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Ciudadanía antieuropea

Formalmente, el derecho comunitario reconoce a todos los ciudadanos europeos el mismo derecho de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Éste y los demás derechos de la ciudadanía europea fueron concedidos por primera vez en el Tratado de Maastricht. Los Tratados de 1992 partieron de una visión de una "unión cada vez más estrecha de los pueblos europeos". Originalmente, esta unión se ha inspirado en la idea de reconocer a los ciudadanos europeos un estatus jurídico propio, situando la igualdad de trato más allá del Estado nación y al mismo tiempo respetando la diversidad de identidades nacionales de Europa. Pero tal como suele ocurrir muchas veces en la compleja relación entre idea y realidad política, la aplicación de estos derechos ha sido, y sigue siendo, otra.

Pitico (nombre ficticio) y su marido llegaron a España desde Rumanía hace un par de años. Tenían sus razones para abandonar su país de origen. El maltrato por las autoridades de su país, el no respeto de gran parte del resto de la población por permanecer a la "etnia gitana" y las dificultades económicas les llevaron a abandonar Rumanía y buscar su suerte en otro país europeo. Ella y su familia finalmente pudieron obtener la documentación necesaria para poder residir en territorio español. Comparada con la situación algunos de sus compatriotas rumanos pudieron decir que habían tenido suerte, porque eso ya no es lo habitual.

Los Estados miembros de la UE siempre se habían reservado la posibilidad de denegar el derecho de residencia a otros europeos. La directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo estableció que la estancia superior de tres meses sólo se podía conceder a los extranjeros europeos si ellos y su familia disponían "de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia". España adoptó esta parte de la directiva casi literalmente en el Real Decreto 240/2007. A esta restricción se añade otra. Aunque Rumania es miembro de la Unión Europea desde 2007 y los rumanos deberían poder disfrutar de los mismos derechos que los demás ciudadanos europeos, existió un periodo de tránsito de hasta 7 años.

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Concesión del premio Derechos Humanos 2016 a cinco lideresas colombianas

Patricia Ariza, una de las galardonadas, en un acto que organizó la APDHA en Cádiz el pasado octubre

El pasado 10 de diciembre, el área de Solidaridad de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, hizo público en Cádiz la concesión de su premio anual de Defensa de los Derechos Humanos a cinco lideresas colombianas, tres de las cuales pertenecen a Marcha Patriótica. Se trata de un movimiento social y político que se ha dedicado a la construcción de la Paz y a la defensa de los Acuerdos en el territorio. Por esa razón, sus integrantes están en el punto de mira de los sectores de la extrema derecha que están en contra de la paz. Hasta hoy, 124 de sus integrantes han sido asesinados (entre el 2011 al 2016).

Tanto en Colombia como en el mundo crece la alarma por el temor de que estos asesinatos sean el comienzo de un nuevo genocidio. Las integrantes y voceras de Marcha elegidas, son Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y Patricia Ariza. Fueron seleccionadas igualmente, Jahel Quiroga y Luz Marina Bernal, importantes defensoras y lideresas colombianas.

PERFILES DE LAS GALARDONADAS:

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Soplamos las velas, pero los derechos humanos se siguen vulnerando

Las compañeras y compañeros que trabajamos diariamente por que se respeten los derechos humanos llegamos al 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, con sentimientos encontrados.

En Andalucía tenemos presentes las cifras de paro ( 28,5%), de familias en riesgo de pobreza y exclusión ( 43.8%) y a las que han desahuciado (10.694 en 2015); las agresiones y falta de derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual ; los auténticos calvarios por los que pasan las personas migrantes para intentar llegar a nuestro territorio, el drama de no tener derechos y el de ser expulsadas. Observamos la deriva represiva de la normativa que recoge la supresión de libertades democráticas y derechos fundamentales. Nos indignamos por los retrocesos en la sanidad y en la educación pública. Somos conscientes de que las personas encarceladas tienen menor acceso a la salud que el resto de la población, que no se las defiende a todas por igual y que sus derechos laborales no son iguales que los del resto.

