El Ministerio de Fomento y AENA, la empresa pública propietaria de la red de los 47 aeropuertos estatales, han ofrecido la firma de la paz en la guerra de las tasas a las 70 compañías aéreas nacionales y extranjeras que operan en sus aeródromos. Les proponen suscribir un pacto con vigencia en los próximos cinco años con el fin de que las alzas de los precios por los servicios en los aeropuertos “se sitúen muy por debajo” del máximo del IPC anual más cinco puntos porcentuales que marca la normativa de la Unión Europea.

En una reunión celebrada el lunes 13 de mayo entre la dirección de AENA y los representantes de las aerolíneas, en el marco del procedimiento impuesto por Bruselas, la empresa pública ofreció el siguiente esquema de subidas hasta 2018: IPC más un punto para 2014 y 2015, IPC más dos puntos para 2016 y 2017 e IPC más tres puntos para 2018. Como condición para mantener la oferta de paz, Fomento y AENA exigen la retirada de las dos denuncias contra el alza de los precios aeroportuarios que en su día interpuso la patronal de las aerolíneas, ALA.

La primera de las denuncias contra la “subida abusiva” de las tasas de 2011 (un promedio del 11% en la red de aeropuertos)  y de 2012 (de casi un 19%), fue presentada ante el Tribunal de Justicia de Madrid. ALA solicita la suspensión de unos precios que en los dos ejercicios excedieron el tope marcado por la directiva comunitaria. (En los aeródromos de  Barajas y El Prat, el alza fue superior al 50%). Reclama, además, una compensación de unos 200 millones por los daños ocasionados.

El Gobierno de Maríano Rajoy anunció en febrero de 2012 que su Plan de Reformas de la economía española incluiría una segunda gran oleada de privatizaciones de compañías públicas. Se mencionaron entonces como candidatas a dos docenas de empresas y se estableció el listón de la inyección que podrían recibir las arcas del Estado por la desinversión de más de 20.000 millones de euros. Transcurrido el primer año del nuevo impulso privatizador los resultados son pírricos, pese a que el escaparate presentado ha estado plagado de precios de saldo.

La venta todavía sin concretar del 25% en manos públicas del capital en la sociedad de satélites Hispasat (valorado en 235 millones) y la desinversión de un 1,15%, sobre el 5,35% que conservaba el Estado español en el constructor aerospacial y de defensa europeo EADS (por 380 millones), son los únicos resultados tangibles.

Este impulso privatizador, con 615 millones de euros de resultado, queda eclipsado por el tsunami nacionalizador de la antigua estructura en ruinas de las cajas de ahorro, cuyo rescate cuesta a todos los españoles 39.000 millones de euros.

Uno a uno, los diferentes colectivos de la sociedad española se incorporan al debate que la crisis hace inevitable. Cada cual según sus peculiaridades, se suma a su ritmo. Toca el turno ahora a los ingenieros que en un número aproximado de 120.000 profesionales en toda España, formaban un grupo intocable hasta hace un lustro. ¿Nace la marea gris?

Por ahora las nueve principales asociaciones de ingenieros –aeronáuticos, agrónomos, caminos, ICAI, industriales, minas, montes, navales y telecomunicaciones– han decidido reunirse en Madrid el lunes 13 y el martes 14 en lo que han denominado “Cumbre de la Ingeniería española 2013”.

La institución que convoca oficialmente el encuentro es el Instituto de Ingeniería Española. Su presidente Manuel Moreu pone el acento en la “actitud constructiva” del colectivo. Los ingenieros ofrecen “su compromiso en la actual coyuntura económica”. Pero arrimarán el hombro siempre que el Gobierno se implique en el desarrollo de una política de crecimiento basada en la “reindustrialización sólida y sostenible de España, en un marco competitivo e innovador”.

El arranque de mayo ha sido muy agitado en AENA. Las fuentes consultadas aseguran que altos directivos de la empresa que preside José Manuel Vargas y del ministerio de quien depende, el de Fomento, han mantenido una reunión para tomar una decisión sobre el proceso de privatización de una participación no mayoritaria en el capital de la filial de Aeropuertos, la empresa pública propietaria de la red de los 47 aeródromos de titularidad estatal.

