Telegram ha estado a punto de quedar inactiva en España este lunes. El juez Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional, ha rectificado la orden que él mismo dictaminó el viernes de bloquear el acceso a la app de forma cautelar. Una medida que habría convertido a España en el único país europeo, junto a Bielorrusia, en censurar el acceso de sus ciudadanos a esta plataforma de mensajería, la segunda más usada por detrás de WhatsApp, y que solo un puñado de países en todo el mundo han decretado alguna vez. La mayoría de ellos, autoritarios.
En su auto del viernes, el juez Pedraz alegaba que la “suspensión temporal” de Telegram era la “única” medida “posible” ante la “falta de colaboración” de Islas Vírgenes, el paraíso fiscal donde está registrada la matriz de Telegram. El proceso tiene su origen en una denuncia por violación de derechos de autor interpuesta por Mediaset, Antena 3, Movistar+ y Egeda, que acusan a la app de permitir la descarga de contenidos protegidos sin su permiso.
Finalmente y tras solicitar un informe a la Policía, el magistrado ha dejado sin efecto su auto del viernes y ha permitido que los 8,5 millones de españoles que usan Telegram puedan seguir haciéndolo. Reconoce que el bloqueo habría resultado “un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan (la gran mayoría sin vinculación alguna con actividades ilícitas)”, así como que “en muchos casos se les impediría realizar labores de índole profesional”.
El paso atrás reafirma la opinión de múltiples juristas, que consideraron “desproporcionado” el impacto sobre las libertades del resto de la población que tendría un bloqueo de Telegram basado en el hecho de que algunos usuarios la utilicen para la piratería. La medida había llamado la atención incluso de organizaciones internacionales.
“Bloquear todo un servicio basándose en una violación de los derechos de autor parece inapropiado, desproporcionado”, coincide Jan Penfrat, jefe de políticas públicas de la ONG European Digital Rights (EDRi). “No lo estarían bloqueando basándose en la difusión de desinformación o amenazas a la democracia o las elecciones, que parecerían razones más serias, sino por motivos comerciales como los derechos de autor. Una decisión como esta tiene un enorme impacto en la libertad de expresión de todos sus usuarios, no sólo aquellos que potencialmente están cometiendo esas infracciones de derechos de autor”, recalca en conversación con este medio.
Telegram, por su parte, no ha llegado a posicionarse sobre el posible bloqueo en España que habría dado comienzo este lunes.
Bloqueos judiciales de patas cortas
No es la primera vez que un magistrado de un país democrático decide censurar Telegram, que tiene 900 millones de usuarios en todo el mundo. Aunque tras lo ocurrido en España, este tipo de decisiones judiciales se caracterizan ya por tener un recorrido limitadísimo.
La última vez que Telegram se enfrentó a una situación de este tipo fue en Brasil, hace menos de un año. En abril de 2023 un juez del país ordenó bloquear el acceso a la app después de que esta se negara a colaborar en la investigación de los grupos neonazis que habían instigado el asalto a instituciones públicas tras la derrota electoral de Jair Bolsonaro. En aquella ocasión el bloqueo solo duró tres días.
“La Policía Federal solicitó la suspensión de Telegram porque no proporcionó datos completos de los usuarios de dos chats grupales que supuestamente provocaron ataques a escuelas”, explica la ONG NetBlocks, que documenta este tipo de bloqueos de servicios digitales y los ataques a la libertad de acceso a Internet. El cierre también fue tachado como “desproporcionado” tanto por esta organización como por expertos internacionales.
“Brasil tiene un historial de restricción del acceso a Telegram, con órdenes judiciales similares emitidas en 2015 y 2016, aunque por lo demás el país tiene una Internet libre y abierta”, recordaba NetBlocks. El juez levantó el bloqueo tras las presiones internas y la imagen hacia el exterior que provocó la medida, pero mantuvo una multa de un millón de reales (unos 180.000 euros) a la aplicación por su falta de colaboración con los tribunales.
Una app rebelde que no entrega datos
Lo ocurrido en España y Brasil no es ni mucho menos excepcional. Por regla general, Telegram no entrega datos personales de sus usuarios ni a servicios de seguridad ni a jueces. Esto la ha convertido en una “app segura” para activistas de cualquier ideología, pero también en un punto de reunión de los bajos fondos de Internet, siendo habitualmente acusada de albergar material pedófilo o terrorista.
Esta falta de colaboración para que las autoridades entren en sus sistemas esta escrita en el ADN de la aplicación. Sus fundadores fueron un grupo de desarrolladores que habían desarrollado VK, el Facebook ruso, durante su etapa en la Universidad de San Petersburgo. En 2013, el Kremlin les exigió acceder a datos personales de activistas ucranianos con cuentas en VK. Su negativa supuso que Vladimir Putin les obligara a vender VK y exiliarse.
