La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la llamada ley del 'solo sí es sí', ha dado los primeros pasos rodeada de polémica. Las discrepancias en el seno del Gobierno han derivado en los últimos días en un cruce explícito de acusaciones: el PSOE ha llegado a calificar la norma elaborada por el Ministerio de Igualdad de “chapuza” y Unidas Podemos ha acusado a su socio de torpedearla. Patricia Faraldo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña, y María Naredo, exdirectora general de Prevención y Atención a la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid, jurista experta en violencia machista y ahora miembro del equipo de Irene Montero, han sido dos de las redactoras de la norma. Ambas lamentan que la polémica política haya ensombrecido la aprobación de una ley que califican de “paso de gigante”.
Estos días se ha criticado con dureza este anteproyecto de ley. Se ha llegado a decir que la norma era “una chapuza” con enormes deficiencias. ¿Asumen estas críticas?, ¿cómo responden a ellas?
P.F: Yo estoy sorprendida por la acidez de las críticas y por que se haya optado, primero, por poner en duda la cualificación científica y académica de las expertas que hemos estado trabajando en esto, que yo creo que es indiscutible. Y creo que muchas de las críticas responden a una motivación política clara: salvar la parte penal para incluirla en un texto más amplio de reforma del Código Penal y destrozar la otra parte de la ley. Ha habido interés por alguna parte en trasladar la idea de que esto lo habían hecho cuatro locas. Y no. Esto es un trabajo de tres años, de personas que son expertas con una larga trayectoria. Y por supuesto que todo es criticable y mejorable, pero este poner en solfa la experiencia contrastada de muchas de las miembros no lo he visto en otro tipo de debates ni de leyes. Me llama la atención que pase cuando se trata de mujeres.
Sin embargo, la Cadena SER publicó un informe de alegaciones del Ministerio de Justicia de 26 páginas y numerosas objeciones...
M.N: Yo creo que es un informe muy muy detallado para ser una primera vuelta. Hay un nivel de detalle en la crítica y en la observación que llega a los puntos y comas o las mayúsculas. Sin embargo, yo sí quiero señalar que, más allá de algún tipo de mejora formal o de que quedara redactado de manera más adecuada por el tema de las competencias autonómicas, por ejemplo, los debates que se han tenido han sido de fondo. No era que nadie nos leyera la cartilla, sino que era un debate de derechos. Y en ese fondo, la ley venía muy similar a como ha quedado.
P.F: Todas las leyes se pueden mejorar y perfeccionar y, en este sentido, las aportaciones de los ministerios son siempre de enorme utilidad, pero lo que es sorprendente es que estos debates internos se hayan hecho públicos y que las observaciones sean de tal acritud. Algunas de ellas pueden estar más o menos justificadas, pero otras, como poco, dan risa.
Justicia se refirió a que la norma se solapaba precisamente con la Ley Integral de Violencia de Género. Y efectivamente, en el anteproyecto final, se elimina una frase sobre la compatibilidad de las ayudas con las de la ley de 2004.
M.N. Bueno, yo creo que la cuestión es que al final las dos leyes reconocen derechos a mujeres que en algunos casos pueden estar en las dos y por eso es importante la no duplicidad de determinadas medidas. Pero, por otro lado, una víctima de violencia sexual lo es aunque lo haya sido en el ámbito de la pareja o expareja, y evidentemente necesita toda una ruta de atención especializada en atención a su trauma y a su situación como víctima de violencia sexual. Es decir, a mí me parecen dos leyes absolutamente complementarias.
Y lo de las ayudas... claro, claro. Si es que yo creo que hay cuestiones que son menores, en el sentido de que todas queremos que salga la mejor ley posible, pero no es atacando una base que es un paso de gigante con respecto a lo que hay en la actualidad. Evidentemente hay que ir afinando y se han afinado cosas en este último trámite, y una de ellas fue esa frase, sí. Pero a la gran mayoría de las duplicidades de las que alertaba Justicia fuimos respondiendo. Hay derechos que pueden estar enunciados de manera general en otras leyes, como el Estatuto de la Víctima, pero que merecen tener un acomodo en esta ley porque son importantísimos para las víctimas de violencia sexual.
¿Creen que la polémica tiene que ver de alguna manera con el machismo, como aseguró Pablo Iglesias? Pablo Iglesias?
P.F: Yo no comparto plenamente esa idea. Creo que es más que aquí estamos intentando un avance de protección de los derechos de las mujeres similar al que supuso la Ley Integral contra la Violencia de Género, que generó mucha oposición, y ahora, varios años después, todo el mundo reconoce que esta ley fue positiva. Creo que dentro de muchos años vamos a poder hacer una reflexión en ese sentido. Claro que la que estamos pasando ahora es dura...
La fecha para aprobar la ley era el Consejo de Ministros previo al 8M. Hay críticas que han señalado las “prisas” para aprobar el texto. ¿Ha habido excesiva premura?
P.F: No se ha elaborado con prisas. Llevamos tres años trabajando en esta ley. Esto empezó a finales de 2017 y desde entonces se le ha dado vueltas. Ahora en el momento final la cosa se ha acelerado porque el valor simbólico también está ahí. Que la primera propuesta de este Ministerio sea una ley de estas características manda un mensaje muy importante por los derechos de las mujeres.
