El Tribunal de Ragusa, en la isla italiana de Sicilia, examinará en los próximos días el recurso presentado por la fiscalía ante la decisión de liberar el barco de la ONG española Proactiva Open Arms, informó hoy a Efe a una de las abogadas, Rosa Emanuela Lo Faro.
El pasado 26 de abril, la fiscalía de Ragusa recurrió la decisión del juez instructor de esa ciudad siciliana, Giovanni Giampiccolo, de liberar el barco de la ONG española, que permanecía inmovilizado en el puerto siciliano de Pozzallo con motivo de una investigación bajo sospecha de favorecer la inmigración ilegal.
Hoy el fiscal de Ragusa, Fabio D'Anna, para sostener su recurso, afirmó que la ONG violó el código de conducta que han firmado las organizaciones humanitarias para poder operar en el Mediterráneo.
Los abogados de Open Arms, por su parte, depositaron nuevos documentos que demuestran que la ONG española “se limitó a concluir su rescate” y que el barco se encuentra ahora en España bajo el mando de otro capitán.
También se incluyó en el sumario que las autoridades maltesas en otras ocasiones han rechazado a Open Arms el desembarco de inmigrantes.
Según Lo Faro, la decisión del Tribunal llegará en unos diez días.
El barco de la ONG había sido inmovilizado de manera cautelar el 17 de marzo tras atracar en el puerto de Pozzallo para desembarcar a 216 inmigrantes y se abrió entonces una investigación a la jefa de misión, Anabel Montes; al capitán, Mark Reig, y a un responsable de la organización.
Posteriormente, el juez instructor de Catania confirmó la incautación del barco y el cargo de favorecer la inmigración ilegal, pero desestimó el delito de organización criminal, por lo que las diligencias contra los integrantes de la ONG siguen adelante.
En el auto del juez de Ragusa en el que se autorizó la liberación del barco se aseguraba que “las operaciones de rescate de inmigrantes no se limitan a la recuperación en el mar sino que deben completarse y concluirse con el desembarco en un 'lugar seguro' (POS, 'place of safety', en sus siglas en inglés), como está previsto en el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR) firmado en Hamburgo (Alemania) en 1979”.
Consideraba además que Malta no ha ratificado el convenio SAR y aquellos para proporcionar un “lugar seguro”, aduciendo a que su territorio es reducido.