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¿Vandalismo o brotes de racismo en la provincia de Sevilla?

Venta ambulante / Archivo EP

La tranquilidad propia de Casariche (Sevilla) se ve alterada de vez en cuando por los incendios de un vehículo que queda totalmente destrozado. Ya van siete los vehículos calcinados en los últimos años, sus propietarios son inmigrantes de origen senegalés y rumano. En los incendios no sólo han quedado calcinados los vehículos, sino también las mercancías adquiridas para la venta ambulante en los mercadillos del pueblo y su comarca. Con estas acciones han quedado destruidos también los medios de ganarse la vida.

Muchos en el pueblo se preguntan ¿quién o quiénes andan detrás de estos incendios? ¿Son actos de vandalismo o actos de carácter racista y xenófobo? Lo que sí queda claro es la intención de destruir y el ánimo de perjudicar a unas personas que tienen la connotación de ser inmigrantes. Parece ser que los incendios no han sido fruto de una gamberrada sino que han sido más bien premeditados y con una finalidad clara, la de sembrar el miedo y la zozobra entre los vecinos inmigrantes. ¿Quién será el próximo? Es su pregunta lógica y angustiada.

Estos actos chocan bastante con el transcurrir tranquilo del pueblo respecto a su relación con la población inmigrante. Población relativamente numerosa ya que según el último censo, de 5.600 habitantes, 316 son extranjeros. La comunidad senegalesa es la más numerosa y asentada en el pueblo, muchos de sus integrantes llevan conviviendo en Casariche desde hace más de veinte años. Motivo más que suficiente para considerarles vecinos de pleno derecho.

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Nos debería dar vergüenza: un nuevo incendio arrasa 35 chabolas de un asentamiento en Palos de la Frontera

Cruz Roja cifra en 16 los afectados en el incendio en Palos al perder sus pertenencias

Tres incendios en poco más de un año, volvemos a repetir ¿para cuándo las soluciones? Sabemos que se puede pero que no se quiere, ¿por qué? Si queremos sentirnos orgullosos/as de nuestro campo, de nuestros productos, debemos velar por el bienestar, por unas condiciones de vida mínimas, para  las personas que trabajan en ello.

Con este nuevo incendio, las administraciones, con la colaboración del tejido asociativo, lograrán, quizás,  buenos resultados, pero ¿qué ocurrirá con el resto de personas asentadas? ¿Y con las personas que vengan para trabajar en la campaña agrícola 2016? Basta ya de colocar parches de emergencia que ponen de manifiesto la falta de infraestructuras y de atención a las personas migrantes temporeras en los diferentes pueblos freseros.

La APDHA Huelva lleva años denunciando y proponiendo soluciones para esta situación y estamos cansados/as de esperar respuestas válidas y reales por parte de las Administraciones Públicas, de los partidos políticos y sindicatos mayoritarios, que se escudan en la falta de presupuesto o en que no se trata de sus competencias. De hecho, gran parte de las actuaciones de las administraciones públicas han ido destinadas a destruir los asentamientos en lugar de buscar soluciones.

La situación inhumana e indigna que viven diariamente miles de personas migrantes en Huelva no puede seguir tolerándose y, nuevamente, ante este escenario, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, reclama:

1. La implicación real de todas las administraciones (locales, provinciales, regionales y nacionales) buscando soluciones efectivas, duraderas, coordinadas e integrales.

2. La creación de una mesa intersectorial en la que la administración, los sindicatos, la patronal, las organizaciones sociales y los/as propios/as afectados/as se unan para buscar y aportan alternativas beneficiosas para todos/as.

3. La creación de un plan holístico que afronte esta grave situación desde una perspectiva amplia teniendo en cuenta todas las dificultades a las que esta población tiene que hacer frente (acceso al trabajo, vivienda, sanidad, inserción social, situación documental irregular etc.). Las administraciones serán las responsables de la puesta en marcha de este plan, diseñado y apoyado desde la mesa intersectorial. En este plan se incluirá la puesta en marcha de una red de recursos en todas las zonas agrícolas que permitan a los/as trabajadores/as temporeros/as no verse obligados a vivir en asentamientos que no disponen de ningún tipo de servicios mínimos.