Se trata de cifras y datos que deberían escandalizar y hacer reaccionar de inmediato a las administraciones de todos los ámbitos, pero que pasan sin apenas hacer ruido y sin ningún tipo de repercusión política.

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¿Y si lucháramos contra la violencia de género todos los días del año?

Imagen de una reciente manifestación contra la violencia de género

Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual desde los 15 años. El 75% de las mujeres ha padecido acoso sexual en el trabajo. Se calcula que como mínimo unas 700-900 mujeres son asesinadas cada año en Europa a causa de la violencia de género.

A pesar de numerosas iniciativas legislativas, campañas de divulgación, concienciación y sensibilización, proyectos… no se aprecia una disminución en el porcentaje de agresiones, lo que puede deberse a que en muchos casos no se presentaban denuncias, bien por el temor de represalias del agresor, a la dependencia económica de la víctima respecto a aquél y a la inseguridad jurídica que supone el proceso a partir de la presentación de la denuncia.

Ante este sombrío panorama, parece que las distintas medidas adoptadas por las administraciones públicas no son suficientes. En primer lugar sería necesario, para dimensionar adecuadamente el problema, disponer de un sistema coherente de registro de datos en los distintos Estados miembros de la UE y, seguidamente, un verdadero compromiso ideológico que de modo transversal impregne todas las políticas públicas en materia de prevención, atención y coordinación de los distintos agentes implicados, además de una dotación presupuestaria suficiente.

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La retórica vacía de las políticas de igualdad

Son muchas las estrategias usadas por el poder para adueñarse de los  discursos rompedores, con ideología transformadora o que denuncian las injusticias sociales. Las  personas que trabajamos en visibilizar las constantes vulneraciones de los derechos humanos las conocemos sobradamente. Y es que el poder tiene el arte de nombrar determinadas cuestiones para ocultar otras. Nombrar para hacer invisible. Esta es la paradoja que vivimos día a día ante la retórica vacía de las políticas de la  igualdad que muchas administraciones quieren vendernos.

Las personas feministas asistimos atónitas a un discurso que no rompe en ningún momento el binarismo, un discurso que etiqueta lo que es y lo que  no es feminismo y que desde la "defensa de la igualdad" sigue promoviendo leyes que nos hacen día a día más desiguales.

Después del 25 de noviembre, estamos hartas de manifiestos cargados de buenas frases que proclaman la igualdad de hombres y mujeres, de la victimización y el paternalismo con el que nos tratan y de acciones puntuales y buenistas que no ponen en cuestión, en ningún momento, la verdadera esencia del problema.

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14 años después ¿por fin se cumplirá la ley? Entre el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad

El pasado 27 de octubre Unidos Podemos presentó en el Senado una moción solicitando la transferencia de las competencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Allí estábamos nosotros, la APDHA, junto con representantes de asociaciones de profesionales de la medicina como la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) o la Organización Médica Colegial de España (OMC) en la tribuna de invitados. Para todos nosotros la aprobación de esa PNL era importante porque llevábamos mucho tiempo defendiendo la importancia que esto tenía tanto para las personas presas como para los médicos que trabajan en los centros penitenciarios.

Justamente la transferencia de las competencias penitenciarias a las comunidades autónomas supone una de las acciones precisas para que mejore la asistencia médica de la población encarcelada y así lo hemos dicho en nuestro informe ─ La salud robada entre cuatro muros. La isla de la sanidad penitenciaria─ donde se recoge el trabajo realizado por esta asociación durante años.

