La violencia vicaria, otra cara de la violencia machista
En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha que simboliza la lucha por la igualdad, los derechos y la justicia social, es imprescindible visibilizar todas las formas de violencia que siguen limitando la vida y la libertad de las mujeres. Aunque a menudo el foco se sitúa en las agresiones físicas o sexuales —violencias que, sin duda, exigen toda nuestra atención—, existe otra forma de maltrato, menos visible pero igualmente devastadora, que continúa creciendo en Europa: la violencia vicaria. Nombrarla es el primer paso para que deje de ser invisible.
La violencia vicaria se produce cuando un agresor daña a una mujer mediante el abuso de sus hijos e hijas, utilizándolos como instrumentos para humillarla, controlarla o vengarse. Las tácticas pueden incluir amenazas, manipulación judicial, secuestros o, en los casos más extremos, violencia física y asesinatos. También es una forma de violencia contra la infancia: el objetivo es herir a las mujeres, pero quienes sufren el daño directamente son los niños y las niñas.
En varios países europeos, como España, Francia e Italia, se documenta un aumento de estos casos. Según el informe “Menores víctimas mortales en casos de violencia de género contra su madre en España”, 62 niños y niñas fueron asesinados por sus padres biológicos, o por las parejas o exparejas de sus madres, entre 2013 y 2015. Estos casos se consideran violencia vicaria cuando la madre no ha sido asesinada también.
También escandaliza el número de madres que se enfrentan a procesos judiciales o que pierden la custodia y el derecho de ver a sus hijas por negarse a cumplir con las visitas impuestas judicialmente. Cuando deciden huir con sus criaturas para protegerlas, se activan mecanismos inicialmente diseñados para proteger a la infancia que se convierten en su peor pesadilla, como el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (1980).
A ello se suma que la mayoría de los países europeos aún no reconocen la violencia vicaria como categoría jurídica específica, lo que dificulta su identificación, sanción y prevención. Algunos países han avanzado en la articulación de una respuesta, pero la protección sigue siendo insuficiente y desigual. En España, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (2021) permite suspender el régimen de visitas cuando hay indicios de violencia de género. Y, en septiembre de 2025, el Consejo de ministros y ministras aprobó un anteproyecto para tipificar la violencia vicaria como delito específico que ha levantado suspicacias por parte de juristas, madres protectoras y organizaciones de la sociedad civil, que advierten del peligro que supone incluir la violencia vicaria como un nuevo tipo delictivo en el Código Penal desligándolo de la violencia de género de la que forma parte inseparable. Son avances importantes, pero insuficientes desde una perspectiva europea.
El Convenio de Estambul, ratificado por la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y por la propia UE, insta a garantizar la seguridad de los niños y las niñas en los procedimientos de custodia. Sin embargo, en la práctica, muchos sistemas judiciales europeos siguen priorizando el llamado “derecho de visita” del progenitor agresor por encima del principio de interés superior del niño o la niña y de la seguridad y bienestar infantiles. Además, se observa una interpretación del interés superior de la infancia por parte de los sistemas de justicia que se aparta diametralmente de la Observación general Nº 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial del Comité de Derechos del Niño y de la Niña de Naciones Unidas.
El debate europeo sobre custodia, corresponsabilidad parental y violencia de género está hoy más polarizado que nunca. Mientras algunos sectores presionan para imponer la custodia compartida por defecto como norma universal, organizaciones de derechos humanos y especialistas en violencia alertan de que esta postura ignora una realidad fundamental: cuando existe violencia, la prioridad no puede ser el reparto del tiempo, sino la protección.
Obligar a convivencias o a visitas con un agresor expone a mujeres y a sus hijos e hijas a riesgos graves y, en ocasiones, irreversibles. Al final, hay una verdad incontestable: ningún régimen de visitas, ninguna “paternidad responsable” y ninguna doctrina judicial valen más que la vida y la seguridad de un niño o una niña. Es por ello que se necesitan protocolos sólidos de protección, formación especializada para operadores judiciales y sanitarios, y campañas de sensibilización que visibilicen su gravedad y sus efectos intergeneracionales.
Este 8 de marzo nos interpela a renovar el compromiso con una igualdad real y efectiva, que no deje a ninguna mujer atrás. No puede haber derechos plenos ni justicia social mientras mujeres y niñas sigan atrapadas en dinámicas de violencia que se perpetúan y se transforman. Reconocer, prevenir y sancionar la violencia vicaria no es solo una cuestión legal, sino un imperativo democrático y social que Europa no puede seguir postergando: no es una anomalía aislada, sino la señal de que aún quedan estructuras por transformar.