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Eusebio Bautista Vizcaíno

Ex-concejal del Ayuntamiento de Las Palmas Gran Canaria

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Malabarismo con las cifras

Imagínese usted que trabaja en una empresa, que vende mucho pero que no cobra lo que vende en un tiempo razonable. Que el año pasado, vendiendo menos, cobró más cantidad que este año en el mismo tiempo. Imagínese que es el director-gerente de la empresa y que está exponiendo la situación al consejo de administración de la misma. ¿Cree que el consejo de administración lo felicitará o le tirará de las orejas?

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2016, con un presupuesto de ingresos de 342 millones, a 30 de junio (final del segundo trimestre), obtuvo una recaudación líquida –términos que se utilizan en los presupuestos oficiales, y que equivale a los ingresos líquidos– de 107 millones de euros.

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MetroGuagua: absoluta opacidad

El padre de lo que han llamado la MetroGuagua en Las Palmas de Gran Canaria se llama Ricardo Ramírez, que fue técnico de Guaguas Municipales durante muchos años. En el mandato municipal de Saavedra, Ramírez presentó, en las cocheras de Guaguas en El Sebadal, un proyecto de lo que entonces se llamaba el Bus Rapid Transit (BRT). El proyecto, que fue incorporado por el PSOE a su programa electoral para las municipales de 2007, casi muere en el intento de Saavedra por privatizar Guaguas Municipales. Las maniobras de Saavedra trajeron consigo la dimisión de Ramírez.

En el mandato municipal de Cardona, el Partido Popular hizo suyo el BRT, lo presentó como anteproyecto para la ciudad, y se quedó en eso: un anteproyecto. La actual corporación cogió el BRT y le dio alas, presentándolo en sociedad y consiguiendo fondos para ponerlo en marcha, y de paso, rebautizándolo con el nombre de la MetroGuagua.

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Imprevisiones y morosidad municipal

Los plenos municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria suelen ser una buena fuente de inspiración, como el del pasado 28 de julio, en el que, bajo el título de “aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de las bases para la concesión de ayudas sociales dirigidas a personas y unidades de convivencia para colaborar en sus gastos por vivienda habitual”, se debatió y aprobó el llamado “IBI social” de 2017 (Impuesto sobre Bienes Inmuebles o la llamada “contribución urbana”).

Conviene recordar que el IBI social aprobado el pasado 2016 fue un fiasco. Se dotó con 1.700.000 euros y se esperaba llegar a 26.000 familias o viviendas, ya que el Ayuntamiento hizo el cálculo en base a que todas las viviendas con valor catastral de hasta 30.000 euros tenían derecho a subvención, independientemente de la condición económica de las familias que vivieran en ellas. Digo que fue un fiasco porque solo se presentaron 5.165 solicitudes por un importe total de 384.063 euros. De hecho, 1.140.000 euros de esa partida se destinaron a fiestas y voladores (concierto de Ricky Martin entre otros).

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Sobre algunas ocurrencias municipales

Casi todos los días se dan situaciones, hechos o actuaciones en nuestra ciudad, por parte de nuestros gobernantes municipales, que deben contarse para que los vecinos sepan cómo se gestionan los acontecimientos del día a día.

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Dos años triunfales, pero menos

Hace unos días, los tres jefes de fila de los partidos que componen el gobierno tripartito de Las Palmas de Gran Canaria (PSOE, Las Palmas Puede y Nueva Canarias), dieron una rueda de prensa conjunta en la que expusieron a los medios los logros y éxitos que habían obtenido en los dos años de gobierno.

Después de leer detenidamente las declaraciones de los tres concejales en diversos medios de comunicación, he llegado a la conclusión de que una buena parte de sus “éxitos” son puro humo, pero eso sí, son unos vendedores extraordinarios.

