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PP y Vox intentan revivir a la tauromaquia regándola con dinero público

Peio H. Riaño

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El flamante vicepresidente de la Generalitat Valenciana, el extorero Vicente Barrera (Vox) se ha estrenado en el cargo reivindicándose como una figura del “mundo de la cultura”, dentro de la cual, ha lamentando, la tauromaquia ha sido “ninguneada y silenciada” hasta convertirse en “la cenicienta” del sector. Pero los toreros como Barrera ni están perseguidos ni en peligro de extinción: nunca hubo tantos matadores de toros como en 2022. Ni siquiera en la edad dorada de las corridas.

Según los datos recogidos en la Estadística de Asuntos Taurinos, que el Ministerio de Cultura acaba de hacer públicos, los profesionales inscritos como “matadores” han aumentado un 21% en la última década. En 2012 se inscribieron 605 matadores de toros y en 2022, la misma categoría sumó 732 (hay que añadirle otros 71 matadores de nacionalidad no europea). Sin embargo, de estos profesionales inscritos solo 471 tenían licencia vigente para practicar la actividad. 

El registro histórico desvela que, a pesar de las alarmas desatadas por el sector de la tauromaquia, los profesionales de estos espectáculos no han dejado de crecer ni siquiera durante la pandemia de la COVID-19. Ni en 2021, con las citas limitadas. Si, además, ampliamos el registro al resto de profesiones vinculadas a la lidia y muerte de toros, la cifra se dispara por encima de los 10.000 trabajadores por primera vez en la historia.

Si en 2012 se registraron 7.656 matadores, rejoneadores, novilleros, banderilleros, picadores y mozos de espada, en 2022 fueron 10.228. Esto supone un crecimiento del 33,6% (sin contar los profesionales latinoamericanos). También los “toreros cómicos” crecieron y pasaron de 120 hace una década a 166 personas en el último registro.

Estas cifras contrastan con la realidad de los festejos: si en 2011 se celebraron 561 corridas de toros en España, en 2022 fueron 412. Es una caída del 26,5% en el montaje de espectáculos. Lo más llamativo es que el descenso en la organización de estos eventos sucede a partir de la declaración de la tauromaquia como bien de interés cultural, en 2013.

Esta jugada legislativa tampoco frenó la decadencia de las corridas de toros. El objetivo, denunciado entonces por la oposición en el Congreso de los Diputados, era crear una norma capaz de defender la tauromaquia. El Gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante la medida, sin un voto favorable de la oposición, para “blindar” las corridas de toros de las competencias de aquellas autonomías que habían empezado a prohibir estos espectáculos. La norma no funcionó, pero desde entonces obligó al Ministerio de Cultura a velar por los intereses de este sector. 

De hecho, durante varios años a partir del Gobierno de Mariano Rajoy, los toros pagaron más que la literatura: el Premio Nacional de Tauromaquia repartía 30.000 euros mientras que el de Narrativa otorgaba 20.000 y el de Fomento de Lectura no tenía siquiera dotación. En 2022 se modificó la regulación de los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura para igualar las dotaciones.

Más corridas a bajo coste

En el año previo a la pandemia las corridas de toros tocaron fondo y marcaron la peor cifra de la serie histórica, con la celebración de 349 corridas de toros. Luego llegó la pandemia, en 2020, y la limitación de aforos en 2021. Ahora conocemos que en 2022, a pesar del frenazo histórico en el montaje de estos eventos, se observa un repunte desde 2019. Eso sí, únicamente en plazas de tercera categoría y en las portátiles.

El mayor número de corridas sucedió en plazas de tercera categoría, con 180, cuyos costes son mucho más baratos que en las de primera categoría. En estas últimas hubo 82, la cifra más baja sin contar los dos años de incidencia pandémica, que refleja la caída de la taquilla por la falta de público.

Las corridas de toros aumentaron hasta 412 en 2022. Fueron 63 eventos más que en 2019. Solo el 20% sucedió en plazas de primera categoría. El crecimiento se debe al empeño que pusieron en comunidades autónomas como Andalucía, donde se celebraron 90 corridas de toros (un 38,4% más que en 2019); en Castilla-La Mancha crecieron un 35,8%, pasando de 53 a 72 corridas de toros en los mismos años; en Castilla y León, un aumento del 12,5% (con 54 en total); y en Madrid, de 70 a 79 (un 12,8% más). 

En Asturias ya no se celebran. Tampoco en Catalunya ni en Canarias ni en Ceuta. El mayor abandono de la fiesta sucedió en la provincia de Málaga: en 2011 era la tercera provincia con más corridas de toros (25), pero en 2022 se ha quedado en ocho, tres menos que en 2019.

Una cuestión política

Madrid fue la Comunidad donde más se protegieron las corridas de toros el año pasado. El apoyo al toreo ha formado parte esencial del programa político de la presidenta Isabel Díaz Ayuso (PP), como también lo es de Vox. En octubre de 2020 anunció una partida extraordinaria de 4,5 millones de euros para ayudar a los ganaderos de toro de lidia madrileños. En Madrid hay 64 explotaciones ganaderas y 13.000 ejemplares, la mayor densidad de reses bravas de España por kilómetro cuadrado. 

