El Parlamento Europeo acepta a trámite dos peticiones de víctimas del accidente del Alvia

Estrasburgo (Francia).- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ha aceptado a trámite dos peticiones de víctimas del accidente del Alvia en Santiago que en julio de 2013 provocó la muerte de 81 personas y 140 heridos, informaron hoy a Efe fuentes comunitarias.

La presidenta de la Comisión, la liberal sueca Cecilia Wikstrom, así se lo ha comunicado a los peticionarios por carta, en la que les ha indicado que el PE también ha escrito a la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, en inglés) para pedirle más información, explicaron las mismas fuentes.

A partir de ahora la Comisión de Peticiones tiene dos opciones, puede poner la cuestión en la agenda de una próxima reunión para que sea abordada o puede cerrarla sin discusión.

En ese caso se sometería a votación en una reunión pública.

En los dos documentos de denuncia de la Asociación Víctimas Alvia 04155, representada por el presidente, Jesús Domínguez La Rosa, los afectados por el accidente sostienen que el Estado español, a través del ministerio de Fomento, Adif y Renfe, “nos han engañado gravemente a todos los ciudadanos respecto a la seguridad y características de la denominada Alta Velocidad”.

Argumentan que se ha publicitado desde estas instancias “de manera engañosa que ese tren y esa línea ferroviaria estaban dotados de la última tecnología y con sistemas de conducción automática (ERTMS), incrementando de esta forma la supuesta seguridad de los pasajeros”.

Indican que los peritos han confirmado en sede judicial que “de existir el ERTMS el accidente no se hubiera producido”.

Las víctimas del Alvia achacan al Estado español una “falta de transparencia intolerable” y consideran que ha infringido las directivas de seguridad ferroviaria, sobre las prácticas comerciales desleales y sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.

Igualmente recalca como argumento para que el PE analice la denuncia el hecho de que la línea entre Madrid y Galicia “ha sido cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)” con una ayuda estimada de 2012,2 millones de euros.

En la segunda denuncia las víctimas del Alvia explican que la han presentado ante la Comisión de Peticiones porque “el Estado español se ha limitado a señalar como única causa la excesiva velocidad del maquinista en una peligrosa curva”, sin que “haya querido admitir otras muchas causas relacionadas con el incumplimiento de la normativa europea en materia de seguridad ferroviaria”.

En el documento, la asociación se muestra “absolutamente desprotegida”, porque, indica, “no hemos tenido ni tenemos acceso a información alguna por parte del Ministerio de Fomento y de las empresas adscritas, Adif y Renfe, ya que ninguno reconoce responsabilidad alguno”.

En su exposición de los hechos alegados, las víctimas apuntan a la presunta “ausencia de independencia” de los diferentes organismos que se ocupan de la seguridad ferroviaria, las sesiones supuestamente secretas de la subcomisión de estudio y análisis del sistema ferroviario español en el Congreso de los Diputados, y a la presunta ausencia de una reunión de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) con las víctimas.

También denuncian la presunta ausencia de control de riesgos, de nueva verificación al producirse cambios sustanciales en la seguridad, de documentos que acrediten la homologación de material rodante en su conjunto, y la supuesta ausencia de documentos que acrediten la habilitación del maquinista.