En febrero del año pasado Vanessa Romero, una concejala socialista de la localidad andaluza de Maracena, fue secuestrada en la puerta del colegio donde acababa de dejar a sus hijos. El secuestrador no era ningún extraño: era la pareja de la alcaldesa del municipio, también del PSOE. Mientras maniataba y encañonaba a la víctima con un arma de fogueo, un nombre se colaba entre los gritos y los llantos: Berta. Berta Linares, la alcaldesa.

El caso arrancó con una trama corrupta intentando dar un susto a una concejala díscola, hizo cumbre con la incriminación de la regidora tres días antes de las elecciones y ha vuelto al punto de partida: el único imputado es el supuesto autor del secuestro y todas las teorías que implicaban a Linares y otros cargos del PSOE en Andalucía han quedado archivadas. La regidora dejó el cargo tras ganar las elecciones y los pactos políticos llevaron al PP a la alcaldía de Maracena tras 16 años de gobierno socialista.

La documentación del caso dibuja una instrucción judicial partida en varios trozos y condicionada, desde el principio, por la confesión de Pedro G.R., autor del secuestro. En una de sus declaraciones confirmó punto por punto todo lo que relató la víctima: abordó a la mujer en la puerta de un colegio, subió en su coche fingiendo que necesitaba ayuda para llegar a una gasolinera, sacó una pistola y finalmente obligó a Romero a meterse maniatada en el maletero. Ella contó que salió del coche a patadas y varios testigos confirmaron el resto: cómo fue hallada en estado de máximo nerviosismo y ayudada por policías y por su hermano.

Todas las pruebas en torno al secuestro y la imputación de Pedro G.R., por el momento, coinciden a falta de un juicio que las confirme. Pero la declaración de la víctima y del acusado abrieron una segunda vía: la posible implicación de la alcaldesa Berta Linares, el concejal Antonio García y el entonces secretario de organización del PSOE andaluz, Noel López, en el secuestro. Las pruebas que en un primer momento fueron claves y creíbles para el instructor se fueron diluyendo al paso de la causa por instancias superiores hasta quedar, finalmente, en meras sospechas sin corroborar.

El nombre de la alcaldesa surgió por primera vez durante el propio secuestro. El acusado, según la víctima, no paraba de reprocharle su mala relación con la regidora, aunque no contestó cuando ella preguntó si Linares estaba al tanto de todo. Después de una confusión inicial en la que el crimen se atribuyó al exmarido de la alcaldesa y no a su actual pareja, otros testigos comentaron por WhatsApp que estaban convencidos de la implicación de la primera edil de la localidad. Ella, además, se había visto brevemente con el secuestrador después de los hechos. Para cuando la Policía llegó a su despacho ella ya sabía, dicen los investigadores, lo que había sucedido.

La tormenta judicial se desató con toda su fuerza contra la alcaldesa cuando el acusado del secuestro declaró en marzo de 2023. No se limitó a afirmar que los tres cargos socialistas estaban al tanto del secuestro, sino que dio detalles de cómo le habían encargado hacerlo. En enero de ese año, dijo, se reunió en la Taberna del Ángel de la localidad con los tres y le pidieron dar “un susto o un escarmiento” a la víctima. No solo eso, sino que justo antes de poner rumbo al colegio para secuestrar a Vanessa Romero se metió la cocaína que la propia alcaldesa le había dado. Y detrás de todo, sospechaban los investigadores, estaba un intento de los socialistas de tapar posibles irregularidades en varios casos de corrupción que afectaban a una gasolinera, un gimnasio o unos talleres y sus licencias.

Toda esta información llevaba desde el día del secuestro en manos del juzgado bajo secreto de sumario. Un secreto de sumario que se levantó el 25 de mayo de 2023, tres días antes de las elecciones municipales en las que el PSOE de Berta Linares aspiraba a revalidar la alcaldía del municipio. Ese mismo día el juzgado elevó todas estas pruebas al Tribunal Superior de Andalucía para que los tres fueran imputados. A pocos días de la cita con las urnas, las declaraciones del supuesto secuestrador fueron dadas por buenas y no faltaron, incluso, los reportajes desde la taberna maracenera donde se había decidido todo. El problema es que no fue así.

Confesión, imputación y elecciones municipales

Con el paso del tiempo las pruebas, a ojos del juez y de otros tribunales superiores, no avalaron casi nada de lo que había dicho. Ni sobre esa misteriosa reunión previa, ni sobre la cocaína ni sobre la supuesta trama corrupta que quería silenciar a la víctima para ocultar irregularidades. Sobre la cocaína, tal y como adelantó elDiario.es en Andalucía, un informe pericial que examinó sus muestras de cabello concluyó que ese día no se había drogado, contradiciendo lo que afirmó tajante en sede judicial.

Los tribunales andaluces, poco a poco, también fueron desinflando algunas partes de su escandalosa confesión, sin dejar de dar veracidad a la existencia misma del secuestro y a la declaración de la víctima sobre lo que pasó esa mañana. Por un lado, el 15 de junio del año pasado, el Tribunal Superior de Andalucía rechazó abrir una causa contra Noel López, diputado en el Parlamento andaluz y, por tanto, aforado. La razón: no es solo que no hubiera pruebas suficientes para demostrar su implicación, sino que el juez no había puesto en marcha diligencias para demostrarlo más allá de escuchar al acusado de perpetrar el secuestro.

Poco después, el 27 de junio, el juzgado de Granada tomaba la decisión de abrir una nueva pieza separada para investigar directamente si Berta Linares había instigado el secuestro de Vanessa Romero. Para entonces el proceso judicial había entrelazado sus caminos con la política: el PSOE había ganado las elecciones en la localidad, pero había perdido casi la mitad de los apoyos que tuvo en la última cita con las urnas. Linares había dimitido para facilitar un pacto que, finalmente, no se produjo: el PP se hizo con la alcaldía después de un pacto con Vox y otras dos formaciones más. El juez, poco después, pedía una batería de decenas de diligencias a la Guardia Civil.

El siguiente varapalo a la causa y a la confesión del supuesto secuestrador llegó el 30 de octubre, esta vez de la Audiencia Provincial de Granada. Los jueces archivaron entonces las piezas separadas que investigaban las supuestas irregularidades urbanísticas que la víctima quería destapar y que la alcaldesa y sus socios querían ocultar. El móvil del secuestro no fue, como dijo el acusado, una operación para tapar la corrupción en el consistorio de Maracena.

“Inexistencia absoluta” del encuentro para planear el secuestro

Para entonces el juez instructor del caso ya tenía encima de la mesa un informe de la Guardia Civil que, anexos incluidos, ocupa más de 250 folios. Y su última decisión llego ya este año, el pasado nueve de enero: dejar a Pedro G.R a las puertas de juicio por perpetrar el secuestro y archivar el caso contra la exalcaldesa y el concejal. Ni una sola prueba del procedimiento ha avalado la confesión del supuesto secuestrador, que meses atrás sí mereció credibilidad suficiente como para abrir piezas separadas y pedir la imputación de Berta Linares a pocos días de los comicios.

El juez reconoció en ese auto que toda esa línea de investigación se basó única y exclusivamente en la declaración del acusado. Habla en la resolución de unos indicios “inexistentes” sobre “la presunta inducción”. Traducido del lenguaje judicial, no existía ninguna prueba que implicara a Berta Linares y Antonio García en el secuestro de la víctima. El resto de indicios sobre los encuentros y las llamadas habían pasado de impulsar una acusación a tener, como mucho, “una mera eficacia coadyuvante” como prueba.

El resultado es que en 11 meses la causa ha pasado de investigar un secuestro dentro de una trama corrupta del Ayuntamiento de Maracena a investigar el secuestro, dejando por el camino un reguero de cadáveres políticos que, a día de hoy y a falta de posibles recursos, no están acusados de nada. El secreto de sumario se levantó pocos días antes de los comicios y el juez, sin pruebas suficientes según ratificó el TSJ de Andalucía, pidió una imputación del número tres del PSOE andaluz de la que nunca más se supo.

El caso ahora se encuentra cerca de juicio. El último auto del instructor acusa a Pedro G. R. de un delito de detención ilegal, dos de amenazas, otro leve de lesiones y uno más de lesiones psíquicas por secuestrar a Vanessa Romero y por las secuelas que el crimen ha tenido para la víctima. Esto implica que, salvo cambio de criterio por parte de los tribunales, ni la alcaldesa ni el concejal se sentarán finalmente en el banquillo por un caso que marcó la campaña de las últimas elecciones en el municipio.

Ana Carmen Mata (PP) es la nueva alcaldesa de Mijas (Málaga, 89.502 habitantes), tras triunfar la moción de censura articulada por los populares, Vox y el concejal no adscrito Juan Carlos Maldonado contra Josele González (PSOE), al que sostenían los socialistas, Ciudadanos y el propio Maldonado. El PP completa un dominio absoluto en la Costa del Sol y la provincia, que incluye los diez municipios con más habitantes, y el PSOE pierde su último gran reducto malagueño y el tercero de los más poblados de los que hasta ahora gobernaba en Andalucía. Mijas es el tercer municipio por población de Málaga y 15º de Andalucía. Para Vox, supone entrar en el gobierno de un gran municipio andaluz por primera vez.

Mata es la primera alcaldesa en la historia del municipio, marcado en la última década por las turbulencias políticas. En Mijas se han sucedido pactos, traiciones, denuncias (incluyendo alguna falsa) y vendettas, hasta desembocar en la moción de hoy, en la que logró el voto del decisivo del decimotercer edil. El cambio de rumbo de Juan Carlos Maldonado, que hace apenas tres meses apoyó a González, ha sido determinante. Los socialistas creen que será recompensado por el PP, como ya ocurrió con el tránsfuga Juan Cassá.

Lo que pasa aquí, admiten todos, es diferente, y tiene mucho que ver con el peso de Juan Carlos Maldonado y, hasta ahora, Ángel Nozal, el factótum histórico del PP local, hoy teóricamente sin peso orgánico en el PP, pero sentado en primera fila.

La amnistía como argumento

Teóricamente, la moción se articula por cuestiones locales, pero la nueva regidora, el portavoz de Vox y el propio Maldonado fueron más allá para justificarla, citando la situación política nacional como aspecto clave. Maldonado, con pasado en Ciudadanos y PSOE, y expulsado de Por mi Pueblo en junio precisamente por negarse a apoyar al PP, fue el más explícito. “No quiero ocultar que [la amnistía impulsada por el PSOE y otros grupos parlamentarios] ha tenido una influencia decisiva y definitiva”, dijo, mientras los ediles del PSOE ponían cara de asombro. “Un ser humano vale no por lo que dice, sino por lo que hace”, y entonces los socialistas rieron abiertamente.

Mata defendió la moción apelando, primero, a su legitimidad: Vox, PP y Por mi Pueblo (por el que se presentó Maldonado) sumaron en torno al 46% de los votos el 28 de mayo, un porcentaje en realidad similar al que sumaba la anterior formación de gobierno. Las elecciones las ganó el PSOE, y la diferencia de la suma PP-Vox y PSOE-Ciudadanos fue de dos puntos porcentuales a favor de los primeros.

El segundo argumento fue la supuesta opacidad en torno a las cuentas municipales. En 2022, se abonaron 32 millones de euros con reparos del interventor, servicios en precario y facturas y expropiaciones sin pagar. El alcalde saliente aseguró que el Consistorio tiene deuda cero y un remanente de 120 millones de euros, que ya estarían comprometidos, según el PP.

Además, Mata atacó al alcalde saliente por, según dijo, usar el Ayuntamiento como trampolín político, afeándole la visita de Pedro Sánchez al Cala Mijas Fest. “El Ayuntamiento no puede ni debe ser usado como ariete para confrontar ni como escudo para las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez”, dijo la alcaldesa, que a continuación criticó “algunas” de esas decisiones de ámbito nacional: “Son indefendibles: los mijeños no están a favor de la amnistía”.

“Hay personas que tienen precio”

Mata avanzó que asumirá las competencias de Igualdad, un previsible flanco débil por su dependencia de Vox. Emocionado, el portavoz del partido ultra, Juan Carlos Cuevas, tuvo que dejar de leer su discurso.

Amadrinada por Esperanza Oña, y durante años edil en Fuengirola, Mata defendió que no es una “paracaidista”. “Pasa por encima de todos sus compañeros para colocarse la primera. Detrás de todo esto está larga mano del PP de Málaga y Andalucía”, denunció el exalcalde González, que denunció que la moción no tiene “causas reales”, sino el “reparto de cargos”. Los socialistas creen que la moción se ha urdido a nivel provincial y andaluz, y ven tras ella la mano de Elías Bendodo.

La nueva regidora llega al cargo saltando directamente del número seis en las listas a la candidatura, lo que ha permitido evitar no sólo a Nozal sino a su núcleo duro. De ahí que los socialistas lo califiquen de “doble traición”. “Es un asalto a golpe de chequera, comprando voluntades para okupar el sillón de alcaldía”, dijo Roy Pérez, concejal del PSOE: “Hay personas que tienen precio y chaquetas de todos los colores, y si tienen precio, siempre hay alguien dispuesto a comprar con dinero de todos. Estaremos vigilantes para ver cómo se paga”.

Concejal no adscrito y ¿fuera del gobierno?

Más allá de la alcaldesa, el gran protagonista del Pleno fue Juan Carlos Maldonado, exalcalde, exPSOE, exCiudadanos, ex Por mi Pueblo, exsocio de PSOE y Ciudadanos, y ex enemigo del PP, y ahora socio de PP y Vox, y teóricamente no adscrito, aunque a estas alturas ya no se sepa muy bien.

