tomadas al respecto a esta persona no resultan sencillas para la propia organización, si bien corresponde [...] actuar conforme a criterios jurídicos”, reeflexiona esta entidad. Sobre los ascensos de De Miguel, recalcan que obtuvo la “máxima puntuación” en una proceso de promoción interna y que el comité de empresa calificó la actuación como “correcta”.

Sobre Alfredo de Miguel Aguirre pesa desde hace tres años y un mes una condena de la Audiencia Provincial de Álava de trece años de cárcel por graves delitos de corrupción de su etapa como 'número dos' del PNV de Álava. Ahora el Tribunal Supremo revisa su recurso para reducir la condena, pero el convenio colectivo vigente en 2019 en la sociedad pública dependiente del Gobierno vasco para la que trabaja, Hazi, contemplaba un posible despido en caso de penas de más de seis años de prisión por delitos económicos. A diferencia de otros textos similares, no se añadía la coletilla de que fuera precisa una resolución judicial “firme”, aunque el Ejecutivo siempre lo interpretó como tal. Sin embargo, desde diciembre de 2019 De Miguel no solamente ha continuado trabajando para la Administración con normalidad sino que ha ido adquiriendo nuevas responsabilidades. Ejerce como “gerente” del GALP (Grupo de Acción Local Pesquera) de la costa vasca, Itsas Garapen Elkartea en su denominación oficial. Este organismo cuelga de Hazi y en él participan también las cofradías de Bizkaia y de Gipuzkoa.

Aparece como “manager” en documentación de la Unión Europea. Ha ejercido como representante vasco en visitas oficiales a lugares como Galicia o en reuniones con el Ministerio, y hasta ha recogido premios por proyectos vinculados a la pesca. Entre sus competencias, se hallan las de gestionar ayudas públicas y la de recibir denuncias de posibles fraudes en el sector.

La investigación del 'caso De Miguel' se inició en diciembre de 2009 cuando la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi denunció ante la Fiscalía que el político del PNV la presionaba para cobrarle una comisión de 100.000 euros por un contrato que él había procurado a su empresa, Urbanorma Consulting, en una sociedad pública en la que no tenía ningún cargo visible, el parque tecnológico de Miñano. Finalmente, fue detenido en marzo de 2010 junto a otros dos exdirigentes del partido en Álava con los que compartía una empresa pantalla llamada Kataia Consulting y que estaba a nombre de las esposas de los tres. Fue entonces cuando fue apartado de su cargo público, diputado foral alavés de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo), de su otro cargo, vicepresidente de la Caja Vital (ahora integrada en Kutxabank) y desprovisto de su carné en el partido. Formalmente, ya no tenía posición orgánica después de una década como secretario del Araba Buru Batzar y mano derecha del presidente, Iñaki Gerenabarrena, aunque mantenía intacta su influencia. Cinco años de instrucción desmadejaron una trama mucho más amplia y quien todos conocían como Txitxo se se sentó en el banquillo a lo largo de 2018. La Audiencia Provincial de Álava acreditó varios delitos de corrupción y, aunque redujo la pena por las dilaciones indebidas, De Miguel se llevó una pena en primera instancia de trece años. La Fiscalía quiso que entrara ya en prisión pero el tribunal optó por esperar al pronunciamiento del Supremo sobre los recursos, aunque fijó algunas medidas cautelares como la prohibición de salir de España o la obligatoriedad de firmar periódicamente en un juzgado.

Tras una baja laboral cuando estalló el caso que llegó a ser investigada por la Seguridad Social por su extensa duración, De Miguel disponía de dos plazas para trabajar para la Administración. La primera excedencia era en la sociedad pública Sprilur, en concreto en Industrialdeak. Trabajó ahí antes de dar el salto a la Diputación. La segunda excedencia era en una de las tres entidades precursoras que luego se fusionaron en Hazi, una entidad llamada IKT. Obtuvo la plaza cuando dejó de estar liberado en EGI, las juventudes del partido, y fue nombrado 'número dos' del partido en Álava. No solamente entró en Hazi, sino que cobró una indemnización de 22.000 euros públicos mientras era investigado por corrupción al liquidar su excedencia con Sprilur. Tras la sentencia, el entonces gerente de Hazi, Asier Arrese, reveló a preguntas de la oposición en el Parlamento Vasco que en estos años Txitxo había disfrutado de al menos un ascenso de categoría y tres subidas salariales. Más tarde se conoció que había omitido su remuneración real. De 24.000 euros anuales estipulados para su puesto en 2010 estaba ya en 52.500 en 2020, aunque se dio a entender que eran 37.000.

