Lento avance de la ley que devuelve la voz a las personas con discapacidad

Madrid, 19 mar (EFE).- A María Pino, una joven con discapacidad, el juez que le incapacitó no le preguntó nada, ni la miró; hace un año, ese mismo juez le ha devuelto la capacidad de tomar decisiones sobre su vida: “Habló conmigo: me da mucha alegría no tener que pedir permiso para todo, podemos hacerlo nosotros”.

Desde septiembre de 2021 está en vigor la ley que sustituye la incapacitación judicial de las personas con discapacidad por un sistema basado en el apoyo y el respeto a su voluntad y que obliga a revisar antes de tres años todos los procesos de incapacitación acordados con anterioridad a la norma.

Apenas un 20 % de esas incapacitaciones se han revisado, unas 15.000, explica a EFE el juez Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien reconoce que pese a que el proceso va lento confía en que se consiga completar antes de que acabe el plazo, dentro de año y medio: “Deseamos vivamente que así sea”.

Pero para ello, cree necesario más medios económicos y personales que permitan revisar caso por caso y adaptarlo al nuevo modelo que impone la ley. “Es una labor ingente, son decenas de miles de asuntos que hay que revisar y la ley nos dio tres años; no es meramente mecánico el proceso, supone la audiencia de las personas y esto es muy importante”.

El magistrado incide en la importancia de eliminar las barreras de comprensión para que todos los proceso se ajusten a las necesidades de cada persona.

Para muchas de las familias, el avance de la ley está siendo lento y con criterios dispares entre jueces y fiscales a la hora de abordar las revisiones. Además creen que falta información sobre los efectos de la norma en los operadores jurídicos, las administraciones y en la sociedad en general, cuestiones que han planteado esta semana en el Senado en las jornadas organizadas por la Fundación Aequitas del Consejo Nacional del Notariado, Cermi y Fundación ONCE para evaluar la ley.

“Para que llegue a ser realidad lo que dice la ley, tiene que haber un cambio de mentalidad en todos, no solo en los operadores jurídicos, sino en toda la administración; se tiene que reconocer esa capacidad cuando se va a Correos o al banco”, explica la Fiscal de Sala Coordinadora de los servicios especializados de atención a personas con discapacidad y Mayores, María José Segarra, quien opina que “queda mucho trabajo por delante”.

TOMO MIS DECISIONES

“En el juicio que me incapacitaron el juez no me preguntó nada, hablaba con mi hermana, yo era como un muñeco, me ignoraba, no me miraba, levanté la mano para hablar y no me hacía caso; salí llorando de allí, me sentí inútil y además me quitaron mi derecho a votar y a tomar decisiones, lo vi injusto”, explica María.

Con la nueva ley, ha recuperado su vida. “En el segundo juicio, el mismo juez que me incapacitó habló conmigo; he recuperado la capacidad jurídica, tengo curatela con apoyos en temas de sanidad y económicos”, cuenta. “Me da mucha alegría no tener que estar pidiendo permiso para todo, lo único que no puedo es sacar dinero”.

Daniel Gil, que ha aprobado tres oposiciones, también ha recuperado las riendas de su vida. Sigue necesitando el apoyo de su hermana para gestionar su patrimonio o sacar más de 500 euros del banco. “Espero aprender a gestionar mi vida, tenemos derecho a una vida plena; queremos vivir sin depender de nadie salvo que necesitemos algún apoyo”.

Por ejemplo, en el trabajo que alguien les explique las tareas o el proceso a seguir, en caso de juicios o trámites que les aclaren de manera sencilla los contratos o documentos que tiene que firmar o apoyo en caso de resolución de conflictos.

Para la toma de decisiones cuentan con la ayuda de entidades sociales como Kyrios o Liber dedicadas a prestar servicios de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, partiendo de su voluntad, deseos y preferencias.

Salvador Martínez, con síndrome de Down, es otra de las personas que ha contado en el Senado cómo ha cambiado su vida la norma: “Como verán ustedes soy uno más, mi familia es muy importante aunque a veces no estoy de acuerdo con mis padres porque me gusta defender mi opinión y tomar mis decisiones”.

“No me gusta oír la palabra incapacidades, me gusta hablar de capacidades y de inclusión. Yo puedo hacer muchas cosas”, asevera.

DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TOMAR SUS DECISIONES

“A nadie se le va a decir tu estado es incapacitado o no puedes actuar y se impone la obligación de facilitar apoyos”, explica la notaria Almudena Castro-Girona, quien recuerda que la nueva ley incluye la figura de la persona que “representa y no sustituye” a otra.

Las personas con discapacidad pueden designar quién o quiénes han de prestarle apoyo a la hora de ejercer su capacidad jurídica y con qué alcance, y plasmar en una escritura, si lo desean, el plan de apoyo realizado a medida de cada uno y con las necesidades puntuales para cada acto.

“La ley consagra la dignidad de todo ser humano con independencia de sus circunstancias”, valora la notaria.

Para el abogado Torcuato Recover “se necesita todavía un proceso de sensibilización”. “Hay familias que no conocen la materia de la norma y también operadores jurídicos que lo ven con susceptibilidad; se necesita una adecuación para que la ley forme parte de nuestro ecosistema y aún queda mucho por hacer”.

Ana Rodrigo