Ante nuestra sorpresa, esta moción fue votada por unanimidad. Todos los senadores de todos los partidos políticos la apoyaron, consiguiendo así 251 votos a favor. La propuesta defendida por la APDHA en su último informe de sanidad se veía así ratificada por el Senado en pleno. Tras la indudable alegría inicial sobrevino una mezcla de extrañeza y preocupación. Estábamos contentos, eso era indudable. Pero ¿por qué estábamos contentos? ¿Porque los senadores habían dicho que iban a pedir al Ejecutivo que cumpliera la ley tras 12 años de espera? No parece mucho. Y se puede pensar ¿cómo están pidiendo hoy que se cumpla algo que los Ejecutivos – tanto del PP como del PSOE ─ debían haber cumplido hace doce años? Sin duda suena extraño. Trataremos de explicarlo.

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¿Qué quieres que te diga? ¿Que te paro porque eres negro?

Imagen de la portada del estudio 'Identificaciones basadas en perfil étnico en Granada', realizado mediante observación y entrevistas directas

Un informe realizado por APDHA, en colaboración con IPAZ-UGR, confirma lo que muchos sospechábamos: determinadas minorías étnicas sufren desproporcionalmente más identificaciones por la parte de la policía que la población mayoritaria.

¿Qué dicen las cifras siguiendo el estudio llevado a cabo en la estación de autobuses de Granada? Que a las personas con piel negra se las identifica hasta 42 veces más que a las de piel blanca y de rasgos caucásicos; a la población gitana hasta 12 veces más que a la mayoritaria; la magrebí hasta 10 veces más y la latinoamericana hasta 8 veces más que a la población caucásica.

Pero, ¿qué hay detrás de esos números? Nos encontramos a Cheikh, de piel negra, que perdió sus papeles al quedarse sin trabajo y no poder renovar su tarjeta de residencia y que tiene miedo de ir a Correos a enviar dinero a su familia por si le detienen. Y a Omar, con rasgos bereberes, al que, aunque sí que tiene papeles, le identifican una y otra vez cuando va a jugar al fútbol los jueves por la tarde con sus compañeros o cuando conduce. Leopoldo nos cuenta que la policía lo para siempre a él, y no a sus amigos sin rasgos indígenas. Y György está cansado de que lo identifiquen permanentemente por ser de origen Roma (gitano de Europa del Este). Pero también a Thioro, que tenía ya fecha de boda con su pareja, y al que identificaron, enviaron a un CIE y en 15 días se encontró en Senegal. La lista es interminable.

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Refugiados invisibles de un conflicto silenciado: Yemen

La realidad en Yemen es una cruda realidad. El país situado al sur de la Península Arábiga es el más empobrecido de Oriente Medio, con una renta per cápita quince veces menor que la de sus vecinos Arabia Saudí y Omán, según datos del Banco Mundial. Yemen está sufriendo una sangrienta guerra desde hace un año y medio. Injusta y lamentablemente, este conflicto ha sido invisibilizado por los medios de comunicación de casi todo el mundo. Por esta razón, en las redes sociales se le ha atribuido la denominación de #GuerraSilenciada. 

Pero últimamente, los grupos de comunicación convencionales están dando más visibilidad a la guerra en Yemen. Estos medios se han hecho eco del suceso acaecido el pasado 8 de octubre, cuando la coalición liderada por Arabia Saudí bombardeó una ceremonia fúnebre en la capital Saná (donde habrían concurrido varios dirigentes houthis), que quitó la vida a casi 150 personas y dejó más de 500 heridos.

Estas cifras son muy preocupantes en un país donde esta misma coalición, que persistentemente viola el Derecho Internacional Humanitario, ha destruido numerosos hospitales, dejando sin asistencia sanitaria a una población civil en grave situación de vulnerabilidad. Así, Médicos Sin Fronteras ha denunciado todos los ataques a sus hospitales y centros de salud. Por si esto fuera poco, como consecuencia del bloqueo marítimo y aéreo impuesto por Arabia Saudí, se ha generado una crisis humanitaria de tal magnitud que  ha sido calificada como una de las más graves del mundo por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

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Ya nos han preguntado sobre la Feria, ¿para cuándo un referéndum sobre la pobreza?

