Los jueces deciden si el activismo climático merece la cárcel: “Hay que volver a poner el cuerpo, pero hay miedo”
La relatora de la ONU para los defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, escribió en su último informe a la Asamblea General: “Hay una corriente de represión contra el activismo climático legítimo en Europa y el resto del mundo. Esto supone un camino hacia la destrucción y los países deben detenerla”.
Lawlor mencionaba explícitamente a España por criminalizar a grupos ecologistas o “infiltrar agentes de policía en grupos de activistas climáticos al menos en doce ocasiones”. Este martes, en uno de los juzgados de lo Penal de Madrid quedó visto para sentencia un juicio contra tres activistas climáticos –María Martínez, Jorge Reichman y Francisco del Pozo– para los que la Fiscalía pide 10 meses de cárcel por “resistencia a la autoridad”, durante una manifestación en 2019.
La vista se celebró menos de una semana después de que, en otro juicio contra nueve activistas de Futuro Vegetal se solicitara pena de prisión de 21 meses por arrojar pintura al agua al edificio del Congreso de los Diputados.
Estos dos procesos penales –y los que quedan pendientes como el juicio a 15 miembros de Rebelión Científica por arrojar agua coloreada al Congreso o la imputación como organización criminal de Futuro Vegetal– son “la resaca de la represión al momento dorado del activismo climático que se vivió desde 2019 en adelante”, reflexiona Francisco del Pozo, recién salido del juzgado.
Esta oleada de procesos con penas de cárcel hace que, si tienes pendientes varios juicios, te quites de en medio o te vengas un poco abajo
Del Pozo, coordinador de la campaña de energía de Greenpeace, detalla que todos estos casos son consecuencia “de la reacción judicial y policial al momento culminante, al momento dorado del movimiento climático”. Según su visión: “Percibieron que ese movimiento, con aquellas manifestaciones multitudinarias, con las reivindicaciones en muchas ciudades de mundo, se les iba de las manos, que no podían controlarlo. Y dijeron 'esto hay que pararlo'”.
En España se replican mecanismos similares a los que, como indicaba la relatora Lawlor, se están constatando en varios estados de Europa. En Italia, por ejemplo, tres activistas que lanzaron pintura a la fachada del Senado fueron condenados a ocho meses de prisión (en suspenso). Con todo, ellos consideraron que habían conseguido cierto éxito al obtener la atenuante de “actos motivados por causas sociales y morales”, no por vandalismo. Ese argumento se está escuchando ahora en las salas de justicia españolas.
Otras cinco activistas alemanas de un grupo que, tras las acciones judiciales, ha terminado por disolverse, (Letze Generation) están inmersos en un juicio por el delito de organización criminal. El proceso se ha complicado, ya que hay discrepancias entre los juzgados de diferentes lander sobre si aplicar ese tipo penal especialmente grave o no. Mary Lawlor ha hecho referencia específica a este proceso por lo que considera “un uso incorrecto del Código Penal para sancionar acciones no violentas y motivadas por su preocupación legítima acerca del cambio climático y los Derechos Humanos”.
Actuamos como si nada, a pesar de constatarse que el capitalismo está acabando con los ecosistemas. Actuamos como si todo fuera bien y todo fuera a durar para siempre. Y eso no es así: ni está bien ni puede durar
La ola de castigos severos contre el activismo “es un fenómeno muy preocupante en un momento histórico tremendo: a medida que la situación es más grave y el margen de acción se estrecha, las peticiones de los activistas molestan más”, comenta a elDiario.es Jorge Reichman, otro de los juzgados este martes.
Reichman –filósofo y activista de Ecologistas en Acción y Rebelión Científica– explica que en estos momentos se cruza, por un lado, “un sentimiento de fatalismo apocalíptico sobre el futuro como reflejan los estudios de opinión de los jóvenes con una sensación de hipernormalidad”. Esto último significa que “actuamos como si nada, a pesar de constatarse que el capitalismo está acabando con los ecosistemas. Actuamos como si todo fuera bien y todo fuera a durar para siempre. Y eso no es así: ni está bien ni puede durar”.
A eso se le añade la ola internacional conservadora que ha puesto en la mira de la ultraderecha las políticas ecologistas. El resultado es que las reivindicaciones climáticas han llegado a un punto mucho más bajo justo cuando las consecuencias de la crisis climática ya se han hecho muy palpables.
El escarmiento
Uno de los objetivos declarados de buscar penas de prisión es desalentar el activismo más “disruptivo” o “molesto” como lo llaman los propios grupos. El Tribunal Supremo de Gran Bretaña juzgó como forma “legítima” de disuadir estas acciones las penas de varios años de cárcel que están cumpliendo algunos miembros de Stop Oil por cortar el tráfico de una autopista. Sus penas “no son excesivas”, dijeron.
La Fiscalía en España ha emulado esta fórmula al buscar un escarmiento en sus peticiones de pena; “Prevenir que no se repita. Que no vuelvan a hacerlo”, afirmó el fiscal en sus conclusiones al final del juicio contra los activistas de la pintura en el Congreso.
“Los motivos por los que nos pusimos en aquel puente continúan”, admite Francisco del Pozo. “Hay que volver a poner el cuerpo, pero, claro, esta oleada de procesos con penas de cárcel hace que, si tienes pendientes varios juicios, te quites de en medio o te vengas un poco abajo”. Es el descrito chilling effect. “Hay miedo a poner el cuerpo como antes”.
No es un escenario imaginado, sino presente. El propio Reichman está acusado en el juicio por los actos de Rebelión Científica en el Congreso de 2022. Le piden 21 meses de prisión. Y en ese mismo proceso hay dos acusados que ya esperan sentencia por la reivindicación similar que hicieron un año después en el mismo edificio. Les han solicitado 21 meses de cárcel por cada caso.