Veto a los anuncios de sexo: bien, pero tarde

La presidenta de la Junta de Andalucía acaba de anunciar que no insertará publicidad, ni firmará contratos, ni dará subvenciones a los medios de comunicación que publiquen anuncios de prostitución, por atentar contra la dignidad de las mujeres.

Quizá a ti, lector, te puede parecer que este tipo de avisos por palabras son cosa del pasado, caspa de los ochenta, residuos de las mamachicho, pero la realidad es que grupos muy importantes de comunicación continúan a día de hoy captando ingresos a través de esta actividad. Anuncios clasificados bajo la etiqueta de “contactos”, “relax” o “masajes” tras los que se esconden incontables casos de violación, trata de personas, secuestro, explotación y abusos.

Hay cabeceras, como el eldiario.es o Público, que desde el principio se negaron a dar espacio a este tipo de publicidad. Otras, como 20 minutos (en 2007), La Razón (2009) y El País (hace pocos meses) decidieron renunciar a estas inserciones ante las quejas reiteradas de sus lectores y (también) la evidencia de que cada vez entraba menos dinero por esta vía. Otros grupos de mucha difusión como Vocento (ABC, Diario Sur de Málaga…), El Mundo, Grupo Zeta (El Periodico de Catalunya, Diario Córdoba), varias cabeceras del grupo Joly y no pocas cadenas locales de televisión siguen captando ingresos gracias a estos anuncios.

La medida hecha pública por Susana Díaz, si se lleva a término, puede ser la gota que colme el vaso para estos medios de comunicación, muy dependientes (como ocurre en general en el sector) de la publicidad y las subvenciones de las administraciones públicas. Andalucía no es la primera comunidad que da un paso al respecto: en las últimas semanas, la Generalitat valenciana ya ha expresado un compromiso similar, y ayuntamientos como el de Madrid también lo están estudiando.

Nada que objetar, por tanto, a la medida anunciada por Susana Díaz. ¿O quizá sí? Para empezar, que la propuesta llega bastante tarde, teniendo en cuenta que el negocio de la prostitución abandonó hace muchos años las páginas de los medios tradicionales para mudarse a internet.

Hace diez años, según una comisión parlamentaria, este tipo de publicidad movía más de 40 millones de euros en la prensa española. Hoy, no creo que queden ya muchos puteros que vayan con su euro cuarenta al kiosco a consultar en papel las páginas clasificadas. Actuar ahora contra los anuncios por palabras es como legislar sobre lo que se transmite a través del fax. Un acierto, pero en blanco y negro.

Y lo segundo, que la propuesta se queda corta. Cierto que no entra en las competencias del Gobierno andaluz, pero seguramente va siendo hora de prohibir este tipo de publicidad que inunda la web cada vez que encendemos el ordenador. El Gobierno de Zapatero abrió el melón en 2010, pero no tuvo ni los apoyos, ni el tiempo ni seguramente el acierto para llevarlo a término. El de Mariano Rajoy ha preferido (qué extraño) dejarlo en menos de la autorregulación, que como todos sabemos, está funcionando de maravilla.

Y más allá de eso, en algún momento tendremos que dejar de mirar hacia otro lado en el debate sobre la prostitución. O más bien, empezar por preguntarnos por qué nos empeñamos en seguir poniendo esa etiqueta a una realidad muy distinta: la de miles y miles de mujeres secuestradas, agredidas, coaccionadas y abusadas. Entre 2012 y 2016 se ha rescatado a 4.300 víctimas de explotación sexual. Mujeres encerradas en cárceles de neón tan familiares como ese club el lado de la carretera, como ese banner que salta en nuestra pantalla, como ese teléfono al alcance de un clic. El horror que todos vemos, pero que nos negamos a ver.