Hay razones palpables y otras más intangibles. Palpable es, por ejemplo, que se caigan los techos de algunas facultades, que haya goteras. Que falte una máquina básica en un laboratorio, que el ordenador tenga más años que los planes de estudios o tener la universidad más cara de España siendo la comunidad autónoma más rica.
En los intangibles entra lo que podría definirse como el modelo: que se quiera imponer un régimen disciplinario que prohíba hasta colgar una pancarta de protesta, ataques a la sacrosanta autonomía universitaria poniendo el control del gasto en manos de terceros o el lento deterioro de un sistema público incapaz de cubrir la demanda que empuja al estudiantado a los campus privados, que crecen como setas.
En las seis universidades públicas madrileñas ven muchas razones para hacer huelga y las plataformas que la impulsan tienen muchas esperanzas en que el paro convocado este miércoles y jueves (formalmente por los sindicatos, todos a una) suponga un punto de inflexión en la lucha abierta que tienen con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Se hace huelga por lo que hay y también por lo que viene, explican los protagonistas del paro.
El dinero
Madrid es la comunidad autónoma que peor financia a su universidad pública. La única que en 2025 no ha recuperado aún los recortes de 2008 y da hoy a sus centros menos dinero que entonces. Se puede elegir el dato que se prefiera para ilustrar la situación y lo denuncian públicamente los rectores de las seis universidades públicas. La evolución de la postura de los mandatarios es ilustrativa de su desesperación: pasaron años en silencio, intentando negociar con el Ejecutivo regional sin hacer ruido, pero no resultó y cuando la situación se hizo insostenible y apenas les llegaba para abrir los centros elevaron la voz.
Aterrizaron entonces los rectores lo que significa tener una inversión por alumno de poco más de la mitad que la región que mejor financia a sus universidades: las transferencias de la Comunidad de Madrid apenas cubren las nóminas –hasta el punto de que el rector de la Complutense tuvo que salir al paso de los rumores de impago– y todo el presupuesto da justo para abrir las puertas cada día y pagar la calefacción.
“El 80% de los ingresos generales va a pagar el capítulo 1 (personal). El 15% lo empleamos en abrir los edificios, en poner la calefacción. Nos queda un 5% (de 200 y pico millones de euros) para todo lo demás. Esto significa que con un crecimiento vegetativo del capítulo 1 ya no puedo reponer las jubilaciones, ahí ya estoy recortando. Por supuesto, no hay capacidad de crecimiento o expansión, de pensar en nuevos proyectos de titulaciones, en centros de investigación, etc. Estamos en un momento en el que la dificultad es mantenernos, no ya mejorar. Estamos en riesgo”. Esto decía hace dos años la rectora de la UAM, Amaya Mendikoetxea.
Todo lo que dijo Mendikoetxea entonces sigue siendo válido hoy: la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) es de largo la peor financiada del país y la Complutense, la más grande de España, ha perdido 140 millones de euros en dos años y tiene tal agujero que ha necesitado un crédito de la Comunidad de Madrid para seguir funcionando. Y el Gobierno regional vende el rescate de lo que primero ha ahogado como un ejemplo de su compromiso.
El futuro no pinta mejor
El ruido que hicieron los rectores consiguió poner el problema en la conversación pública y Ayuso tuvo que darle algo a la universidad para capear el temporal, aunque fuera una pequeña parte de lo que los rectores consideraban lo mínimo. El aumento previsto para el presupuesto del año que viene, del 6,5% en términos lineales, pero que apenas eleva la inversión sobre el PIB del 0,44% al 0,46% se califica de “estancamiento” de facto por parte de las plataformas.
Además, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades diseñó después –y este es otro de los argumentos para hacer la huelga– una ley de universidades regional que, advierten los expertos, solo empeorará la situación. Ayuso quiere aprobar la norma a principios del año que viene.
El texto establece que el Gobierno regional no aportará más del 70% de los presupuestos universitarios y los rectorados tendrán que salir al mercado en busca del restante 30%. Además, si la Lesuc se aprueba en los términos que contempla el borrador actual la universidad madrileña perderá en su conjunto 200 millones de euros cada año, los que van de tener un superávit entre las seis públicas de 18 millones de euros a registrar unas pérdidas de 180 millones, según un detallado análisis de Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, profesores de economía en las universidades de Jaén y Politécnica de València, respectivamente, y dos de los principales expertos en contabilidad universitaria en España.
