“Tenemos la obligación de reconocerla en nuestra legislación y en las políticas públicas”, ha defendido la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre la inclusión de la violencia obstétrica como una forma de violencia de género en la reforma de la Ley del Aborto que está negociando el Gobierno. Montero ha manifestado que se trata “de una realidad muy invisibilizada” que sufren “muchas mujeres” y ha defendido que el objetivo es que en las consultas “se impulsen buenas prácticas”, pero “no se trata de criminalizar a nadie”, ha dicho sobre la oposición de algunos médicos al concepto.
Así lo ha explicado en una entrevista con la redactora jefa de Género de elDiario.es, Ana Requena, en el marco del evento organizado por este periódico para celebrar el 8 aniversario del blog Micromachismos. Durante el encuentro, que ha puesto el foco en el machismo en la ginecología, el autoconocimiento y el placer, la ministra ha asegurado que “estamos en un momento en el que cada vez más mujeres deciden compartir estas experiencias y darle importancia”. Una realidad, la de la violencia obstétrica, que “no va a dejar de existir por no nombrarla” y por eso “la labor de las instituciones es reconocerla”, ha asegurado.
El Gobierno está actualmente inmerso en actualizar la Ley del Aborto once años después de su puesta en marcha con el objetivo de “garantizar los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres”, ha dicho la ministra. Entre los objetivos, estará la eliminación de “los obstáculos” que impiden abortar en centros públicos, acabar con los tres días de reflexión que contempla actualmente la ley, recuperar el derecho de las jóvenes de 16 y 17 años a interrumpir voluntariamente su embarazo sin consentimiento o incluir la violencia obstétrica como una forma de violencia de género.
Aunque la ministra se ha mostrado prudente porque el borrador de la ley redactado por Igualdad está en negociación, ha asegurado que el objetivo es “impulsar que las buenas prácticas sean las únicas prácticas” en las consultas ginecológicas y en la atención al parto. Algo que “ya están haciendo los propios profesionales en los hospitales al crear unidades específicas” para fomentar el parto respetado.
La idea es que las prácticas sin consentimiento, invasivas o innecesarias sobre las que cada vez más mujeres están rompiendo el silencio “desaparezcan de nuestra sociedad porque es la única forma de garantizar los derechos sexuales y reproductivos”, ha esgrimido.
“No es una cruzada de las feministas”
La titular de Igualdad ha reconocido que existen “resistencias” con el reconocimiento de la violencia obstétrica, un concepto que levanta polémica y que ha rechazado el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). Sin embargo, ha asegurado que “no se trata de una cruzada de las feministas españolas o del Ministerio de Igualdad”, sino que España “tiene un compromiso con los organismos internacionales”, entre ellos, la ONU, que ya ha definido la violencia obstétrica como una forma de violencia machista.
Montero ha insistido en hablar de “buenas prácticas” cuando el foco está puesto en los profesionales, pero “desde el punto de vista de las mujeres que sufren esas violencias estamos hablando de sus derechos sexuales y reproductivos”. La ministra, además, ha reclamado la importancia de fomentar “una sanidad pública de calidad” y ha puesto en valor el trabajo de los profesionales sanitarios.
Posteriormente a la entrevista, la titular de Igualdad ha compartido mesa con la periodista y escritora Irene G.Punto, la presidenta de la Asociación de Matronas de Madrid, Cristina González y la abogada especialista en violencia obstétrica María Emilia de Sousa. “Las mujeres tienen que tener herramientas para si se necesita, reclamar judicialmente, pero son fundamentales las políticas públicas de prevención. Cuando ya has sido víctima, lo que quieres es reparación, pero antes que eso cualquier mujer prefiere no pasar por ahí”, ha añadido Montero.
La ministra ha puesto en valor además la importancia de la educación sexual integral en todas las etapas de la vida, una de las políticas públicas que también pretende “garantizar desde las edades más tempranas” a través de la reforma de la Ley del Aborto. Y ha puesto como ejemplo las escuelas infantiles y la etapa educativa de 0 a 3 años, donde las criaturas “ya están siendo educadas y también tienen que aprender de educación sexual integral adaptado a las edades”. El objetivo es que la educación llegue a todas las etapas de la vida, pero también “al ámbito informal, a las familias y la cultura”, ha añadido.