Blandiendo un informe del secretario, el equipo de Gobierno saliente había maniobrado en las semanas previas a la moción para arrojar de vuelta al PP el argumento al que se abrazaban los populares hasta hace dos semanas y del que ahora rehúyen. A saber: que, dado que Por mi Pueblo había expulsado a Maldonado, al concejal veleta hay que catalogarlo como no adscrito. Y esto, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, le inhabilitaría para asumir alguna responsabilidad en el nuevo gobierno de Ana Carmen Mata. Quedarse sin la tenencia de Alcaldía y la delegación de Economía y Comercio que ocupaba con el PSOE y Ciudadanos en un gobierno de PP y Vox, precisamente propiciado por él, va a ser para Maldonado un trago difícil de digerir.

Ocurre que el PSOE ha abrochado su venganza con un informe jurídico que deja poco margen para la duda. Según ese documento, firmado por el secretario del Ayuntamiento el pasado 24 de octubre, Maldonado es concejal no adscrito desde el 16 de junio, fecha en la que el partido por el que concurrió a las elecciones (Por mi Pueblo) presentó un escrito solicitándolo.

Da igual, dice el secretario, que el Pleno solo “tomara razón” de esa condición el pasado 25 de octubre, justo cuando Maldonado dejó de ser aliado del PSOE y Ciudadanos, para convertirse en socio de PP y Vox. Da igual que ahora Por mi Pueblo haya presentado un escrito de urgencia informando de su reconciliación con Maldonado. Da igual que el partido que pidió por escrito que se le considerara no adscrito (el PP), ahora se desgañite para lo contrario, y que el partido que hasta ahora lo integró en el gobierno como si no lo fuera (el PSOE) ahora exija su repudio.

La consideración de no adscrito tiene otra consecuencia que puede alterar el próximo gobierno: es irreversible, aunque el secretario admite que hay dudas. Maldonado pasó a ser no adscrito antes de que se constituyera el Pleno, y eso hace que el caso sea tan singular que no hay precedentes.

Una década de enredos

En realidad, este entuerto da continuidad a casi una década de enredos en Mijas. La enemistad de Maldonado con Ángel Nozal (PP) desde que traicionó su pacto (en 2015) ha marcado la política municipal. Tras romper con Nozal, que le declaró su rivalidad eterna, Maldonado fue alcalde con un gobierno Ciudadanos-PSOE-Costa del Sol Sí Puede; Ciudadanos-PSOE; y, finalmente, solo Ciudadanos. Durante meses, gobernó un municipio con cien millones de presupuesto con cinco concejales sobre veinte posibles. Y en un mandato (2015-2019), Mijas conoció cuatro gobiernos distintos.

El mandato 2019-2023 fue el de la reconciliación PSOE-Ciudadanos (todavía con Maldonado), gracias a su animadversión común por Nozal, quien a su vez fue expedientado por el PP por negarse a dar su voto a Maldonado. Finalmente, el propio Maldonado se marchó de Ciudadanos cargando contra su antiguo partido, hasta el punto de que dejó de hablarse con sus excompañeros de grupo municipal.

Pero aún guardaba una (o varias) vidas políticas. Se enroló en Por mi Pueblo, y el pasado mayo obtuvo el acta de concejal decisiva para decidir el gobierno municipal. Contra el criterio de Por mi Pueblo, optó por el PSOE y Ciudadanos. Tres meses después, cambió de criterio y volvió al redil. Entre medias, se marchó Nozal, y el PP puso al frente a Ana Carmen Mata, ajena al núcleo duro del enemigo íntimo de Maldonado. 

De la relevancia de la moción daba cuenta la nómina de cargos en el salón de Plenos y en el patio del Ayuntamiento, donde se habilitó una pantalla. Estaban José Ramón Carmona, presidente del PP malagueño, para felicitar a la alcaldesa entrante; Daniel Pérez, secretario general provincial del PSOE, para ayudar en el trago al alcalde saliente; el portavoz en el Parlamento andaluz de Vox, Manuel Gavira, para sellar su primer gran éxito municipal en Málaga; militantes de Ciudadanos para arropar a José Carlos Martín y los otros dos ediles en la despedida del poder municipal; y algunos fieles que aplaudieron con fervor la intervención de Maldonado, quien, desde 2015, tiene la llave de todo en Mijas. 

Una vez celebradas las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, el siguiente paso será formar los diferentes gobiernos autonómicos. Y, mientras que los ayuntamientos se constituirán y certificarán la elección de los alcaldes y alcaldesas el 17 de junio, los parlamentos autonómicos no tienen siempre las mismas fechas. En algunas comunidades, ni siquiera está establecido cuándo será la fecha de investidura, por lo que varios líderes autonómicos podrían no negociar sus pactos ni tomar posesión hasta después de las generales del 23J.

Solo en aquellos casos en los que los aspirantes ganaron por mayoría absoluta, como en el caso de la Comunidad de Madrid o Castilla-La Mancha, se podría elegir al presidente autonómico en primera votación de investidura. Pero aquellas que requieran un pacto, como Aragón, Balears, Extremadura, Murcia o Navarra, podríamos no conocer al líder autonómico hasta una vez celebradas las elecciones generales.

Cómo funciona el proceso de constitución de los gobiernos

Las nueve comunidades que ya tienen fecha 

Se trata de las comunidades autónomas que establecieron esas fechas en los decretos de convocatoria que publicó el Boletín Oficial del Estado el pasado 4 de abril.

Las excepciones de Asturias, Balears y Extremadura

Ninguna de estas Comunidades Autónomas ha establecido una fecha exacta para la conformación del parlamento, pero aún así cuentan con un plazo máximo desde el momento en que se celebran las elecciones, en este caso el 28 de mayo. Estos son los plazos y cuándo acaban:

Las peculiaridades de cada comunidad autónoma

Ciudadanos desaparece y con él se van los que han sido sus máximos referentes: Albert Rivera, su fundador, en 2019; y ahora sigue sus pasos quien le sustituyó hace apenas dos años y medio, Inés Arrimadas. El primero dimitió tras la debacle a la que arrastró al partido en aquellas fatídicas elecciones generales, cuando pasaron de 57 diputados a solo 10. El batacazo del 28M ha conducido a Arrimadas a la misma decisión.

Sin representación en todos los parlamentos regionales y con solo algunos concejales en los ayuntamientos, la nueva dirección, alentada por la propia Arrimadas, decidió el pasado martes no concurrir a las próximas generales, adelantadas por Pedro Sánchez al 23 de julio. “Es una decisión que no solo comparto plenamente, sino que he defendido con firmeza en todos los órganos de decisión de mi partido. Es una decisión difícil, pero es la decisión más responsable para España y más inteligente para el espacio de centro liberal en nuestro país”, ha afirmado Arrimadas en su despedida, certificada este jueves en una breve comparecencia en el Congreso en la que no ha admitido preguntas.

Con su marcha, Arrimadas (Jerez de la Frontera 1981) echa simbólicamente la persiana a un partido que pudo llegar a gobernar y que, sin embargo, debido a sus reconocidos errores de estrategia, se ha ido poco a poco desmoronando hasta estar a punto de desaparecer. En estos momentos la formación que se hace llamar ahora “liberal” solo mantenía 10 diputados nacionales y un senador, que al disolverse las Cortes se han quedado sin ocupación y tendrán que plantearse ahora qué hacer.

Aunque gran parte de su trayectoria política ha estado ligada a Catalunya y después a Madrid, los orígenes de Inés Arrimadas son andaluces. Nació en Jerez de la Frontera en el seno de una familia acomodada en la que era la menor de cinco hermanos. Allí pasó su infancia y siguen residiendo sus padres. Y allí ha vuelto a vivir con su marido y sus dos hijos, tal y como desveló ella misma la pasada Semana Santa en su cuenta de Instagram, a la que subió una fotografía viendo una procesión. Esa marcha a su tierra natal ya era todo un síntoma de sus planes.

La vida política de Arrimadas nace en Catalunya, donde comenzó su andadura de la mano de Albert Rivera, quien en 2006 con “un grupo de valientes”, como siempre le ha gustado decir, impulsó Ciutadans, un partido que nacía “para combatir al nacionalismo” y “defender los valores constitucionales y la unidad de España” frente al separatismo. En 2011 se afilió al partido y un año después consiguió un escaño por Barcelona en el Parlament compartiendo la bancada de la oposición con Rivera.

Sus encendidas intervenciones parlamentarias contra los nacionalistas e independentistas pronto la hicieron despuntar, hasta que en 2015 Rivera decidió dejar Catalunya e irse a Madrid para expandir a Ciudadanos por toda España. Arrimadas aprovechó el momento y tras ser designada candidata a la Generalitat, logró catapultar al grupo hasta los 25 escaños y llevarles a su gran victoria en las elecciones autonómicas de 2017, todo un hito histórico ya que con sus 36 diputados logró ser la primera fuerza del Parlament, por delante de CiU y ERC. Pero al no contar con apoyos no se presentó siquiera a la investidura, una decisión que le reprobaron muchos de los suyos.

En 2019, con Ciudadanos ya asentado como un partido nacional, y tras los intentos de Rivera de cerrar un pacto con el PSOE de Pedro Sánchez y materializar después uno con el PP de Mariano Rajoy, la dirigente catalana empezó a manifestar síntomas de agotamiento como diputada autonómica en Catalunya y presionó a Rivera para dar el salto también a Madrid. Arrimadas logró su objetivo y desplazó al portavoz parlamentario Juan Carlos Girauta como cabeza de cartel por Barcelona para concurrir en abril a las elecciones generales. Instalada ya en el Congreso fue nombrada portavoz parlamentaria de un grupo de 57 diputados.

Pero el tsunami de la repetición electoral de noviembre de ese mismo año se llevó por delante a Albert Rivera, que dimitió dejando al partido con una decena de escaños, que tras la fuga al Grupo Mixto del sevillano Pablo Cambronero, se quedó finalmente en nueve. Después de enfrentarse en unas duras primarias a Francisco Igea, Arrimadas cogió el testigo de un partido medio moribundo en una Asamblea extraordinaria que tuvo que posponerse por el estallido de la pandemia.

Durante esos meses en los que el Congreso estuvo primero cerrado y después con una mínima actividad, Arrimadas y Edmundo Bal –que tras la dimisión de Rivera ocupó su escaño por Madrid– cambiaron de estrategia y apoyaron tanto los estados de alarma como las medidas económicas que adoptó el Gobierno de Sánchez, salvándole incluso de alguna derrota. Y ahí estalla la primera gran crisis de su mandato. El grupo se resquebrajó y Marcos de Quinto se fue entre duras críticas a la portavoz.

Sin embargo, la buena sintonía de Arrimadas y Bal con el Gobierno “Frankenstein” y “la banda de Sánchez”, como le había bautizado Albert Rivera, acabó pronto, después de los frustrados intentos de ambos de negociar los presupuestos generales del Estado de aquel año para evitar que el presidente del Ejecutivo “no tuviera que depender de Bildu y ERC”. A partir de ese momento la dirigente de Ciudadanos endureció su discurso contra el líder del PSOE dando por enterrada aquella etapa de “colaboración”.

La tranquilidad le duró poco y su liderazgo se le empezó a complicar a raíz del primer gran fracaso electoral sufrido en las elecciones catalanas de 2021, cuando perdieron 30 diputados, quedándose tan solo en seis. Pero se le complicó mucho más tras la fallida moción de censura que preparó en Murcia contra el propio gobierno que mantenía su partido con el PP. Un error estratégico que fracasó y que precipitó el adelanto electoral en Madrid por parte de Isabel Díaz Ayuso, lo que propició la desaparición de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.

A eso se unió otro fracaso: el cosechado en Andalucía donde gobernaban en coalición y de donde también desaparecieron del Parlamento autonómico, mientras veían cómo el candidato y líder regional, Juan Marín, fichaba por el nuevo Gobierno del dirigente del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla. Las voces críticas que reclamaban la dimisión de Arrimadas fueron creciendo y aumentaron mucho más cuando el partido acumuló una nueva derrota en Castilla y León, al mantener un solo procurador, Francisco Igea, su antiguo rival en primarias para optar por la presidencia de Ciudadanos.

Arrimadas intentó arreglar el penoso escenario impulsado el llamado proceso de “refundación”, desoyendo los numerosos llamamiento de los críticos a que se marchara a casa con toda su dirección. La situación terminó con el enconado duelo que mantuvo con Edmundo Bal, en la cruenta batalla que ambos libraron por hacerse con las riendas de un partido que ya estaba sentenciado en todas las encuestas. Arrimadas aparentemente dio un paso atrás no presentándose al proceso y apoyando la candidatura del eurodiputado Adrián Vázquez y la dirigente balear, Patricia Guasp. Su otrora fiel escudero y colaborador perdió el pulso pero el partido –y sobre todo el grupo parlamentario– quedó dividido, partido en dos.

El colofón a su abrupta trayectoria quedó escrito el pasado 28M, cuando el partido se quedó sin representación en los dobles comicios municipales y autonómicos. Muchas miradas volvieron a posarse aquel día sobre Arrimadas, a la que el propio Bal ha acusado de estar manejado los hilos del partido desde la sombra y de ser la culpable de todo. La decisión de no concurrir a las generales del 23J, auspiciada por la exdirigente de Ciudadanos, puso este martes la puntilla a la enésima crisis de Ciudadanos con Bal e Igea capitaneando de nuevo a los críticos, que no descartan impulsar otro partido.

Este jueves, Arrimadas decía adiós a su carrera política de más de una década en Ciudadanos. “He decidido poner fin a mi vida política e iniciar una nueva etapa al margen de ella, tras dedicar los mejores años de mi vida a servir a mi país. He tenido errores y aciertos, pero siempre he tomado las decisiones pensando en lo que era mejor para mi país”, aseguraba, conteniendo las lágrimas, en una comparecencia en el Congreso, en la que ha reconocido que los años que le ha tocado vivir como dirigente del partido no han sido precisamente “fáciles”. Por si había dudas, la ya exdirigente de Ciudadanos ha dejado claro en conversaciones informales con los periodistas que no se va al PP ni la veremos en ninguna de sus listas electorales.