Desde entonces, De Miguel ha seguido ganando en responsabilidades. En documentos oficiales de la Unión Europea sobre los GALP de España, Txitxo aparece como el “manager” para la costa vasca. En marzo de 2022, por ejemplo, encabezó una delegación vasca de visita al sector pesquero de Galicia. “La comitiva vasca, conformada por el técnico de Hazi y gerente de Itsas Garapen Elkartea (GALP) Alfredo de Miguel Aguirre, el coordinador general de la Cofradía Itsas Etxea, Martxel Arozena, y por el técnico de Hazi y de Itsas Garapen Elkartea (GALP) Ekaitz Urtiaga Martínez visitó durante dos días diversos espacios y proyectos”, se podía leer en una nota oficial de la Administración gallega. Unos meses antes, en octubre de 2021, Txitxo recibió a una delegación de la Fundación Expomar de esa comunidad, que es la fotografía que acompaña a esta información.

Hay documentación de Hazi que muestra cómo De Miguel ha dirigido reuniones y también cómo ha sido el representante vasco en encuentros interterritoriales. Un boletín del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de diciembre de 2020 muestra cómo el exdirigente del PNV recogió dos premios a sendas iniciativas innovadoras en el sector pesquero vasco, Sopak y Ecofish. En la primavera del pasado año, De Miguel impartió una charla telemática a representantes de los GALP de toda España a instancias del Ministerio de Luis Planas para exponer el modelo vasco de gestión pesquera. “Soy Alfredo, de Itsas Garapen Elkartea”, se presentó. “Hacemos un poco de todo [...] para el Gobierno vasco”, ironizó. Cuando llegó la COVID-19, la Unión Europea destacó una iniciativa vasca para proteger a las embarcaciones y garantizar el suministro de pescado a la población. Lo hizo acompañar de unas declaraciones en inglés de De Miguel y lo calificó de “buenas prácticas” de gestión.

Arrese, en su última comparecencia parlamentaria sobre la materia, dejó una reflexión: “Creo que, evidentemente, cuando estamos tomando decisiones de índole laboral en referencia a Alfredo de Miguel, existe esa tensión entre la precaución de ser conscientes que estamos gestionando una persona que está imputada, pero también queriendo ser ecuánimes”. El entonces responsable de Hazi las funciones de Txitxo de manera muy genérica. “A día de hoy, efectivamente, está ocupando un puesto de técnico rural, bueno, más más que rural, de técnico litoral, un puesto al cual accede mediante un proceso de promoción interna”, informó. Quitó hierro a su posición ya que “estos últimos 13 años ha habido más de 50 promociones de cubrición de puestos vacantes y éste es sólo uno de ellos”. La oposición pidió más aclaraciones. Y esta fue la respuesta textual: “Está ocupando en estos momentos no una plaza en propiedad sino una vacante que está como técnico de dinamización litoral. Está como técnico de apoyo. Tenemos un convenio con el Grupo de Acción Local Pesquero y damos el soporte de secretaría técnica que, en colaboración con los técnicos, las cofradías, tanto la Cofradía de Pescadores de Gipuzkoa como la de Bizkaia, dan el soporte técnico a las funciones de dinamización, vamos a decir, del ámbito litoral y las cofradías pesqueras. Y del Grupo de Acción Local Pesquero”.

Durante el macrojuicio por corrupción, Arrese fue uno de los testigos aportados por la defensa de De Miguel para hacer ver al tribunal que las irregularidades que se le imputaban eran irreales. El que fuera presidente del PNV alavés con Txitxo, Gerenabarrena, ocupa también un puesto de responsabilidad en Hazi.

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Este miércoles se han cumplido tres meses desde que el Tribunal Supremo lleva oficialmente deliberando sobre los recursos contra la sentencia en primera instancia de la Audiencia Provincial de Álava sobre el 'caso De Miguel', que es el mayor sumario de corrupción que ha habido en Euskadi y que se saldó con importantes penas de hasta trece años de cárcel para el principal acusado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel. La sala de lo penal del alto tribunal, sumida en otras labores en este tiempo como el caso de los ERE de Andalucía o las revisiones de penas a agresores sexuales en el marco de los cambios por la ley del 'sólo sí es sí', guarda un mutismo absoluto sobre este expediente y va echando por tierra todos los plazos previstos. La única certeza es que hasta el 9 de enero se ha abierto un período inhábil por las festividades navideñas, así que será solamente a partir de entonces cuando el Supremo retome su labor ordinaria. “Hasta 2023”, sintetiza una fuente consultada. “No hay ninguna noticia. Novedades cero”, confirma otro letrado.

