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Santiago López Petit

Químico y filósofo. Ha publicado, entre otras obras, el libro Crítica a la izquierda autoritaria en Cataluña 1967-1974 (1974), La movilización global (2009) o Hijos de la noche (2014).

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Catalunya como laboratorio político

Finalmente el régimen del 78 tampoco ha muerto esta vez. Las luchas obreras autónomas de los setenta fueron derrotadas con muertos y mediante los pactos de la Moncloa firmados por los mismos sindicatos de clase. El movimiento del 15-M que llevó a cabo una crítica radical de la representación política fue acallado empleando como armas efectivas el ridículo y el aislamiento. La rebelión catalanista que, por unos momentos, ha parecido arañar los fundamentos del régimen, también ha sido derrotada. En verdad, este tercer intento no ha encontrado eco en España donde ha predominado la perplejidad cuando no una total incomprensión. La llamada al orden mediante la aplicación del artículo 155 ha bloqueado todo intento de cambio. El presidente Rajoy lo ha afirmado con su habitual capacidad argumentativa: “El Estado se defiende de los ataques de quienes lo quieren destruir”. Y ha añadido la pequeña puntualización de que el artículo 155, aunque un día deje de aplicarse, nunca dejará de funcionar. Es lo que se llama "Hacer cumplir la Ley". El aviso es inequívoco. La represión y la humillación contra la Catalunya que ha pretendido rebelarse serán grandes.

Pocas veces ha sido tan evidente que la defensa de la Ley (con mayúscula) suponía una declaración de guerra. Esto es algo que los juristas tertulianos tan presentes actualmente en los medios de comunicación difícilmente pueden llegar a entender. La ley es una correlación de fuerzas. Ha ganado Foucault por goleada frente a los Habermas y compañía. Un amigo jurista me dijo un día: "Pues si así son las cosas, apaga y vámonos." El poder es, siempre y en última instancia, poder matar; el Estado de Derecho sirve para encubrirlo. Usualmente, y para afirmar lo mismo aunque de manera más sofisticada, se habla de que el Estado posee el "monopolio de la violencia física legítima". Esta verdad del Estado de Derecho es con la que se toparon los miembros del Govern. Cuando uno de ellos afirma que la Generalitat no estaba preparada para desarrollar la república “haciendo frente a un Estado autoritario sin límites para aplicar la violencia”. O cuando el portavoz de los republicanos nos dice que: "Ante las pruebas claras de que esta violencia podría llegar a producirse decidimos no traspasar esa línea roja" y termina con una confesión enternecedora: "Nunca quisimos poner en riesgo a los ciudadanos de Catalunya." La respuesta es de acuerdo. Muchas gracias. A nadie le gusta morir. Pero aquí hay gato encerrado. Dicho con otras palabras: ¿los miembros del Govern son unos ingenuos o son unos ineptos?

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Tomar posición en una situación extraña

Hay momentos en los que la realidad se simplifica. Ya ha pasado la hora de sopesar cuánta verdad y cuánta mentira existe en los argumentos que pretenden defender la unidad de España o proclamar la independencia de Catalunya. Tampoco es necesario remontarse al año 1714 ni seguir buceando en los agravios más recientes. Cuando se apela a "la Ley y el Orden", de pronto, todo se clarifica y cada posición queda perfectamente definida en el tablero de juego. Entonces, algunos de los que habíamos permanecido callados, y porque nos sale de las tripas, sabemos dónde ponernos: siempre estaremos enfrente de los que desean imponer la consigna que restablece la autoridad. Conocemos muy bien una frase acuñada en Francia antes de la revolución de 1848 que decía: "La legalidad mata".

Efectivamente estamos, pues, contra el Estado español y su legalidad, aunque para ello tengamos que apartar las banderas que ahogan porque quitan el aire, y los himnos que ensordecen e impiden escuchar a los que juntos, hablan. Sería magnífico afirmar que a esta legalidad del Estado español se le opone la legitimidad de un pueblo. Desgraciadamente no es así, y que no vuelvan a engañarse los partidos independentistas.

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