Los empleados de las 3.000 sucursales de Bankia informan desde hace un par de semanas a los clientes que acuden a realizar trámites que, a partir del próximo viernes 21 de junio, cualquier envío postal que el banco nacionalizado remita a sus 10 millones de clientes tendrá un coste de 37 céntimos de euro. Explican que esta es una medida que ya han adoptado las otras grandes entidades financieras –Santander, BBVA y La Caixa– y que su objetivo principal es “ahorrar papel y contribuir con ello a mejorar el medio ambiente”. Informan también de que hay una manera de eludir el pago de la nueva tasa y es darse de alta en la Oficina Internet de Bankia para recibir las notificaciones en formato electrónico.

La medida ha causado un cierto revuelo, sobre todo entre los millones de personas mayores que tramitan sus finanzas personales y reciben las pensiones a través del banco nacionalizado. Un número significativo de este colectivo tiene una habilidad limitada en el funcionamiento de Internet y ofrecerles como única alternativa el uso de la oficina electrónica es condenarles a pagar el nuevo peaje.

Ninguna de las fuentes de la entidad consultadas por eldiario.es ha sabido precisar el impacto que la medida tendrá en los bolsillos de los clientes de Bankia. Argumentan que precisamente el objetivo es “evitar que se produzca coste alguno tanto para los usuarios como para el banco, al popularizar la comunicación electrónica”.

Por primera vez en el cuarto de siglo de existencia del programa de movilidad educativa más popular de la Unión Europea, la beca Erasmus, en el curso 2012-2013 se ha visto reducido el número de estudiantes españoles en centros universitarios extranjeros. De esta preocupante noticia alerta Emilio García Prieto, autor del libro ¿Qué es el programa Erasmus?, que acaba de publicar la editorial Pirámide.

Aunque todavía no son oficiales los datos definitivos del curso que ahora termina, García Prieto asegura que, según fuentes españolas y comunitarias directamente implicadas en el programa, el descenso se situará por encima del 5% y supondrá unos 1.600 alumnos menos en relación con las cifras del año anterior, año en el que se registraron 36.183 movilidades de españoles hacia universidades extranjeras.

Esta primera caída se produce cuando las restricciones en la dotación de las becas por parte del Ministerio de Educación que encabeza el ministro, José Ignacio Wert, solo han podido alcanzar al 40% de las ayudas que el Gobierno hace llegar a los alumnos al final de la beca, en este caso del curso 2012-2013. El 60% inicial ya estaba comprometido en su integridad en los presupuestos anteriores.

Gebta, la patronal de las agencias de viajes de negocios, ha denunciado la política “contradictoria” del Ministerio de Fomento que, por un lado “incrementa las tasas aeroportuarias” que cobra en la red de AENA y por otro “asume la bajada de tasas de los puertos para mejorar su competitividad”, según el anuncio hecho por la ministra Ana Pastor.

El presidente de Gebta, Eduardo Urcelay, que agrupa a entidades como American Express Barceló, CarlsonWagonlit Travel, Rumbo, o Viajes Eroski, aseguró que “el incremento de las tasas por parte de Fomento no es razonable, cuando se rebajan los precios del AVE y se distorsionan las condiciones de competencia respecto de las compañías aéreas o el transporte por carretera”.

Fuentes de Gebta han confirmado que asociación no se unirá a la decisión de las compañías aéreas de retirar la demanda que en su día interpusieron ante las autoridades de la UE y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras firmar la semana pasada con Ana Pastor un pacto a cinco años para moderar el crecimiento de las tasas en 2012.

“España perdió la oportunidad de subirse a un tren de alta velocidad durante la llamada burbuja inmobiliaria que nos podía haber puesto a la cabeza de la sostenibilidad mundial en edificaciones. Pero no solo se construyeron demasiadas casas (casi cuatro millones entre 2001 y 2008 según el Ministerio de la Vivienda), sino que además son de muy mala calidad y no atienden los requerimientos mínimos en eficiencia energética”.

