La cooperación al desarrollo: instrumento para el control de las migraciones

Es un lugar común en determinados partidos políticos y sectores sociales proponer la cooperación al desarrollo como instrumento eficaz para dignificar la vida de los pueblos y evitar la necesidad de emigrar para conseguirla. Afirmación a veces cargada de buenas intenciones. Sólo a veces.

Se soslaya que muchos de los que proponen la ayuda a origen para reducir las migraciones son los mismos que recortan sistemáticamente la cooperación descentralizada y los que nunca hacen esfuerzo alguno para alcanzar la cifra mítica del 0’7% del PIB, aprobada por la ONU, allá por 1970, y que jamás se ha cumplido por parte de los países ricos -o enriquecidos a costa del resto-.

Se olvida también que la Ayuda Oficial al Desarrollo de muchos estados, e incluso de algunas ONG, apenas se compadece de las necesidades reales de los destinatarios y muchas veces estos no son tenidos en cuenta para nada, siendo meros receptores de caridad. No está de más señalar que la cooperación al desarrollo, pese a que estuviera bien diseñada, difícilmente va a incidir a corto o medio plazo en los proyectos migratorios de millones de jóvenes africanos que seguirán queriendo encontrar otros contextos vitales con futuro y dignidad.

El derecho a migrar es un derecho humano que se debiera poder ejercer más allá de cooperación o de políticas de control de fronteras despiadadas, como las que desarrolla la Unión Europea. Pero, por el contrario, lo cierto es que la Unión Europea y España desde 2002 la vienen utilizando como pilar fundamental de sus políticas y de forma sistemática como herramienta para externalizar el control de las migraciones en terceros países: Marruecos, Libia, Túnez, Mauritania o Senegal por señalar algunos de ellos.

Más penoso aún, si cabe, es que, en la mayoría de las ocasiones, en realidad más que cooperación o ayuda, estamos hablando de suministros militares, formación e infraestructuras militares

La subcontratación del control de las migraciones con los países que son origen o tránsito de las mismas se está llevando a cabo independientemente de que en esos países los derechos humanos sean cotidianamente vulnerados. Subcontratación quiere decir pago y cobro, ahí es donde se asienta el papel de la cooperación al desarrollo de la UE, tratada en la Cumbre Informal celebrada hace un par de semanas en Cádiz bajo el paraguas de la presidencia española de la UE.

Se trata así de una cooperación condicionada, entre otras cosas, al compromiso del receptor en el control y represión de las migraciones, sean de tránsito o de origen, es decir, al “buen comportamiento” de los países que la reciben. En ese contexto, el cumplimiento de unos estándares mínimos sobre derechos humanos está lógicamente ausente, con el beneplácito y la indiferencia de los países de la UE, entre ellos, España. No se trata por tanto de una cooperación articulada para beneficiar o apoyar a los pueblos de los países a los que se dirige, es una cooperación al servicio de los intereses de los países de la UE.

Más penoso aún, si cabe, es que, en la mayoría de las ocasiones, en realidad más que cooperación o ayuda, estamos hablando de suministros militares, formación e infraestructuras militares. Es el caso de Libia, país desarticulado tras la intervención para derrocar a Gadafi y del que se acaba de publicar un informe demoledor sobre la acción de sus patrulleras y la situación dantesca en los campos donde encierran a las personas migrantes; agravado todo por la terrible y evitable inundación que ha provocado miles de muertos.

También el de Marruecos, cuyo trato a las personas migrantes queda ejemplificada con lo que pasó en Melilla en junio de 2022 y que ahora, ante la gestión del terremoto, se está demostrando cuál es la calaña de su gobierno y de su rey. O de Senegal, donde la persecución a los disidentes está obligando a miles de personas a huir en cayucos hacia Canarias. Tómense tan sólo como unos ejemplos, extensibles a buena parte del Norte de África y el Sahel.

Da la impresión de que África empieza a rebelarse, como muestran los más de 10 golpes militares en estos últimos años. No es que desde la APDHA seamos partidarios de soluciones no democráticas a las situaciones creadas por el colonialismo - con la colaboración de castas dirigentes corruptas-, pero es un síntoma del hartazgo y de la creciente indignación que las políticas extractivas y el dominio colonial están provocando en el continente más rico y no es casual, más empobrecido.