Este viernes por la mañana, los seis trabajadores despedidos del servicio de grúa municipal de Sevilla han abandonado voluntariamente el Ayuntamiento, donde permanecían encerrados desde el lunes. Tres de ellos —Carlos, Inma y Luis— habían iniciado una huelga de hambre indefinida. La decisión de poner fin a la protesta se tomó la noche anterior, en asamblea con el sindicato CNT, después de recibir un requerimiento remitido por el Consistorio.
El documento, enviado desde la Dirección General de Protocolo hacia el grupo municipal Con Podemos–Izquierda Unida, notificaba que la Policía Local había levantado acta de la ocupación de una dependencia municipal. A continuación, solicitaba al grupo político que aclarara si los huelguistas estaban allí con su autorización. De no ser así, se trataría de una permanencia sin respaldo, lo que podría considerarse una entrada no legítima. No se hacía mención explícita a una intervención policial próxima, pero el sindicato interpretó el mensaje como una presión clara: “El contenido venía a decir: o los asumís como invitados, o asumís las consecuencias”, resumen fuentes de CNT.
Esa misma noche, en una reunión telemática entre los trabajadores y el sindicato, se tomó la decisión de abandonar el Ayuntamiento al día siguiente por la mañana. “No queríamos dar lugar a una intervención ni a una imagen de conflicto”, explican desde CNT. Carlos, uno de los huelguistas, insiste: “No somos delincuentes. Nunca nos planteamos resistir de ninguna manera. Pero tampoco merecíamos que se nos presionara para salir”.
Carlos subraya, además, que su salida no implica haber alcanzado ningún tipo de acuerdo. “Nos han echado. No se ha conseguido nada de lo que pedíamos”, resume. Aun así, los extrabajadores insisten en que continuarán manifestándose públicamente y que su lucha “sigue” y no ha terminado. “Ahora tendrá que ser en la puerta, pero seguimos”, añade.
El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que la empresa adjudicataria, Setex Aparki, está actuando conforme al convenio colectivo y que los extrabajadores no cumplían los requisitos para ser subrogados. En concreto, el artículo 25 del Convenio Nacional del Sector exige haber estado contratado al menos tres meses antes de la primera convocatoria del concurso público, que se realizó en abril de 2024. Según el gobierno local, ninguno de los seis despedidos cumplía esa condición, por lo que no podían ser incorporados por la nueva concesionaria.
También se defiende la legalidad del proceso de adjudicación. El Ayuntamiento recalca que el contrato fue asignado mediante concurso público, según un baremo técnico y no por decisión política. Además, ofrece datos que avalarían una mejora en el funcionamiento del servicio: durante la pasada Feria de Abril se retiraron un 77% más de vehículos que el año anterior, y en Semana Santa el aumento fue del 82%.
CNT, sin embargo, sostiene que el contrato actual ha supuesto un recorte de plantilla y una precarización del servicio. Considera que la adjudicación fue “temeraria” y ha anunciado que continuará con su impugnación por la vía administrativa. Por ahora, la protesta dentro del Ayuntamiento ha terminado, pero el conflicto sigue abierto en la calle.
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