La noticia que transmitían las fuentes es que “se han reunido para estudiar la paralización de la privatización de AENA”. Un portavoz oficial de la empresa pública de aeropuertos, en un primer momento, dijo que ellos no son “los titulares de una decisión como esa” y señaló que “será el Consejo de Ministros quien decida sobre los plazos”. Más tarde, matizó que “tanto el Ministerio de Fomento, como nosotros mismos hemos puesto en marcha la maquinaria para que privatizar la compañía en los términos que estaba prevista”. Preguntado por el calendario que se prevé para la venta de la participación minoritaria, el portavoz alargó los plazos hasta mediados de 2014.

Sin embargo, fuentes solventes del sector aéreo han explicado que existen fuertes presiones en el interior del Gobierno para que la ministra de Fomento, Ana Pastor, “deje de apostar por un programa de liberalizaciones y privatizaciones que no es viable en este momento”. Recuerdan las palabras de Pastor cuando clausuró el concurso del gobierno socialista para adjudicar por concesión a empresas privadas la gestión de Barajas y El Prat: “los activos de AENA no deben venderse en el peor momento de la economía española, que es lo que ha estado a punto de pasar”.

Hace ahora un año, el Gobierno de Rajoy presentó un plan de reformas que citaba como eje principal, entre otros, la liberalización del ferrocarril. Posteriormente se aprobó una norma que planteaba la división de Renfe en cuatro empresas, la apertura de la red del AVE a la competencia y la adjudicación mediante el sistema de franquicias de la explotación de los trenes regionales y de cercanías. Este ambicioso plan tendría que ponerse en marcha el día 31 de julio de 2013.

Cuando la fecha fatídica, auto impuesta por el Ministerio de Fomento y cuestionada por el sector, se aproxima de el furor liberalizador pierde su fuerza. El ambicioso plan para introducir nuevos operadores en las líneas de alta velocidad, y así adelantar la competencia en el tráfico ferroviario de pasajeros, ha quedado reducido a casi nada. Ahora la ministra Ana Pastor solo prevé vender o externalizar la gestión de cuatro productos de lujo que Renfe dedica al segmento minoritario de los trenes turísticos. O, para no llegar tan lejos, permitirá únicamente la entrada de competidores privados en este segmento elitista.

Informe de Ineco

El Gobierno se dispone a dar un salto cualitativo en la externalización de los servicios que presta la Seguridad Social a sus afiliados. El Consejo de Ministros del pasado viernes autorizó a este organismo público la convocatoria de una macro licitación por un importe de 70,2 millones de euros. En los anteriores concursos convocados para proveer los servicios informáticos de la Seguridad Social se establecía que “la dirección y supervisión” de los diversos proyectos quedaban en manos de los directivos del cuerpo de funcionarios de la Gerencia de Informática. Las empresas licitantes ofertaban el perfil de los trabajadores externos, medido en horas/hombre que requerían los pliegos del concurso.

En la nueva convocatoria se va un paso más allá. Según la reseña del Consejo de Ministros, los conceptos que se van a externalizar incluirán “el análisis, diseño, construcción, pruebas y documentación de las aplicaciones informáticas” de la Seguridad Social, así como su “mantenimiento”.

Un paso más

Los arquitectos han sido una profesión de prestigio hasta hace no demasiado. Incluso algunos arquitectos españoles han destacado como exponentes a nivel internacional de la prosperidad de la España anterior al estallido de la burbuja financiera; Rafael Moneo o el más joven Alejandro Zaera Polo, son ejemplo. Aunque también los hay, como Santiago Calatrava, que se han sumado al desfile interminable de personajes que visitan periódicamente los juzgados.

Como ha ocurrido en otras muchas profesiones, la antes lucrativa y relevante condición de arquitecto ha entrado en barrena. La degradación de las condiciones laborales y la obligada supeditación a los intereses de los impulsores de la burbuja del ladrillo en todas sus variantes, han sumergido al colectivo en el subempleo con la obligación de vender sus conocimientos por contraprestaciones menguantes.

¿Qué es Basurama?

La instrucción del macroprocedimiento judicial para determinar las responsabilidades penales por el presunto plante de unos 425 controladores aéreos en el puente de la Constitución de 2010 y el cierre del espacio aéreo que dejó en tierra durante varios días a unos 250.000 pasajeros ha vuelto a entrar en vía muerta.