Ello hará que la sentencia firme -aunque cabría la posibilidad de elevar recursos al Constitucional o incluso a Estrasburgo- llegue 14 años después de que se iniciara la investigación y 18 después de que De Miguel y sus compañeros dirigentes del Araba Buru Batzar Koldo Ochandiano y Aitor Tellería crearan la empresa pantalla Kataia Consulting, el epicentro de una trama de cobro de comisiones, blanqueo de capitales y manipulación de contratos públicos. En concreto, la empresaria Ainhoa Alberdi acudió en diciembre de 2009 a la Fiscalía para alertar de que De Miguel la estaba presionando para cobrarle una mordida de 100.000 euros tras haberle facilitado a su empresa un contrato en el parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria. En marzo de 2010 De Miguel, Ochandiano, Tellería, sus esposas, el socio de Alberdi -el constructor Jon Iñaki Echaburu- y el gerente de Miñano, el también peneuvista Alfonso Arriola, fueron arrestados por la Ertzaintza siguiendo instrucciones del juez Roberto Ramos. Fue entonces cuando De Miguel dejó la política. Cinco años después, en marzo de 2015, finalizó la fase de instrucción, que elevó por encima de la veintena los imputados después de que se destaparan otros negocios. Pero el macrojuicio no arrancó hasta enero de 2018. Acabó en diciembre de ese año y la primera sentencia condenatoria fue emitida en diciembre de 2019. Ahora se han cumplido tres años.

Ya aquel fallo rebajó las primeras penas por “dilaciones indebidas”. En concreto, se apuntaba a que en la “fase intermedia” entre el final de la investigación y el arranque del juicio, la magistrada María Eneida Arbaizar mantuvo dos años el expediente en 'stand by'. De hecho, incluso hubo que repetir un auto en el que simplemente se recogían las peticiones de pena contra los imputados por estar plagado de errores, 21 en total, como publicó este periódico en 2016. No es ni mucho menos el único gran caso relacionado con la corrupción que, en Euskadi, se ha visto condicionado por los retrasos de la Justicia. En el 'caso Margüello', en el que se investigaban externalizaciones irregulares de servicios sanitarios en la etapa del consejero Gabriel Inclán y que tenían como principal implicado al doctor José Carlos Margüello, las penas quedaron en mínimos. También en el 'caso Balenciaga', en el que se acreditaron las irregularidades económicas en la puesta en marcha del museo de Getaria dedicado al genio de la moda, ocurrió algo similar. En Gipuzkoa, en el caso de fraude fiscal en el que está imputado el exsenador y exdirector de Hacienda por el PNV Víctor Bravo son ya dos años sin noticias del recurso en segunda instancia, la Audiencia Provincial. En su caso, los hechos se remontan a 2007.

En el 'caso De Miguel', el Supremo tiene en sus manos una docena de recursos de quienes fueron condenados en primera instancia por un tribunal compuesto por los magistrados Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria. La sala que analiza este voluminoso expediente la componen Pablo Llarena como ponente y Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Juan Ramón Berdugo. Ante la negativa de la Fiscalía del alto tribunal a atender el criterio de los fiscales alaveses que llevaron el juicio, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, no hubo recursos para elevar las penas y, por lo tanto, la segunda sentencia solamente podrá decidir entre mantener tal cual el criterio de la Audiencia Provincial o rebajar total o parcialmente las condenas. Aunque caben recursos por vulneración de derechos fundamentales en instancias superiores, este fallo del Supremo sí será ya firme y, por lo tanto, ejecutivo. Ahora no será optativo que quienes reciban penas de cárcel entren a prisión. En primera instancia, hace ya tres años, se acordaron unas medidas cautelares como la prohibición de salir de España o la obligación de firmar en un juzgado periódicamente pero se estimó que era prudente esperar a los recursos antes de ordenar la entrada en la cárcel.

El Tribunal Supremo delibera desde este miércoles sobre la docena de recursos interpuestos contra la contundente sentencia emitida en 2019 por la Audiencia Provincial de Álava en el 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi y que toma su nombre del apellido del principal procesado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel. Recibió una pena de más trece años de cárcel -nueve de cumplimiento efectivo- por haber orquestado una trama en torno a la sociedad pantalla Kataia Consulting para cobrar comisiones, teledirigir contratos públicos o blanquear capitales. El expolítico, a quien todos apodaban Txitxo, continúa en su puesto en la sociedad pública del Gobierno vasco Hazi en el que le colocaron en 2000 y mantuvo con una excedencia. Durante el proceso judicial ha tenido al menos tres ascensos, percibe un salario de 52.000 euros y varias fuentes consultadas se sorprenden que cuando se dirigen a la Administración para que les financie proyectos su interlocutor sea el máximo implicado en una trama de corrupción.

Si el tribunal de primera instancia lo compusieron tres jueces -Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria-, la sala que ahora revisará la sentencia la componen cinco magistrados. Son Pablo Llarena como ponente y Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Juan Ramón Berdugo. Se han presentado una docena de recursos de casación por parte de las personas que resultaron condenadas del total de 26 imputados que se sentaron en el banquillo durante el juicio celebrado allá por 2018 excepto los que aceptaron las penas previo pacto con la Fiscalía. Precisamente este grupo, comandado por el que fuera socio y amigo de De Miguel Josu Arruti, dio detalles de cómo se pactaban y cobraban comisiones. Incluso devolvieron el dinero que les correspondía. La Fiscalía del Supremo no atendió la petición de los fiscales de Álava, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, que pretendían elevar algunas condenas que consideraban insuficientes y se ha limitado a defender que se mantenga en su totalidad el fallo de la Audiencia Provincial. El fiscal es Javier Zaragoza. Así, este trámite se saldará o bien con la misma sentencia pero ya firme y definitiva -lo que implicaría el ingreso en prisión de los afectados- o bien con una rebaja total o parcial, nunca con más penas.