Giro inesperado. Mal menor. Cambio de guion. Movimiento desesperado… Llámenlo como quieran, pero la decisión de  Pedro Sánchez de convocar elecciones anticipadas el próximo 23 de julio, para sorpresa de propios y extraños, tiene como objetivo sacar al PSOE, y también a la opinión pública, del marco de la debacle y bloquear de paso el debate interno en su propia organización. “Lo contrario hubiera desangrado desde hoy mismo al socialismo”, defiende un socialista ya retirado de dilatada experiencia orgánica. 

La finta está en los mejores capítulos del Ala Oeste de la Casa Blanca y también en No pienses en un elefante, de George Lakoff, el mejor manual escrito sobre la construcción de encuadres políticos. Cambiar el marco significa también cambiar la forma en que la gente tiene que ver el mundo, en este caso los catastróficos resultados de la izquierda en las elecciones locales y regionales. Y lo que Sánchez pretende es que esa izquierda social, rezagada o decepcionada, se fije no tanto en la estrepitosa derrota sino en el avance de una ultraderecha que con la marca Vox ha triplicado el número de concejales, ha irrumpido con fuerza en los parlamentos autonómicos y se ha convertido en actor decisivo para la gobernabilidad en alcaldías y gobiernos regionales. La Moncloa quiere que el electorado “tome conciencia de lo que está en juego: o quedarse en casa mirando o que una derecha envalentonada tras el inapelable éxito del 28M acabe con una mayoría absoluta de PP y Vox en el Gobierno de España”.

Su comparecencia ante la escalinata de la Moncloa no daba lugar a equívocos: “He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales. Muchos presidentes y alcaldes socialistas con gestiones impecables se van a ver desplazados, incluso a pesar de ver aumentado su apoyo. Esas instituciones pasarán a ser gobernadas por el PP y Vox. El sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato a la voluntad popular. El Gobierno ya ha sacado adelante las grandes reformas comprometidas. Nuestro país se dispone a desempeñar una responsabilidad muy importante como es la presidencia de turno del Consejo de la UE. Todo esto aconseja una clarificación de los españoles sobre quién debe liderar esta fase. Y sólo  hay un método infalible: la democracia. Lo mejor es que los españoles tomen la palabra para definir sin demora el rumbo político del país”.

La gestión no movilizó al electorado

Hasta los socialistas que no estaban al tanto del giro inesperado admiten que en las palabras de Sánchez, “que al menos asumió la responsabilidad en primera persona”, están todas las claves. Cuestión distinta es que todos la compartan porque hay dos derivadas en la fecha elegida para la convocatoria que pueden no resultar del todo favorables a los intereses de la izquierda. La primera, que pilla en pleno periodo estival y con media España de vacaciones. La segunda, que la depresión profunda en la que entraron desde el mismo domingo por la noche la militancia y los cargos orgánicos pueda animar a la movilización que busca el presidente. Habría además otras: que la alerta antifascista no sirvió en otras ocasiones y que algunos medios de comunicación han conseguido blanquear al neofranquismo con éxito ante la opinión pública.

En el entorno del presidente reconocen que la gestión y las políticas sociales “no han servido para movilizar a la izquierda en estas elecciones”, si bien entienden que aguardar hasta diciembre para celebrarlas hubiera sido una “agonía diaria”, con o sin Podemos dentro del Gobierno. Esto lo entienden hasta los más críticos –que ya empiezan a proliferar como las setas– del PSOE, donde todas las miradas están puestas sobre el presidente, sus socios de coalición y los aliados parlamentarios. En los diferentes territorios convergen además en que con este último movimiento, con el que Sánchez pretende alargar su leyenda de ave fénix para renacer otra vez de sus cenizas, bloquea el debate interno y la posibilidad de que los socialistas vivan otro 1-O como el de aquel Comité Federal en el que se abrieron en canal en directo para todas las televisiones y Sánchez tuvo que dimitir, empujado por todos los tótems y el poder territorial del socialismo.

Un debate ideológico en el PSOE

Si en julio el PSOE sale del Gobierno y se confirma el pronóstico del PP del cambio de ciclo, los socialistas deberán afrontar una auténtica catarsis además del debate ideológico no resuelto desde hace siete años. Sus cónclaves desde que Sánchez tomó las riendas sólo han tenido como orden del día las odas al líder y un reparto sistemático del poder orgánico. Precisamente el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, fue el primero en descifrar en “clave interna” el movimiento de Sánchez. “Un cálculo interno ante posibles reacciones del PSOE”, dijo. 

“Ha hecho lo correcto. No debía soportar ni un día más de desgaste”, respondían desde el entorno del presidente, donde son conscientes de la afición del socialismo por las turbulencias internas cuando vienen mal dadas, pero rechazan que la decisión tenga que ver con las habituales convulsiones del socialismo ante derrotas de dimensiones desproporcionadas. Los mismos interlocutores confían en que Sumar, el espacio político de Yolanda Díaz, y Podemos cierren cuanto antes su coalición para las generales, se dejen de cacofonías y hagan un análisis detallado de los resultados en su espacio.

No parece que Díaz se haya puesto a ello de inmediato, ya que toda su interpretación –resumida en un tuit– ha sido decir que ha ganado “la España negra de Feijóo”. Y tampoco los morados, cuya secretaria general se ha limitado a pedir unidad y anunciar que trabaja para que “este espacio se presente unido y salgamos a ganar, a gobernar con más fuerza” como si no hubiera tenido ocasión de hacerlo antes y evitar la debacle.

Y mientras las izquierdas se desmoronan, las derechas celebran los resultados y calientan para la próxima campaña. Abascal mete prisa a Feijóo para negociar con el PP su entrada en los gobiernos y los de Génova podrían dar largas hasta después de las generales para no acusar el desgaste de una alianza global con la ultraderecha. Por eso, un pletórico líder del PP pidió ayer una “mayoría clara, incontestable y contundente” porque cinco años de “gobierno del PSOE con Podemos, Bildu y los independistas ya han sido suficientes”.  

Si la convocatoria electoral para las generales pilló con el pie cambiado a las derechas no lo proyectaron en sus comparecencias públicas. Es más, defendieron al unísono que es la única buena decisión que ha tomado Sánchez en estos años. Los cálculos de La Moncloa es que con una extrapolación de los datos de las municipales la suma de PP y VOX no llegará a los 176 escaños de la mayoría absoluta y que, sin más aliados a la vista, será complejo que formen gobierno. Claro que las proyecciones monclovitas las han hecho los mismos que ante las locales y autonómicas afirmaban que el PSOE conservaba todos los gobiernos que obtuvo en 2019. 

Más allá de lecturas erróneas, lo que es obvio es que a giros de guion no hay quien gane a Pedro Sánchez. Lo que está por determinar ahora es cómo saldrá de este último.

Apenas una década después de iniciar su expansión nacional, Ciudadanos certifica su desaparición a nivel territorial. El partido que Albert Rivera fundó en 2006 se queda fuera de los 12 parlamentos autonómicos en los que se han celebrado elecciones y de los ayuntamientos de las principales ciudades. Solo conserva poco más de medio millar de los casi 2.800 concejales que logró hace cuatro años y se ha dejado más de un millón y medio de votos respecto a esa cita electoral. La formación que se hace llamar ahora “liberal” pierde su representación en el Ayuntamiento de Madrid, último baluarte del partido. Ciudad Real y Segovia, con solo un edil, son las únicas capitales de provincia en las que obtiene representación.

La derrota sin paliativos que han dibujado las urnas contrasta con sus resultados de mayo de 2019, cuando obtuvo representación en todos los parlamentos regionales en donde se celebraron comicios e incluso consiguió cerrar numerosos pactos de gobierno. A nivel municipal, en 2019 Ciudadanos obtuvo 2.789 concejales y cerró acuerdos con el PP en los ayuntamientos de Madrid, Zaragoza, Málaga, Murcia, Córdoba, Teruel y Alicante. Además, consiguió el bastón de mando de Granada y Palencia, así como la Presidencia de Melilla. Ahora, todo ese poder autonómico y municipal se ha diluido. 

En esa cita electoral de hace cuatro años, el partido estaba todavía en manos de Rivera, que dimitió meses después, en noviembre, tras la debacle en las generales después de su decisión de decantarse por el PP como “socio preferente” mientras vetaba al PSOE. Desde entonces, el partido ha ido en caída libre elección tras elección. El panorama actual es de total descomposición, con las urnas apuntando a un trasvase de los votos al PP, en la línea de la fuga de cargos y dirigentes al principal partido de la derecha experimentada en los últimos meses.

El primer examen de la dirección que tomó las riendas el pasado enero con Adrián Vázquez y Patricia Guasp no ha podido tener un resultado peor. Las urnas han apuntalado este 28M el escenario de descalabro en el que está instalado el partido desde las últimas elecciones generales. A nivel nacional, Ciudadanos pasó entonces de 57 a sus actuales diez diputados en unos meses. La debacle se extendió después a las elecciones de Andalucía, Madrid y Castilla y León, donde había cerrado gobiernos de coalición. También perdieron el poder en Murcia, tras fracasar la moción de censura. 

Especialmente llamativa es la caída en territorios donde el partido había obtenido en 2019 algunos de sus mejores resultados y en los que ahora se queda fuera. Es el caso de la  Comunitat Valenciana, donde hace cuatro años fue tercera fuerza con el 17% de los votos y 18 parlamentarios. O de Aragón, donde la candidatura bajo la nueva marca Tú Aragón ha perdido los 12 asientos que tenía en Las Cortes. En ambas autonomías, el descalabro de Ciudadanos coincide con un claro aumento del Partido Popular, que podrá gobernar si pacta con la extrema derecha de Vox. 

En las principales ciudades por población, la formación obtiene también unos resultados nefastos. En Madrid, a pesar de que algunas encuestas situaban a Ciudadanos en la barrera del 5%, finalmente ni siquiera ha llegado al 3%. Villacís, que aspiraba a mantenerse como emblema de la supervivencia del partido, ha perdido más de 265.000 votos y ha pasado de 11 ediles a cero.

En una comparecencia ante los medios, Villacís, ha reconocido “la derrota sin paliativos” que ha sufrido su partido pero ha subrayado que se va “con la cabeza muy alta”. “La vida no es siempre justa pero nos vamos sintiéndonos orgullosos”, ha aseverado. En Zaragoza, donde hasta ahora gobernaba en coalición con el PP, los votos perdidos ascienden a casi 55.000. El partido pasa de seis ediles a cero. 

El partido sólo resiste en dos capitales de provincia. Se trata de Ciudad Real, donde la actual alcaldesa Eva María Masías ha conseguido representación aunque el PP también necesitará a Vox para gobernar. La otra capital de provincia con representación de Ciudadanos es Segovia. La nota discordante de la noche la ha puesto el alcalde de Astillero (Cantabria), Javier Fernández Soberón. Ha logrado no solo revalidar su puesto convirtiéndose en el único regidor de Ciudadanos en Cantabria, sino que ha arrasado con un resultado histórico en medio del declive, con 15 de los 17 ediles de la Corporación. 

Nadie hubiera imaginado hace unos meses la posibilidad de que Xavier Trias volviese a ser alcalde de Barcelona. Ni siquiera él mismo. Y, contra pronóstico, el candidato de Junts acaricia la vara municipal, tras haberse impuesto por la mínima en las urnas este 28M. “Seré el próximo alcalde de Barcelona”, ha proclamado el ganador, que ha asegurado que se quiere dedicar “plenamente” a la ciudad. Pero la vuelta de Trias a la dirección del Ajuntament no será segura hasta que no ate su investidura y garantice que sus rivales no suman suficientes apoyos por la izquierda.

La victoria por la mínima, sin embargo, permitiría a los rivales del ganador buscar una eventual suma alternativa. El candidato socialista, que ha quedado a menos de 20.000 votos de la victoria, necesitaría reunir a al menos dos formaciones con las que llegar a los 21 apoyos. “Barcelona ha votado cambio y ha votado progresista”, ha dicho Collboni, que ha asegurado que su partido “no renuncia a nada”. El socialista ha dado a entender que buscará una mayoría alternativa que, de entrada, podría salir adelante tanto con los votos de comuns y ERC pero también con comuns y PP.

Con todo, el candidato socialista Jaume Collboni había asegurado que no buscaría una alcaldía “Cuando uno no gana, pierde. Y cuando uno pierde, se va a la oposición. Son las reglas del juego”, afirmó el socialista durante la campaña.

El exalcalde de Convergència entre 2011 y 2015 ha planteado una campaña focalizada en acaparar el voto crítico con la alcaldesa Ada Colau, cuyos detractores se sitúan de forma transversal entre independentistas y no independentistas. Para convencerlos, Trias ha optado por no esgrimir la estelada y centrarse en temas de ciudad y económicos, con una enmienda a la totalidad a los ocho años de los comuns. La política de reducción del tráfico, la limpieza y la falta de liderazgo han sido los temas preferidos del ganador.

Trias ha logrado en solo cuatro meses levantar una candidatura a la alcaldía que ha reunido las diferentes almas convergentes, ha sacudido el pesimismo instalado en su formación, ha capitalizado el descontento de una parte de la ciudad con la alcaldesa Colau y ha llegado primero. Pero su victoria tiene también efectos importante en la composición interna de su partido, porque da un importantísimo empuje a los sectores moderados y que desean dejar de centrarse únicamente en el discurso independentista para marcar también perfil de centro-derecha liberal.

El triple empate entre Junts, PSC y comuns que predecían las encuestas durante la campaña se ha acabado deshaciendo de forma clara. La coalición de Trias, en la que ha sumado a Junts con el PDeCAT y otros sectores del entorno de la extinta CiU, ha obtenido 11 concejales, uno más que Collboni, que consigue el premio de consolación con una segunda posición, y en tercer lugar la alcaldesa Colau, que se queda con 9. En la recta final del recuento, Collboni y Colau se han disputado un concejal hasta el final, que se ha decantado para los socialistas por menos de 150 votos.

En el Ayuntamiento de Barcelona destaca también la fuerte llegada de la derecha anti-independentista, como el PP de Daniel Sirera, que se dobla y obtiene 4 concejales, y la entrada de Vox con 2 asientos. La contundente irrupción de la extrema derecha ha sido una sorpresa a tenor de las encuestas, que le dejaban fuera.

