Los representantes de las comunidades autónomas, en una reunión extraordinaria de la comisión delegada de servicios sociales con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que lidera Pablo Iglesias, dan cuenta esta tarde de a qué han destinado el reparto del Fondo Social Extraordinario para hacer frente a la emergencia de la COVID-19. Fueron 300 millones de euros que el Gobierno aprobó el pasado 18 de marzo vía real decreto para financiar los servicios sociales durante esta primera parte de la pandemia, concretamente los destinados a cubrir las necesidades de “personas mayores, dependientes, personas sin hogar o familias monoparentales”, es decir, especialmente vulnerables.
El dinero fue pagado de una sola vez por trámite extraordinario, estipuló el Ministerio de Derechos Sociales. Los proyectos han sido llevados a cabo durante las semanas de crisis sociosanitaria, y han sido presentados antes de la reunión a la Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea, que los ha recopilado en un informe al que ha tenido acceso eldiario.es.
Las comunidades, entre todas, se han gastado durante la crisis el 33,54% de esos 300 millones, es decir, unos 100 millones, en ayudas directas en ingresos para las familias, ya fueran de urgencia o de inserción. Le siguen los refuerzos para centros sociosanitarios, el 20,32%, unos 60 millones. Casi lo mismo, el 19,40%, ha ido a servicios sociales de proximidad para compensar medidas como el cierre de comedores o de centros de día. Se han beneficiado de unas cosas u otras, estiman, 13.099.997 de personas. Más de 6 millones de ellas, de la compra de material de protección (EPIs, mascarillas, guantes...).
Las consejerías lo han dividido todo en proyectos, un total de 673. El reparto de los 300 millones se hizo teniendo en cuenta factores como cantidad de población, el número de ciudadanos mayores de 65 años y menores de 16, cantidad de grandes urbes o insularidad: la que más recibió fue Andalucía (51 millones), seguida de Catalunya (45) y Madrid (38). Se reservó el 0,5% para Ceuta y Melilla y el 1,5% para La Rioja. La comunidad que más proyectos ha presentado es Madrid: 263. Andalucía y Catalunya, que tenían más presupuesto que Madrid, han presentado 13 y 8 respectivamente.
El Ministerio clasificaba nueve ámbitos a los cuales podían destinar las consejerías sus fondos. Podían hacerlo a servicios de proximidad; a teleasistencia; a ayudas a domicilio a personas dependientes; a recursos y personal para atender a personas sin hogar; a reforzar plantillas de centros sociosanitarios, como residencias; a la adquisición de EPIs; a partidas de dinero para familias sin recursos; a ayudas a la conciliación para familias monoparentales; y uno abierto, que no encajase en ninguno de los anteriores supuestos y a criterio de las comunidades y de los Servicios Locales, pero debidamente argumentado. A esto último ha ido el 16% de los 300 millones, 48.
La Comunidad de Madrid es así de largo la región que más proyectos diferentes ha desarrollado, incluso para el mismo tipo de ámbito. Ha destinado la mitad de su presupuesto que le dio el Gobierno, 15.083.854,88, a la compra de EPIs, que justifican al Ministerio con un total de 25 proyectos. A lo segundo que más, 6.693.557,99, a las residencias, muy azotadas por la crisis: lo han desagregado en 44 proyectos distintos. 5.300.922,89 han ido para ayudas a las familias, en 17. A lo que menos han dado ha sido para ayudas a la conciliación de familias monoparentales: 57.199 euros.
Catalunya contaba con 7 millones de euros más y ha destinado prácticamente lo mismo que Madrid a reforzar sus residencias de ancianos y de personas dependientes durante la crisis, 6.309.640 de euros, pero lo presenta al Ministerio en un solo proyecto, no en 44. Su partida más exigua, 1 millón de euros, ha ido a las personas sin hogar. Andalucía, la que más dinero ha recibido, ha dado a la gestión de residencias algo más de 11 millones de euros, pero también –como Catalunya– en un solo proyecto. La segunda comunidad que más proyectos ha presentado al Ministerio es Euskadi: 125. Todos destinados a lo mismo: recursos económicos para las familias. El gobierno vasco ha volcado en ello la totalidad de los fondos sociales que le correspondían en el reparto del Gobierno, más de 13 millones de euros.
Los 300 millones de las comunidades corresponden a un fondo social extraordinario que el Gobierno decidió al principio de la crisis, no son los fondos no reembolsables para la reconstrucción, 16.000 millones, que finalmente no tendrán una partida dedicada exclusivamente a servicios sociales, algo que creó malestar en el sector.