Solamente una parte pidió que una vista precediera a la deliberación, pero ni la Fiscalía ni el grueso de las defensas lo estimaron oportuno. De este modo, la deliberación sobre el 'caso De Miguel' será a puerta cerrada. Ninguna fuente sabe precisar tampoco el plazo para que se emita el fallo, ya que es un sumario muy voluminoso y que requiere ir votando cada una de sus ramas y cada uno de los delitos. En el reciente caso de los ERE, un sumario en Andalucía que ha tenido un desarrollo casi paralelo a este expediente, el Supremo dio a conocer primero el sentido del veredicto y más tarde la sentencia. Es una posibilidad que ocurra algo similar ahora, aunque tampoco es preceptivo. Algunos letrados de las defensas aseguran que incluso hasta Navidad podría demorarse la publicación de la sentencia firme. Si hubiere votos particulares el calendario se alargaría.

La base de la estrategia de De Miguel ha sido la de cuestionar de raíz la investigación. Se ha llegado a acusar a la Ertzaintza de manipular pruebas. Si en primera instancia todo apuntaba a que se defendían argumentos con vistas en el Supremo y dando por perdida la primera vuelta -particularmente desde que se conoció que el político iba a declararse culpable pero que cambió de opinión a última hora-, ahora la insistencia en la vulneración de derechos fundamentales abre a que la batalla jurídica, aunque se pierda también en el Supremo, siga en el Constitucional o incluso en Estrasburgo.

Un caso originado en 2009

El 'caso De Miguel' se originó en diciembre 2009 cuando la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi presenta una denuncia en la Fiscalía de Álava después de que Txitxo le presionara para que le abonase una comisión de 100.000 euros. Aparentemente, su socio y constructor Jon Iñaki Echaburu, militante del PNV y contratista habitual de la Administración, pactó con De Miguel una mordida por un contrato en el parque tecnológico de Miñano en el que el político había intercedido aunque no tuviera allí ningún cargo con la aquiescencia de los cargos públicos. Aportó grabaciones y, en una de ellas, se escucha a Echaburu considerar las comisiones como algo “dentro de lo normal”. Se pueden escuchar aquí.

La investigación llevó pronto a Kataia Consulting, la empresa central de la trama. Sin actividad pero con movimientos económicos elevados, estaba controlada por De Miguel y otros dos dirigentes del PNV alavés, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Pero estaba a nombre de las esposas del trío. El primer ingreso de esa mercantil fue el pago de una comisión por un pelotazo urbanístico en Zambrana en el que también se implicó De Miguel. Situó como intermediario a Arruti y captaron a una promotora catalana, Construcciones Riera, para un plan estimado en 65 millones que luego se frustró. “Resulta ser que no te extrañas de que te pidan estas cosas. Mire, hemos abierto empresas en Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá, ... El primer día te esperan para lo que quieren cobrar. Esto era para dinamizar el proyecto, para poder mejorar o sacar los obstáculos que pueda haber en un proyecto de tanta importancia. Me dijo Arruti: 'Para la fluidez en las relaciones con la Administración sería conveniente tener alguien que ya conozco y tiene influencia'. Al final vas esperando a que se delate. 'Más o menos unos 160.000 euros para mí y 160.000 para otro señor'. Al final, cuando haces una inversión de tanto dinero 160.000 es mucho dinero pero quizás es poco si se puede estropear todo. ¿Me la juego o no me la juego? Es una mancha en mi vida el que yo haya pagado una comisión. Esto es muy grave. Pero, en fin, lo pensamos y dijimos 'Nos tiramos a la piscina. Vamos a pagar comisión y pagamos la comisión'”, declaró el empresario Francesc Fernández Joval. Y su socio Plàcid Casas añadió: “El País Vasco es una zona que no conocemos, una sociedad un poco más cerrada. Francesc me vino a decir que era imprescindible alguien que ayudara”. Recibido el primer pago de Zambrana, desde Kataia Consulting salió dinero para un Saab, para joyas y para viajes, así como para consumiciones en pubs o para una estancia en el balneario de La Perla en Donostia.

