El acuerdo alcanzado por el Gobierno, los sindicatos y la patronal este viernes establece que las empresas que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales no podrán acceder a la prolongación pactada para los ERTE por fuerza mayor. Este fue otro de los puntos que costó salir adelante en la negociación con Trabajo y los sindicatos, según fuentes del diálogo social.
Además, si las compañías alargan sus expedientes gracias a este nuevo decreto-ley, no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal en el que han aplicado los ERTE, excepto si devuelven el dinero correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social.
Informa Laura Olías.