4. Cese inmediato e incondicional de todos los desalojos. La evacuación de un asentamiento sin articular alternativas sólo provoca el desplazamiento de las personas que lo habitan que, además, pierden sus pocas pertenencias. Este traslado suele producirse a un lugar aún más remoto, mal comunicado y en peores condiciones, es necesario reconstruir los chozos y la situación de precariedad se acentúa y agrava.

5. Reforzar y establecer cauces sencillos para garantizar que estas personas puedan ejercer su derecho a la atención sanitaria (física y mental), derecho a la inserción laboral activa y real, derecho a un alojamiento digno y derecho a disfrutar de un servicio de orientación jurídico-legal

6. Garantizar el empadronamiento de todas estas personas en las localidades en las que viven, tal y como establece la ley. No poder empadronarse dificulta el ejercicio de muchos otros derechos.

7. Hacer un seguimiento especial a los menores y ex menores tutelados por la Junta de Andalucía y establecer los mecanismos que garanticen su protección.

8. Crear un programa integral de trabajo con la población residente tradicionalmente en la zona y que incida en la sensibilización y concienciación social. Sólo así se podrá evitar la exclusión y criminalización de la población inmigrante y los peligrosos conatos de racismo que se están produciendo. Y con la población asentada, sensibilizando, mediando, trabajando con ellos otras opciones de vida fuera de la chabola.

Tras el segundo incendio sucedido en Palos este año, exigimos actuaciones. Nos debería dar vergüenza.

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¿Quién dijo que el sexo no era trabajo?

El pasado 18 de febrero el Juzgado de lo Social nº 10 de Barcelona dictaba sentencia contra una empresa de masajes y varias de sus trabajadoras a raíz de una intervención de la Inspección de Trabajo en los locales que tal empresa tiene en esa ciudad y que acabó con un Acta de Infracción por falta de afiliación y alta de las trabajadoras codemandadas. La sentencia tiene interés dado que es la primera que reconoce relación laboral entre una empresa y sus trabajadoras que ejercían la prostitución en ella; si bien la sentencia es aún recurrible por las partes demandadas.

Como es conocido, en el marco jurídico del Estado español está reconocido el ‘alterne’ como una actividad laboral susceptible de ser ejercida por cuenta ajena. Asimismo, la prostitución ejercida de forma autónoma está considerada legal; de igual manera cuando se ejerce mediante una cooperativa de trabajadoras autónomas.

Si bien esta sentencia tiene interés por su ‘novedad’, no lo tiene menos por su fundamentación, en la que se discuten profusamente los posibles impedimentos legales que se suelen manejar para el reconocimiento de lo que se viene denominando prostitución cuando es ejercida con mediación de terceros.

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Víctimas 'undercounting': cuando las muertes se diluyen en el mar

Foto cedida por Fito Carreto. Primer aniversario de la llegada de la patera de Rota.

Una especie de onda con epicentro en el canal de Sicilia sacudió durante unos instantes las sensibles conciencias europeas. Comunicados de ONGs, concentraciones de repulsa, análisis en los medios, reacciones de los gobiernos, reunión de urgencia del Consejo…  800 o 900 personas habían perdido la vida de una vez en el Mediterráneo; días antes se hundía un barco con 400 personas, en febrero habían sido 300… Sí, durante un instante pareció que se removían las cosas, que las tragedias nos habían impactado de verdad, que se había llegado a un límite insoportable. Pero la onda pasó sin que supiéramos con seguridad si dejó alguna huella.