La empresa hermana de Kataia Consulting era Errexal. En este caso, se creó para captar contratos del área de Juventud del Gobierno vasco, liderada por Xabier Sánchez Robles. El primero era de 90.000 euros. Al frente de Errexal se situó a Iñaki San Juan, exedil en Leioa por el PNV. Había otra tercera sociedad que captaba contratos de Juventud, Ortzi Muga, con Josu Montés de administrador. Txitxo, Ochandiano y su esposa, Echaburu, Montés, San Juan, Arruti y Sánchez Robles eran todos de una misma generación que se conoció en EGI cuando la cantera del PNV estaba necesitada de savia nueva tras la traumática escisión de EA en 1986. Una de las condenas más elevadas en primera instancia la recibió Sánchez Robles (siete años de cárcel, al nivel de Tellería y Ochandiano). Le pesó haber presentado en el juicio como supuestas pruebas exculpatorias informes y documentos con sellos del Gobierno vasco para probar la legalidad de las adjudicaciones a las empresas de sus amigos y que éstas habían realizado los trabajos encargados. Esos papeles no constaban en los archivos de la Administración y, como publicó este periódico, los sellos tenían tipografía diferente a los auténticos y en un caso tenían como fecha un 29 de febrero de un año no bisiesto, un día que no existe.

Otro constructor y contratista, Prudencio Hierro, admitió también que pagó la reforma de la segunda residencia de De Miguel, en Gorliz, en la costa de Bizkaia. Explicó que siempre era buena hacer “favores”. El pacto para rebajar su pena implicó camuflarlo no como comisión o soborno sino como préstamo para que el político se ahorrara el IVA, aunque todos los indicios apuntan en el otro sentido.

La importancia del partido

Cuando estalló el caso y fue desposeído de sus cargos -era diputado foral en Álava-, tuvo una larga baja laboral investigada por la Seguridad Social. Después, De Miguel optó por Hazi de entre las dos excedencias en sociedades públicas que tenía. Se mudó de Vitoria a Gorliz. Ahora es allí donde reside y sigue trabajando para el Gobierno vasco. Su jefe en Hazi, tras la primera condena, ocultó en el Parlamento Vasco el verdadero salario de Txitxo. Era Asier Arrese, que llegó a comparecer como supuesto testigo imparcial durante el juicio para defender el buen nombre de De Miguel. Ahora este periódico está pendiente de que la entidad detalle la posición allí de De Miguel, si bien varias fuentes han explicado que es la persona responsable de decidir si el Ejecutivo financia determinados proyectos. El convenio de esta sociedad pública permitía haberlo despojado de sus funciones incluso con la primera condena por ser los delitos de tipo económico. Hay otros textos similares que explicitan que la pena ha de ser “firme” pero no es el caso.

En los últimos años, acudió al funeral de Xabier Arzalluz, histórico líder del PNV y del que se siente hijo político. Tiene muy estrecha amistad con el hijo de aquél, Asier Arzalluz, también de la misma generación de EGI y que llegó a estar investigado en este sumario por haber contratado también con la trama durante su etapa al frente de una entidad promotora del txakoli en Leioa, Mendibile Jauregia. Acudió igualmente al velatorio del exalcalde de Lapuebla de Labarca, Daniel Espada. Hace solamente unos días pudo saludar a sus excompañeros de partido en la fiesta de la vendimia de Lanciego, el pueblo de sus amores.

Quien también continúa en la Administración es Ochandiano. En su caso, sigue en las mismas funciones que ejercía cuando sucedieron los hechos, contable en el parque tecnológico de Miñano. Mientras la denunciante del caso lamentó en el juicio que no había podido volver a contratar con la Administración por haber alzado la voz -“se han vengado de mí hasta hoy”- San Juan y otro condenado, el arquitecto Sergio Fernández Oleaga, han cambiado el nombre a sus empresas Errexal y Stoa y siguen recibiendo adjudicaciones. En el caso de San Juan (cinco años de cárcel) lo hace en Leioa, su antiguo municipio, e incluso valiéndose de empresas de terceros. Alberdi se quejó también de que la única parte de la sentencia en que no se vieron acreditados los hechos fueron las “coacciones” que dijo haber sufrido hasta el punto de que De Miguel y Tellería llegaron a pedir el dinero al padre de la empresaria, al que conocían del partido.

Políticamente, aunque costó meses, el PNV consiguió que De Miguel, Tellería y Ochandiano entregaran su carné. El presidente era el ahora lehendakari, Iñigo Urkullu, y los imputados eran del sector más próximo a Joseba Egibar, líder en Gipuzkoa y portavoz parlamentario aún hoy. Este caso forzó una modificación de los estatutos para automatizar este procedimiento en casos graves. Sin embargo, Egibar no tuvo reparos en abrazar delante de las cámaras a Txitxo cuando acudió a comparecer en la comisión de investigación que sobre este caso inició el Parlamento Vasco o en defender que no se había enriquecido en ningún caso. Tras la primera sentencia, Urkullu pidió disculpas, como también Andoni Ortuzar, actual presidente del PNV.