Esta opinión contundente fue expresada el 30 de mayo por el director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno, durante un encuentro sobre “eficiencia energética en la construcción, infraestructuras y obra pública” organizado en un hotel madrileño por la multinacional ABB. El directivo señaló que “si bien el tren de alta velocidad ya ha pasado, ahora tenemos la oportunidad de subirnos a uno de cercanías”, en virtud de la norma (real decreto de certificación de la eficiencia energética de los edificios de 5 de abril) que obliga desde el día 1 de junio de 2013 a introducir las reformas de sostenibilidad y demostrarlo con un certificado, siempre que se vaya a vender o alquilar una vivienda.

López Jimeno fue extremadamente severo al calificar la actitud de “los promotores inmobiliarios”, de “los supervisores políticos” y “también de los compradores” durante ese período de vacas gordas. “No me cabe en la cabeza cómo cuando alguien va a comprar un coche que vale 20.000 euros, lo exige con elevalunas eléctrico, climatización o motor de bajo consumo, y después si se enfrenta a la compra más importante de su vida que es la vivienda, en la que va a gastarse 15 o 20 veces más, permite que se lo entreguen “con ventanas mal terminadas, cerramientos ineficaces o fuentes de climatización contaminantes y caras”.

Fomento ha anunciado que suprimirá 48 líneas ferroviarias de media distancia de Renfe. Reducirá también un tercio de la oferta en otras 127 líneas de este segmento. Objetivo, ahorrar 86,5 millones, aunque dejará a 1,65 millones de pasajeros en tierra. El gestor de las infraestructuras ferroviarias, Adif, saca a subasta las tres primeras estaciones en un programa de venta que afectará a 400 apeaderos de los 1.600 con que cuenta en el conjunto de la red.

La ministra Ana Pastor y las empresas ferroviarias que dependen de su departamento no se aplican en nada que antes no hayan realizado sus predecesores. La novedad es que ahora se presenta la medida como una muestra de gestión eficiente en el marco de la política de austeridad y disminución del gasto público que pregona el Gobierno.

La red ferroviaria española no ha hecho sino encoger desde que en 1959 llegara a su máxima longitud con 18.139 kilómetros, según datos del anuario del Ministerio de Fomento.

Los principales grupos turísticos españoles se han enzarzado en una pelea por ganar las posiciones que Iberia, de forma voluntaria, y Orizonia, forzada por su quiebra, han dejado libres en el mercado de vacaciones transoceánicas más popular en España y en Europa: el Caribe.

En medio de esta bronca disputa se encuentra la dirección de Aviación Civil. Este organismo regulador, dependiente del Ministerio de Fomento, debe decidir si autoriza o deniega la petición de la compañía aérea portuguesa Orbest para realizar vuelos desde España a destinos vacacionales como Punta Cana, Cancún, Montego Bay, Santo Domingo o Varadero. Si da el visto bueno a la operación de esta aerolínea recientemente adquirida por Barceló, se pondrá enfrente a Air Europa, Globalia y Pullmantur. Si por el contrario deniega el permiso, se ganará la enemistad del gigante turístico fundado en 1931 por Simón Barceló.

Los acuerdos internacionales de aviación civil en vigor impiden que una compañía aérea no española pueda volar desde un aeropuerto de España a un destino extracomunitario, aunque el regulador de cada país tiene competencia para autorizar estos vuelos. Ocurre, sin embargo, que si la Aviación Civil española da permiso a los vuelos de Orbest entre España y el Caribe, no tendrá argumento legal para impedir que cualquier otra compañía de la Unión Europea pueda operar en estas rutas que cubren los destinos transoceánicos de vacaciones más populares del Viejo Continente.  

El Ministerio de Fomento, el dueño de la red pública de aeropuertos, AENA y las 60 aerolíneas que operan en España, firmaron el jueves un pacto que ponía fin a la guerra de las tasas. El acuerdo establecía un tope en la subida de estos precios del IPC más un punto en 2014, del IPC más dos puntos en 2015 y del IPC más puntos en 2016 y hasta 2018 del IPC más 4 puntos. Además el Gobierno ha aceptado mantener el pacto de moderación de tasas hasta 2023 en los parámetros que se negocien en su día.

La rúbrica por parte de las aerolíneas, con la significativa excepción de la irlandesa Ryanair (la que más viajeros transporta en España con 28,9 millones en 2012), no se ha producido sin condiciones. Fomento se ha comprometido a modificar la ley de la Seguridad Aérea aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.