Vox y la mejora del PP ha sido la tónica general en toda Catalunya, que han capitalizado el voto de un Ciudadanos en caída libre que prácticamente ha desaparecido del mapa. En Badalona, Xavier García Albiol ha arrasado con una contundente mayoría absoluta que le catapulta directo a la alcaldía, pero también ha ganado en Castelldefels, una ciudad tradicionalmente favorable a los conservadores y que podrá gobernar si no hay un pacto de todos los demás partidos de la ciudad.

El PSC gana con claridad las municipales en Catalunya

En el ámbito catalán el PSC ha mostrado su fortaleza con una victoria contundente en votos, por delante de Junts, que ha quedado segundo, y de una ERC que ha vivido una noche de pesadilla y ha quedado tercera. Los socialistas se han reforzado en algunas de las alcaldías que ya tenía y, sobre todo, han conseguido ganar con contundencia en dos ciudades con alcaldía republicana, como son Tarragona y Lleida. En la primera el candidato socialista Rubén Viñuales, que en las pasadas elecciones se presentó primero en la lista de Ciudadanos en la ciudad, tiene en la mano ser el nuevo alcalde de la capital del sur catalán.

El PSC incluso ha ganado en Girona, una ciudad que habían gobernado durante décadas pero que habían perdido en 2011 ante Carles Puigdemont, y que desde entonces se había convertido en un feudo independentista. En el área metropolitana el PSC no ha perdido ninguna alcaldía, aunque sus resultados han sido irregulares. Mientras aumentan en municipios como Sabadell (+17 puntos), Sant Boi (+4) o Santa Coloma de Gramenet (+0,4). En esta última ciudad se presentaba el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que pese a haber liderado una fuerte ofensiva solo ha conseguido un concejal más pero no rascar ni un voto de la alcaldesa Núria Parlon.

Con todo, en otras ciudades metropolitanas el partido de Salvador Illa sí ha notado el desgaste, debido sobre todo a la subida de la derecha y extrema derecha. Dos ejemplos de esto son L'Hospitalet, la segunda ciudad de Catalunya, donde Nuria Marín se deja en torno a cinco puntos, o Cornellà, donde el socialista Antonio Balmón pierde cuatro, pese a que obtiene una mayoría absoluta.

ERC pierde votos y alcaldías clave

El 28M pasará a la historia como una de las noches tristes para ERC. Después de una época de auge tras el procés en la que los republicanos soñaron con convertirse en el primer partido de Catalunya, el partido de Pere Aragonès ha perdido alcaldías clave como la de Lleida o Tarragona, y en Barcelona ha sufrido un descalabro pasando de ganar con 10 concejales a los actuales 5. “Somos conscientes de que estos resultados no somos los que hubiéramos deseado”, ha asegurado Oriol Junqueras. “No hemos sabido movilizar”, ha asegurado Junqueras.

Por su parte, Ernest Maragall ha felicitado a Trias y ha asegurado que le corresponde a él liderar la confección de un nuevo Gobierno. “Nos ponemos a disposición de la ciudad y de la voluntad mayoritaria y suficiente para construir el gobierno fuerte y estable que la ciudad necesita”, ha subrayado.

Estas municipales son la primera vez que los republicanos van a las urnas después de la confección del Govern que presiden y que desde hace unos meses está en total minoría tras la salida de Junts. ERC ha perdido 6 puntos de voto en el conjunto de Catalunya que se traducen en 220 concejales menos. De esta forma ha pasado de ser el primer partido municipalista al tercero, aunque a solo un punto de Junts, que ha quedado en segundo lugar.

A continuación puedes consultar los datos de participación a las 18:00 así como los lugares donde ha subido o bajado la asistencia a las urnas con respecto a comicios anteriores, los lugares donde más se ha votado y qué ha ocurrido en las grandes ciudades o en las más pequeñas.

El avance de participación de las 18:00 de este domingo apunta a que el número de electores que ha acudido a las urnas ha aumentado más de un punto y medio con respecto a 2019, con un 51,48% de votos frente a un 49,93%.

Así lo han informado en rueda de prensa el secretario de Estado de Comunicación, Francès Vallès, y la subsecretaria de Interior, Isabel Goicoechea, cuando el 99% de las mesas electorales han comunicado la afluencia hasta las seis de la tarde, a dos horas de que cierren los colegios.

Solo cuatro territorios han registrado un descenso de la participación hasta las 18.00 horas respecto a 2019. La Ciudad Autónoma de Melilla, donde esta semana la Policía Nacional destapó un fraude electoral por venta de votos por correo, lidera la caída en los datos de participación, con 7,76 puntos menos que en 2019. Le siguen Catalunya con un 6,46% menos que hace cuatro años, mientras que en el País Vasco ha bajado otros 4 puntos. Por su parte, Castilla y León registra un ligero descenso de 0,42 puntos, hasta 53,58%.

En Mojácar, otro de los municipios afectados por la compra de votos, la participación ha experimentado esta bajada mientras la provincia de Almería ha registrado una subida de 1,28 puntos frente a los anteriores comicios municipales, hasta el 48,50%.

En Albudeite (Murcia), donde la Guardia Civil detuvo en los últimos días a 13 personas, entre las que se encontraban la alcaldable del PSOE, Isabel de los Dolores Peñalver, la participación ha bajado 5,35% puntos, hasta el 64,9%. Por último, en Maracena (Granada), donde las autoridades está investigando el secuestro de la concejala socialista Vanessa Romero, la participación ha aumentado 4,45%, hasta el 51,43%.

Entre las comunidades autónomas donde hay una mayor asistencia a las urnas con respecto a hace cuatro años, destaca la diferencia en la Comunitat Valenciana, con un 6,64% más de participación, seguida de la Comunidad de Madrid, con un 5,65% más y Murcia, con un 5,16% más. También ha subido más de 3 puntos en Illes Balears y La Rioja.

Así ha subido o bajado la participación con respecto a la convocatoria de 2019:

En Andalucía, la participación a esta hora es del 48,68%, frente a un 45,74% de asistencia a las urnas, 2,94 puntos más que en 2019. 

En Aragón, la participación ha subido con respecto a 2019, con un 54,62% de este año, frente al 51,77% de entonces, 2,85 puntos más.

En Canarias, donde apenas un 41,42% del electorado había emitido su voto hace cuatro años, un 40,58% ha participado antes de las 14 horas de este 28M, 0,84 puntos más.

En Cantabria la participación fue más baja hace cuatro años, con un 57,31%, frente a un 57,08% de este domingo, por lo que ha aumentado un 0,23%.

En Castilla y León, un 53,72% de los votantes han participado hasta esta hora, frente a un 53,80% que lo hicieron hace cuatro años.

Castilla-La Mancha ha visto subir la participación, con un 57,47%, frente a un 53,24% de la cita electoral de 2019, una subida de 4,23 puntos.

En Catalunya sin embargo la participación ha bajado 6,45 puntos. Allí la asistencia a las urnas ha descendido de un 51,01% de 2019 a un 44,56% de esta convocatoria. 

En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla la participación a las 18 horas ha sido de un 43,40% y un 36,91% respectivamente, frente a un 41,43% y 44,46% del 2019. Mientras que en Ceuta ha subido 1,9 puntos, en Melilla ha bajado 7,76 puntos.

La participación también ha subido en Navarra, 1,48 puntos. Allí ya ha participado un 54,41% del electorado, frente a un 52,93% de la última convocatoria.

Y en Madrid la participación a las 18 horas ascendía a un 56,98%, un 5,65% más que en 2019, cuando hasta ese momento había votado el 51,33% del electorado.

En la Comunitat Valenciana, la participación ha sido de un 57,82%, en comparación con el 51,17% de 2019, lo que supone una subida de 6,65 puntos.

Extremadura también ha visto crecer la asistencia de votantes, hasta 3,63 puntos: un 57,14% de los votantes ha participado antes de las 18 horas, frente a un 53,51% de hace cuatro años. 

En Galicia también ha crecido levemente la participación, 0,7 puntos, con un 52,88% en comparación con un 52,18% de 2019.

En Illes Balears, un 46,07% de votantes ha depositado ya su papeleta en las urnas, frente al 42,98% que había participado hace cuatro años, lo que representa un ascenso de 3,09 puntos.

La Rioja ha visto subir significativamente la participación, 3,73 puntos con un 57,83% de asistencia antes de las 18 horas, mientras que en 2019 ya había votado un 54,1%.

Lo opuesto ha ocurrido en País Vasco, donde ya ha emitido su voto el 48,71% del electorado, frente al 52,78% de hace cuatro años, lo que supone una bajada de 4,07 puntos. 

El Principado de Asturias es otra de las comunidades donde ha subido la participación, hasta 2,52 puntos, con un 50,74% de votos ya depositados en urna, frente al 48,22% que había votado en 2019. 

Finalmente, la Región de Murcia ha visto subir el número de participantes hasta cuatro puntos: un 54,42%, en comparación con el 49,26% que acudió a las urnas en 2019 antes de las 18 horas, lo que supone un aumento de más de 5 puntos.

Las plazas clave en este mapa electoral son la Comunitat Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja, Melilla, Cantabria o Canarias, mientras que las ciudades de Barcelona, Sevilla y Valencia también están en riesgo de cambio.

[[ACTUALIZACIÓN: Consulta el mapa con los datos de participación de las 18.00 horas]]

A continuación puedes consultar los datos de participación a las 14.00 según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior. En el mapa podrás comprobar cómo ha subido o bajado la asistencia a las urnas con respecto a comicios anteriores, los lugares donde más se ha votado o qué ha ocurrido en las grandes ciudades o en las más pequeñas.

Hasta donde la memoria alcanza, no se recuerda una campaña más sucia que la que ha precedido a este 28M. No habría camiones de basura suficientes para retirar tanta bazofia. Pasará a la historia, seguro. Por el fango en el que chapotearon unos. Por el empeño baldío de otros en contrastar modelos. Por la lluvia de anuncios millonarios. Por los bulos. Por las teorías conspiranoicas. Por la presunta compra de votos.  Porque nunca como hasta ahora el trumpismo se había infiltrado en las derechas españolas como lo ha hecho en estos últimos quince días. Porque Feijóo se juega la consolidación del liderazgo interno en su partido. Porque están en juego los últimos “ayuntamientos del cambio” que la izquierda alternativa consiguió en 2015, tras el éxito del 15M. Y porque el futuro de Sánchez en La Moncloa depende en buena medida de que el PSOE mantenga el poder institucional que ostenta en los territorios.

El resultado –y sobre todo las alianzas posteriores– puede cambiar el signo político de Valencia, Aragón, Baleares, La Rioja, Castilla-La Mancha y Extremadura, aunque en menor medida en estas dos últimas. A cambio, el PSOE está en disposición de recuperar Barcelona, una de las plazas locales más simbólicas y consolidar la de Sevilla, un referente histórico para su parroquia.

El presidente del Gobierno y el líder de la oposición en todo caso se han tomado esta cita como la primera vuelta de las generales de diciembre. Y aunque en sus respectivos partidos decían que los datos no serán en ningún caso extrapolables, uno y otro se han implicado a fondo en la campaña más allá del apoyo a sus candidatos de tal forma que se ha instalado en la atmósfera política que quien gane este domingo, conquistará La Moncloa dentro de siete meses. Una tesis que para unos tiene base histórica y para otros carece de fundamento alguno. 

En la estadística se puede encontrar una cosa y la contraria. En 1995, 2003 y 2011 el partido que más votos sumó en municipales, ganó posteriormente las generales y forzó un cambio de Gobierno. Sin embargo, el mayor número de votos del PP en 2007 no anticipó una victoria de Rajoy en las legislativas meses después. Tampoco el ajustado resultado entre populares y socialistas de 1999 auguró la mayoría absoluta que luego logró José María Aznar.

Lo que sí ha ocurrido siempre es que del resultado global de unas municipales se han extraído siempre conclusiones en clave nacional y provocado corrientes de fondo que han terminado por condicionar las estrategias con la vista puesta en las generales. Esta vez no será diferente. Si Sánchez aguanta, hará de la presidencia española de la UE y de su perfil internacional, además de sus recetas sociales para la crisis, su principal baza electoral para diciembre. Y si tropieza, ya hay quien vislumbra un previsible distanciamiento del independentismo catalán y vasco que, según todos los cualitativos, ha sido su principal motivo de desgaste. Con Feijóo ocurrirá lo mismo. Si se impone, mantendrá la línea dura y dará las batallas culturales a las que le ha arrastrado la ultraderecha. Y si no, tratará de ser un émulo del andaluz Juanma Moreno y su transversalidad.

Los socialistas son quienes más se juegan

Los datos de este domingo se leerán en función del cómputo global de votos, sí, pero también según las plazas simbólicas perdidas o conquistadas. Y es en este segundo marco en el que el PSOE se juega, sin duda, mucho más que el PP, ya que gobierna en nueve comunidades mientras que los de Feijóo tan sólo en dos de las que se celebran elecciones autonómicas. Andalucía, Galicia, Euskadi, Catalunya y Castilla y León sólo están llamadas a las urnas para elegir las corporaciones locales.

Perder gobiernos supondría para Sánchez en buena medida perder también la tranquilidad orgánica con la que ha conducido el PSOE en los últimos seis años. Si la victoria es indiscutible, nunca hay fisuras pero cuando llegan las derrotas, la entropía es cuestión de días. Si por el contrario, los socialistas mantienen la Generalitat Valenciana,  principal objeto de deseo de los populares, el relato se volvería contra un Feijóo que busca en ese territorio convertirlo en palanca de cambio para las generales.