Sin embargo, recalcan que el partido no estaba implicado en los hechos. La financiación del partido nunca se ha investigado -“pues no lo sé, ellos lo van a establecer”, se escucha a Echaburu en las grabaciones cuando Alberdi le pregunta si la comisión es para el PNV- pero la Audiencia Provincial sí remarcó la importancia de la militancia compartida y la influencia política e institucional para explicar los hechos. En Zambrana, la alcaldesa María Justina Angulo dejó hacer a Txitxo y Arruti “siguiendo indicaciones del ABB”, el Araba Buru Batzar, la Ejecutiva alavesa del PNV. “Accedió [...] por recomendación de una persona de influencia en su mismo partido político, siguiendo indicaciones del ABB, no olvidando que el puesto de alcaldesa tiene su origen inicial en una designación política de ese partido, llevada a cabo en el momento de confección de las listas municipales y existiendo un motivo claro de intentar seguir la indicación dada para evitar ser eliminada de las futuras listas electorales (supuesto de prevalimiento en casos de tráfico de influencias)”, destacó el tribunal, que empleó argumentos similares en otras derivadas del caso. Consultado por este periódico, el PNV ha declinado hacer comentarios sobre este caso.

Los responsables de las Prisiones vascas, ahora transferidas al Gobierno autonómico, investigan un posible suicidio de un preso de Basauri, según ha podido conocer este periódico de tres fuentes y ha confirmado después el consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria. Se trata del primer caso de estas características desde que Euskadi asumió la gestión de las tres cárceles vascas en 2021.

Según los datos facilitados por Zupiria, este recluso es un varón que ingresó el viernes en la cárcel en régimen preventivo. El fallecimiento se produjo este lunes por la tarde-noche. Participó con el resto de los reclusos del módulo a las 19.30 en la cena “con total normalidad” y a las “20.10”, cuando se le iba a entregar la medicación, lo hallaron sin vida en la celda.

Este martes, un amplia delegación del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, encabezada por la viceconsejera Ana Agirre y por el asesor de Prisiones Jaime Tapia, ha reunido de manera extraordinaria a todos los grupos en el Parlamento Vasco —Vox ha explicado que no les han invitado— para facilitarles la información disponible sobre el caso y comunicarles la activación de los correspondientes protocolos. Se trata —han incidido— de un fenómeno que desgraciadamente es habitual “en todo el mundo”.

“Ante esta situación se activó el protocolo de actuación, cuyo primer paso es avisar al Juzgado de Guardia para que la comitiva judicial, con el juez o la jueza y el equipo forense, proceda al levantamiento del cadáver. Posteriormente, se le comunicó a la familia y se le acompañó en todo el proceso; y, por último, se puso en conocimiento de la Inspección Penitenciaria del Departamento. Tanto la comitiva judicial como el equipo de Inspección Penitenciaria están realizando sus propios informes con el fin de averiguar las circunstancias del deceso e identificar las posibles mejoras que puedan introducirse en el protocolo existente. Lamentablemente, el riesgo de suicidio es una constante en todos los centros penitenciarios, máxime para aquellas personas que están en prisión provisional. Por ello, existe un protocolo de detección y de seguimiento, con población reclusa de confianza, que pretende impedir los suicidios”, ha informado el Gobierno.

Fuentes internas de la cárcel de Basauri indican también que, tras la transferencia, el personal es el mismo, las instalaciones son las mismas y los manuales de atención a los reclusos son los mismos, por lo que enmarcan lo sucedido dentro de las contingencias posibles dentro de la gestión carcelaria. Según fuentes penitenciarias, se trata del quinto posible suicidio en la cárcel de Basauri desde 2010. En los últimos años, además, habían trascendido casos similares en la mayor cárcel de Euskadi, la de Zaballa a las afueras de Vitoria.

“En aumento de la Justicia contra malhechores”. Con la frase recogida en el escudo de Álava ha querido iniciar Carmen Cotelo su mandato como nueva fiscal-jefe provincial. Es la primera mujer que lo logra y sustituye a Josu Izaguirre, que ha estado dieciséis años en el puesto y que se ha significado en casos de corrupción. Cotelo ha tomado posesión este viernes en un acto ceremonial celebrado en una sala de vistas -la misma que fue reformada para dar cabida al macrojuicio del 'caso De Miguel' impulsado por Izaguirre- y con un discurso en el que ha querido destacar la imbricación de la Fiscalía en la sociedad, con las mujeres, con los menores, con los “desvalidos”. “Álava y la Justicia siempre han ido de la mano”, ha solemnizado.

