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Antonio Ruiz del Árbol

Periodista. Especialista en infraestructuras, transportes y telecomunicaciones. Ha trabajado y dirigido estas áreas en el diario económico Cinco Días. Fue fundador de Radio 3 de Radio Nacional de España, con los programas Ateneo y Visto y Vivido, con el programa Suya es la Palabra de Radio 1.

Hacienda obliga a repetir otro concurso del AVE porque Adif incluyó "cláusulas oscuras”

Adif gestiona y opera las infraestructuras ferroviarias.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha propinado dos correctivos al propietario y gestor de la red de alta velocidad ferroviaria española, Adif, en menos de seis meses, por el proceso de adjudicación de sendos contratos por un importe conjunto de más de 205 millones de euros.

Ambos concursos están ligados al sistema de señalización ERTMS de las líneas del AVE en construcción. En lo que va de año, se ha repartido obra y suministro de equipos de seguridad ferroviaria entre las grandes empresas de este sector por 1.400 millones de euros.

El Tribunal Administrativo ha vuelto a desautorizar a Adif y le ha obligado a repetir una licitación de 155 millones incluyendo en el proceso al consorcio que había sido marginado.

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Multinacionales europeas y de EEUU buscan contactos discretos con la dirección de Podemos

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Pablo Iglesias, en junio pasado en una conferencia en el Hotel Ritz de Madrid.

Tras el impacto inicial que supusieron en sectores de la economía nacional y multinacional en España los sorprendentes resultados de Podemos en las elecciones al Parlamento Europeo, las últimas encuestas sobre intención de voto han terminado por convencer a una minoría de empresarios, directivos y analistas de que no nos encontramos ante un fenómeno pasajero. En algunos círculos se ha decidido modificar la política de desautorizar con los calificativos más gruesos el programa económico de Podemos e iniciar un discreto movimiento para conocer de primera mano las medidas económicas que propone la formación y el "grado de pragmatismo" de su equipo dirigente.

eldiario.es ha tenido conocimiento de la iniciativa de empresas multinacionales que desean organizar un encuentro con Pablo Iglesias para conocer de primera mano sus propuestas económicas. Con este objetivo, dichas empresas han utilizado los instrumentos de que disponen en sus embajadas para concretar este tipo de contactos. Las partes implicadas han declinado confirmar el movimiento con el argumento de que “cualquier filtración puede abortar el esfuerzo”. Fuentes oficiales de Podemos señalan que no disponen de información al respecto.

En un muestreo realizado entre una decena de directivos de multinacionales europeas y estadounidenses radicadas en España, los consultados, que piden total discreción “porque no estamos autorizados a hacer declaraciones que tengan que ver con la vida política”, reconocen que la opinión dominante en la cúpula de estas corporaciones abunda en las ideas de que el programa económico de Podemos es “completamente irrealizable” y que la sola perspectiva de su aplicación “espantaría a los mercados” y sería “un desastre” para España.

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Fomento paraliza 12 empresas de aviación por no adaptar su seguridad a las normas de la UE

Un avión en pista.

Desde el pasado día 28 de octubre, trece de las 52 aerolíneas que operan con una licencia de vuelo (AOC) emitida por la autoridad de Aviación Civil española tienen paralizados sus aviones. Se trata de tres compañías que operan aviones, sobre un total de 40, y nueve que son propietarias de helicópteros, sobre un total de 12. El porcentaje de las empresas nacionales que no han visto renovada su licencia es del 23%.

A preguntas de eldiario.es, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, no ha ofrecido datos sobre el número de aeronaves que han quedado paralizadas ni los nombres de las empresas afectadas. Alega que se lo impide la Ley de Protección de Datos.

La cantidad de aviones bloqueados estaría, en cualquier caso, por debajo del 5% de la flota, ya que la pérdida del permiso para operar afecta a empresas pequeñas dedicadas al tráfico de carga. Las patronales de las aerolíneas nacionales confirmaron que “entre las grandes” no ha habido ningún problema y “todas han renovado su [certificado de operador aéreo] AOC sin incidencias”.

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El gobierno frenará la privatización de AENA si no alcanza los 40 euros por acción

Álvaro Nadal, en una imagen de archivo.

El Gobierno frenará la oferta pública de venta (OPV) si no se logra un precio que esté por encima del rango bajo de la horquilla de valoración del 100% de la empresa, fijado por el Consejo Consultivo de Privatizaciones, según ha avanzado hoy el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal. Dicha horquilla ha quedado situada entre 8.025 y 6.225 millones de euros, valoración que sitúa el precio aceptable de la acción entre 53,5 y 41,5 euros.

Por debajo de estos 41,5 euros no se venderá la participación minoritaria de la mayor red de aeropuertos que existe en el mundo, con 66 terminales y más de 200 millones de pasajeros al año.

El secretario de Estado y director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno hizo estas declaraciones al final de un desayuno ofrecido organizado este martes por la organización Fórum Europa en Madrid.

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¿Qué ganan el Estado y el ciudadano con la privatización de AENA?

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Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas.