El líder del PP, que ha hecho saber por activa, pasiva y perifrástica que solo se concede una oportunidad para llegar a La Moncloa, también se juega mucho.  Y más si los resultados, al margen del cómputo global de votos, no le permiten exhibir como trofeo alguna de las autonomías o alcaldías más emblemáticas del PSOE. Si, además, Ayuso obtuviera la mayoría absoluta en Madrid que tanto desea, la Puerta del Sol emitirá señales nítidas sobre la necesidad de que el actual líder entre en tiempo de descuento. Alguna ya ha lanzado en esta campaña al salirse del guión establecido por la dirección nacional tanto en lo que respecta a la propuesta de Feijóo para dejar gobernar a la lista más votada como con la ilegalización de EH Bildu. Por si fuera poco, la baronesa de Sol ha dinamitado con una sola declaración el único puente que Génova mantenía abierto con el nacionalismo vasco al tildar de “racista” al PNV.  

Más claro: si los resultados son mediocres para el PP, más allá de la indiscutible posición hegemónica de Madrid, Murcia y últimamente Andalucía, habrá una nueva batalla interna por el liderazgo del partido y el proyecto nacional. Y con mucha más virulencia si, como todo indica, el fango por el que ha transitado la derecha en estos días para abonar la antipolítica, el desprestigio de las instituciones y la desmovilización de la izquierda acaba dando más votos a Vox que a los populares.

Las elecciones de este domingo servirán también como indicador de la capacidad de movilización de la llamada izquierda alternativa –a la izquierda del PSOE– y de la fortaleza o debilidad de Podemos. Si estos últimos logran superar el obligado 5% para obtener representación en los Parlamentos de Valencia y Madrid, estarán en mejor disposición para negociar su representación en el espacio Sumar que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz para las generales. Si por el contrario, fracasan en este empeño, los de Ione Belarra –y antes de Pablo Iglesias– tendrán que revisar su estrategia tanto dentro como fuera del gobierno de coalición, donde perderán seguro capacidad de influencia ante el rumbo de las políticas gubernamentales.

Más allá de todo ello, el PP planteó inicialmente estas elecciones desde la perspectiva de una gran ola antisanchista que, aún existiendo en algunos territorios, no parece que vayan a decantar con claridad, a tenor de los tracking de los partidos, el resultado final de este domingo. Los datos que manejan tanto en Ferraz como en Génova hablan de un reparto muy equilibrado entre ambas fuerzas política, y no de un hundimiento global del PSOE, como anunciaban los populares.

Los socialistas dicen haber tenido, más allá de los sobresaltos por la supuesta compra de votos en pequeñas localidades, buenas sensaciones durante toda la campaña y afrontan la cita confiados de que “el marco general confirmará la fortaleza” de su marca. Eso sí dan por descontado el avance del PP en el cómputo global respecto a 2019, cuando se quedó 1.500.000 votos por detrás del PSOE. Con la desaparición de Ciudadanos, que hace cuatro años sumó 1.800.000 votos, y el trasvase prácticamente total de estos sufragios a la marca de Feijóo, ya nadie duda de que el PP quedará por delante del PSOE. Eso sí, salvo en Madrid, donde Ayuso ha abrazado el discurso más ideológico de Vox, quedará también demostrado que Feijóo no añade un voto más que los que recuperan de los naranjas.

A nadie se le escapa tampoco que, a tenor de los últimos sondeos, el PP no arrebatará un solo gobierno autonómico al PSOE si no es con los votos de Vox. Algo que tendrá que gestionar Feijóo y que condicionará, sin duda, su tránsito hasta las generales. Una cosa es Castilla y León, cuyo gobierno de coalición con la ultraderecha puede decir que heredó de Casado, y otras son las alianzas que haya que tejer tras el 28M y que tendrán que contar con su bendición. ¿Imaginan una España con réplicas de García Gallardo en varias Comunidades? Pues eso es lo que está en juego también este domingo.

La estrategia no es nueva. Tan vieja que ya, ante su empeño por obtener representación en el Senado romano, el hermano de Cicerón le dijo que procurase que su campaña, además de brillante, levantase “rumores de crímenes, desenfrenos y sobornos” contra sus rivales. Cuanta más suciedad, mayor confusión y cuanto más embrollo, más descrédito. Una deriva peligrosa que conduce siempre al demérito de las instituciones y de la política.

De eso se trata. No de glosar programas, ni de contrastar ideas. Mucho menos de dar cuenta de la gestión de los últimos cuatro años allá donde se gobierna. Asistimos a una de las campañas más inmundas y bochornosas de cuantas se recuerdan. Demasiado ruido incluso para los que no se desayunan con la última hora de la actualidad política. Este viernes acaba por fin una durísima contienda dialéctica salpimentada con el mayor de los sectarismos, con palabras gruesas, con bulos, con denuncias cruzadas, con insultos racistas y hasta con peticiones de ilegalización del adversario. 

Cuando creíamos haberlo visto ya todo en estas dos semanas en las que ETA volvió al centro del debate y la táctica del desprestigio y la destrucción del contrario invadieron todos los espacios, la sospecha sobre la compra de votos planeó sobre varios puntos del país. En Melilla, en Mojácar (Almería), en Albudeite (Murcia) y en otros cuantos puntos más de España. Dependiendo de si el caso afecta a la izquierda o a la derecha, cada medio decide si lo lleva a portada o lo esconde en un breve. Todo depende de si la marca bajo sospecha está o no en su misma cuerda ideológica. 

Lamentable, pero cierto. La trompetería mediática del PP ha tratado de establecer, con mayor o menor sutileza, una relación causa efecto entre el lugar de veraneo del presidente del Gobierno y el ministro Bolaños y la compra de votos en Mojácar, un municipio de 7.000 habitantes donde ha habido dos detenidos de la lista del PSOE, uno de ellos independiente. 

El partido ha expulsado al número dos de la candidatura  nada más conocer los hechos, pero Almeida, Ayuso, González Pons, Tellado y hasta Cuca Gamarra no han resistido la tentación de vincular al ministro de la Presidencia y a Sánchez con el caso. No han dicho una palabra, eso sí, sobre las denuncias cursadas ante el juzgado contra varios militantes de su partido en el también municipio almeriense de Carboneras o de las localidades onubenses de Villalba de Alcor por fraude en el voto por correo. Ni de Valverde del Camino, ni de Paterna del Campo, ni de Aracena, ni de Palma del Condado ni de Huelva capital. 

La justicia determinará hasta dónde llega la responsabilidad de los ahora investigados, pero todos y cada uno de los casos, los que afectan al PP y al PSOE, ponen en evidencia dos cuestiones: que los mecanismos de control ante el voto por correo son sin ninguna duda insuficientes y que los partidos tienen pocos o ningún filtro para garantizar la integridad de sus candidatos. Mucho menos en las localidades pequeñas, donde la política se practica de acuerdo a códigos que tienen mucho más que ver con los intereses empresariales, los ajustes de cuentas y las rencillas entre familias que con la vocación de servicio público o lo  estrictamente ideológico.

Para ratificar una sentencia impuesta como consecuencia de las irregularidades cometidas en las elecciones de 2008 en Melilla, el Tribunal Supremo ya advirtió que el sistema legal del voto por correo permitía fácilmente la manipulación, entre otras cuestiones porque el votante puede delegar en otra persona la entrega del voto en la oficina de Correos. Desde entonces, nada se ha hecho, pese a que las denuncias sobre casos similares a los que conocemos estos días han sido constantes a lo largo de la democracia. 

Esta vez, claro, con mucha más sobreactuación, con relatos impúdicos y con declaraciones desmesuradas. Y no precisamente sobre la urgencia de extremar los controles, consensuar reformas o evitar prácticas irregulares. Sólo para echar más leña al fuego del descrédito de la instituciones y de la antipolítica, un terreno peligroso para la convivencia. Ni siquiera el PP tiene claro en estas horas, a pesar de su grandilocuencia declarativa, que la estrategia beneficie a su marca el próximo domingo. Más bien hay quien teme que engorde la saca de votos de la ultraderecha de Vox, como detectaron en sus sondeos internos que pasó la semana pasada con su apocalíptica narrativa sobre las listas de Bildu. 

Demasiado tarde ya para rectificar cuando apenas quedan 24 horas para que acabe esta agónica y sucia campaña. El lunes, cuando despertemos y el recuento esté hecho, nadie hablará de Mojácar ni sus vecinos tendrán ya cabida en los informativos nacionales.

Lo dicho: les está quedando una campaña preciosa pero nada aseadita. 

En España los datos de abstención en las elecciones rondan entre el 25 y el 35 por ciento. Esa cifra no se traduce en una masa de gente heterogénea, al contrario. Es un dato determinante a la hora de decidir quién gobierna y para quién. Los números demuestran que la abstención va por barrios.  

Hablamos con Raúl Sánchez, jefe de la sección de Datos de elDiario.es, para desmenuzar y comprender lo que nos dicen estas cifras, y con Braulio Gómez, director del Deustobarometro, ahondamos en los problemas de representatividad que genera esta localización de la abstención. Arturo Puente, Javier Ramajo y Fátima Caballero nos recuerdan cómo se reparte la abstención en las ciudades de Barcelona, Sevilla y Madrid. 

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El teatro de la demoscopia baja el telón. Ya no habrá trampa ni cartón, ni más estimación de voto. La verdad absoluta saldrá el domingo de las urnas, cada palo tendrá que aguantar su vela y apechugar con sus pronósticos. Y no sólo José Félix Tezanos. La ficción esta vez no es que haya venido de un bando, es que ha campado a sus anchas en uno y otro lado. El que paga, gana. O roza la victoria. Luego están las interpretaciones de los datos y los titulares a cinco columnas. Algunos hasta ofenden a la inteligencia. Y no sólo por los “podría”, “habría”, “estaría” o cualquier otro condicional con los que se suele escribir lo que no se sabe. 

Por barrer, en la representación demoscópica, el PP ya ha barrido en no menos de media docena de Autonomías, ha sumado mayorías absolutas en varias importantes capitales de provincia y ha arrebatado no sé cuántos feudos a los socialistas. Eso las siglas, que ya si hay que poner a la hazaña nombres y apellidos, Isabel Díaz Ayuso ha logrado no menos de 20 mayorías absolutas. López Miras ha acabado con Vox en el mapa murciano, Carlos Mazón ya se ha instalado en el Palau de la Generalitat valenciana y Vara, Page, Armengol y Andreu ya están en su casa de retirada. 

Si fuera así es incomprensible que en la séptima planta de Génova hayan entrado en pánico ante lo incierto de los resultados. Nada está escrito porque todo depende, en muchos sitios, de un puñado de votos. Lo único seguro es que el PP mejorará los resultados de hace cuatro años, pero si no consigue gobiernos que hoy no ostenta,  Feijóo puede despedirse de una celebración en el balcón de Génova por todo lo alto. 

“No hay proyecto. El partido está al margen de los grandes debates nacionales: cambio climático, transición energética, inteligencia artificial, desigualdad, etc… El mundo, Europa y España han cambiado y el PP no se ha dado por enterado. Sánchez, a pesar de todo, está aún fuerte. Y todo es consecuencia de la falta de un proyecto nacional. El partido es sólo una suma de federaciones, que fueron las que auparon precisamente a Feijóo a la presidencia. De ahí que ahora tenga un problema para la construcción de un discurso nacional que es claramente incompatible con el poder de las baronías”.

Quien así habla es un ex dirigente del PP que conoce bien los territorios, cada una de las plantas de la calle Génova y, sobre todo, las debilidades de un partido que, pese al argumentario oficial, no vislumbra en el horizonte cercano una imparable ola de cambio. El 28M no parece que vaya a ser ni de lejos lo que había imaginado Feijóo para su primera cita electoral como líder nacional, más allá de lo que pronostican los sondeos más favorables.  

En la sede nacional han empezado a hiperventilar ante los resultados porque ni el PSOE se hundirá ni el PP despertará el entusiasmo desbordante que, tras el aterrizaje de Feijóo en Madrid, barruntaban todas las encuestas. Y prueba de ello es el hecho de que el gallego haya sacado a pasear como estrellas invitadas de esta campaña a Rajoy y a Aznar, una decisión que demuestra, en palabras del mismo interlocutor, que “no tenemos nada nuevo que ofrecer”, que el partido “se resiste a ser renovado” y que los barones “hacen la guerra por su cuenta”. 

En efecto, cada uno va a lo suyo, este fin de semana el líder del PP intentaba minimizar en su discurso las referencias a Bildu y a ETA, después de la polémica suscitada por la inclusión en sus listas de 44 condenados por terrorismo, mientras Isabel Díaz Ayuso se plantaba en Bilbao para insistir en la necesidad de ilegalizar a los abertzales, en contra de la opinión de la dirección nacional que cerró a cal y canto la puerta a este escenario. López Miras, que aspira como la madrileña a encandilar al electorado de Vox para poder gobernar en solitario, seguía los pasos de Ayuso. Y lo mismo hacía el otrora presidente del Gobierno, José María Aznar mientras Moreno Bonilla, más partidario de la transversalidad que de los extremos, callaba al respecto.

“Los discursos de todos ellos son diferentes y claramente incompatibles para un proyecto nacional”, dicen los críticos. La resultante de todo ello puede ser, para las siglas, la misma que en 2008: que la marca popular se imponga con claridad en Madrid, Murcia o Valencia en autonómicas, pero pierda las generales de diciembre.

A saber. Todo es mucho más incierto de lo que tratan de trasladar en los cuarteles generales, pero si hay una certeza en la sede de los populares es que Feijóo “ha entrado en pánico”, consciente de que lo único seguro el próximo domingo es que el PP mantendrá Madrid y Murcia, dos territorios donde ya gobiernan y donde si, además, no logran sumar mayoría absoluta quedarán frustradas todas las expectativas de prescindir de Vox para la gobernabilidad en ambas plazas, lo que dificultará aún más el camino a las generales.

Lo contó hace días en este mismo diario Aitor Riveiro, quien en la misma crónica recordaba que Feijóo había inicialmente anticipado una presencia limitada en campaña y que, al final, decidió multiplicarse por todo el territorio nacional ante la evidencia de que el éxito o el fracaso depende de un puñado de votos. Por eso el escoramiento del discurso aún más a la derecha y por eso la obsesión que proyecta, en cada una de sus conversaciones privadas, con los medios de comunicación. 