Tal modificación es la garantía que han exigido las aerolíneas como condición para proceder a retirar las demandas que en su día presento la patronal ALA ante la UE y las compañías ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En las demandas denunciaban la “subida abusiva” de un 19% impuesta “sin respetar los procedimientos legales” de las tasas de aeropuerto de AENA en el año 2012. Los querellantes reclamaban compensaciones y multas contra la Administración española por un importe superior a 200 millones de euros.

“Es una fórmula de ‘dación en pago’, pero a lo bestia”. La afirmación es de un ingeniero de caminos que hace quince años participó en el proceso de articulación de la fórmula de concesiones a empresas privadas para la construcción de las llamadas autopistas radiales. Ahora cuando una buena parte de estas infraestructuras está en quiebra, se echa las manos a la cabeza ante el plan del “mal llamado rescate” por el que el Gobierno y el Ministerio de Fomento proponen la creación de un “banco malo de las autopistas” que “tomará en prenda las radiales que están quebradas” y liberará a promotores y bancos de las obligaciones de financiación y explotación que contrajeron.

Para colmo, les compensará con diversas fórmulas. “Lo peor es que todo es legal”, se lamenta, ya que en el diseño de los proyectos de financiación de las autopistas “se establecía la responsabilidad patrimonial de la Administración”.

El debate sobre la creación del “banco malo de las autopistas” es uno de los asuntos que, entre otros, se ha suscitado durante la reciente “Cumbre de la Ingeniería española 2013” celebrada la pasada semana en Madrid. Precisamente la ministra de Fomento, Ana Pastor, clausuró el encuentro, aunque en su discurso no hizo mención al tema.

El Ministerio de Fomento y AENA, la empresa pública propietaria de la red de los 47 aeropuertos estatales, han ofrecido la firma de la paz en la guerra de las tasas a las 70 compañías aéreas nacionales y extranjeras que operan en sus aeródromos. Les proponen suscribir un pacto con vigencia en los próximos cinco años con el fin de que las alzas de los precios por los servicios en los aeropuertos “se sitúen muy por debajo” del máximo del IPC anual más cinco puntos porcentuales que marca la normativa de la Unión Europea.

En una reunión celebrada el lunes 13 de mayo entre la dirección de AENA y los representantes de las aerolíneas, en el marco del procedimiento impuesto por Bruselas, la empresa pública ofreció el siguiente esquema de subidas hasta 2018: IPC más un punto para 2014 y 2015, IPC más dos puntos para 2016 y 2017 e IPC más tres puntos para 2018. Como condición para mantener la oferta de paz, Fomento y AENA exigen la retirada de las dos denuncias contra el alza de los precios aeroportuarios que en su día interpuso la patronal de las aerolíneas, ALA.

La primera de las denuncias contra la “subida abusiva” de las tasas de 2011 (un promedio del 11% en la red de aeropuertos)  y de 2012 (de casi un 19%), fue presentada ante el Tribunal de Justicia de Madrid. ALA solicita la suspensión de unos precios que en los dos ejercicios excedieron el tope marcado por la directiva comunitaria. (En los aeródromos de  Barajas y El Prat, el alza fue superior al 50%). Reclama, además, una compensación de unos 200 millones por los daños ocasionados.

El Gobierno de Maríano Rajoy anunció en febrero de 2012 que su Plan de Reformas de la economía española incluiría una segunda gran oleada de privatizaciones de compañías públicas. Se mencionaron entonces como candidatas a dos docenas de empresas y se estableció el listón de la inyección que podrían recibir las arcas del Estado por la desinversión de más de 20.000 millones de euros. Transcurrido el primer año del nuevo impulso privatizador los resultados son pírricos, pese a que el escaparate presentado ha estado plagado de precios de saldo.

La venta todavía sin concretar del 25% en manos públicas del capital en la sociedad de satélites Hispasat (valorado en 235 millones) y la desinversión de un 1,15%, sobre el 5,35% que conservaba el Estado español en el constructor aerospacial y de defensa europeo EADS (por 380 millones), son los únicos resultados tangibles.

Este impulso privatizador, con 615 millones de euros de resultado, queda eclipsado por el tsunami nacionalizador de la antigua estructura en ruinas de las cajas de ahorro, cuyo rescate cuesta a todos los españoles 39.000 millones de euros.