Peor aún, pasado el primer impacto, los acuerdos del Consejo Europeo laminaron cualquier esperanza. Para los hombres de negro de la UE se trataba de dar una vuelta de tuerca a las mismas políticas que provocan estas grandes masacres: Fortalecimiento de las políticas de control y rechazo, ningún avance para poner en marcha las imprescindibles operaciones de salvamento, menos aún para facilitar la inmigración segura, nada sobre cómo socorrer y acoger a refugiados y a la gente que huye de los conflictos que asolan medio continente africano y el Medio Oriente.

¿Cuántos muertos y desaparecidos han provocado esas inhumanas políticas europeas? La efímera onda proveniente del Canal de Sicilia logró que, por un momento, saltaran a los grandes medios las cifras de las estimaciones de las pocas organizaciones que, con más buena voluntad que otra cosa, intentamos dimensionar la tragedia que ha convertido el Mediterráneo en un cementerio llamado mar.

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Cooperación al Desarrollo en tiempos procelosos

Encuentro de APDHA con asociaciones de Tetuán. Campaña sobre las mujeres porteadoras transfronterizas.

La masacre que se está produciendo en el Mediterráneo, de forma callada unas veces o logrando, por su gravedad, saltar a las primeras páginas de los periódicos, ha vuelto a sacar del olvido la vigencia de la cooperación al desarrollo como acción imprescindible para con los países empobrecidos.

Con la boca chica, entre lágrimas de cocodrilo y mientras anuncian que las acciones que tomaran serán las de profundizar la vigilancia, el control y el rechazo para asegurar nuestras fronteras amenazada por la marcha de los pobres y perseguidos, nuestros líderes comentan de pasada la bondad de ir a las causas fortaleciendo la cooperación al desarrollo.

Se trata sin duda de un latiguillo más de quienes nos gobiernan, recubierto de hipocresía y relleno de cinismo. Hipocresía rampante, porque la Ayuda Oficial al Desarrollo desciende de forma alarmante en países como España, que en los presupuestos de 2015 alcanza su mínimo histórico del 0,15% de la RNB y en los últimos cinco años se ha recortado en más de un 70%. Cinismo hiriente, por cuanto la cooperación es utilizada por la UE como acción política en las relaciones de vecindad; cooperación condicionada para imponer la "buena gobernanza" del control de fronteras y de represión de los flujos migratorios. Y por tanto cooperación destinada a comprar a gobiernos corruptos.

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¿El recorte a las personas presas es de izquierdas?

¿Qué conocemos de prisión? ¿Algún familiar o amigo cercano nos ha contado su experiencia? Probablemente no, porque la población que la padece procede en sus tres cuartas partes de barrios excluidos. No es extraño que varios miembros de una misma familia pasen un tiempo e incluso coincidan en el interior de la prisión. Algunas familias son tradicionalmente de abogados o médicos y otras de presos. 

A pesar de la evidencia de los datos, tenemos una falsa creencia del sistema penal. La enorme expectación que genera en la sociedad -lo atestiguan series como Prison Break o la inminente Vis a Vis y películas como Celda 211 o Cadena Perpetua- es adulterada por la imagen que trasladan los poderosos medios y sus indocumentados tertulianos. La imagen de hoteles con tv de plasma y piscina poco casa con la entrada en una institución donde se pierde el control sobre muchos aspectos de la vida. Estar preso en un establecimiento penitenciario implica que el contacto con el mundo exterior está siempre mediatizado por terceras personas, funcionarios, familiares o abogados, entre otros.

Las organizaciones de DDHH intentamos sensibilizar a la ciudadanía, rompiendo los falsos estereotipos creados, y denunciar que es uno de los espacios donde, por su opacidad, las vulneraciones de derechos humanos se producen con mayor habitualidad, y con mayor dificultad de control social e institucional. Malos tratos, abusos sexuales, atención sanitaria deficiente o muertes en prisión innecesarias son, entre otros, algunos temas preocupantes.

