El segundo real decreto aprobado por el Consejo de Ministros con medidas para atender la emergencia ocasionada tras la DANA incluye la transferencia de 50 millones de euros a los ayuntamientos para reforzar sus servicios sociales.“El objetivo es que dispongan de los recursos necesarios para atender todas las situaciones de pobreza sobrevenida” que “se van a traducir”, según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, en “privación material” y “riesgo de exclusión” para miles de personas.
También se destinará una concesión directa de cinco millones de euros para la Plataforma del Tercer Sector, que agrupa a 28.000 entidades de España, muchas de las cuales están trabajando en el terreno; 700.000 euros para el Consejo General del Trabajo Social y su Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales; y otros 490.000 para las entidades que cuidan animales extraviados o abandonados cuyas infraestructuras han quedado dañadas.
Además, el real decreto prohibirá a los servicios funerarios “ofrecer precios superiores a los vigentes” el 28 de octubre porque “una tragedia de estas características no puede ser un contexto que dé lugar al beneficio económico”, apuntan fuentes ministeriales.
Por Sofía Pérez Mendoza