La Fiscalía busca un escarmiento en el primer juicio a activistas climáticos en el que pide cárcel
Escarmiento público. Este jueves se ha celebrado el primer juicio en España contra unos activistas climáticos en el que se pide pena de prisión: 21 meses para nueve personas de Futuro Vegetal por un supuesto delito contra el patrimonio por verter agua con témpera roja sobre la fachada del Congreso de los Diputados el 30 de marzo de 2023.
El fiscal del caso ha admitido en la sala que el objetivo de solicitar cárcel –aunque luego pudieran no ingresar– es “prevenir que no se repita. Que no vuelvan a hacerlo porque, si no, se puede pagar una multa y ya está”. Los “daños” a los que se refiere la Fiscalía han supuesto una factura de 5.800 euros (con la mano de obra de los operarios incluida) que los acusados ya han consignado.
“El objetivo era llamar la atención sobre la crisis climática y los impactos sobre el planeta y la salud de las personas”, ha declarado una de las acusadas, Paula Martínez Hidalgo. Y “exigir” que se lleven a cabo las políticas “que indica la ciencia”.
Este juicio se incrusta en un proceso de presión creciente sobre los activistas climáticos en España a medida que sus acciones de protesta eran más disruptivas. Se pasó de la imagen de una adolescente Greta Thunberg en manifestaciones a jóvenes pegándose al marco de un cuadro, cortando el tráfico o arrojando pintura a fachadas.
Y esa presión policial, fiscal y judicial se ha traducido en un arco que ha mutado desde las multas a las peticiones de prisión e incluso a la imputación por parte de un juez del grupo Futuro Vegetal como organización criminal. Ese supuesto prevé cárcel de tres a ocho años.
La dinámica ha generado un efecto desaliento sobre el activismo climático, como han reconocido en diversas ocasiones los propios grupos ecologistas. Un activista con pena de prisión, aunque esté suspendida, arrastra un lastre que casi lo inhabilita para protestas más llamativas como la juzgada.
“El mismo grupo ya había actuado en el Congreso”, ha argumentado el Ministerio Público este jueves. Se refería a que la acción fue reivindicada a posteriori por los colectivos Futuro Vegetal y Rebelión Científica y lo relacionaba con una la protesta similar que tuvo lugar en abril de 2022.
Aquellos hechos siguen su propio proceso judicial con otras personas implicadas. La Fiscalía también ha pedido en ese caso 21 meses de cárcel. “Erre que erre, había que volver al Congreso”, ha descrito el fiscal para justificar el castigo. “5.000 euros es el resultado de la protesta”, remataba con el gesto de comillas al pronunciar la palabra “protesta”.
“No somos vándalos. Actuamos para prevenir un daño mayor porque los ecosistemas de los que dependemos están colapsando. No hablamos solo de un bien histórico, como el Congreso, sino de nuestro sustento vital”, ha recordado en el estrado otra de las acusadas, Belén Díaz.
Acción coordinada
La petición de pena de prisión es la misma para los nueve a pesar de que cinco de ellos no lanzaron ninguna pintura. Uno desplegó una pancarta en las escalinatas del edificio, otro se puso una bata de protesta, otra habló con un agente de Policía –a esta última, los policías le atribuyen una labor de “distracción”–. Con todo, la Fiscalía ha dibujado a todos como parte de un dispositivo organizado para causar los daños: “La policía lo ha dejado muy claro. Tenían de antemano repartidos los papeles”, ha dicho el fiscal.
En realidad, los agentes de la Policía Nacional que estuvieron en el Congreso ese día han aportado testimonios así:
– Abogado defensor: ¿Entonces hubo personas que no tiraron témpera?
– Policía nacional: Puede ser. Imagino que sí. No sé decirle.
– Acaba de decir que hubo gente que no lanzó...
– No le sé decir.
Otro agente ha resumido que “todas las personas allí estaban haciendo algo”. Con eso, el fiscal sostiene que la acción fue algo planificado y ejecutada entre todos y que todos merecen la pena de prisión.
Ese grupo operativo de acción organizada tiene entre sus miembros sentados en el banquillo un padre en paro, una madre con dos hijas y una hipoteca, un médico, una ambientóloga y una persona con incapacidad total reconocida, según se ha informado durante la vista judicial.
Los acusados han reiterado que su acto era un acto de protesta pacífica y sin violencia. “En el marco de emergencia climática reconocida en el que estamos, ¿es tolerable arrojar pintura al Congreso de los Diputados o nos hemos pasado?” Ha preguntado uno de los abogados defensores. “¿Se afectó a la seguridad ciudadana? No ¿Se molestó? Puede ser”, ha rematado.
Molestia o no, lo cierto es que los nueve activistas esperan ya una sentencia tras las acusaciones sustentadas, como se ha especificado en la vista, en la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, la ley mordaza.
De hecho, España es uno de los únicos tres países democráticos junto a EEUU y Alemania, que utilizan leyes contra el crimen organizado para reprimir activistas climáticos. Todo ello incrustado en un creciente esfuerzo global por “criminalizar las protestas climáticas y ambientales”, como detectó una investigación específica de la Universidad de Bristol.
“Los daños a los ecosistemas de los que vivimos son irreversibles” –ha reflexionado la ambientóloga Belén Díaz– no puede irse con una limpiadora karcher a repararlos. Simplemente no se puede. Entonces ¿qué podemos hacer?“, ha cerrado en su turno de última palabra antes de que la jueza decretase el visto para sentencia.