Lejos de admitir errores en el diseño de la estrategia y de los equipos, el gallego no pierde ocasión de lamentar el papel de la prensa y de los plumillas desde que aterrizó en Madrid. La culpa, siempre del mensajero, claro. Cualquier excusa es buena con tal de no asumir responsabilidades propias.

Ahora, en la recta final de la campaña, se ha sacado de la chistera el fichaje del economista y ex dirigente de Ciudadanos Luis Garicano para la fundación Reformismo21, un foro en el que pretende crear una especie de comité de sabios. La incorporación de quien fuera el gurú económico de Rivera trata de enviar un mensaje a los ex votantes de Ciudadanos, nada que no dejaran ya apuntalado los de Pablo Casado con la moción de censura en Murcia. Los votos -y también un nutrido grupo de dirigentes del partido naranja- ya se habían pasado con armas y bagaje al PP. 

Atentos a las apariciones en el balcón de la calle Génova el domingo por la noche. Los populares ya dieron el espectáculo el 4 de mayo de hace dos años, cuando Ayuso se negaba a compartir algarabía con Pablo Casado. Desde la Puerta del Sol habían pedido que la presidenta madrileña saliera sola al balcón de la sede nacional del partido al menos durante los primeros minutos para dar las gracias a los afiliados y simpatizantes sin la compañía de ningún otro miembro de la dirección nacional. Pero al conocerse la victoria arrolladora del PP en Madrid, Génova acordó que al balcón salieran, además de Ayuso, el entonces presidente, Pablo Casado; el alcalde de Madrid y portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida; el secretario general, Teodoro García Egea y el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero. Ese día en aquel balcón empezó la cuenta atrás del entonces líder nacional y este 28M puede empezar a escribirse la de Feijóo. O no, que diría Rajoy.

Veremos…

Un chico joven abre una aplicación de citas en su móvil y le van saliendo fotografías con las caras de los candidatos a la Alcaldía de Pamplona. Koldo, 70 años, haciendo referencia a Koldo Martínez Urionabarrenetxea, candidato de Geroa Bai. El chico lo mira con cara de extrañeza y hace 'swipe' (desliza) a la izquierda. Siguiente. Adanero, 56, por Carlos García, del PP. Cara de asombro. Siguiente. Cristina, 53. Se refiere a Cristina Ibarrola Guillén candidata de UPN. Otra vez desliza el dedo a la izquierda. Pasa de una sola pasada al resto de candidatos, María, 56, por María Estévez, candidata de Vox y a Txema, 49, haciendo referencia a Txema Mauleón, de Contigo Navarra hasta detenerse en Elma, 47, por Elma Saiz, candidata del PSN. Finalmente, tras negar con la cabeza también desliza su dedo a la izquierda y le sale la fotografía de Joseba, 61, por Joseba Asirón, candidato de EH Bildu. Con una sonrisa en la cara, el joven desliza el dedo a la derecha y, de pronto, ¡matx! Ha ligado.

Tras las imágenes una sola frase “Egingo dugu”, “Lo haremos” en castellano seguido de un mensaje en Twitter que dice “Iruñean bai ligatzen da”, “En Pamplona sí se liga”. Se trata de un vídeo promocional de EH Bildu distribuido en sus redes sociales de cara a las elecciones que en el caso de Navarra serán municipales y forales, el próximo 28 de mayo. Una apuesta que no ha tardado en llamar la atención de los más jóvenes y que desde su publicación a primera hora de la tarde de este miércoles ya acumula más de 17.9000 visitas.

La presencia de exterroristas de ETA en las listas de EH Bildu ha irrumpido en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, y ha dominado el último cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo antes del 28M. El dirigente gallego ha intentado sacar a Sánchez el compromiso de que no pacte con la coalición vasca ninguna ley en el Congreso, mientras el jefe del Ejecutivo le ha reprendido: “ETA es lo único que tienen”.

La sesión de control en el Senado ha estado dominada en su arranque por ETA más de una década después del alto el fuego definitivo que concluyó con el final de la violencia terrorista en Euskadi. Feijóo, quien ha endurecido su posición al calor de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, ha parafraseado unas palabras del propio Sánchez en 2019, cuando dijo que no tenía intención de pactar con Bildu.

“Tomo prestadas palabras suyas: ‘Con Bildu no voy a pactar. Con Bildu, lo repito, no voy a pactar. Si queréis lo repito otra vez”, le ha dicho. “Pues sí, hoy más que nunca queremos volver a oírlo. Venga, repítalo otra vez, señor Sánchez”, ha conminado.

El líder del PP ha señalado a Sánchez por ser “más cruel con el PP que con Bildu”. “Ese es usted. Un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas”, ha añadido. Feijóo ha reclamado “que Bildu rectifique de forma completa y de verdad”, que los siete exetarras “formalicen ante la Junta Electoral la renuncia a estar en las listas” y que se haga “extensiva” a los demás condenados que sí siguen en las candidaturas

“¿O le parece bien que se vayan los que apretaban el gatillo y se queden los que les daban las pistolas? Todo el mundo sabe que han renunciado por conveniencia electoral; y por la suya, señor Sánchez”, ha cuestionado.

Feijóo ha concluido que “si lo de Bildu no es decente”, en referencia a las palabras de Sánchez sobre las listas de la coalición vasca. Y ha terminado: “Tampoco es decente que pacte usted con ellos. Si lo indecente es legal, en sus manos está que no lo sea. Garantice de una vez que su pacto con Bildu se acabó. No se puede soplar y sorber. O rompe con Bildu o rompe con la decencia. Rompe usted con Bildu o con la decencia”.

Sánchez: “ETA dejó de existir”

En la Moncloa no tenían dudas de que el líder del PP aprovecharía el cara a cara en el Senado para incidir en ETA como estrategia de campaña y por eso el presidente llegó a la Cámara Alta con la intención de no esquivar el cuerpo a cuerpo e incluso de bajar al barro que eligiera Feijóo para jugar el partido. “El PP desde el Gobierno negoció con ETA y ustedes se rebajaron a la infamia de llamarlos Movimiento Vasco de Liberación Nacional”, ha tirado de hemeroteca Pedro Sánchez, quien ha añadido: “Con Miguel Ángel Blanco recién asesinado el gobierno del PP acercó a 120 presos, excarceló a 311 y lo justificó el señor Aznar diciendo que tomar posesión de un escaño siempre es mejor que empuñar las armas”. 

En su respuesta, Sánchez ha insinuado que el problema del PP es que ETA ya no existe. “La democracia española derrotó a ETA hace 12 años y a lo mejor a ustedes les cuesta escucharlo”, dijo para insistir en que todo ello se produjo bajo gobiernos socialistas. “ETA dejó de existir para el PP y VOX y lo hizo con un presidente, un ministro del interior y un lehendakari socialistas, y eso es algo que no pueden soportar”, recriminó. 

El presidente del Gobierno ha hecho repaso a las declaraciones de actuales dirigentes del PP como el portavoz nacional, Borja Sémper, o el portavoz en el Senado, Javier Maroto, para criticar “el cinismo” de los populares. “Fue el señor Sémper quien dijo poco después de la extinción de ETA que lo importante es que ETA se había acabado y que había que construir cuanto antes el futuro también con Bildu. Y hace diez años dijo el alcalde de Vitoria, el señor Maroto, que no le temblaban las piernas por pactar con Bildu y que ojalá cundiera el ejemplo”, ha rememorado. 

En pleno rifirrafe Pedro Sánchéz llegó a remontarse incluso a la gestión de los atentados de Atocha por parte del Gobierno de José María Aznar. “El PP mintió en el 11M y difamó a las víctimas por un interés puramente electoralista”, ha dicho, antes de soltar el último gancho a Feijóo. “Nadie parecía poder superar aquella infamia pero usted, con sus palabras de hoy, parece haber decidido igualarla”.

“Solo tenemos seguro Madrid y Murcia”. La frase la pronunció uno de los principales dirigentes del PP a dos días de arrancar la campaña electoral del 28M y pone de evidencia lo incierto del resultado de una cita que repartirá buena parte del poder territorial de España y que servirá de lanzamiento de las generales previstas para diciembre. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, anticipó una presencia limitada para asistir finalmente a decenas de actos en las próximas dos semanas. El éxito o el fracaso en las urnas dependerá de un puñado de votos. Para disputar los de Ciudadanos y Vox, el PP recurre a los clásicos: escorar su discurso a la derecha y movilizar a dos de sus iconos, José María Aznar y Mariano Rajoy.

Con las expectativas rebajadas, en el partido de Alberto Núñez Feijóo dudan entre poner el foco en la noche electoral, en la que confían imponerse en las elecciones municipales y tener un mapa de España casi completamente azul, o en los gobiernos que se logren tras las ineludibles negociaciones que depararán la casi total ausencia de mayorías absolutas. 

El propio Feijóo ha terciado en la soterrada disputa interna con una frase categórica pronunciada en el penúltimo acto de precampaña, celebrado el jueves en Valencia. “Nosotros no vamos a gobernar perdiendo. Solo vamos a gobernar ganando”, dijo. 

“”Hay algunos que no les importa ganar“, siguió en Valencia, donde criticó a quienes asumen que van ”a perder“, pero se conforman con ”poder gobernar“. 

La afirmación llegó casi a la vez que el CIS preelectoral. Y supuso un jarro de agua fría para quienes aspiran a gobernar con el apoyo de otros, como Vox, aún quedando segundos. Es el caso de Paco Núñez en Castilla-La Mancha, o de María José Guardiola en Extremadura, a donde se fue Feijóo por la tarde a la tradicional pegada de carteles. 

Le pasó en 2019 al PP en multitud de sitios. A Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida en Madrid, por ejemplo. O a Juan Manuel Moreno un año antes, en Andalucía. Los principales centros de poder de Feijóo lo son tras sus tan criticados “pactos de perdedores”. De hecho, el propio Feijóo prefirió darle la capital de Ourense al tercer partido antes que al PSOE, ganador en las urnas. A cambio el PP retuvo la Diputación. El alcalde de Ourense ha sido grabado hablando de blanquear dinero, y el presidente provincial, José Manuel Baltar, irá a juicio por conducir a 215 por hora un coche oficial un domingo por Zamora camino no se sabe muy bien hacia dónde.

La encuesta más la tesis de Feijóo limitan las opciones del PP de robar gobiernos autonómicos, el objetivo que se marcó la propia dirección del partido. Y pone en duda algunas ciudades, incluida la capital de España.

Agricultores vs ecologismo, okupación y ETA

Las encuestas previas al lanzamiento formal de la campaña, no solo la del CIS, han limitado la euforia en la sede nacional de la madrileña calle de Génova. El trasvase de votos desde el PSOE al PP se ha contenido, e incluso reducido. El propio Feijóo reconoció en una reunión ante la Junta Directiva que los socialistas iban a aguantar mejor de lo previsto este 28M.

Uno de los motivos está en la resistencia de los candidatos municipales, lo que ayuda también a los autonómicos. En Madrid, por ejemplo, las huestes de Ayuso han dado ya por imposible algunos bastiones rojos del sur y del este de la región, cuando hace un año se aventuraban a anunciar el asalto de Fuenlabrada e incluso Rivas, dos iconos de la izquierda madrileña. Otro ejemplo es Sevilla, en Andalucía. O Toledo y Cuenca, en Castilla-La Mancha. Grandes ciudades que el PP suspiraba con ganar, pero que se escapan entre los dedos.

El problema es que hay demasiadas plazas que se decidirán por un puñado de votos. Dependerán de la participación, de si Podemos e IU logran superar los umbrales y obtener representación en determinados municipios y comunidades autónomas o de errores de última hora. 

El equipo de Feijóo ha optado por afrontar la campaña con un endurecimiento de su discurso. Lo hizo recientemente con el CGPJ, aunque para ello tuvo que contradecir al comisario de Justicia de la UE, Didier, Reynders, a quien el PP ha intentado mimar en los últimos años al ser lo único parecido a un aliado que le queda en el Ejecutivo comunitario.

Pero ha sido el recurso de ETA el que ha confirmado el giro estratégico del PP. La inclusión de  una cuarentena de exterroristas en las listas municipales de EH Bildu ha motivado la indignación de la derecha, y una competición entre Vox y el PP por ver quién muestra más desazón con un hecho que, además, ambos imputan al Gobierno.

Este viernes, en el acto de lanzamiento de la campaña en Toledo, Feijóo pidió expresamente a los afiliados y cargos socialistas que dejaran su militancia en el PSOE por las listas electorales de EH Bildu. “No he visto a ningún candidato levantar el teléfono y decirle que ya está bien de desmanes y despropósitos. No he visto a ninguno levantar la mano en el Comité Ejecutivo Federal del PSOE y decir, ”esto no lo voy a aceptar“, dijo el líder del PP pocas horas después de que el candidato del PSOE en la región, Emiliano García Page, mostrara su rechazo al hecho denunciado.

Y eso que hay dirigentes del PP que sostienen que ETA ya no mueve un solo voto. Pero en este caso la disputa no es tanto entre bloques como dentro del propio bloque de la derecha. Y ahí sí puede haber una transferencia que recibir… o que intentar detener.

El pasado lunes, el portavoz del PP, Borja Sémper, no quiso responder a preguntas sobre las palabras en Durango (Bilbao) del director de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien dijo en un acto de su candidatura (cierra la lista local): “En el País Vasco hay un ambiente irrespirable, sin libertad ni democracia”.

“No voy a comentar las frases de un director de gabinete”, dijo el portavoz. El quiebro de Sémper fue respondido por la propia Ayuso, quien dijo que EH Bildu quiere “instalar una dictadura de ultra izquierda” en Euskadi y “expandirse a otras provincias”.

