Las montañas del norte ibérico conservan un equilibrio frágil entre los animales que sobrevuelan sus cumbres y los esfuerzos humanos que buscan mantenerlos a salvo. En ese paisaje de peñascos y valles, los programas de reintroducción se han convertido en una herramienta esencial para recuperar especies que durante décadas desaparecieron de estas zonas.
España ha desarrollado en los últimos años una estrategia para proteger al quebrantahuesos, una de las aves más singulares del continente europeo. Esta labor combina la cría en cautividad, el seguimiento por satélite y la vigilancia ambiental, con el objetivo de consolidar poblaciones estables en los sistemas montañosos donde antes fue común.
A pesar de los avances, cada pérdida individual representa un revés para esa tarea de conservación y exige reforzar las medidas de control sobre las amenazas que persisten en el territorio. De ese esfuerzo depende la posibilidad de que la especie se mantenga en el futuro, y cualquier incidente grave se convierte en una llamada de atención que obliga a revisar los métodos de protección y las prácticas humanas que aún ponen en peligro a la fauna salvaje.
La muerte de Centenario sacude los esfuerzos por recuperar la especie
La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos informó de la muerte del ejemplar Centenario, hallado en Cantabria. El ave, que se estima que tendría alrededor de 17 años, había sido localizada sin vida en el límite entre los municipios de Peñarrubia y Cillorigo de Liébana, y los análisis realizados por el equipo veterinario del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre confirmaron que la causa fue el envenenamiento.
La fundación comunicó el caso el miércoles 21 de enero, al recibir los resultados de las pruebas que certificaron la intoxicación. El hallazgo del cadáver se produjo el 19 de enero, dos días antes, cuando los técnicos se desplazaron a la zona tras detectar una anomalía en los datos enviados por el emisor satelital del ave, que había dejado de transmitir señales regulares de actividad.
Centenario fue cedido por el Gobierno de Aragón en 2017 y liberado en la vertiente asturiana del Parque Nacional de los Picos de Europa, dentro del programa de recuperación del quebrantahuesos en la cordillera Cantábrica. La especie había desaparecido del norte peninsular hace más de 70 años, y su reintroducción formaba parte de un plan que unía la experiencia técnica de varias administraciones autonómicas con el trabajo científico de la fundación.
Este ejemplar formaba parte de la primera unidad reproductora que se había asentado en Cantabria, por lo que su muerte interrumpe un proceso de repoblación que llevaba años en marcha. Según la fundación, el hecho supone “un revés significativo” porque coincide con la campaña reproductora y reduce de forma drástica las opciones de éxito de la pareja.
Equipos de rastreo peinan la zona para evitar nuevos casos
Tras la confirmación del envenenamiento, las muestras biológicas recogidas en el lugar fueron enviadas al Instituto de Recursos Cinegéticos, organismo dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Allí se realizarán los análisis toxicológicos que permitirán identificar la sustancia utilizada y seguir su trazabilidad para avanzar en la investigación. Los resultados servirán para delimitar responsabilidades y determinar el origen del veneno empleado, una práctica ilegal que sigue amenazando a la fauna silvestre en distintas zonas rurales del país.
En los días posteriores al hallazgo, se desplegó un amplio dispositivo de rastreo y batidas en la zona para localizar posibles cebos, restos tóxicos u otros indicios. En el operativo participaron la Unidad Especializada en Detección Canina de Venenos, agentes del medio natural del Gobierno de Cantabria, guardas del Parque Nacional de los Picos de Europa y técnicos de la fundación. La coordinación entre instituciones permitió cubrir un área extensa y establecer un perímetro de seguridad que evite nuevos casos de envenenamiento en el entorno natural donde se encontraba el ave.
La fundación recordó que la muerte de un quebrantahuesos constituye un delito ambiental grave. La legislación vigente prevé penas de prisión de entre seis meses y un año, además de multas que oscilan entre 50.000 y 200.000 euros, cantidades que pueden alcanzar los 600.000 euros en los casos considerados muy graves. Este tipo de sanciones busca disuadir el uso de venenos y proteger a las especies amenazadas, cuya conservación depende tanto de la aplicación de la ley como de la colaboración ciudadana.
El caso de Centenario evidencia la fragilidad de los proyectos de recuperación y la necesidad de mantener una vigilancia continuada para que el trabajo de conservación en España no se vea truncado por prácticas ilegales que todavía persisten en zonas rurales.