Cuando el desprecio al más pobre se hace ordenanza municipal: “Es consecuencia de una política generalizada”
La decisión de tirar, sin previo aviso, los pocos enseres de las personas sin hogar con la excusa de limpiar la calle ha despertado la indignación de colectivos y entidades del tercer sector. La decisión del Ayuntamiento de Madrid, sobre la que puso el foco del Defensor del Pueblo, que solicitó al consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida información sobre las actuaciones en este sentido, no es exclusiva de esta administración. “Esto es consecuencia de una política generalizada en España, que trata de gestionar las consecuencias del sinhogarismo pero no dedica a solucionarlo”, adelanta el director general de Hogar Sí, José Manuel Caballol.
Lo sucedido en Madrid ha sido el penúltimo ejemplo de una decisión que perjudica a los más vulnerables, pero no es el único: desde sustituir bancos por sillas como parte del mobiliario urbano o colocar reposabrazos para impedir que las personas puedan dormir en ellos, hasta las protestas por los escasos recursos del centro de acogida Juan Luis Vives de Vicálvaro, cuyos trabajadores denuncian condiciones de “hacinamiento”, según adelantó la Cadena Ser.
Según aduce el mismo Caballol, bajo normas aparentemente cívicas se termina castigando a las personas en situación de calle. En mayo de 2024, alrededor de los Jardines del Turia, en Valencia, aparecieron unos carteles que avisaban del desmantelamiento del asentamiento de personas en la zona. Para llevarlo a cabo, se valieron de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, que prohíbe “tirar y abandonar en la vía pública toda clase de productos que puedan deteriorar el aspecto de limpieza de la ciudad”.
La intervención en Valencia se ejecutó bajo el mandado de la regidora del PP María José Catalá, sin acompañamiento de los servicios sociales y sin alternativa habitacional para los afectados, que acabaron reasentándose en otras zonas de la ciudad. Todo ello sucedió tras la puesta en marcha de otras medidas, como la prohibición del reparto de comida a las entidades sociales y la aprobación de una estrategia de arquitectura hostil con el objetivo de “evitar los asentamientos ilegales”, con el anuncio de la construcción de unos estanques en la zona donde antes vivían personas en situación de calle.
En Málaga, la ordenanza de Convivencia también puede afectar de manera directa, por medio de sanciones administrativas, a las personas en exclusión social, incluidas aquellas en situación de calle. A pesar de la oposición del sector social, la modificación realizada en esta norma en 2023, por el equipo del 'popular' Francisco de la Torre, no despenalizó algunas de las prácticas a las que se ven abocadas las personas en situación de calle. Por ejemplo, “cualquier manipulación en las instalaciones o elementos de los estanques y fuentes, así como bañarse” o “lavar cualquier objeto” supone multas de hasta 750 euros.
“Estrategias hostiles para desalojar”
Según Hogar Sí, estas normativas sirven a los Ayuntamientos “como elemento promotor de estrategias hostiles para desalojar los asentamientos de personas en situación de sinhogarismo”. Otro ejemplo es Barcelona y su Pla Endreça, que recoge que la limpieza se establece como “uno de los ámbitos prioritarios de actuación del mantenimiento integral del espacio público”. Este Plan bebe de las ordenanzas de convivencia, sobre el uso de las vías y los espacios públicos, medio ambiente, circulación y la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. La norma fue aprobada en julio de 2023 bajo el mandato del socialista Jaume Collboni.
Tal y como recalcan desde la entidad dirigida por Caballol, de las medidas derivadas de este Plan no solo se afirma la sanción de conductas incívicas, sino que también se promueve la denuncia del vecindario por medio de un portal online o a través de un número de teléfono. Una de las situaciones que animan a denunciar es la de “personas molestando en la calle”.
La Fundación Arrels, que trabaja con personas en situación de calle en la capital catalana, ha denunciado que desde que está en vigor este Plan han aumentado las multas, las amenazas de quitarles sus animales de compañía, tirar sus pertenencias o mojarlos para que se marchen de los lugares en los que viven.