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"El Parlamento andaluz debe actuar con contundencia ante el grave ataque a la institución del DPA"

Estimado/a Sr./a:

El Gobierno, en una decisión sin precedentes conocidos, ha denegado al Defensor del Pueblo Andaluz el acceso a un centro penitenciario, en este caso al de Córdoba.

A principios de marzo, Instituciones Penitenciarias comunicaba formalmente al Defensor del Pueblo Andaluz que no consideraba conveniente la realización de su visita al módulo terapéutico de la prisión de Córdoba. Los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para rechazar el acceso aludían a que no era conveniente alterar el régimen penitenciario habitual de los internos.

El objetivo del Defensor era conocer el funcionamiento de los módulos especiales en los que los reclusos con trastornos mentales reciben la atención y el tratamiento oportuno, siendo la asistencia médica especializada además prestada por el SAS a todos las personas presas en Andalucía.

Instituciones Penitenciarias, por el momento, no ha querido aclarar las circunstancias de este rechazo.

El Artículo 49 del Reglamento Penitenciario (‘Comunicaciones con autoridades o profesionales’), en su punto 2, establece que “ las comunicaciones orales y escritas de los internos con el Defensor del Pueblo o sus Adjuntos o delegados o con instituciones análogas de las Comunidades Autónomas, Autoridades judiciales y miembros del Ministerio Fiscal no podrán ser suspendidas, ni ser objeto de intervención o restricción administrativa de ningún tipo”. En el mismo sentido se expresa el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

El hecho de haber impedido la visita de una Institución como el Defensor del Pueblo Andaluz a una prisión entendemos que es un ataque directo a las competencias autonómicas. Es un hecho muy grave que no solamente atañe a esa Institución sino que, como Comisionado del Parlamento designado por éste para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el título primero de la Constitución, es un ataque al pueblo andaluz y un ataque a todos los que trabajamos en la defensa de los derechos Humanos en Andalucía.

Debemos recordar que su entrada en prisión permitió elaborar informes tan importantes de dicha institución como la “Situación de los presos andaluces que cumplen condenas en centros penitenciarios fuera de Andalucía”, “Mujeres en prisión”, “Situación de los enfermos mentales en Centros Penitenciaros andaluces” y “La intervención de la Junta de Andalucía en el Sistema Penitenciario: colaboraciones más destacadas”. Su trabajo ha sido fundamental para salvaguardar los derechos de las personas presas, no solo frente a instituciones del estado sino también ante la Administración Andaluza. Muchas de sus recomendaciones han sido específicas para la Junta como la reanudación de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, la dispensación de los tratamientos de la hepatitis C, el que la Junta siga abonando las prestaciones no contributivas a los presos…

Nos resulta increíble que en un estado democrático existan instituciones cada vez más cerradas, opacas y poco trasparentes que imposibilitan no solamente que la sociedad civil participe o fiscalice el cumplimiento de los derechos humanos sino incluso a las instituciones creadas para tal fin. Nos parece intolerable y le dirigimos la presente solicitando que actúen con rigor, y que se dirijan al Ministerio del Interior para que se excuse y depure responsabilidades.

En época de elecciones, donde todos han hablado de trasparencia, Instituciones Penitenciarias cada vez lo es menos. Las personas presas son unos de los colectivos más indefensos de la sociedad y los que más se dirigen a los colectivos defensores de derechos humanos como nosotros e instituciones como del Defensor del Pueblo denunciando vulneraciones de derechos de todo tipo.

Entendemos que es una ilegalidad intolerable que podría constituir incluso una infracción penal (Art. 502.2 del Código Penal[1]) y que el Parlamento Andaluz como representante de todos los Andaluces debe exigir respeto a sus Instituciones y defender la actuación de aquellos expresamente creados para hacer cumplir los Derechos Humanos y más teniendo en cuenta que estamos hablando de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Como colectivo defensor de los Derechos Humanos en Andalucía estudiaremos la viabilidad de la interposición de una querella como acusación popular por la probable infracción penal en la que pudiera haber incurrido el Ministerio del Interior, pero entendemos que es el Parlamento Andaluz el que debe reaccionar en primer lugar garantizando el respeto por las Instituciones Andaluzas.

