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Mª Ángeles Fernández

Periodista freelance, especializada en información internacional y países del Sur, y máster en globalización y desarrollo (Instituto Hegoa). Mis trabajos pueden leerse en más de una decena de publicaciones regionales e internacionales, así como generalistas y especializadas. He convertido al agua, en todas sus vertientes, en un tema transversal. Extremeña, caminante y aprendiz. Mis inquietudes y desvelos en www.desplazados.org

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Honduras sigue penalizando el aborto, España paga

Tras 33 años en vigor, Hond uras está en proceso de la reforma* completa de su código penal. De momento, el artículo del aborto, ya aprobado, sigue penado en todos los casos. Con esta reforma todo sigue igual para las mujeres en este país centroamericano, que pueden ir hasta diez años a la cárcel por abortar.

Haciendo caso omiso a las peticiones de 23 organizaciones articuladas bajo la plataforma ‘ Somos Muchas’, ignorando también las recomendaciones de organismos internacionales como las del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e incluso obviando las encuestas de opinión que mostraban una postura favorable de la ciudadanía para despenalizar la interrupción del embarazo por causales, el Congreso Nacional votó la pasada semana que ‘no’.

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Cuando empoderarse significa tener identidad

El empoderamiento de las mujeres es, según la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, "un proceso a través del cual cada mujer se faculta, se habilita y desarrolla la conciencia de tener derecho a tener derechos y a confiar en la propia capacidad para conseguir sus propósitos". Aquí y en Burundi. Sí, pero con muchos matices, porque los tiempos, los ritmos y las realidades son distintas y varían según los territorios. Saber que las mujeres tenemos derechos, los mismos que los hombres, es una obviedad pero pasa desapercibida en varias esquinas, o más bien inmensas zonas, del mundo.

Cuando Aline Niyonizigiye y Dorotheé Buhangare, dos mujeres burundesas, conocieron varias escuelas de empoderamiento de Euskadi, abrieron bien los ojos: edificios funcionales, bien equipados y con varias empleadas. ¡Y financiadas con dinero público! Ellas conocen cómo funciona una escuela de empoderamiento, o de liderazgo transformacional, que es el nombre dado por Oxfam Intermón al proyecto que ha desarrollado en la región de Makamba, pero su ‘escuela’ difiere mucho de las de Durango o Basauri, que visitaron hace unos días. Porque el hecho de usar comillas para nombrarla no es un capricho. Tres paredes y un tejado de uralita requieren que se matice el concepto, para no llevar a equívocos, para no pensar que las cosas con nombres iguales son lo mismo aquí y en Burundi.

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Despertemos: hagamos caso a Berta Cáceres

"De los ríos somos los custodios ancestrales el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por la humanidad y por este planeta". Berta Cáceres pronunció estas palabras cuando recibió el Premio Goldman en 2015. Berta Cáceres dio su vida por los ríos, por la humanidad y por el planeta.  Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016, por su lucha contra la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en el río hondureño Gualcarque. El próximo viernes se cumple un año de su homicidio aún no resuelto pero que, paradójicamente, ha llenado de mucha vida. Berta Cáceres vive. Su voz, y su lucha, se ha multiplicado.

También vive el legado y la entrega en defensa del territorio, de la naturaleza y de los derechos humanos de Isidro Baldenegro ( Premio Goldman en 2005), Laura Vásquez, Juan Ontiveros y Sebastián Alonso, recientemente asesinados en otros puntos de América Latina. En tan solo los dos primeros meses de 2017, se han contabilizado 14 homicidios de activistas por los derechos humanos –siete en Colombia, dos en Guatemala, dos en México y tres en Nicaragua–, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo recuerda constantemente que "es un deber de los Estados garantizar la seguridad de los grupos de defensoras y defensores en especial situación de riesgo y adoptar medidas específicas de protección adaptadas a sus necesidades, por ejemplo, a través de protocolos especializados".

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Derribando armarios de paja y de hormigón

Carla Antonelli se tuvo que marchar de su pueblo, Güímar (Tenerife), en 1977 porque "en aquellos momentos se hacía impensable que una persona transexual pudiera desarrollar su identidad de género en un entorno rural"; tal cual lo recoge la Wikipedia. No volvió hasta 2009. La ahora diputada por el PSOE en la Asamblea de Madrid, primera mujer trans con un cargo de representación parlamentaria en el Estado español, recuerda que "sigue existiendo lgtbifobia en el entorno rural". De hecho, se podría hablar de ‘sexilio’, un término que explica la migración del campo a la ciudad de muchas personas debido a su identidad de género o de sexo. ¿Existe lgtbifobia en las ciudades? sería la pregunta obligada. La cuestión, por supuesto, no es cerrada.

Para abordar el tabú de ser persona lgtbi en un entorno rural, en el laboratorio de periodismo de Pikara, #PikaraLab, hemos creado el especial ‘Armarios de paja’. Porque Óliver, por ejemplo, cree que aunque en el pueblo no seas una persona anónima, y por tanto tu identidad de género o de sexo tampoco lo sea, en la ciudad las agresoras también pasan tan desapercibidas, como les ocurre a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales o intersexuales. "Si me agreden en mi pueblo sé quién es y le voy a señalar", sostiene y defiende.