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Las comparaciones son odiosas, pero…

En los últimos meses le he dedicado algunos artículos a la gestión de los munícipes del gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, que en mi opinión deja mucho que desear. No solo en lo relativo a los recursos económicos, sino de otros asuntos como la Participación Ciudadana – donde no participa ni el 0,2% de la población del municipio – de la gestión de las licencias de obra – retrasos de 9 meses a un año – o de la transparencia que no existe (quejas por no informar a la ciudadanía sobre expedientes como, por ejemplo, el de la Metroguagua).

Cuando hablamos de temas económicos, que afectan a la ciudad y a sus ciudadanos, la cosa es igual de grave o más. No hay explicaciones de ningún tipo que convenzan a nadie de por qué se ha aceptado el reparto del FDCAN en el modo que ha efectuado el Cabildo Insular, con grave perjuicio para la ciudad, en comparación con otros municipios de Gran Canaria. Nuestra ciudad tiene el 45% de los habitantes de Gran Canaria y recibe el 27% de los fondos.

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La posverdad de la gestión municipal

En el último pleno municipal de Las Palmas de Gran Canaria se trataron las mociones que presentó la oposición. Dos de ellas, del grupo municipal del PP, me llamaron especialmente la atención por las contestaciones que recibieron del grupo de gobierno municipal.

La primera trataba sobre las ayudas sociales municipales en el ejercicio 2016, y fue defendida por el concejal José Miguel Álamo, que presentó unos datos sobre importes de Prestaciones de Emergencia Social que no se habían ejecutado: 800.000 € del presupuesto municipal y otros 543.000 € del convenio con el Cabildo de Gran Canaria, del que solo se gestionó una ayuda por 400 euros.

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Emalsa: la historia se repite

En estos últimos días las cosas de Emalsa se han vuelto a agitar, como si de aguas turbulentas se tratara. Primero fue una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo a favor de Emalsa, declarando nula la intervención del Ayuntamiento, que ya había sido cancelada en julio de 2015 por el alcalde Hidalgo. Después fue la aparición de un informe emitido por el Comité Técnico Asesor – creado por la Junta de Gobierno municipal en enero de 2016 – formado por los técnicos municipales Benito Cabrera y Miguel A. Padrón, analizando el “Dossier de acuerdos y documentos para la adecuación de la situación en Emalsa” confeccionado por la consultora multinacional KPMG Abogados en octubre de 2015 y pagado por Emalsa.

Con respecto a la sentencia, el Juzgado declara la nulidad de la intervención por haberse excedido en los plazos para su constitución, que la ley fija en tres meses. Es decir, por un tema de forma. Sin entrar en el fondo, el Juzgado dedica un párrafo que, por su interés, reproduzco: “Basta una lectura detenida de ambos documentos para comprender que existió base sustancial para una intervención de control, como la adoptada en la resolución que se impugna, que no adopta sino una serie de medidas que constituyen una fórmula para obtener datos reales de cómo se está llevando a cabo la gestión por parte de EMALSA”.

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Emalsa: ¿Lealtad con el Ayuntamiento?

Hace unos días leí el “acuerdo de socios” entre VALORIZA y SAUR - los dos socios que poseen el 66% del accionariado de Emalsa - por el que, con fecha 6 de noviembre de 2008, creaban el denominado “Comité de Gerencia de los Accionistas Privados” para “la coordinación entre los socios privados de Emalsa”

El documento tiene 12 páginas y en él se detallan las funciones del citado “comité”, entre ellas el sentido del voto en los Consejos de Administración y en las Juntas Generales de accionistas. En el punto 4.1, hay un párrafo que dice “…para el caso de que […] no sea posible alcanzar un acuerdo unánime sobre un asunto, los Accionistas Privados se obligan a no someter dicho asunto a la decisión del Consejo de Administración o de la Junta General de Accionistas”.

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¿Qué participación ciudadana es esta?

El pasado octubre asistí al Consejo de Participación Ciudadana del Distrito Centro de nuestra ciudad, celebrado en el Risco de San Nicolás. Entre concejales (2), técnicos de participación (2) y ciudadanos, éramos 21 personas en el local. Según la web del Ayuntamiento, el distrito centro tiene 87.190 habitantes. La participación no llego al 0,02% del número de habitantes.

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