El desarrollo de Telegram lleva marcado a fuego lo sucedido con VK. Telegram se compromete a “proteger” los datos y conversaciones de sus usuarios de “terceras partes curiosas, como funcionarios, empleados, etc”. Una política que aplica a rajatabla pero que hasta ahora solo le había generado problemas serios en regímenes autoritarios como la citada Bielorrusia, así como China o Irán.
El país dirigido Aleksandr Lukashenko censuró el acceso Internet durante tres días tras las multitudinarias protestas de agosto de 2020, en las que el líder autoritario salió reelegido entre acusaciones de pucherazo. Telegram, gracias a sus conexiones descentralizadas, consiguió evitar el bloqueo y convertirse en el canal principal para la organización de las protestas. Esto provocó que el Gobierno de Lukashenko se lanzara con todo para intentar censurarla, pero para entonces muchos bielorrusos ya habían aprendido cómo sortear esos cortes gubernamentales.
“¿Cómo se pueden detener estos canales de Telegram? ¿Se pueden bloquear? No. Nadie puede”, se quejaba amargamente el dictador bielorruso, que terminó renunciando a la posibilidad de censurar la app y optó por abrirse un canal propio en ella.
La dificultad para censurar de forma efectiva Telegram también ha sido uno de los motivos que han llevado al juez Pedraz a revocar su auto del viernes. La medida “no es idónea”, ha reconocido este lunes el magistrado de la Audiencia Nacional, ya que los usuarios podrían utilizar proxies y VPN que permiten ocultar la ubicación real del dispositivo. Esto permite eludir bloqueos nacionales y habría servido a aquellos usuarios que lo usan para las descargas ilegales “acceder a Telegram y seguir consumiendo o publicando tales contenidos”.
Bloqueada definitivamente en China o Irán o Pakistán
Además de Bielorrusia, otros países como Cuba o Tailandia han instaurado bloqueos temporales de Telegram. Sin embargo, los únicos países donde la app de mensajería está bloqueada permanentemente son aquellos donde no existe el Internet libre y el uso de herramientas como las VPN puede ser constitutivo de prisión.
En China, que tiene una red propia prácticamente aislada de la del resto del mundo, el acceso a Telegram está censurado desde 2015. El bloqueo se ejecutó justo después de que la infraestructura de la app sufriera un ataque de denegación de servicio que la colapsó en todo el mundo. “Podría tratarse de un gobierno enfadado o de un competidor descontento”, explicó entonces Telegram: “Por ahora sabemos que el ataque se coordinó desde Asia Oriental”.
Otro de los bloqueos más drásticos de Telegram se llevó a cabo en Irán en 2018. Entonces la app tenía unos 40 millones de usuarios en un país de 82 millones de personas, tal y como reflejó un informe de Centro de Derechos Humanos de Irán. “Se había convertido en la plataforma central para el uso de Internet en Irán, utilizada en todos los ámbitos de la vida”, denunciaba el texto.
“Al ser de propiedad extranjera y tener sus servidores fuera de Irán, Telegram no está bajo el control de los censores estatales del país. La voluntad de las autoridades de interrumpir lo que se ha convertido en el principal medio de comunicación digital en Irán —y desde la prohibición, de interrumpir el acceso a las herramientas de elusión— demuestra la primacía de su compromiso con la censura estatal”, aseveraba el informe.
La responsabilidad de Telegram
España no se convertirá finalmente en un país más de esta lista, aunque ha estado en ella durante todo un fin de semana de manera virtual. Era este lunes cuando las operadoras debían hacer efectivo el bloqueo impuesto por el juez Pedraz, que ha dejado finalmente sin efecto.
“El bloqueo de plataformas enteras es siempre una respuesta desproporcionada y no puede justificarse como mecanismo para resolver los problemas de gobernanza de contenidos”, destaca en un informe la ONG Access Now sobre la censura de este tipo de servicios. Un análisis que no esconde la responsabilidad de Telegram a la hora de mantener su plataforma a salvo de la peor cara de Internet que la usa como refugio.
“A medida que los servicios de Telegram se han vuelto más vitales para los defensores de los derechos humanos y las comunidades en situación de riesgo, se han convertido en un foro más peligroso para la difusión de contenidos nocivos”, destaca: “Telegram y otras plataformas similares tienen la responsabilidad de garantizar que sus servicios no perpetúan los daños a los derechos humanos y de realizar las inversiones y las elecciones de diseño necesarias para poder responder en tiempo real a medida que surgen las amenazas”.
“Su incapacidad para hacerlo ha incentivado cada vez más a los gobiernos a tomar medidas extremas para responder a la desinformación, el discurso del odio y la incitación a la violencia en línea, y del mismo modo ha proporcionado una excusa fácil a los gobiernos que tratan de interrumpir el acceso a la información”, concluye la ONG.