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La crisis de acceso a la vivienda, la precariedad del empleo y la falta de recursos en los servicios sociales sacan a flote un problema que hasta la fecha permanecía prácticamente invisibilizado en la ciudad de València: el sinhogarismo. En los últimos años ha crecido el número de personas que pernoctan en la calle, pero también el de familias enteras que no tienen más alternativa que la de las infraviviendas. El ejemplo paradigmático es el del antiguo circuito urbano de Fórmula 1, que es ya un poblado chabolista, pero no es el único en la capital: el Ayuntamiento tiene registrados 37 asentamientos en sus distritos en los que malviven más de 800 personas.
La decisión del consistorio de expulsar a las personas sinhogar del antiguo cauce del Túria ha hecho aún más visible su precaria situación. El pasado mayo, el Ayuntamiento envió a varias patrullas y a los servicios de limpieza a retirar todos los enseres de las decenas de personas que pernoctaban bajo los puentes y mantiene una vigilancia constante para evitar que vuelvan a situarse en el cauce, que el consistorio promociona como un atractivo turístico y deportivo. Desde entonces, una veintena de personas pernocta ahora en el parque trasero del IVAM, en el céntrico distrito de Ciutat Vella. El asentamiento entre el parque Jesús Maroto i González y el jardín trasero de la Beneficencia ha crecido desde los desalojos del río y se incrementa en algunos momentos del día. Quienes pernoctan en esta parcela son personas migrantes, algunas de ellas con problemas de salud mental, que llevan desde el pasado junio sin respuesta asistencial contínua, apuntan los residentes del barrio.
Los vecinos del entorno, que se encuentra cercano a recursos como el Centro de Atención a la Inmigración (CAI) reclaman al Ayuntamiento que dé atención y alternativa habitacional a estas personas, un refuerzo de los servicios sociales y una estrategia para el sinhogarismo en la ciudad clara. Temen que en los centros educativos aledaños se dé algún conflicto entre los adolescentes y estos jóvenes y que se produzca algún encontronazo con otros vecinos por problemas de convivencia. “No queremos que se produzca un Torre Pacheco”, comenta un vecino que cree que puede instrumentalizarse la situación por parte de grupos xenófobos. La Policía Local no tiene registradas incidencias relevantes en esta zona y mantiene a diario un grupo de agentes a primera hora de la mañana, que coincide con los trabajos de limpieza municipal y la entrada a los centros educativos. No se ha dado ningún conflicto, apuntan. Este diario ha tratado de contactar con el CAI y con el consistorio, pero no ha obtenido respuesta sobre los recursos destinados. El Ayuntamiento de PP y Vox defiende reiteradamente que se da alternativa en los servicios sociales a las personas sin hogar, pero muchas las rechazan por las condiciones exigidas en los albergues.
El asentamiento de Ciutat Vella es solo la punta del iceberg. Evidencia una crisis grave de recursos en la ciudad que no tiene visos de finalizar. Entidades sociales, organismos públicos y centros de estudios llevan tiempo subrayando que los problemas de acceso a la vivienda son de especial trascendencia. Hasta el responsable de la cátedra de Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia, financiada por empresas privadas, hace años que advierte en sus informes del riesgo de proliferación de infraviviendas si no se corrige rápidamente la falta de inmuebles para rentas bajas y a precios asequibles.
Según los datos del Ayuntamiento, obtenidos en una respuesta al grupo Compromís, hay en la ciudad 37 asentamientos. En ellos habitan 815 personas, de las que más de 200 son menores de edad; un incremento de un 20% en dos años. Los de mayor tamaño se encuentran en Quatre Carreres y El Cabanyal, seguido del asentamiento del circuito urbano de Fórmula 1, que ya cuenta con más de 80 familias. También en Quatre Carreres, Orriols, Benimaclet o Algirós o La Creu Coberta. Entre personas sin hogar censadas y quienes viven en asentamientos hay un millar de personas.
Los vecinos insisten en un discurso que rechaza la criminalización de las personas sinhogar y subrayan que se necesita una respuesta pública integral: “La gente se busca alternativas ante la falta de vivienda”, explica Julio Moltó, de la Asociación de Vecinos de Natzaret. Moltó comenta que ha acudido en varias ocasiones al asentamiento y allí se ha encontrado con personas que trabajan pero no tienen ingresos suficientes para costearse un alquiler, ni siquiera compartido o por habitaciones. El precio medio de alquiler en València ya es superior a los mil euros mensuales y la competencia es extremadamente feroz. Se suma además el racismo inmobiliario: propietarios que rechazan como inquilinos a los migrantes.
La oposición denuncia la falta de servicios para atender a estas personas en una situación extremadamente precaria. Las plazas de técnicos de servicios sociales encargados de la estrategia de sinhogarismo no se han cubierto, y el proyecto lleva dos años parado. También la estrategia de asentamientos, que no ha llegado a desarrollarse. Compromís y PSPV han presentado numerosas iniciativas en el consistorio para aumentar los recursos y desarrollar esta estrategia, sin visos de éxito.