Ni acudir a los cementerios pueden. La Asociación Madres de Abril, que acaba de ser galardonada con el premio Premio Ignacio Ellacuría de cooperación 2021 que otorga el Gobierno vasco, surgió en Nicaragua a raíz de la dura represión de las protestas sociales de abril de 2018. Acoge a familiares, sobre todo madres, de jóvenes asesinados entonces. La impunidad se ha impuesto y la persecución acompaña a las familias que exigen verdad, justicia y construcción de memoria. Y también poder recordar a sus muertos en paz.
Tres años y medio después de la insurrección social que vivió Nicaragua, el ciclo de represión y regresión continúa. El país centroamericano celebra elecciones este domingo 7 de abril y nadie duda de que la dupla de Daniel Ortega y Rosario Murillo seguirá en el poder, mientras gran parte de la oposición está encarcelada o exiliada. Por eso ya son cada vez más las voces que hablan de dictadura para explicar la situación nicaragüense.
“Nicaragua sufre hoy una de las dictaduras más silenciadas e invisibilizadas del mundo”, afirmó el pasado 26 de octubre Sofía Marroquín, presidenta de la Coordinadora de ONGD de Euskadi e integrante del jurado del Premio Ignacio Ellacuría. En el auditorio estaban integrantes del Gobierno vasco, como el propio lehendakari; nadie se inmutó. Además de la Asociación Madres de Abril, la Articulación Feminista de Nicaragua también fue galardonada.
Geni Gómez habla de “dictadura cruel, estúpida y sangrienta”. Esta feminista nicaragüense fue la encargada del recoger el reconocimiento vasco en nombre de la Articulación Feminista de Nicaragua. “Fuimos las primeras en avanzar que era una dictadura. Recibir este premio es una rebeldía”, dijo un día después del acto oficial en un encuentro organizado en Bilbao entre feministas vascas y nicaragüenses. El Ejecutivo del país centroamericano ha establecido por decreto que para recibir cualquier reconocimiento o premio hay que pedirle permiso.
Señalado desde hace tiempo, el movimiento feminista nicaragüense vive un momento complicado en el país: varias organizaciones han sido ilegalizadas y otras tienen una actividad muy limitada, recuerda Gómez. “Todo esto nos ha pillado de otra manera porque estábamos organizadas. Ya en 2007 y 2008 intentaron acabar con nosotras”, apunta la activista nicaragüense, quien recuerda del intento gubernamental de crear un “grupo de mujeres auténticas”.
Las decisiones políticas hace tiempo lanzaron claros signos de por dónde estaba caminando un Gobierno que abraza un discurso fundamentalista cristiano. En su vuelta al poder en 2007, Daniel Ortega derogó el aborto por cualquier causa en Nicaragua, donde estaba parcialmente despenalizado desde 1893. Ya antes el movimiento feminista del país se había puesto en contra de Ortega al apoyar a su hijastra Zoilamérica, que lo había denunciado por abusos sexuales desde que tenía nueve años.
“La búsqueda de Zoilamérica de justicia es un tema que sigue presente en Nicaragua y ha regresado con más fuerza a raíz de la crisis humanitaria y de derechos humanos de 2018. Una de las cosas más gratificantes que ha sucedido es que la gente ha comenzado a conectar el hecho de que Zoilamérica no recibió justicia en 1998 con el hecho de que estamos lidiando con un dictador violador de derechos humanos, a decir que si hubiéramos dado justicia a Zoilamérica no estaríamos viendo lo que estamos viendo”, expuso la directora del documental Exiliada, Leonor Zúniga, duranta la presentación en Bilbao del corto que narra los abusos de poder en el país. “Si vos sos una persona crítica, periodista, ecologista, feminista y criticás, como sería normal en cualquier democracia, a este gobierno, tu vida está en peligro”, añadió la cineasta, que también vive en el exilio.
La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras ha lanzado una campaña de apoyo al movimiento feminista nicaragüense y ha hecho un llamado de urgencia de solidaridad internacional feminista. “Pese a los múltiples riesgos, agresiones y limitaciones que enfrentan, nuestras compañeras feministas y defensoras nicaragüenses no han dejado de alzar sus voces, organizarse, denunciar, acompañar casos de violencia, exigir la despenalización del aborto, condenar la violencia feminicida, construir comunidad, defender el territorio y seguir trabajando por una Nicaragua más justa e igualitaria”, recoge la campaña.
Presas políticas
El Premio Ignacio Ellacuría a las dos organizaciones de mujeres ha coincidido con un momento clave en el país, las elecciones, o “votaciones”, como las llaman. “Este es un reconocimiento a años de denuncia de las violaciones de derechos humanos. Si no hay observación ni interés hay más impunidad”, apunta Bertha Massiel Sánchez, otra feminista nicaragüense que participó en el conversatorio de Bilbao y que vive en el Estado español. La salida ha sido la única alternativa para muchas mujeres nicaragüenses. Nicaragua fue, de hecho, el tercer país de origen por número de solicitudes de asilo en el País Vasco en 2020, según datos de CEAR-Euskadi. Si en 2017 España recibió 90 solicitudes de asilo de personas con esta nacionalidad, en 2018, año del estallido social y del inicio de la represión, la cifra llegó a las 1.365.
Tanto Bertha Massiel Sánchez como Geni Gómez, quienes hablan de dolor acumulado y de momentos de desesperanza, recuerdan la situación de las compañeras feministas presas, sobre todo de Dora María Téllez, exguerrillera y ministra en el primer ejecutivo de Ortega, y de Tamara Dávila, que “está completamente aislada, sufre crueldad de trato y está en condiciones de tortura”. Las activistas también mencionan la escalada de represión que vivió el país la pasada primavera, cuando muchas personas que dejaron entrever alguna opción de presentarse a las elecciones acabaron encarceladas. Hay al menos 40 personas detenidas en Chipote, cuyo nombre oficial es Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), un centro usado durante la dictadura de Somoza. Los últimos datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas cifran en 145 las presas políticas desde 2018, entre las que además de feministas hay empresarios, estudiantes y siete personas que habían mostrado alguna intención electoral. “Son todas personas muy reconocidas, se está encarcelando a gente con mucho reconocimiento e influencia y eso es un mensaje de miedo”, apuntan las feministas exiliadas.
“Apostamos por una salida pacífica a la crisis, a través de un proceso electoral con garantías democráticas; sin embargo, esa oportunidad se nos ha negado y asistimos a una farsa electoral en la que el régimen de Daniel Ortega tiene el control total del Consejo Supremo Electoral y ha eliminado toda competencia, ha impuesto la censura y la criminalización de toda forma de protesta ciudadana”, subrayó Gómez al recoger el premio vasco. Las activistas recuerdan que “en las votaciones no hay ninguna opción de elegir, porque los otros partidos que figuran en la boleta electoral son satélites de Ortega”.
De política misógina y autoritaria habló también Sofía Marroquín.
Sobre este blog
Pikara Magazine es una revista digital que practica un periodismo con enfoque feminista, crítico, transgresor y disfrutón. Abrimos este espacio en eldiario.es para invitar a sus lectoras y lectores a debatir sobre los temas que nos interesan, nos conciernen, nos inquietan.
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