Es un “asalto” a la universidad, a la autonomía que consagra la Constitución y a varias leyes orgánicas, aseguran fuentes jurídicas. El último clavo en el ataúd de la universidad pública y de calidad, añaden. El Anteproyecto de Ley de enseñanzas superiores, universidades y ciencia de la Comunidad de Madrid (Lesuc) introduce una figura de control de las cuentas de los campus públicos que de facto sustituye al rector y al gerente como máximos responsables económicos de los centros, dejando las decisiones sobre el gasto en tres personas, dos de ellas nombradas por los Consejos Sociales de las universidades, cuyo presidente lo nombra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y una tercera que estará en minoría a quien elegirá la universidad.
El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso se ha encargado en los dos últimos años de colonizar los consejos sociales de las universidades públicas madrileñas con personas (todos hombres) afines al PP (o excargos) y a las universidades privadas.
Dicho de otra manera y aterrizado a un caso práctico: Francisco Marhuenda, que fue nombrado por Ayuso presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), exparlamentario del PP en Catalunya, exasesor de Mariano Rajoy, actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Relaciones Institucionales de la universidad privada UNIE, del Grupo Planeta, y director de La Razón, nombrará a dos personas que tendrán la capacidad de decidir si la UC3M puede contratar un profesor, abrir un laboratorio o instaurar un nuevo grado. Y su palabra pesará más que la del rector de turno.
Lo mismo pasará en las otras cinco universidades públicas, cuyos presidentes de los consejos sociales son: en la Universidad de Alcalá, Carlos Mayor Oreja, exmiembro de los gobiernos autonómicos del PP, diputado autonómico popular durante ocho años, socio fundador y expresidente del Consejo de Administración de la UNIR, una universidad privada a distancia, y actual director de la Fundación privada San Pablo-CEU; en la UAM Eduardo Sicilia Cavanillas, exconsejero de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid con el PP; en la Complutense, Jesús Nuño de la Rosa, ex consejero delegado de El Corte Inglés y consejero delegado de Air Europa; en la Rey Juan Carlos, Clemente González Soler, miembro de la junta directiva del Instituto de Empresa Familiar, vicepresidente de la Confederación de Empresarios Madrileños, miembro del Comité Ejecutivo y vocal de la junta directiva de la CEOE, expresidente del Comité Ejecutivo de IFEMA y fundador, propietario y presidente ejecutivo del Grupo Alibérico; y de la Politécnica de Madrid, Juan Pedro Moreno Jubrías, expresidente de Accenture en España, Portugal e Israel y expresidente de la filial española de la multinacional publicitaria WPP.
En la Comunidad de Madrid hay 14 universidades que pertenecen a fondos de inversión, a particulares o a diferentes grupos, tanto religiosos como empresariales, que se verán beneficiados por la futura Lesuc
Contando a Marhuenda, tres excargos del PP, dos de ellos actuales directivos de universidades privadas, competencia directa de las públicas, y cuatro empresarios tendrán el poder sobre las cuentas de los centros públicos en la región que más favorece la implantación de centros privados. En la Comunidad de Madrid hay 14 universidades que pertenecen a fondos de inversión (Alfonso X el Sabio, Europea de Madrid o Antonio de Nebrija), a particulares (UDIMA es de la familia De las Heras, la Internacional Villanueva de Miguel Tomás Arrufat o el Instituto Empresa de Diego del Alcázar Benjumea, la UJCJ a la familia Segovia) o a diferentes grupos (CEU-San Pablo a la Asociación Católica de Propagandistas, ICAI-ICADE a Jesuitas, ESIC a la Congregación Religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, UNIE a Planeta...).
Además, el anteproyecto de la Lesuc pone a disposición de las universidades privadas los medios de las públicas, tanto materiales como humanos, al incluir un artículo por el que obligará a todos los centros a poner “a disposición, de manera recíproca, aulas, auditorios, laboratorios, polideportivos, pistas deportivas u otras instalaciones”. Fuera de la teoría y de esa supuesta reciprocidad, la realidad es que las universidades privadas apenas tienen instalaciones para la investigación (lo caro), por lo que esta medida se materializará, advierten fuentes universitarias, en poner los equipamientos públicos a disposición de las universidades privadas.
“Después de haber conseguido echar abajo la sanidad pública con los resultados vistos (lo último, en Andalucía), ahora se proponen echar abajo la universidad pública”, valora Javier Álvarez, catedrático emérito en Derecho Penal en la UC3M. “De momento, con el control económico y la participación en sus medios económicos. Y ya falta poco para que un buen día salga Ayuso anunciando un cheque universitario”, augura, para que entre todos paguemos las matrículas en centros privados, como ya sucede en el Bachillerato.
De Aznar a Ayuso
Todo empieza con la consagración en la Lesuc de “la colaboración público-privada”, la misma fórmula que inauguró el expresidente José María Aznar en 1997 y con la que se ha arrasado desde entonces con la Sanidad, sostiene Álvarez. A partir de ahí, la Comunidad de Madrid dedica la su ley universitaria –que pretende aprobar antes de que acabe el año– a “asaltar” la universidad para y de todos.