Pese a las reticencias de alguien que ha hecho política en Euskadi durante décadas, y cuando ETA existía y mataba, Feijóo ha asumido más el discurso de Ayuso que el de Sémper. El jueves en Valencia, el líder del PP recurrió a la memoria de la fallecida Rita Barberá para pedir el voto a su partido ya que una de las exetarras integrantes de las listas de EH Bildu fue detenida por supuestamente planear un atentado contra la entonces alcaldesa de la ciudad.

“Por eso, solo por eso, les pido que no voten al PSOE”, dijo. Inmediatamente después sacó otro tema que el PP de repente ha situado en el centro de su discurso electoral: la ocupación. Aunque la derecha siempre ha hecho un uso propagandístico de este problema minoritario, según todos los datos, ahora Feijóo acusa directamente al Gobierno de coalición de “fomentar la okupación ilegal” y de “empezar a hablar de la expropiación de viviendas”.

Este ha sido en los últimos años un tema enarbolado por la ultraderecha de Vox, que ha hecho apología de organizaciones como Desokupa, algunos de cuyos miembros participaron al grito de “puta Ada Colau” en el intento de incendiar un conflicto en un barrio de Barcelona a pocas horas del inicio de la campaña. Entre otras perlas que han dejado los primeros actos de campaña, Feijóo ha dicho que el Gobierno de coalición “castiga más la violencia animal que la violencia de género” o que se ha “apropiado de las instituciones”.

A por el voto de Vox (y lo que queda de Ciudadanos)

En los últimos mítines, con un marcado carácter nacional y centrado en el mantra “derogar el 'sanchismo'”, el PP ha optado por lanzar mensajes duros que han rozado en algún momento el uso de bulos ya desmontados, como cuando Feijóo dejó caer en Badajoz que el Gobierno de coalición se dedica a demoler presas hidráulicas por toda España. Precisamente la sequía es uno de los grandes temas de la campaña, en buena parte por culpa del propio PP y de uno de los principales aliados de Feijóo: el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, y su ley para legalizar regadíos en Doñana.

Tras pasar de puntillas por el tema y desmentir a su propio portavoz, Borja Sémper, sobre una conversación que mantuvo con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, el PP ha pasado al ataque y ha convertido el gravísimo problema del agua en una dicotomía entre agricultores y ecologistas, obviando que abril ha sido el mes más seco y caluroso desde que hay registros.

El candidato castellanomanchego, Paco Núñez, lo dijo en un acto informativo en Madrid el pasado martes claramente: “Entre los ecologistas y los agricultores, me quedo con los agricultores”. Como si ambas fueran incompatibles. Sus palabras no gustaron en Génova. Pero han sido adoptadas como parte del discurso de Feijóo. En Valencia, en Badajoz y en Toledo, el líder del PP planteó la cuestión de la sequía en España como un asunto solo de índole económica y referida a la agricultura y la ganadería.

Ni una palabra sobre la emergencia climática. Nada sobre el uso ilegal de un bien tan preciado como el agua. Ausencia total de referencias a posibles problemas en el suministro a los hogares para el consumo humano al que se enfrentan amplias zonas de España.

No. A dos semanas de las elecciones, el agua es para el PP un asunto de ganaderos y agricultores. “El problema es que llevamos cinco años utilizando la ideología por encima de la tecnología”, lanzó Feijóo, quien acusó al Gobierno “de provocar el colapso de la agricultura española”.

El líder del PP prometió invertir entre 40.000 y 50.000 millones de euros en medidas destinadas a garantizar el riego del campo. “Respeto el campo español. A los productores no se les engatusa con ayudas, se le tiene que tener más respeto que acordarse el día del arranque de la campaña”, dijo tras hacer sus promesas en el arranque de la campaña. “Me dedicaré en cuerpo y alma al agua durante cuatro años. El campo no quiere que se riegue con ayudas, quiere regar sus tierras para producir y vender. El campo merece un respeto”, concluyó.

La disputa por el voto rural es otra muestra de las dudas de Génova y de cómo la competición con Vox será clave en este proceso electoral. En la sede nacional del PP creen que Ciudadanos ya está amortizado y que ya han recibido todo el trasvase de voto posible. Salvo excepciones, casi nadie cree que el partido que una vez fue el tercero más votado de España resista el 28M. 

Pero la ultraderecha tiene un suelo firme, en parte con exvotantes del PP que no tienen intención de volver, al menos de momento. Aunque su implantación municipal es leve y no alcanza a presentarse en toda España, Vox será determinante en muchos sitios para formar gobiernos, tanto locales como autonómicos.

En el PP no quieren abrir ese melón antes de que los ciudadanos vayan a las urnas. De momento están centrados en intentar no dejar ese flanco descubierto. Contra sus supuestos aliados en la derecha también ha tenido mensajes Feijóo en este arranque de campaña. Y no precisamente amables.

El PP ha recuperado además a dos de sus viejas glorias para esta campaña. José María Aznar intentará pescar en la derecha más enardecida, y Mariano Rajoy en espacios más sosegados. Ambos expresidentes participarán en diversos actos de campaña con líderes regionales como Ayuso o Fernando López Miras (Murcia). Feijóo coincidirá con ellos, como ya hizo en febrero pasado en la Intermunicipal del partido.

Entonces, la ausencia de Pablo Casado enturbió un poco la fiesta. En el PP lo arreglaron con una comida entre ambos presuntamente secreta que acabó publicada en la prensa. Casado dijo que su nueva actividad económica es incompatible con la política. Y fin de la polémica.

Feijóo, que intentó crecer moderando el discurso del partido cuando llegó a Madrid en abril de 2022, ha recaído en campaña en la derechización de su mensaje. Hace un año trató de ofrecer una imagen de hombre de Estado, centrado en la gestión y no en las batallas culturales. Luego la realidad se impuso, con desplantes ante la Comisión Europea y el uso de la Política Exterior como arma electoral o la estrategia de azuzar una crisis económica que, pese a las complicaciones reales provocadas por la pandemia y la guerra de Ucrania, nunca ha terminado de llegar.

El líder del PP tendió la mano al (hipotético) votante socialista desencantado con Pedro Sánchez y sus alianzas parlamentarias, las leyes trans y del solo sí es sí, o la reforma de la sedición y la malversación, que les sirvió de excusa para no renovar el CGPJ.

Con el arranque de 2023, Feijóo fichó a Borja Sémper e intentó recuperar ese perfil centrista y transversal que se había dejado en el cierre del año. Cinco meses después, ha vuelto a la casilla de salida.

En mayo de 2012 la diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, desveló desde la tribuna del Congreso que el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del PP, la había presionado para que votara en contra del paquete de recortes presentado en mayo de 2010 por el antaño presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, a sabiendas de que España sería intervenida si no se aprobaban las medidas de ajuste. “Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”, contó que le espetó.

Los recortes de 2010 supusieron el mayor ajuste en gasto social de la democracia y se aprobaron por un solo voto gracias a la abstención de CiU y de CC, por lo que los nacionalistas canarios, con una sola diputada en aquella legislatura, tuvieron en su mano la llave de la votación. “Nos abstuvimos a pesar de las presiones”, desveló Oramas dos años después, al tiempo que recordaba que, en apenas 24 horas, el Parlamento tuvo que aprobar un decreto que, de haber decaído, hubiera sido la ruina de España.

Aquellas palabras, nunca desmentidas por Montoro, pusieron en entredicho el sentido de Estado de un PP que, entre los intereses del país y su irrefrenable deseo de que cayera el Gobierno socialista, optó por lo segundo. Por entonces, en el imaginario colectivo estaba instalado el mantra de que cuando la derecha gobierna genera riqueza y cuando lo hace la izquierda sólo la distribuye. Era ésta la forma más simple y directa de contraponer dos modelos económicos: el neoliberal y el socialdemócrata. Y un mito que, ante la evidencia de los datos, parece haber caído en esta crisis.

Los socialistas esta vez han logrado, a diferencia de otras ocasiones, la cuadratura del círculo, esto es que en tiempos de crisis como la sobrevenida por la guerra en Ucrania, la economía española crezca por encima de la media europea y que lo haga, además, con justicia social, un principio que más allá de las boutades de Ayuso, se fundamenta en la igualdad de oportunidades y en un reparto justo y equitativo de la riqueza.

Con la ayuda de la lluvia de millones de los fondos Next Generation, cierto. Con un cambio de paradigma respecto a la ortodoxia de la austeridad impuesta en la anterior crisis de la UE, también. Pero habiendo sido el Gobierno de España, arguyen los socialistas, “parte activa en el diseño de la eliminación de los viejos corsés austericidas la implementación de las políticas keynesianas para combatir la crisis mediante inversiones públicas que ceben la inversión privada”.

En efecto, lejos de que un tsunami económico se llevase por delante a la coalición de gobierno, que la subida del SMI o la reforma laboral destruyeran miles de puestos de trabajo o que los impuestos a la banca y a la riqueza hayan lastrado las perspectivas económicas, el Banco de España acaba de elevar esta semanas las previsiones de crecimiento al 2% para 2023, por encima de las del FMI y la OCDE. Y todo por el descenso de la inflación, la fortaleza del mercado de trabajo –con más de 20 millones de cotizantes– el sector exterior y el desatasco de las cadenas de suministro globales. 

El 84% de asalariados tiene empleo estable

Un dato que en la izquierda manejan con habilidad en estas semanas es que en 2018, cuando llegaron al gobierno, sólo el 60% de los asalariados tenía un empleo estable mientras que en 2023 son un 84% de los trabajadores españoles -de cada diez, 8,5- quienes tienen un puesto fijo. 

Ninguna de las siete plagas anunciadas por las derechas sobre la economía ha caído sobre España, a pesar de las políticas intensivas de gasto. Y esto, claro, complica sobremanera el relato del PP en una campaña electoral en la que no termina de encontrar un relato más allá de “derogar el 'sanchismo'” y ha tenido que recurrir, por enésima vez, al comodín de ETA.

La inclusión en listas de EH Bildu de 44 candidatos condenados por pertenecer a ETA, 7 de ellos por delito de asesinato han servido para que el PP cargue, no contra la coalición abertzale por su evidente desprecio a las víctimas del terrorismo, sino contra Sánchez y los socialistas como si la mismísima banda terrorista se sentara hoy en la mesa del Consejo de Ministros.

ETA dejó de matar hace más de 10 años, se disolvió hace 5 pero siempre ha sido para la derecha un argumento de utilización partidista a su conveniencia. En su distorsionado relato iguala al PSOE con Bildu, a Sánchez con Otegi y al gobierno en su conjunto con los cómplices de la extinta banda terrorista. Nada nuevo. 

El terrorismo, presente o ausente de la vida de los españoles, siempre ha sido blandido como arma arrojadiza por los populares, y con mucho más énfasis en vísperas electorales si la demoscopia no soplaba a favor de una clara mayoría conservadora. Se usó contra Felipe González entre 1993-1996, desapareció durante los gobiernos de José María Aznar cuando el PP prometía generosidad con la banda si dejaba de matar, volvió con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y regresa de nuevo ahora con Pedro Sánchez. Una estrategia que en el cuartel general del PSOE creen que responde a que la evolución del voto no está siendo del todo satisfactoria para los populares que hace menos de un mes hablaban de “cambio de ciclo” y de “vuelco histórico”.

Un líder que no entusiasma

Todo esto en el arranque de una campaña en la que los socialistas creen que los de Feijóo no han encontrado una narrativa propia ni un líder nacional que entusiasme a su electorado mientras que Sanchez “ha llevado la iniciativa con un goteo de anuncios y medidas sociales” que mantendrá hasta el 28M y “se percibe un aumento notable de la movilización de los socialistas en todo el territorio”. 

En el cuartel general de los socialistas cuentan con que en Génova tratarán de estirar el chicle de las listas del EH Bildu “para no hablar ni del acuerdo social para un aumento salarial del 10% firmado por patronal y sindicatos, ni de la relevancia de la entrevista de Sánchez con Joe Biden en la Casa Blanca, ni de la lluvia de datos positivos sobre la marcha de la economía”

Y es que el PSOE se jacta de haber roto con un “ciclo histórico en el que estaba muy instalado que cuando la izquierda llegaba al poder sólo sabía gastar y retraer el crecimiento económico mientras que cuando lo hacía la derecha generaba riqueza”. Por primera vez en 40 años, añaden los estrategas socialistas, “hemos demostrado que sabemos hacer las dos cosas: subir el SMI y crear empleo; maximizar la presencia del Estado allí donde es necesario mientras se disparan los beneficios de las empresas; redoblar las políticas de gasto y atraer la inversión extranjera”.

Además de sobre vivienda, ayudas sociales, inversión en FP, sanidad, educación y pensiones, los socialistas se ven también en disposición de debatir ahora con la derecha “sobre quién gestiona mejor la economía”. Algo que, en palabras de un miembro del comité de estrategia de la campaña, les permite circular “por un carril de 18 pistas” en una campaña en la que pueden hablar de vivienda, empleo, crecimiento económico o pensiones y  en la que ya nadie duda de que Sánchez y Feijóo miden también sus liderazgos.

El PP reconoce ya que si no logran arrebatar alguno de los 9 gobiernos regionales que hoy tiene la izquierda el resultado será insuficiente para Feijóo, que ha rebajado últimamente las expectativas de esta su primera prueba como líder nacional. Aunque el líder del PP se juegue menos que Sánchez, en los territorios empieza a estar bastante instalado que su presidente no tira de la marca y que todo lo que crecen los populares es pura matemática, esto es el resultado de absorber el voto del extinto Ciudadanos. Ni uno más ni uno menos. Y esto, admiten entre bambalinas, también es consecuencia de que “hace falta algo más que el deseo de echar a Sánchez”. 

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Bienvenidos a una campaña de infarto. Arranca oficialmente la del 28M. ¿Dudas? Todas. ¿Certezas? Muy pocas. Si acaso la mayoría absolutísima del incombustible Abel Caballero en Vigo, algo inédito en un fragmentado mapa político. El resto, todo en el aire: el gobierno de la Generalitat valenciana, el de La Rioja, las alcaldías de Barcelona, Madrid, Sevilla… Esto no va de ganar sino de gobernar. Y la debilidad o la fortaleza de la izquierda a la izquierda del PSOE es lo que dirimirá en muchos casos el reparto del poder territorial. 