Un año después, en octubre de 2021, el Gobierno madrileño anunció una nueva línea de ayudas directas para los ganaderos de reses bravas por valor de tres millones de euros. A esta partida había que sumar los más de tres millones de euros que figuraban en los presupuestos y que se emplearon para sufragar corridas, exposiciones, escuelas taurinas y reforma de Las Ventas. En 2021 la presidenta de la Comunidad de Madrid volvió a abrir la escuela regional de tauromaquia, en la Venta del Batán, como medida de apoyo a este sector “frente a los que hacen política cegados por un sesgo ideológico”. Estaba cerrada desde 2015.  

A finales de 2022, Isabel Díaz Ayuso presentó los presupuestos para 2023 en los que se incluía una partida de 6,3 millones de euros para Asuntos Taurinos. La partida doblaba los tres millones de euros que había destinado el año anterior. La Unión de Federaciones Taurinas de España ha celebrado estas medidas. “Los toros recibieron 30 veces más que los videojuegos en 2022, a los que la Comunidad de Madrid ayudó con 250.000 euros”, señala Jazmín Brirak, diputada de Más Madrid en la Asamblea. El sector taurino ha calculado que es capaz de generar alrededor de 12.000 empleos en la Comunidad de Madrid, pero Isabel Díaz Ayuso asegura que son 50.000 empleos. 

“Madrid es la región capital de la libertad, también de la tauromaquia”, dijo Díaz Ayuso en la gala de presentación de los carteles de la feria de San Isidro de este año. Telemadrid retransmitió 14 corridas de esta feria en abierto. Un hecho histórico por el que la Comunidad de Madrid ha tenido que pagar 1,4 millones de euros a OneToro, por la adquisición de los derechos televisivos.  

El mundo del toreo entregó a Díaz Ayuso en 2022 el Premio Especial Plaza 1 “por su apuesta y apoyo en la protección, difusión, conservación y promoción de la tauromaquia, como patrimonio inmaterial de gran valor para millones de españoles y una de las principales señas de identidad de la región”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), también ha declarado el respaldo y compromiso de su Gobierno con la tauromaquia, con el aumento de subvenciones a las escuelas taurinas, de las ayudas al sector ganadero del toro bravo y el aumento de retransmisiones de festejos en la televisión autonómica andaluza. En los primeros presupuestos postpandémicos, Moreno a propuesta de Vox- subió la partida de los toros un 15% y se la bajó un 44% a la investigación científica y un 15% al apoyo de las familias. También creó una ayuda de cuatro millones de euros para los ganaderos de toro bravo. 

En las primeras cuentas que firman juntos PP y Vox en Castilla y León destinarán 640.000 euros a la tauromaquia, a través de la consejería de Cultura. De esta cantidad, la Fundación Toro de Lidia se beneficiará –de manera directa y sin concurso– con 270.000 euros de subvenciones para ayudar a la formación de la carrera de aspirantes a profesionales taurinos. Además, los Premios Castilla y León incluirán por primera vez la categoría Tauromaquia, que será recompensada con 18.000 euros. Y el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja (Vox), ha creado dos nuevos premios de estudio e investigación de la tauromaquia, dotados cada uno con 10.000 euros. Desde otras áreas inyectan otras tantas partidas.

Una afición en retirada

¿Cuántos españoles apoyan este tipo de fiestas? ¿Millones como decía el premio a Díaz Ayuso? El Ministerio de Cultura no dispone de cifras de asistencia a las plazas, pero en el último Anuario de Estadísticas Culturales publicado por la cartera de Miquel Iceta se descubre que los toros son atractivos para un 1,9% de la población española. Este es el porcentaje que asegura haber asistido en el último año a un espectáculo o festejo taurino. Se trata de la cifra más baja desde 2006, el año en el que la encuesta desveló que un 9,8% de la población reconocía sentirse atraída por estas citas. 

A los españoles y españolas han dejado de interesarles las corridas de toros. Desde 2006 el apoyo de la sociedad a la tauromaquia ha caído en picado. Antes, 12 hombres de cada 100 decían ir a una corrida. Ahora, 15 años más tarde, sólo son dos de cada centenar. Otro dato llamativo indica que no hay relevo generacional. La población de 45 a 54 años era la más devota hace 15 años, pero con el paso de los años esa franja de edad se ha convertido en una de las que más rechaza esta peculiar fiesta.

A pesar de la indiferencia, el mundo del toreo sigue protegido y lejos de la extinción. En Andalucía las escuelas taurinas han pasado de 21 a 34 en diez años. En Madrid, de cuatro a nueve escuelas. Y en Castilla-La Mancha, de siete a once. Además, entre 2002 y 2020, la ganadería de lidia ha recibido subvenciones de dinero europeo por valor de, al menos, 430 millones de euros, a través de los fondos de Política Agraria Común (PAC), según un estudio presentado por la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (AVATMA). Este empuje con dinero público europeo contrasta con la posición de la Unesco frente a la tauromaquia, que en 2021 rechazó considerar la actividad como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.