En los 29 meses que ya dura la investigación del que se conoce como caso controladores se han sucedido todo tipo de vicisitudes: desde la creación y posterior disolución de una sala específica (el juzgado de instrucción 3 bis de Madrid), hasta el nombramiento y cese o renuncia de hasta cinco jueces de instrucción. Durante este periodo de tiempo se ha tomado declaración a un elevado número de imputados y testigos, y se han practicado múltiples pruebas periciales. Sin embargo, ninguno de los cinco jueces encargados hasta la fecha ha logrado culminar la instrucción, ya sea con la apertura del juicio oral o con el cierre de la causa.

La renuncia del último juez encargado del procedimiento, Francisco Javier Tejeira, se produjo hace ya semanas. Ahora el Consejo General del Poder Judicial ha tomado la decisión de nombrar una nueva jueza, Concepción Jerez García, que deberá compatibilizar sus tareas en el juzgado de instrucción número 26 de Madrid, de la que es titular, con la investigación del caso controladores que, a pesar de todo, seguirá siendo tramitado por el juzgado de instrucción número 3 (una vez que el 3 bis ha sido disuelto).

Las comisiones de seguimiento del Expediente de Regulación de Empleo de los colectivos de tierra y de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Iberia se reunieron el 15 de abril. El objetivo fue analizar el resultado del periodo voluntario para los trabajadores que quisieran darse de baja en la empresa. La fecha límite para apuntarse era el 12 de abril y las primeras bajas se producirán a partir del próximo 19 de abril.

La sorpresa ha saltado entre los hasta ahora 18.500 trabajadores de tierra. El número de empleados que han solicitado acogerse al ERE durante el presente ejercicio de 2013 son 2.214, mientras que el cupo fijado por la dirección de la empresa se limitaba a 1.801. Resulta que para cada 100 puestos de extinción de contrato, se han presentado 123 solicitudes.

En la mesa de los TCP se ha comprobado que la relación es más equilibrada. Y se han presentado menos voluntarios (270) que plazas de extinción exige la empresa para todo el ejercicio (334). En todo caso, en la primera tanda de salidas fijada en este colectivo para el próximo día 30 de abril, el número de trabajadores que deben dejar la empresa es de 211, con lo que hay voluntarios más que suficientes.

En el breviario de los tópicos que se han ido acuñando a lo largo del quinquenio de crisis que nos asola hay uno que se refiere a los tiempos de vacas gordas y asegura que “cada pueblo de España quería tener su AVE”. Con la perspectiva del tiempo se puede comprobar que muchas localidades lo consiguieron. El resultado de aquel empeño es que, a día de hoy, el 23% de los trayectos de un total de 206 conexiones que se explotan entre las 22 estaciones del tren veloz en activo en 2012, han sido lo que podemos calificar de “los trayectos unipersonales del AVE”. Según datos facilitados por Renfe, en 48 rutas de las 206 para las que la operadora ofreció horarios y vendió billetes, viajaron uno o menos de un viajero por día. Más aún, 10 de ellas fueron utilizadas por menos de 10 pasajeros a lo largo de los 12 meses.

Entre las estaciones en las que existieron relaciones con menos de diez pasajeros al día está la de Tardienta en Huesca; de los diez trayectos de ida o retorno con parada en este apeadero sólo dos logran un pasajero por día. De los ocho restantes, dos suman poco más de 30 pasajeros a lo largo del año y seis no llegan ni siquiera a diez viajeros en los 12 meses.

Pero este pequeño pueblo aragonés no es un caso único. Poblaciones con mucho más empaque como Guadalajara (2 trayectos), Huesca (1) Calatayud (2), Antequera (2), Puertollano (2), Cuenca (1), Utiel-Requena (2) o Puente Genil (2), explotan alguna relación con menos de 10 pasajeros al año. Si a estas estaciones le sumamos de ciudades como Ciudad Real o Lleida, habremos identificado las poblaciones desde las que se explotan la práctica totalidad de los 48 trayectos del AVE a los que calificamos de “unipersonales” porque tuvieron uno o menos de un pasajero por día. Por ejemplo, entre Puente Genil y Córdoba viajaron en todo el año 295 personas; entre Guadalajara y Calatayud, 127; entre Antequera y Puertollano, 108.