Si Sánchez suma o resta ha quedado despejado con el entusiasmo con el que los candidatos socialistas corean y abrazan las medidas sociales implementadas por el Gobierno de coalición, además de con la omnipresencia del presidente por todo el territorio nacional. Que la gestión importa es algo que el PSOE espera que quede demostrado el próximo 28M, pero dependerá en todo caso de si la marca mantiene intacto el poder institucional que atesora en los ayuntamientos y las comunidades autónomas y logra, de paso, hacerse con el gobierno de alguna de las capitales más simbólicas como es el caso de Barcelona.

Si Alberto Núñez Feijóo consolida o no el liderazgo de la derecha dependerá no sólo del resultado global de su marca o de si es o no primera fuerza en la Comunidad Valenciana, sino también de si Ayuso consigue la anhelada mayoría absoluta y empieza a ejercer de lideresa fáctica de la derecha. Pero para asentar el mantra del cambio de ciclo, los populares necesitan conquistar alguna capital importante y alguna autonomía emblemática. Todo lo demás será un fracaso, aunque resultara el vencedor en votos en el conjunto de España al absorber casi de forma automática el flujo electoral de un Ciudadanos en extinción.

Si Podemos logra superar el 5% de los votos exigibles para tener representación en los parlamentos de Madrid y la Comunidad Valenciana, donde no se presenta en coalición con Más Madrid y Compromís, quedará acreditado un sólido suelo electoral que les convertirá en imprescindibles para el espacio de Sumar que lidera Yolanda Díaz para las generales.

Si Vox convierte en realidad su promesa de no dar gratis ningún gobierno al PP si sus votos son necesarios, Feijóo tendrá un problema más para las elecciones de diciembre, gane o pierda en el cómputo global.

Y si los resultados acreditan la muerte electoral de Ciudadanos en todos los territorios que vienen anticipando las encuestas, el bloque de las derechas, reducido ya a dos formaciones, tendrá mucho más fácil que hace cuatro años la conquista de La Moncloa. Con permiso de Vox, claro. La suma de ambos es una UTE con el único objetivo de echar a Sánchez.

El caso es que unos afrontan la cita en clave de primera vuelta de las generales mientras que otros se empeñan en decir que son unos comicios en los que primará la clave local o regional. Todos tienen interiorizado que Sánchez y Feijóo miden su liderazgo el último domingo de mayo. Y aunque oficialmente defiendan que nada cambiará esa noche, saben que en el fondo todo puede cambiar en las dinámicas de los partidos en liza en función del resultado que obtengan de las urnas. 

En el PSOE porque si no ganan las municipales en votos y concejales como en 2019 o pierden tan solo uno de los gobiernos autonómicos más emblemáticos de los nueve en los que ostentan el poder institucional, la derecha tendrá el camino expedito para activar la cuenta atrás de lo que viene llamando la “derogación del sanchismo”. En el PP porque son conscientes de que con el cambio de liderazgo de Casado pusieron demasiado alto el listón de las expectativas, porque saben también que Feijóo no tira de la marca tanto como esperaban y porque, aunque fueran primera fuerza en algunas regiones, necesitan sumar con Vox para formar gobierno, lo que lastraría el anhelo de gobernar en solitario tras las generales.

Luego está, claro, la gran prueba de resistencia del bloque de la izquierda a la izquierda del PSOE en plena disputa por la reconfiguración del espacio y el hipotético futuro acuerdo entre Podemos y Sumar para las generales. Aunque los morados concurren en coalición electoral con IU (afín a Sumar) en 10 de las 12 comunidades que celebran elecciones y en 39 capitales de provincia, Más Madrid y Compromís (integrados en el espacio de la vicepresidenta Díaz) han decidido ir en solitario en Madrid y la Comunidad Valencinaa, donde la unidad de la izquierda se considera decisiva en un caso para arrebatar al PP el Ayuntamiento de Madrid y en el otro, para mantener la Generalitat.

Sin duda, una de las grandes incógnitas de estas elecciones será cómo operen en el voto las zapatiestas públicas que mantienen los morados y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que hará un ejercicio de equilbrismo en la campaña entre el apoyo a las candidaturas de la formación morada y a otras que disputan el voto en ese mismo espacio. Su plan de campaña incluye respaldar a las confluencias de Podemos e IU, pero también a Más Madrid y Compromís, donde Podemos echará el resto en busca de ese 5% inexorable para entrar en los respectivos parlamentos autonómicos. De que lo consigan en Madrid depende que la todopoderosa Ayuso no logre la ansiada mayoría absoluta que persigue para no depender de Vox y, de paso, situarse en la pista de salida para la batalla por el liderazgo nacional del PP si Feijóo no consigue en diciembre el Gobierno de España. En ese caso, claro, tendría que vérselas con el andaluz Juanma Moreno.

Yolanda Díaz centrará gran parte de su atención en Cataluña, donde los Comuns gobiernan el Ayuntamiento de Barcelona, una de las plazas más codiciadas en estas elecciones. Si el socialista Collboni logra arrebatar la Alcaldía a Ada Colau, algo que podría conseguir aun siendo segunda fuerza por los vetos cruzados declarados de antemano, la vicepresidenta segunda vería quebradas parte de sus expectativas en Catalunya de cara a las generales.

Por su parte, la ultraderecha de Vox, que afronta estos comicios como los primeros a los que concurre como un partido consolidado, ya que en 2019 su presencia territorial era casi testimonial, ve en el 28M una oportunidad para, como el PP,  frenar a Sánchez y crecer en votos hasta condicionar el poder institucional allá donde pueda. Tanto es así que han dejado claro ya que sus papeletas no les saldrán gratis a los populares en el caso de que fueran necesarias para la formación de gobiernos, como ya ocurrió en Castilla y León, donde ambas formaciones gobiernan en coalición.  Los de Abascal aspiran a condicionar el Ejecutivo de Madrid, pero también los de Extremadura, Ceuta, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla La Mancha si el PP se impone como primera fuerza y la suma con la ultraderecha supera la mayoría absoluta.

Pero Feijóo arrancó precisamente  este jueves la campaña en Valencia con una de sus frases más ambiguas respecto a las posibles alianzas postelectorales: “Nos importa ganar en Valencia, sí, sin duda. Pero no vamos a gobernar perdiendo, solo vamos a gobernar ganando”, afirmó en lo que se interpretó una clara andanada al PSPV-PSOE de Puig y su alianza con Compromís y Podemos, a los que los sondeos dan opciones de reeditar el Botànic, pese a que el PP sería primera fuerza. 

¿Rechazaría el PP gobernar con Vox en Aragón, Castilla-La Mancha o Extremadura si le dieran los números con Vox y el PSOE mantuviera la hegemonía electoral? ¿O se trata solo de una treta para marcar distancias con su principal competidor de bloque?

El carácter nacional del 28M es en todo caso un hecho y se ve claramente reflejado en la disputa por el voto que han puesto en marcha tanto el Gobierno como el PP desde hace semanas. Hace tiempo que las políticas no están enfocadas sólo sobre los problemas ciudadanos sino en función del viento que sople en las encuestas. Y las más de 150 publicadas en los últimos doce meses han determinado no sólo la implicación de los líderes nacionales en la agenda electoral sino también el goteo de medidas sociales con clara intención electoral aprobadas desde la mesa del Consejo de Ministros. 

Sánchez ha decidido explotar además su registro internacional en el inicio de una campaña que abre desde la Casa Blanca en respuesta a una invitación de Joe Biden, como así admite la agenda pública del PSOE, en la que se dice textualmente: “El presidente estrenará la campaña con un viaje oficial a Washington, donde se reúne con el presidente de EE.UU…”.  Desde Semana Santa ha combinado su gira por Europa para preparar el semestre de la presidencia española de la UE con una veintena de mítines y con la vista especialmente puesta en Valencia, una Comunidad que ya ha visitado en cuatro ocasiones en el último mes y a la que volverá durante la campaña. 

La Generalitat se ha convertido también en el mayor objeto de deseo de los populares para convertirla en pista de lanzamiento para Feijóo de cara a las generales, si bien el objetivo pasa por dar la vuelta al marcador de 2019, cuando el PSOE se impuso al PP por 1,5 millones de votos en los comicios locales. Claro que el PP también aspira a gobernar en solitario en Madrid y Murcia y a lograr otras autonomías como La Rioja, Aragón, Extremadura o Castilla-La Mancha, lo que a tenor de algunos de sus dirigentes es mucho aspirar “teniendo en cuenta la capacidad de resiliencia de Sánchez y la evolución de la economía que no ha descarrilado, pese al efecto inflacionista”.

Aquí triunfalismo y entusiasmo desbordante no exhibe nadie, más que en los argumentarios que reparten entre su dirigencia. Más bien en todos los cuarteles generales, los estrategas contienen la respiración ante unos resultados que serán, además de inciertos, objeto de análisis detallado y, sobre todo, determinantes para las estrategias nacionales del último semestre del año.

Los oscenses tendrán que escoger entre once candidaturas en las elecciones municipales del 28 de mayo en busca de alcalde o alcaldesa. Un récord absoluto cuando hay en juego la designación de 25 concejales, un promedio de poco más de dos por cada formación política. La realidad y las encuestas dictan que la gran mayoría de ellas se quedará fuera del reparto, que una vez más asume la forma de un cara a cara entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Por debajo, una ensalada de siglas a izquierda y derecha ávida de ocupar el espacio que deje el duelo entre el alcalde desde 2015, Luis Felipe (PSOE), y la popular Lorena Orduna, aspirante que da sus primeros pasos en la política.

La composición de las listas presenta cambios de cromos, la vuelta de viejos conocidos y el debut de dos formaciones, Escaños en Blanco y la Federación de los Independientes de Aragón, como parte de una amalgama de tendencias políticas que añade intriga al resultado final y a la carrera de fondo entre PSOE y PP, tradicionalmente muy cerrada. A la izquierda de Luis Felipe se sitúan Chunta, Podemos Alianza Verde, Verdes Equo y Cambiar Huesca. El rojo se va tornando en azul y vira de la derecha a la extrema derecha con el PAR, Ciudadanos-Tú Aragón y Vox. Los primeros atisbos de alianzas electorales polarizan la situación y obligan a los partidos principales a sacar la calculadora y trazar límites.

Luis Felipe ha ejercido en solitario en estos cuatro años con apoyos puntuales de Ciudadanos para sacar adelante los presupuestos anuales entre otras cuestiones no menores. El voto en blanco que, por sorpresa, le dio la alcaldía en 2019 sin que nadie asumiese su paternidad y esta alianza a contracorriente con lo que ha sucedido en otras plazas de la comunidad aragonesa, donde la formación naranja no ha formado parte en coaliciones de gobierno con los socialistas, han servido de ariete continuo para la oposición a derecha e izquierda. El alcalde y alcaldable ha señalado en varios foros que no repetiría como primer edil si ha de apoyarse en Podemos. En caso de que no se dé una mayoría absoluta se otorga la victoria a la lista más votada, un alivio para el vencedor que no garantiza una gobernabilidad cómoda.

En 2019, menos de mil votos separaron a PSOE y PP, que trató de alcanzar un entendimiento con Ciudadanos y Vox que habría sumado la mayoría absoluta. El voto en blanco dinamitó esta posibilidad y el otro partido que obtuvo representación, Podemos Equo, no ha tenido una relevancia marcada en la toma de decisiones a pesar de que teóricamente era el más próximo a los postulados socialistas. La abundancia de alternativas remarca la tendencia a un voto atomizado, con siglas históricas que quieren recuperar un sitio en el Ayuntamiento de Huesca y otras de nuevo cuño. La situación más rocambolesca se ha producido con la candidata del PAR, María Eugenia Gabás.

La que ha sido concejala de Ciudadanos en la presente legislatura encabeza ahora la lista del Partido Aragonés para el consistorio y es asimismo la cabeza de lista por Huesca para las Cortes de Aragón. Todo ello, tras haberse dado de baja de Ciudadanos y presentarse como independiente. Además, ha renunciado a su acta de edil puesto que el criterio técnico municipal dicta que, si bien no pertenece al equipo de gobierno, debe seguir formando parte de las comisiones y, por “coherencia”, “no es de recibo que se den unas circunstancias en las que pudiese cobrar más dinero”, señaló después de haberse mantenido en las semanas anteriores como concejala no adscrita a ningún grupo.

A cambio, se sitúa al frente de Ciudadanos, en alianza con los ‘rebeldes’ del PAR que se han escindido de la línea oficial fijada por Arturo Aliaga y que se denominan Tú Aragón, Natalia Lascorz. No quedará rastro del tridente naranja entre 2019 y 2023, pues el hasta ahora portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Cadena, abandona la política activa y Enrique Novella mostró públicamente su oposición a alinearse con Tú Aragón y no forma parte de la lista de 25 nombres. Sí vuelve a aparecer en Podemos, como candidato a la alcaldía, el concejal Guillermo Boix después de cuatro años en los que ha desarrollado esta labor junto al escritor Óscar Sipán, que se echa a un lado, bajo las siglas Con Huesca Podemos Equo.

CHA suspira por volver a contar con representación municipal, algo que no consigue desde las elecciones de 2011. Una espera de dos legislaturas que comparte con el PAR y que tratará de remediar con una lista que vuelve a aparecer encabezada, como cuatro años atrás, por Sonia Alastruey. Otro rostro conocido a la izquierda es el de Pilar Callén, rostro visible de la plataforma Cambiar Huesca y coordinadora de Izquierda Unida en la capital. Y el de Silvia Mellado, dirigente nacional de Verdes Equo. Cambiar Huesca logró cuatro concejales en 2015 y formó parte del equipo de gobierno con PSOE y Aragón Sí Puede hasta su ruptura en 2018. Una de sus concejalas fue entonces Mellado, antes de abandonarlo por sumarse a otra formación, Con Huesca.