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Euskadi descarta endurecer las medidas a pesar del repunte de la COVID-19 aunque sí plantea “comunicar” mejor la necesidad de cumplir las actuales
La comisión técnica que asesora a la mesa de crisis de la emergencia sanitaria (conocida por sus siglas en euskara, Labi) ha concluido en su segunda reunión en esta semana de claro repunte de la incidencia de la COVID-19 que “no precede realizar a corto plazo modificaciones en el decreto en vigor” ya que, si la situación empeora, hay mecanismos automáticos para actuar en zonas en alerta roja, un umbral fijado ahora en 400 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. “El conjunto de medidas restrictivas en vigor en este momento son de una intensa severidad [...]. Estas medidas no son estáticas. Su rigor se incrementa en la medida en que la situación empeora, allá donde empeora”, remarca el dictamen de la comisión técnica, que ha llevado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a renunciar a la convocatoria de la mesa de crisis al menos durante esta semana. Se pueden consultar aquí todas las medidas vigentes.
El argumentario es claro y lo que se impone -según el Gobierno vasco- es que haya “rigor” en el “cumplimiento y observancia” de “todas las medidas preventivas”. En el caso de las localidades en alerta roja, incluyen el cierre perimetral y la reducción del horario en el interior de la hostelería, entre otros puntos. “Procede mantener las actuales medidas. reforzar con mayor intensidad su comunicación y resaltar la importancia de su cumplimiento”, entiende el comité técnico del Labi, que está presidido por Jonan Fernández, ahora secretario General de Transición Social y Agenda 2030 y antes responsable de temas de Paz y Convivencia. El Ejecutivo de Urkullu no orilla que no tiene tampoco mucho más margen para endurecer el marco vigente ya que se augura una “perspectiva de final del estado de alarma” y existe el precedente de pasos bloqueados por resoluciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, principalmente de la sala del juez Luis Garrido.
Por Iker Rioja Andueza.