El acto se ha celebrado a mediodía en el Palacio de Justicia de Vitoria. A modo de tribunal, se han dispuesto en la mesa de presidencia la fiscal superior vasca, Carmen Adán, y los fiscales de Gipuzkoa y Bizkaia, Juan Calparsoro y Ana Barrilero, así como la presidenta de la Audiencia Provincial de Álava, Mercedes Guerrero. Han estado bajo el escudo de España y flanqueados por las banderas rojigualda e ikurriña. A la izquierda, se han colocado en tres filas la docena de fiscales de Álava, incluido Izaguirre. A la derecha, otra docena de magistrados de la plaza. Unos y otros han comparecido rigurosamente togados. Tras dar lectura al decreto de nombramiento, se ha ordenado al fiscal Manuel Pedreira, padrino de Cotelo, que la invitara a entrar a la sala, como así lo ha hecho. Ambos han realizado una salutación a los invitados mediante una reverencia. En las primeras líneas se han ubicado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, la viceconsejera Ana Aguirre, el presidente de las Juntas Generales, Pedro Elosegi, la diputada Itziar Gonzalo. y mandos de la Ertzaintza, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía de Vitoria y las Fuerzas Armadas, todos ellos uniformados. En el auditorio, entre otros, estaban también repartidos los familiares de Cotelo y un veterano magistrado, Jaime Tapia, que ahora es asesor del Ejecutivo.

“Soy la primera alavesa y eso me llena de orgullo y, como ven, de emoción”, ha pronunciado Cotelo, quien tras el acto se ha abrazado a algunas compañeras al modo de las futbolistas que anotan un gol. La nueva fiscal-jefe, hasta ahora especializada en menores, ha insistido en que “el ministerio fiscal nace por y para la sociedad” y que, además de acusar en los juicios, tiene funciones más desconocidas como las “tuitivas o de protección”. “Visitamos todas las residencias de ancianos en esta función no jurisdiccional”, ha puesto como ejemplo. Y, mirando a la consejera Artolazabal, ha destacado también el proyecto piloto Barnahus para atender a niños que han sufrido abusos.

Cotelo, que ha agradecido el trabajo de sus predecesores -“espero estar a su altura”-, ha apelado a la “cooperación”, al “plus” de trabajar “juntos”. Lo ha hecho en dos vertientes, una interna y otra externa. En la interna ha destacado que todos los 13 fiscales alaveses -y el personal funcionario- están a “disposición” del proyecto. Y, hacia el exterior, ha deseado seguir trabajando de la mano con otras instituciones y ha puesto el ejemplo de la coordinación con la Policía Nacional ante la crisis por la llegada de refugiados ucranianos como consecuencia de la guerra. Los presentes han aplaudido a Cotelo al finalizar el avto.

Adán, quien fue refrendada en su puesto para un segundo mandato el mismo día del nombramiento de Cotelo, también ha tomado la palabra y se ha detenido también en glosar la figura de Izaguirre. Ha destacado su “dedicación, esfuerzo y excelencia”, aunque ha añadido que “la limitación de los cargos es buena”: “Es bueno que haya renovación”. Después, ha definido a la Fiscalía como “una institución comprometida sólo con el interés público” y ha emplazado a todos sus representantes a “mantener la imparcialidad y objetividad ante cada uno de los casos”. “Cuenta con el apoyo especial de los fiscales-jefe de Bizkaia y de Gipuzkoa y, por su puesto, con el mío”, ha finalizado Adán, deseando buena ventura a Cotelo, quien se impuso a otros tres candidatos, Álvaro Delgado y los propios Izaguirre y Pedreira.

En el día en que se hace efectiva la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), se cumplen seis meses desde que Euskadi empezó a gestionar las Prisiones. “Nuestra andadura en gestión penitenciaria apenas se ha iniciado. Sabemos hacia dónde queremos dirigirnos, pero partimos de una herencia que no resulta fácil de gestionar. Los centros penitenciarios de Bizkaia y Gipuzkoa se encontraban en muy mal estado de conservación. Seguimos realizando obras sencillas pero imprescindibles para acabar con humedades, cubrir patios, ... Las cárceles trabajaban en un sistema que incluía a todas las cárceles dependientes del Gobierno central y nuestros centros penitenciarios ya no disponen de esas válvulas de escape para mover a los internos más conflictivos. Ahora trabajamos más en red con nuestros tres centros, pero estamos muy lejos de contar con un sistema integral que disponga, por ejemplo, de módulos de primer grado o de un número suficiente de recursos habitacionales para poder potenciar regímenes de semilibertad”, ha detallado como grandes problemas la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.

En una comparecencia este viernes en Vitoria, Artolazabal ha querido hace balance “transcurridos seis meses de la transferencia”. “La mejor noticia es que no hay noticias. No hay novedades llamativas entendidas como malas noticias”, ha señalado. Considera que es una “maratón” la nueva gestión y sí ha mostrado su optimismo por los “muchos avances en la dirección correcta”, tales como la atención a menores dependientes de presos, las políticas de Sanidad penitenciaria y adicciones, la colaboración con el poder judicial y hasta las líneas de autobús a los centros para facilitar el acceso. “Vamos dando pasos firmes que en los próximos meses darán frutos”, ha apostillado. Además, Artolazabal ha recordado que se cumplen ya tres meses de la puesta en marcha de Aukerak, que es el nombre que ha recibido la agencia para la “reinserción sociolaboral” de los reclusos.

