Cerca de 150 activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se han encerrado esta mañana en las oficinas de Goldman Sachs de la calle María de Molina para denunciar la treintena de desalojos previstos por Encasa Cibeles, la sociedad que gestiona los alquileres, hasta el próximo mes de enero.
Una veintena de personas ha conseguido subir a la quinta planta del edificio, donde se ubican los despachos. Lo han hecho, según los activistas, antes de que se personara en el lugar un dispositivo de antidisturbios (UIP) avisados por el fondo de inversión que ha bloqueado los ascensores para impedir que subieran más personas.
“No nos vamos a mover de aquí hasta arrancar el compromiso de que los desahucios se van a paralizar y la situación de los vecinos, que quieren pagar, se va a regularizar”, explica Ricardo, de la PAH Parla, el municipio donde se concentran más desalojos en este mes. Hasta ocho.
Estos desahucios afectan a personas que entraron ilegalmente en casas que quedaron vacías tras el proceso de venta de las viviendas por parte de la Comunidad de Madrid a Goldman Sachs en 2013, una operación que está en los tribunales. La PAH lleva meses negociando con Encasa Cibeles para pedir la regularización de estas familias. La empresa alude, como contó eldiario.es, a un posible “efecto llamada” para negarse a hacerlo.
Encasa Cibeles se defiende asegurando que hay “un proceso de intermediación social abierto con los inquilinos desde hace más de un año para analizar las situaciones individualmente” y subraya que en Parla, uno de los puntos más calientes por el elevado número de lanzamientos previstos, “no se ha ejecutado ninguno”. “En estos casi tres años hemos suspendido 34”, apuntan fuentes de la empresa. Suspender no significa que Encasa dé marcha atrás, sino que comunica al juzgado que se posponga el lanzamiento.