Sin otro particular y con todo el respeto que nos merece el Parlamento Andaluz como representante de la ciudadanía, nos ponemos a su entera disposición y quedamos a la espera de una respuesta.

[1]CAPÍTULO III. De los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes

SECCIÓN 1. Artículo 502. 2. Delitos contra las Instituciones del Estado. En las mismas penas incurrirá la autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación.

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La defensa de los Derechos Humanos no da votos

Imagen del debate celebrado el pasado 5 de marzo en la sede de la APDHA

¿Imaginan ustedes un mitin en el barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla? ¿Una rueda de prensa en la prisión Puerto III? ¿O una pegada de carteles en algún polígono industrial en los que se puede ejercer la prostitución? Esa foto no interesa.

Para salir de una crisis es necesario su reconocimiento; y cómo cuesta a veces. Le costó al gobierno de Zapatero. A día de hoy resulta curioso, a la vez quetriste, buscar las palabras "Derechos Humanos" en los programas electorales de los diferentes partidos políticos que se presentan a las elecciones andaluzas del próximo 22 de marzo. Comprobaremos que en buena medida brillan por su ausencia, siendo superadas con creces por otras expresiones tales como "recursos o capital humanos". El ser humano reducido a recurso ocapital, que se puede manejar y manipular, pero no digno de protección en sus derechos fundamentales.

Pocos partidos proponen medidas concretas de defensa de los derechos humanos, y mucho menos algo que se pueda valorar como un plan integral de los mismos. Estos planes deberían ser herramientas de las que se dotan los estados y las comunidades, para convertir los Derechos Humanos de los ciudadanos en un eje transversal de las actuaciones del gobierno, que garantice la coherencia entre la Declaración Universal y las prácticas gubernamentales. A nivel estatal, de forma muy deficitaria, se diseñó el primer Plan de Derechos Humanos en el año 2008, que no ha tenido continuidad en un segundo plan prometido por el Gobierno en octubre de 2012.

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Necrológicas de una sociedad imposible

El pasado enero marcó el calendario con dos necrológicas que apenas serán recordadas en las páginas de las hemerotecas.

Robert, de 73 años, vivió durante 6 años en las calles de Cádiz, dentro de una furgoneta con un grave problema de salud. Se negaba a abandonar a sus animales con los que mantenía el vínculo que le sostenía  apegado a la vida. Hace un año fue acogido en una residencia de personas mayores tras las gestiones realizadas por un voluntariado entusiasta y generoso.

José María Sánchez Moreno, de 51 años de edad, era natural de Sevilla y pasó sus últimos días junto a su pareja en una obra de viviendas en construcción de Cádiz. A pesar de los intentos para ayudarle, de gestionar recursos para atender sus necesidades más primarias, no hemos podido evitar que muriera en estas condiciones. Y nos preguntamos ¿por qué?

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"Las mujeres y los niños primero", propuestas de los partidos políticos con perspectiva de género

En la Delegación de Cádiz de la APDHA hemos puesto en marcha desde hace aproximadamente año y medio un Club de Lectura Feminista en el que cada mes nos acercamos a algún tema relacionado con nuestra acción para reflexionar y formarnos en grupo. Durante este último mes hemos estado analizando cuál es el papel que el tema "mujer" tenía en los programas electorales de los partidos políticos. Desde el análisis de dichos programas y las propuestas que, desde diversas instancias, se hacen para tratar la desigualdad entre hombres y  mujeres, nos encontramos con dos fenómenos comunes:

- Por un lado, la sectorialización o el tratamiento del tema mujer dentro de un capítulo aparte.

- Por otro, la constatación de que en estos epígrafes se siguen reproduciendo una serie de  estereotipos porque tan sólo se abordan cuestiones como el cuidado, los menores, la maternidad, el trabajo reproductivo...

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