En la comparecencia, Artolazabal ha estado acompañada del exmagistrado fichado como asesor para esta gestión carcelaria, Jaime Tapia, y por el director de Justicia, Eugenio Artetxe. Como gran cambio a corto plazo han presentado el borrador del plan de justicia restaurativa para el período 2022-2025. Se trata de una estrategia para ahondar en la fórmula de encuentros entre víctimas y victimarios -acompañados de mediadores profesionales- para hacer efectivo el reconocimiento de los delitos y de sus consecuencias y para reducir el riesgo de reincidencia. Euskadi bebe para ello de dos experiencias, una propia y otra de las cárceles cuando eran gestionadas por el Estado. La propia es la política de gestión de penas de menores, ya gestionada históricamente por el Gobierno autonómico y que ha tenido más de 1.800 procesos restaurativos exitosos, el 30% del total. La segunda es la denominada 'vía Nanclares', que toma el nombre de la vieja cárcel de Álava y en la que presos de ETA se reunieron con víctimas para pedirles perdón e iniciar procesos de reinserción.

“La justicia restaurativa pone el foco en la reparación de las consecuencias del delito, más que en el castigo. Da oportunidad a la víctima de expresar sus necesidades y participar en el modo en el que el victimario repare los daños. Y al victimario [le permite] tomar conciencia de las consecuencias del delito y de responsabilizarse. [...] El proceso restaurativo puede acabar con un encuentro entre víctima y victimario, pero no es imprescindible ni el único factor de éxito del proceso”, ha explicado Artetxe. No obstante, el plan busca ordenar un modelo que no tiene “estándares claros” por “falta de información en los operadores jurídicos” e incluso de un marco legal específico. Uno de los ejes de la estrategia es un “cambio cultural”, también en la sociedad, para pasar de un marco más punitivista a otro restaurativo.

Sobre el caso específico de la 'vía Nanclares', que de alguna manera se ha retomado en el presente, el plan expresa lo siguiente: “Entre 2011 y 2012 se instrumentaron encuentros restaurativos entre víctimas y personas condenadas por delitos de terrorismo de ETA que se habían desmarcado de su organización, habían asumido el daño causado y expresado su voluntad de contribuir a la reparación del mismo. Se desarrollaron doce encuentros completos, con una valoración muy positiva tanto por las víctimas como por los victimarios”. Un elemento diferencial de estos delitos terroristas es que las víctimas no solamente son los afectados directos: “Existen delitos que comportan un número indefinido de víctimas directas e indirectas, una macrovictimización que posiblemente requiera de enfoques diferenciados o complementarios, más allá del ámbito penal. En tales casos, como en el caso de fenómenos terroristas como el vivido en Euskadi, el tipo de reparación y su receptor puede ser diferente porque la victimización se produce en varios niveles, actuando a nivel de las víctimas directas, de las víctimas vicarias, o de los observadores u otras personas afectadas”.

La gestión de los presos de ETA también ha sido otro de los puntos de controversia en los últimos meses. La derecha ha cuestionado al Gobierno vasco al entender que se iba a valer de la nueva competencia de Prisiones para privilegiar a este colectivo. A finales de febrero, cuando había 84 exterroristas en las tres penitenciarías vascas, 160 presos 'comunes' habían cambiado antes de régimen con anterioridad. De los 84 reclusos que fueron miembros de ETA, una veintena ya estaban o en tercer grado o en libertad condicional cuando se produjo la transferencia. La normativa penitenciaria implica que, cada seis meses, el régimen interno de los reclusos sea revisado. 34 de los 84 han pasado por ese trance desde que es el Gobierno de Iñigo Urkullu y no el central el que gestiona Prisiones. En 26 casos se ha decidido mantener el grado y son ocho los que progresaron. Esta semana ha trascendido que solamente en un supuesto la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado estos cambios, el del exjefe de ETA 'Fiti', precisamente el supuesto que las asociaciones de víctimas habían dado por bueno por su avanzada edad.

El plan de justicia restaurativa -según Artolazabal, Tapia y Artetxe- tiene 18 objetivos y 77 acciones. Habrá una jornada internacional para explicarlo a principios de mayo y posteriormente el documento pasará al Parlamento. “Directamente en relación con la justicia restaurativa se contemplan en los presupuestos para 2022 una suma de 865.000 euros. Existen otras partidas de gasto de servicios de cooperación con la justicia que prestan programas de justicia restaurativa como en justicia juvenil o que coadyuvan a la justicia restaurativa (como SVGP o SAV) cuya cuantificación no se puede individualizar, como tampoco en el caso de las partidas de formación o gastos de funcionamiento o inversiones en locales e infraestructuras”, se lee en la documentación presentada por el Gobierno.