A pesar de las incertidumbres que durante toda la legislatura han pesado sobre el plan de privatización de la red de aeropuertos públicos españoles y de las negativas perspectivas en los mercados durante los últimos meses, el Gobierno y el Ministerio de Fomento parecen decididos a llevar adelante la venta del 49% de las acciones de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), considerado el mayor grupo aeroportuario mundial, con 66 aeródromos y más de 200 millones de pasajeros. Elegido el núcleo estable de accionistas, entre los que se repartirá el 21% de las acciones, ahora toca colocar en una oferta pública de venta (OPV) el 28% restante.

El dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones sobre el folleto de la OPV conocido el viernes estima que las acciones de AENA costarán entre 41,5 y 53,5 euros, lo que supone valorar el 100% de la compañía entre 6.225 millones y 8.025 millones de euros. Sin embargo estos solo son precios de referencia barajados al principio del proceso. El desastre de OPV anteriores obligan a tomar con cautela estas estimaciones de primera hora.

El temor de analistas sin intereses en el proceso es que, dadas las condiciones establecidas para la enajenación y los vientos fríos que recorren los mercados, el resultado de la venta de la mitad de un activo público que se ha creado a lo largo de un siglo se salde con unos ingresos que pueden quedar reducidos a 1.700 millones. Esta cifra ínfima es la que Fomento ha establecido como cortafuegos para frenar el proceso de la venta. Ello implica que el Gobierno está dispuesto a aceptar una valoración de 3.400 millones (incluida la deuda) por el 100% de su red de 66 aeropuertos.

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Los 65 helicópteros de urgencias médicas pueden quedarse sin permiso para volar el 28 de octubre

En plena crisis del ébola los helicópteros medicalizados se pueden quedar en tierra

En el peor momento posible, con la crisis del ébola en el centro de las preocupaciones sanitarias en España, la amenaza de un nuevo conflicto aparece en el horizonte inmediato. La flota de 65 helicópteros dedicados a urgencias médicas y operaciones de rescate que existe en España puede quedar sin licencia para volar el 28 de octubre. “Las insalvables diferencias” entre las compañías y la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) para fijar los requerimientos de los planes de vuelo de rescate, surgidas por la aplicación de real decreto 965/2012 que traspone las nuevas normas europeas sobre seguridad aérea, “amenazan dejar a las aeronaves en el suelo”, denuncia Jaime Arqué, presidente de la patronal AECA Helicópteros.

“La gravedad de la situación” ha provocado una reunión urgente esta semana de empresas de helicópteros afectadas, entre las que se encuentran Inaer, Faasa, Sky Coyotair, Hispánica o TAV. Durante el encuentro se decidió exigir a la directora general de AESA una reunión urgente para “intentar desbloquear la situación”. Al parecer esta reunión se ha fijado para el próximo día 24 de octubre.

En España existe una flota de unos 300 helicópteros de uso civil. Las aeronaves que se ven involucradas en este contencioso son unas 65 y se dedican a realizar vuelos medicalizados, traslado enfermos y de órganos para trasplantes, evacuación de heridos en accidente de carretera y rescates en alta montaña. También están en la misma situación los aparatos que llevan personal a plantas de extracción de petróleo.

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El Estado ha tenido que rescatar a una de cada tres autopistas de peaje desde 1967

La autopista AP-36 Ocaña-La Roda, una de las que están en quiebra y que rescatará el Gobierno.

El Gobierno ha utilizado una vía atípica para presentar ante el contribuyente español la operación de la nacionalización de nueve autopistas radiales de peaje que están en quiebra casi desde el momento de su inauguración hace más de una década. Su rescate, por un pasivo de 3.400 millones, se negocia con las concesionarias arruinadas y con la banca acreedora desde hace dos años.

El Ministerio de Fomento presentó el viernes, minutos antes del cierre del Juzgado Mercantil número 6 de Madrid, una propuesta de convenio de acreedores para las ruinosas radiales R-3 y R-5 de los accesos a la capital. En su comunicación, el departamento que dirige Ana Pastor reconoce que tiene previsto agrupar en el mismo paquete a otras siete infraestructuras de alta capacidad en quiebra (las radiales 2 y 4 de Madrid, la M-12 Eje Aeropuerto de Barajas, la AP-41 de Madrid a Toledo, la AP-36, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera), que entre todas suman un riesgo para las arcas públicas de 3.400 millones de euros. Para digerir tal atracón de deuda, plantea refinanciarla con una quita del 50% y convertir el resto en un bono a 30 años para que al final del proceso la rentabilidad de estos títulos pueda rozar el 2%.

Más allá de la atípica vía por la que se materializa una multimillonaria nacionalización de activos y empresas ruinosas y de las promesas de la titular de Fomento de que “la operación no costará un euro al erario público”, la oficialización del proyecto del nuevo ‘banco malo’ de las radiales supone un nuevo reconocimiento de la incapacidad del sector privado para construir y gestionar grandes infraestructuras de manera rentable, al menos en España.

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Adif se zafa del caso Alvia mientras la red de seguridad del AVE sigue con problemas

Adif tiene más problemas en las vías que en los tribunales.