El Vacie

La  Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que se hizo pública en mayo de este año deja algunos datos demoledores: Andalucía (35´7%) es la comunidad con la tasa de riesgo de pobreza más altas del Estado, frente a Navarra (9,6%), País Vasco (10,9%) y Cataluña (13,9%). Más de la mitad de la población infantil andaluza esté en riesgo de pobreza. Los ingresos medios anuales por persona en Andalucía son 7.924 euros, superando solamente por 18 euros a los de la comunidad con menos ingresos y lejos de los 10.419 de media estatal y más lejos aún de los 13.836 de el País Vasco o los 13.300 de Navarra.

No es casualidad que el  INE nos recuerde que entre los cinco municipios más pobres del Estado español tres sean andaluces. No es casualidad que el barrio sevillano de Los Pajaritos (Tres Barrios-Amate) sea el barrio más pobre del país y no es casualidad que de los trece más pobres, siete sean también sevillanos. Y todo esto a pesar de que  varios representantes políticos, a finales del pasado año, firmaron un decálogo de propósitos en el que incluían cuestiones de bienestar social, empleo, vivienda, educación, economía, igualdad y participación, según EAPN-A.

La modificación del artículo 135 de la Constitución Española que, en el verano de 2011, pactaron PP y PSOE por exigencias de la Unión Europea y a espaldas de la ciudadanía, consagró la obligación de atender el pago de la deuda y contener el déficit por encima de cualquier otro gasto, incluidos los de carácter social.  Y cuando las políticas y los recursos públicos van encaminadas a satisfacer los intereses de las grandes empresas y las necesidades de la banca, en detrimento de la población, no es casualidad que los estudios den los resultados antes mencionados.

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Islamofobia y género

Tres menores, una de ellas con un 'hiyab', acuden a su centro educativo

Es un hecho común, transversal en todas las culturas a lo largo de la Historia, que se suela asignar a las mujeres el papel de preservadoras de las esencias de la tradición, la moral y los principios religiosos, “honor” respecto del cual en la mayoría de las ocasiones no han sido consultadas acerca de su interés en ostentarlo. García Lorca expuso de forma magistral esta realidad en La Casa de Bernarda Alba; la genialidad del autor andaluz permite que ese retrato pueda tener una validez atemporal y universal.

Vivimos en Europa unos tiempos convulsos, donde la mezcla irresponsable desde algunas instancias mediático-políticas de terrorismo, migraciones, consecuencias de la crisis y creencias religiosas ha abonado un preocupante crecimiento de la islamofobia en sectores de la población europea. Esta situación ha puesto de forma singular en el punto de mira a las mujeres musulmanas de nuestro continente, en el señalado papel que se les impone de referente visible de los “valores islámicos”. En ocasiones se pueden ver presionadas desde su propia comunidad para ser punta de lanza de una posible “reacción identitaria” ante lo que se interpretan como ataques a la religión musulmana, y al mismo tiempo son diana de las iras populistas de la ultraderecha europea a cuenta de esa especial visibilidad.

Centrándonos en el segundo aspecto, en las últimas semanas han tenido lugar dos acontecimientos que nos deberían mover a la reflexión. Por una parte, el intento de prohibición del uso del conocido como “burkini” en algunos municipios costeros franceses. Llama la atención que en este tipo de polémicas recurrentemente sea la mujer, su cuerpo y vestimenta el centro del debate, ni siquiera la ínclita Marie Le Pen ha cuestionado la pertinencia de que los hombres musulmanes puedan vestir chilaba en la playa. Quizás sea porque en su condición de varones los hombres musulmanes no se les considera ni interna ni externamente guardianes de la tradición, y por ello no es motivo de escándalo en su comunidad que un estricto seguidor de los preceptos de Mahoma use traje de baño “occidental”, ni para el resto de la sociedad sea intolerable que vaya ataviado con chilaba a la playa. Y casi de surrealismo cínico se podría calificar el discurso que defiende que imponer multas por vestir burkini sea un instrumento útil en defensa de los derechos de las mujeres musulmanas.

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