Tenerife recula
Más allá de la geografía peninsular, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han intentado aprobar un reglamento de Atención Ciudadana que atentaba contra los derechos de las personas sin hogar. Tal y como expuso el propio Caballol en las alegaciones realizadas durante la tramitación del reglamento, algunos de sus artículos podían acabar con la denegación de entrada a las personas en situación de calle a los lugares en los que se ofrecen los servicios públicos municipales. En general, había una aportación al reglamento de una trabajadora municipal en la que se desprendían “diversos estereotipos o prejuicios relacionados con la higiene y la salud tanto física como mental de las personas en situación desinhogarismo”, afirma Hogar Sí.
El Consistorio tinerfeño está gobernado por José Manuel Bermúdez, integrante de Coalición Canaria, quien dirige el Ayuntamiento en coalición con el PP. En este caso, la alegación planteada por la entidad sí ha tenido el éxito buscado y el Consistorio ha modificado el texto propuesto para contemplar los requisitos establecidos por la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación que protegen a las personas en situación de calle.
Alta tasa de pobreza severa en España
Según el informe de 2026 sobre El estado de la pobreza, realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, la tasa de pobreza severa española se sitúa por encima del promedio de la Unión Europea (5,3%) y alcanza el 8%. Por encima solo queda Bulgaria (8,1%), Croacia (8,3%) y Letonia (9,8%).
Asimismo, el documento recoge que las transferencias del Estado juegan un papel esencial en la contención de la pobreza y la reducción de la desigualdad, aunque existe margen de mejora. En este sentido, las transferencias —entre las que se cuentan los ingresos por jubilación o el ingreso mínimo vital— evitan que un 22,4% de la población esté en pobreza, 11 millones de personas. Sin embargo, otros países que parten de situaciones parecidas logran reducir mucho más la pobreza gracias a políticas más eficaces. Al mismo tiempo, la Red Europea afirma que en los últimos años más personas acceden a prestaciones sociales, tanto entre la población general como entre la población en pobreza.
Iván Lendrino, representante de Pueblos Unidos en la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid, ha criticado las últimas medidas impulsadas por el Ayuntamiento de la ciudad y el Gobierno regional. El Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que no permitirá utilizar el abono transporte a aquellas personas no empadronadas en la Comunidad, lo que golpea directamente a muchas en situación de calle. “La Administración toma decisiones sin tener en cuenta otras perspectivas y por el camino quedan los más vulnerables, los que no tienen papeles, los que vive en la calle”, ilustra el propio Lendrino.
Por su parte, Alberto Tabernero, responsable del centro de atención a personas sin hogar Acouga de A Coruña, gestionado por Accem, reivindica que la población en situación de calle tiene que tener “la misma capacidad a la hora de ejercer sus derechos y posibilidades de participación”. Por eso, tirar a la basura los enseres de estas personas supone “desposeerles de lo poco que tiene”, dice Tabernero, quien alerta que, en muchas ocasiones, en esa acción también se pierde documentación importante.
La aporofobia, concepto creado por Adela Cortina y desarrollado en ‘Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafía para la democracia’ (Paidós, 2025), también tiene consecuencias severas a la hora de facilitar la participación ciudadana a las personas más desfavorecidas. “Las personas sin hogar se ven excluidas de esta participación, lo que hace que la opresión que recae sobre ellas sea mucho mayor. Tanto a nivel político como el voto o a nivel administrativo con quejas, su capacidad de réplica es muy limitada”, finaliza el responsable coruñés.
Estas medidas se producen y alimentan contextos de desprecio por los más pobres. En abril de 2024 en Valencia un grupo de individuos intentó quemar vivo a un hombre sin hogar en la zona de la Ciudad de la Justicia. Al mes siguiente y en la misma ciudad, fueron detenidos 11 jóvenes por humillar y agredir a personas en situación de calle. Las normativas que de forma directa o tangencial golpean a las personas sin hogar conllevan la deshumanización, el primer paso para que puedan tener lugar este tipo de acciones.