El artículo 93 de la Lesuc establece la creación de una “Oficina de Control Económico y Presupuestario Interno” que “tendrá como función la supervisión y control económico y presupuestario de carácter interno de la universidad, mediante el sistema de fiscalización previa, de los gastos”. En el apartado 2 del mismo artículo especifica el anteproyecto de ley que “serán objeto de control los actos de la universidad que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos” (o sea, todos los gastos) y que, punto 3, “la Oficina actuará con plena autonomía funcional respecto del órgano cuya gestión sea objeto de control”.
Sin embargo, la LOSU, que es una ley orgánica y, por tanto, está por encima de las autonómicas en el escalafón normativo, establece en su artículo 55.b que el gerente de cada universidad tiene entre sus funciones “ejercer el control de la gestión de los ingresos y gastos incluidos en el presupuesto de la Universidad”. Lo mismo sucede con el rector, máxima autoridad en el campus y a quien los estatutos universitarios –son todos similares en este apartado– otorga la competencia de “autorizar el gasto y ordenar los pagos de conformidad con los presupuestos de la Universidad”.
Esto es, el Madrid y con la ley de Ayuso el gerente y el rector pasan a ser subordinados de la Oficina de Control Económico que domina el presidente del Consejo Social, a quien ha nombrado Ayuso. “Si el Gobierno autonómico nombra a los presidentes de los Consejos Sociales discrecionalmente y estos se reconvierten contra lo que dice la legislación vigente en órganos de administración y gestión del presupuesto, eso supone que el Gobierno de la Comunidad de Madrid nombra a quien manda económicamente en la universidad”, razona Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la UC3M.
Un ataque a la Constitución
Por otra parte, la Constitución establece en su artículo 27.10 que “se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca”. Esta autonomía se ha desarrollado en diferentes normas, como la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) –que a su vez permea hacia abajo en los estatutos de las universidades– o incluso a través de sentencias del Tribunal Constitucional, que estableció por ejemplo en la 55/1989, de 23 de febrero, que no se puede “rebasar o desconocer la autonomía universitaria introduciendo limitaciones o sometimientos que la conviertan en mera proclamación teórica”.
Y para algunos juristas esta autonomía tiene su máxima expresión en la elaboración de los presupuestos universitarios, porque al ser autogestionado permite a los rectorados hacer frente a posibles injerencias del poder público.
El razonamiento es simple, sostienen expertos en Derecho: si la mayor expresión de la autonomía universitaria es su capacidad de controlar sus propias cuentas y esta competencia se le quita a los responsables universitarios para dársela a elementos externos –y en este momento afines al Gobierno–, se ataca directamente la autonomía universitaria y por extensión el artículo 27.10 de la Constitución. “Se está estableciendo un auténtico control político sobre la universidad, y por ello una violación de la autonomía universitaria”, sostiene .
Su colega Álvarez amplía el foco de la crítica: “Se está jugando el porvenir no solo de la universidad pública, sino de miles de madrileños que no pueden pagarse una universidad privada. Se rompe el ascensor social que ha representado la universidad para mucha gente, yo entre ellos. Se perderían miles de inteligencias”.
¿Recursos compartidos?
El anteproyecto de Lesuc introduce otro elemento que preocupa en las universidades. Justo después de consagrar la “colaboración público-privada”, el artículo 6.1.e habla de “elaboración y seguimiento de programas conjuntos para la mejora de las infraestructuras de apoyo; el perfeccionamiento de las estructuras docentes, investigadoras y administrativas de las enseñanzas superiores; la racionalización y optimización de los recursos; y las políticas efectivas de servicios y equipamientos de uso compartido”. El 6.1.f añade “el fomento de las actividades conjuntas en los ámbitos de la docencia, la investigación y la administración, así como la extensión cultural; el estímulo a la formación de equipos conjuntos; y la promoción de intercambios entre las diferentes instituciones” y, finalmente, el 8 refiere que “se establecerá (...) la puesta a disposición, de manera recíproca, de aulas, auditorios, laboratorios, polideportivos, pistas deportivas u otras instalaciones, previa justificación de las necesidades docentes o de otras actividades que así lo requiriesen”.
Todas estas disposiciones y alusiones a la colaboración entre centros públicos y privada levanta interrogantes entre los expertos: “Programas conjuntos, ¿entre quiénes? La alusión a la ”racionalización y optimización de recursos“, ¿a qué recursos se refiere? ¿Qué quiere decir ”equipamientos de uso compartido“ o ”actividades conjuntas en los ámbitos de docencia, la investigación y la administración“, sobre todo cuando se une a que las universidades deberán poner ”a disposición, de manera recíproca, aulas, auditorios, laboratorios, polideportivos, pistas deportivas y otras instalaciones“?
“Las universidades públicas son las que tienen todos esos medios”, responde Álvarez. Especialmente las instalaciones para investigar, que normalmente son deficitarias en términos estrictamente económicos, o “bibliotecas que llevamos siglos armando. No es intercambio”, sostiene el catedrático, “es poner a disposición de las universidades privadas los medios materiales de las universidades públicas. Es traspasar medios y personal”, cierra.
Unas disposiciones similares sobre recursos compartidos –y con las mismas consecuencias– se establecen para las Escuelas de Negocios –todas privadas– y para los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas –hay públicos y privados–.
Álvarez piensa en toda la ley cuando concluye que “esto no tiene nada que ver con el dibujo de la educación que se hace en la Constitución”.