Desde varios ámbitos se alerta de la ausencia de políticas públicas en España para enfrentar la violencia sexual. ¿Qué aportaciones hace en este sentido?de la ausencia de políticas públicas
María Naredo: Yo querría destacar la importancia de la ley en términos de cumplimiento de obligaciones básicas del Estado frente a las violencias sexuales. Además de prevenirlas, palia toda una serie de obstáculos que se encuentran las mujeres cuando sufren violencia sexuales. La ley es un paso de gigante porque así como en violencia de género en pareja o expareja se habían dado una serie de pasos normativos y de políticas públicas muy importantes, el plano de las violencias sexuales era un ámbito lleno de lagunas. Va a haber prevención, atención y reparación. La parte penal evidentemente es importante, pero yo me quedaría con que es una ley integral.
Finalmente se ha incluido que los delitos sexuales se resuelvan en juzgados especializados, bien los que actualmente juzgan violencia de género u otros de nueva creación, pero ha sido uno de los puntos de debate. ¿Por qué son importantes?
Patricia Faraldo: Porque muchas veces hemos observado en el tratamiento judicial a las víctimas de violencia sexual una interpretación sexista de los preceptos de la normativa. Frente a ello, hay que formar a los operadores jurídicos y evitar determinados prejuicios basados en lo que es el comportamiento correcto o aceptable en determinadas situaciones. Yo creo que especializar a los organismos encargados de la persecución penal es la mejor vía para ello. Si esto debe hacerse ampliando las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer o en otros habrá que verlo.
La ley establece una red de atención especializada con centros de emergencia 24 horas y servicios de recuperación a largo plazo. ¿Actualmente las víctimas de violencia sexual no están atendidas?
M.N: El diagnóstico de la situación debe partir de que los recorridos específicos que se crearon para las víctimas de violencia de género en pareja o expareja no fueron creados de la misma manera para las víctimas de violencia sexuales. Ahora mismo, cuando una mujer es agredida sexualmente, en muchos sitios no tiene un centro especializado al que acudir y menos aún un teléfono o un centro interdisciplinar 24 horas. Las que hemos acompañado a víctimas sabemos que se siente una gran soledad porque no hay una ruta de atención especializada y con mirada de género. Hemos tenido que mirar a los países anglosajones, que es donde realmente se habían desarrollado desde hace décadas muchos de estos recursos.
Las penas de los delitos han suscitado controversia. Algunas bajan y otras suben, pero finalmente se ha mantenido un máximo de 15 años de cárcel cuando hay dos o más agravantes, como ahora. Igualdad proponía 12 años y seis meses, que suponía una bajada. ¿Por qué?
P.F: Primero quiero subrayar que el anteproyecto es un trabajo coral y un intercambio de propuestas. En el ámbito penal está reconocido con generalidad que las penas de los delitos sexuales, en el ámbito de las agresiones, son muy elevadas y rozan las penas del homicidio. Por otro lado, se ha reprochado al movimiento feminista que siempre quiere más pena y la forma de enfrentarse a ese reproche habría sido decir: no queremos más pena, no queremos castigar más, queremos proteger mejor. Ese mensaje se hubiera trasladado mejor con la propuesta inicial.
Se ha decidido mantener una horquilla de penas que va desde el límite mínimo del abuso al límite máximo de agresión, lo único que se ha reducido un poco es la pena del tipo básico y del tipo agravado por acceso carnal, pero buscando la proporcionalidad. Tenemos que ser conscientes de que en los delitos sexuales hay conductas de muy escasa gravedad junto a otras gravísimas. La horquilla de penas tiene que ser muy amplia.
La expresión 'identidad de género y/o sexual' incorporada en el texto ha hecho que una parte del movimiento feminista critique la ley porque ve en ella el comienzo del “borrado de las mujeres”. ¿Qué piensan de estas críticas?
M.N: A nosotras nos parece sustancial y se mantiene en la ley el enfoque interseccional, que es un mandato que ya deriva hasta del Comité de la ONU que vela por la discriminación de las mujeres, que ha incorporado la interseccionalidad y la identidad de género y sexual. Lo que no se entienden son todas estas polémicas cuando realmente lo que estamos haciendo es una ley importante en términos de igualdad y de derechos humanos. Esta visión interseccional es algo mucho más nuevo, no lo tenía la Ley Integral de 2004, pero también por los momentos en los que les ha tocado nacer a una y a otra.
¿La ley ha tenido en cuenta las recomendaciones de la comisión de expertos del Ministerio de Justicia que había redactado una propuesta de reforma de los delitos sexuales?
P.F: Algunas cosas sí y otras no. Lo que no se ha incluido de la propuesta que hizo la Comisión de Codificación, en la que también he tenido ocasión de participar, es la idea de mantener la violencia y la intimidación como elementos que gravan la pena de la agresión sexual. Esto en la práctica era mantener la diferencia entre abusos y agresiones porque el cambio era puramente nominal. Lo que sí se ha tenido en cuenta es la definición de agresión sexual que hacía la Comisión o que los ataques sobre víctimas privadas de sentido sea una agravante.