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TTIP y CETA: la última batalla del capital contra la vida

El pasado sábado miles de personas marcharon en más de veinte ciudades del Estado español contra los nuevos acuerdos de libre comercio que está promoviendo la Unión Europea. Tanto el TTIP –que se está negociando con Estados Unidos– como el CETA –del que ya existe un texto cerrado con Canadá y está pendiente de ratificación– son unos acuerdos de última generación que crearán una nueva regulación que afectará a cuestiones sociales y laborales. Y por tanto, a la vida.

" La erradicación de las causas de la pobreza y de la desigualdad son decisiones políticas y los tratados comerciales que se están negociando solo servirán para el enriquecimiento de unos pocos y el aumento de las desigualdades", apuntan la organizaciones convocantes de la manifestación y de las protestas llamadas ‘Otoño en resistencia’. Y la desigualdad de género, lejos de erradicarse, será profundizada.

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Las presas del trasvase Tajo-Segura derivan más agua al Levante de la que dejan fluir al río

Desde 1979 el agua del Tajo no sólo desemboca en Lisboa, sino que también lo hace en la otra orilla peninsular, en el Levante. En palabras oficiales, se trata de "dar solución a la escasez de recursos del Sureste español". La cobertura legal a este imponente movimiento de agua se dio en 1971 al considerar la cuenca del Tajo como "excedentaria" –le sobra agua–. A la larga, el proyecto ha derivado en situaciones en las que, por ejemplo, en 2014, la tubería del trasvase se llevara desde los embalses de cabecera más líquido que el resto del curso del río más largo de la Península Ibérica.

El proyecto se ideó en 1933 y las obras arrancaron en 1968. Se construyó pensando en trasvasar 600 hectómetros cúbicos anuales de agua y llegar, en una segunda fase, a los 1.000 hm3. Cada hectómetro son mil millones de litros. Pero la realidad hídrica del país, que se ha vuelto más seco, rompió estas previsiones. También frenaron ese impulso "las leyes ambientales de la Unión Europea, que impidieron que en zonas muy valiosas –que todavía queda alguna en la cabecera de determinados ríos– se perdiera lo que quedaba sin embalsar", recuerda la abogada ambientalista María Soledad Gallego.

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El fin de los cortes de agua por impago entra en la agenda de los nuevos ayuntamientos

Una estrategia contra el empobrecimiento que pasa por cortes de agua, luz, y gas. Ésta será una de las principales medidas (200 millones de euros anuales) que pondrá en marcha Manuela Carmena si finalmente logra la Alcaldía de Madrid. La garantía de estos tres suministros básicos es una de las propuestas de Ahora Madrid que más consenso ha alcanzado, según su propia web, y también de las más valoradas entre sus votantes.

El debate sobre una gestión pública de los servicios urbanos de agua y saneamiento, acorde con su condición de derecho humano (decretado por la ONU), cobró por primera vez protagonismo electoral en la campaña de mayo. Diferentes formaciones se sumaron al Pacto por el Agua Pública. Con serias posibilidades de formar ayuntamientos, ahora están en condiciones de cumplir sus promesas.

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Los intereses electorales hacen que el PP y PSOE caigan en contradicciones sobre el agua

El PP de Aragón está en contra del trasvase del Ebro. La presidenta autonómica, Luisa Fernanda Rudi, lo ha dejado claro. Aguas abajo, sus colegas de partido le llevan la contraria de forma pública. "Sí o sí, el trasvase del Ebro es una apuesta necesaria para el Partido Popular de la Comunitat Valenciana", contesta el presidente del PP en la provincia de Alicante, José Císcar, quien ha hecho campaña en Tarragona visitando con regantes la zona de la posible toma de su ansiado trasvase.

La guerra del agua, que protagonizó enfrentamientos, manifestaciones, portadas y decenas de noticias a principios de siglo con la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional (PHN) por parte del Gobierno de José María Aznar y que incluía un trasvase del Ebro, ha renacido en las últimas semanas marcando la agenda electoral.

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La Junta adjudicó Aznalcóllar a la empresa responsable de un desastre ecológico en México

La adjudicación de la mina de Aználcollar, que la Junta ha paralizado después del escándalo, no sólo afecta a la empresa andaluza Magtel, con supuestas vinculaciones con la Junta de Andalucía. La otra pata de Minorbis, Grupo México, es la responsable de uno de los peores desastres ecológicos del país.

Así lo reflejaron los medios locales cuando, el 6 de agosto de 2014 la falla estructural de un contenedor de la minera Buenavista del Cobre, propiedad de este conglomerado, en el Estado de Sonora provocó un derrame tóxico de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados, muy dañinos para la salud y el ecosistema.

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La Comunidad de Madrid gana 127 millones con el suministro de agua mientras aumenta los cortes por impago

La Comunidad Madrid ha ingresado 126,9 millones de euros del Canal de Isabel II, la empresa que gestiona el agua de la región y de la que es accionista mayoritario. El pasado 23 de abril se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas en la que se aprobó el reparto de un dividendo complementario de 22,6 millones de euros.

A esta cantidad hay que sumar los 131,4 millones de euros que ya fueron repartidos como dividendo a cuenta a finales de 2014. En suma, la gestión del Canal se saldó el pasado año con 154 millones para repartir entre el accionariado: la Comunidad de Madrid, que controla el 82,4% a través del ente público Canal de Isabel II; y los 111 ayuntamientos que tienen el 17,6% de las acciones y se repartieron 27 millones de euros.

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