La autonomía
La Lesuc se ha colocado por méritos propios como uno de los ejes de las protestas. La ley –un “disparate reglamentista, intervencionista e incoherente”, en palabras de un exalto cargo de la consejería– está impregnada de llamadas a la defensa de la libertad, a la “neutralidad ideológica” en las universidades, “la no ideologización y la no politización de la ciencia” y la defensa del español.
Uno de los aspectos que más preocupa a la comunidad universitaria es la inclusión de un cuerpo, una Oficina de Control Económico, que “tendrá como función la supervisión y control económico y presupuestario de carácter interno de la universidad, mediante el sistema de fiscalización previa, de los gastos”. ¿Hace falta un laboratorio nuevo? Lo tiene que validar la Oficina. ¿Quieres sacar una plaza de profesor? La Oficina debe dar el visto bueno.
¿Por qué catedráticos en Derecho Constitucional de la Carlos III de Madrid califican esta medida de “asalto” a la autonomía universitaria? Porque la Oficina estará formada por tres personas, dos de ellas nombradas a propuesta de los Consejos Sociales de las universidades. Y Ayuso lleva años maniobrando para colonizar estos Consejos Sociales –actúan como órgano de representación de la sociedad en las universidades– con empresarios, excargos del PP e incluso consejeros de universidades privadas. Ellos decidirán en qué gasta dinero la universidad (y en qué no).
La disciplina
Otra derivada de la Lesuc. El borrador de ley instaura un régimen disciplinario que los convocantes de las huelgas califican de “mordaza universitaria”. La ley reprime las manifestaciones no autorizadas (aunque haya dudas sobre la legalidad de esta medida), prohíbe colgar pancartas bajo multas de hasta 15.000 euros o propone sanciones que pueden alcanzar los 100.000 euros para escraches. En esa categoría también se incluyen sanciones por “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, o que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias, así como de la docencia, a la que los alumnos y el personal tengan derecho”, un supuesto que podría abrir la puerta a multas por las acampadas que se han realizado en universidades públicas en defensa del pueblo palestino, por ejemplo.
La privatización
Más allá de las especificidades el doble paro se dirige contra un modelo, contra una manera de entender la universidad pública (y por extensión la privada). Los sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid, como poco desde Esperanza Aguirre, llevan décadas financiando con lo mínimo (cuando no menos, en los últimos años los rectorados sobreviven gracias a unas partidas ganadas al Gobierno regional en los tribunales, pero ahora ese dinero se acaba) a los campus públicos mientras favorecen indisimuladamente los privados.
Es un movimiento de dominó. La crisis de 2008 fue la excusa perfecta: se recortó la nominativa (la transferencia que hace el Ejecutivo regional, base de la financiación universitaria) y se compensó esa falta de ingresos subiendo las tasas muy por encima del resto de comunidades autónomas. Ese doble movimiento no se ha deshecho aún y las universidades de la región son, de largo, las más caras de España. Estudiar en Madrid cuesta el doble que en otras autonomías, y eso sin entrar en las que tienen las primeras matrículas gratuitas, como Andalucía.
Esa escasa financiación impide a las universidades ampliar las plazas (cuesta dinero) con las que ya cuenta o abrir nuevos grados. Pero como cada vez hay más presión por acceder a determinadas carreras las notas de corte solo suben y suben. Así, mucha gente se queda fuera de los centros públicos porque no hay oferta.
En paralelo se ha favorecido la implantación de universidades privadas, que desembarcan en la región para llenar el hueco que deja lo público. Madrid cuenta ya con 14 universidades privadas y hay más esperando turno. Y las familias, que necesitan formarse, se apuntan. Aunque sea pidiendo créditos para pagar los estudios. El negocio es pingüe: un fondo compró la Alfonso X el Sabio en 2019 por mil millones; la ha vendido hace unas semanas por dos mil.
Todo, siempre, en nombre de “la libertad”.