El juez de la Audiencia Provincial de A Coruña se ha apuntado a la tesis de la única responsabilidad del maquinista en el siniestro de un tren Alvia que el 24 de julio de 2013 costó la vida 78 personas a la entrada de la estación de Santiago. Para desimputar a 12 directivos del dueño y gestor de la red del tren veloz, Adif, el magistrado se instala en el criterio de que en el siglo XXI los trenes circulan como en el siglo XIX cuando sus velocidades no excedían de 80 kilómetros por hora y las ayudas a la conducción consistían en una rudimentaria palanca de bloqueo para evitar que el maquinista se durmiera.

Al juez, aunque menciona la anomalía, le parece irrelevante que no estuviera operativo un ultramoderno equipamiento de seguridad ERTMS cuya dotación en la línea Ourense-Santiago había costado 164 millones, y que en la curva de la tragedia ni siquiera se hubiera instalado una baliza de 6.000 euros para detener al tren en caso de despiste del maquinista.

Pese a lo controvertido de esta última decisión judicial y al tiempo transcurrido tras el accidente de Santiago, los responsables de la seguridad de la red ferroviaria de alta velocidad y las empresas nacionales y multinacionales suministradoras del sofisticado y caro sistema de seguridad ERTMS continúan enfrentados, lo que tiene dos consecuencias fundamentales.

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Los Presupuestos de 2015 ponen a punto la privatización de las infraestructuras

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La ministra de Fomento, Ana Pastor. EFE

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado esta semana que los Presupuestos Generales del Estado para 2015 "son los de la consolidación de la recuperación económica” y los del “esfuerzo de devolver a la sociedad lo que ha aportado para hacer posible la recuperación".

De análisis sobre los dineros del Presupuesto asignados en 2015 al Ministerio de Fomento para invertir en las principales infraestructuras del transporte del país (6.141 millones de euros), a los que se deben sumar los recursos propios adicionales generados por su grupo de compañías (3.609 millones), se deduce más la voluntad de preparar a los distintos sistemas del transporte nacional para el calendario de privatizaciones programadas que ese espíritu de recompensa a la sociedad por sus esfuerzos para salir de la crisis.

Aquellas actividades e infraestructuras del transporte, hoy estatales, que generan beneficios (aeropuertos y puertos del Estado) se colocan en la rampa de su privatización. Las inversiones que se movilizan para ellas, tanto en dinero proveniente de los Presupuestos, como de los recursos generados por las propias empresas, están fundamentalmente destinados a mejorar los ratios del balance de las compañías, en especial, su deuda. A la par, se minimizan los gastos destinados a mejorar sus activos alegando que “gracias a la inversiones realizadas” durante los últimos años, ahora hay que “obtener un buen aprovechamiento, incrementando sus niveles de actividad y ocupación”.

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Rafael Catalá, el gestor de infraestructuras que privatizó y nacionalizó a la vez

El próximo ministro de Justicia, Rafael Catalá. EUROPA PRESS

En este periodo de paréntesis en el que el todavía secretario de Estado de Infraestructuras se prepara para jurar el cargo la semana próxima al frente de Justicia, su legado podría resumirse con la frase “nacionalizó pérdidas y privatizó beneficios”. El diagnóstico, sin dejar de ser veraz, no refleja en su entera magnitud las habilidades desplegadas por Rafael Catalá en los últimos tres años como segundo de Fomento.

En los mismos asuntos y territorios en los que sus antecesores socialistas se estrellaron con dudas ideológicas y de conciencia, el futuro ministro ha sabido manejar con desparpajo los agobios e intereses de concesionarias, lidiar las presiones de la banca y de los fondos de inversión, ningunear pretensiones autonómicas, poner en saldo activos valiosos y comprometer fondos públicos o aumentar la deuda del Estado para rescatar a nombres notables en apuros.

Durante la feria ferroviaria Innotrans que se celebra esta semana en Berlín, y donde conoció el nuevo destino de Catalá, un relevante empresario español de infraestructuras calificaba de “filosofía gallega” la forma de actuar que se ha aplicado en el Ministerio de Fomento durante los tres primeros años de la legislatura: “Buenas palabras para todos, anuncio reiterado de proyectos e inversiones, cambios de planes continuados, paréntesis inexplicados e inexplicables”. El directivo, quejoso, concluía: “Yo prefiero la filosofía vasca en la que, desde el principio al pan se le llama pan y al vino, vino”.

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  • Internacional

    Alex Salmond piensa ya en la constitución de una Escocia independiente

    La normalidad debierea presidir todos los procesos soberanistas. La voluntad de decidir una vez planteada, tiene que encontrar una vía pacifica de expresión. En todos los paises democráticos hay múltiples consultas a lo largo de los años. las integraciones de comunidades y las escisiones deb en de llegar a formar parte de la normalidad. El histrionismo de los políticos que bociferan en favor y en contra de las voluntades de soberanías ajenas ha tenido que ver mucho en la historia de los conflictos del mundo en este y en el pasado siglo

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